SANTO DOMINGO.- Diputados del Distrito Nacional y Santo Domingo Este demandaron que las dos barcazas de generación eléctrica ubicadas en el río Ozama sean removidas del afluente y la empresa propietaria sancionada de manera ejemplar, si son comprobadas denuncias de que han provocado contaminación ambiental.

Así se expresaron los legisladores José Horacio Rodríguez, Amado Díaz y Luis Henríquez, quienes exigieron al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aplicar la ley 64-00 sin discriminación en este caso, que involucra a la empresa Seaboard Transcontinental, operadora de las plantas.

Rodríguez indicó que corresponde a esas autoridades determinar cuál es el nivel de contaminación que estas plantas generan “y si se demuestra que el daño es como se denuncia, por supuesto que estoy de acuerdo con que sean movidas”.

Díaz expresó que “todo el que sea un violador de la ley, sin importar estatura, yo estoy de acuerdo con que hay que someterlo a la obediencia y que deben tener los permisos para operar. Pero aún obtenidos los permisos, si al final se determina que hacen daño, deben ser retiradas”.

Henríquez explicó que el uso de ese tipo de plantas, que calificó de “contaminantes”,  fue una necesidad del pasado cuando el país tenía alto déficit de producción de energía eléctrica pero que ahora ya no es así, por el aporte de Punta Catalina y otras generadoras.

«Esa barcaza que está ahí obedece a una empresa y a un empresario que tiene nombre y apellido y tiene ubicación. Las autoridades deben implementar los protocolos legales para notificarles y que sean eliminadas de una vez por todas porque ya no hay necesidad de tener este tipo de plantas porque tenemos mucha producción de energía eléctrica y tenemos que salvaguardar el río Ozama”, señaló.

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MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró este jueves preocupación por varios proyectos de leyes en República Dominicana que insisten dar un carácter penal a la difamación y «sobreprotegen» a los dirigentes políticos y funcionarios.

La SIP, con sede en Miami, ve «contraria a los estándares internacionales» una reforma al Código Penal dominicano que sanciona con prisión las ofensas contra el presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos.

En su opinión, la medida aleja al país de aquellos que promueven eliminar el delito de desacato para «evitar privilegios» de las autoridades sobre los ciudadanos.

El desacato, eliminado en muchos países latinoamericanos, también está contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.

La SIP critica también un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia presentado ante el Congreso Nacional el 14 de junio por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Esta pieza busca  aumentar  de uno a cuatro años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos, sin cárcel. También obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, lamentó que República Dominicana esté «virando en posición contraria a la libertad de prensa».

Agregó que, por contra, se debe descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y eliminar los «privilegios de los poderosos, no para potenciarlos».

De su lado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, destacó que las autoridades dominicanas deberían adaptar la legislación nacional a los «criterios de la jurisprudencia interamericana».

Añadió que «legislar a ciegas conlleva el riesgo de que se retroceda décadas y se caiga en los autoritarismos del pasado, siempre dispuestos a cercenar la libertad de prensa y la labor independiente y crítica de los medios y periodistas».

Ambos recordaron que en octubre de 2020 Abinader firmó la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que remarca la actitud que deben tener los gobernantes para resguardar las libertades en el ámbito digital.

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