A la propuesta de crear un código que abarque los temas electorales y de partidos políticos, siempre presente en los debates referentes a la reforma de dichas normas, le sigue la interrogante: ¿Qué es un código?  

La respuesta a la referida pregunta puede encontrarse en los motivos que dieron origen a los primeros y los más trascendentes códigos de la historia, que son los siguientes: Código de Ur-Nammu, Código de Hammurabi, Código de Justiniano y Código Napoleónico.    

El primer código fue el de Ur-Nammu, con más de cuatro milenios de antigüedad. El mismo está integrado por un conjunto de leyes y fue puesto en vigencia en la Antigua Mesopotamia, durante el reinado de Ur-Nammu.   

Más adelante, en Babilonia, alrededor del año 1760 a.C., con gran precisión, el rey Hammurabi hizo plasmar el Código de Hammurabi sobre una gran estela de basalto negro de más de dos metros de alto, para que todos entendieran las reglas por las que estarían regidos.   

Sin embargo, el código más trascendente de la historia es el monumental Código de Justiniano, el cual fue publicado menos de un año después de que el gran emperador romano-bizantino, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, asumiera la conducción del Imperio Romano, el 1 de agosto del 527. Este código, conformado por todas las leyes romanas, contenía las compilaciones de la totalidad de las constituciones imperiales, con el propósito de que se usara tanto en los tribunales como en la enseñanza.    

Luego, el 21 de marzo de 1804, fue publicado el Código Napoleónico, el cual tuvo tal significado para el emperador frances, Napoléon Bonaparte, que proclamó lo siguiente: “Mi verdadera gloria no está en haber ganado cuarenta batallas; Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil”.    

Tuvo tanta razón el gran corso, que, por ejemplo, en la República Dominicana, 217 años despues, se está debatiendo la primera reforma profunda del Código Napoleónico, el cual, además de eliminar para siempre el feudalismo, consolidó las principales conquistas de la Revolución Francesa, tales como la igualdad jurídica, la individualidad de la propiedad, la libertad de trabajo, el principio de laicidad, la libertad de conciencia y la separación de los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.    

Sin dudas, el código fue creado con el propósito de integrar en un mismo volumen las diversas leyes de una amplia rama del derecho, para hacer más fácil su uso y comprensión. Por tal razón, los códigos deben fundarse en la unidad, exclusividad y sistematicidad. En ese sentido, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como sigue: “1. Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. 2. Recopilación sistemática de diversas leyes”.   

En lo relativo a la normativa electoral, en América Latina solo siete países disponen de códigos electorales, que son: Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Puerto Rico. En cambio, trece se rigen por leyes, a saber: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.   

Como se puede apreciar, debido al limitado volumen y cantidad de leyes que rigen la materia electoral y partidaria, la codificación no tiene gran relevancia.  

JPM

POR EDDY PEREYRA ARIZA

El derecho a una vivienda digna o adecuada es consagrado en la Constitución de la República cuando establece que: “toda persona tiene derecho a una vivienda digna con sus servicios básicos esenciales”. De manera que, las personas son portadoras de derechos, que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado.

En el país, las desigualdades sociales en materia de vivienda han sido persistentes, muy a pesar de que el derecho ciudadano de acceso a una vivienda propia debe constituir una prioridad en la actuación de los poderes públicos, ya que instituye una necesidad social de primer orden.

Uno de los propósitos esenciales de la política social del programa de gobierno del presidente Luis Abinader, es resolver el problema de la vivienda, especialmente de los grupos poblacionales más inseguros, con menos posibilidades, a fin de romper con el círculo de pobreza y de exclusión social.

Abinader cumplió la promesa de crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MI­VHED) designando a Carlos Alberto Bonilla, un joven ingeniero egresado de las universidades INTEC y Escuela de Negocios de Harvard.

El plan del presidente, enfocado en el derecho de la ciudadanía, se encauza en las necesidades reales de viviendas por parte de la población, aunque no haya una demanda explícita o no se disponga de recursos económicos para adquirirla.

Pero esta política enfrenta un déficit habitacional de carácter social con componentes de tipo cuantitativo y cualitativo. Cifras de estudios de la ONE-CELADE y la Organización Global para el Desarrollo (Oxfam) precisan que el déficit habitacional cualitativo sobrepasa el millón y el cuantitativo los 400 mil. De su parte, Susy Gatón, expresidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) con sus credenciales profesionales, aseguró que esa deficiencia sobrepasa holgadamente el millón de unidades. “Ese déficit va creciendo en un promedio de 50.000 a 60.000 viviendas por año”.

Una de cada cuatro personas o veinticinco de cada 100, viven en condiciones precarias. Para enfrentar esta grave situación, Abinader emprende una aguerrida política de vivienda a fin de reducir el déficit habitacional, facilitar financiamiento, proponer soluciones habitacionales económicas y mejorar los asentamientos humanos existentes, combinando recursos público-privado.

Esta política que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial, con un activo papel del Estado en su rol de facilitador, regulador y rector, ha arrancado con el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, programa orientado a facilitar la adquisición de una vivienda propia a familias con dificultades para adquirirla.

Este ambicioso plan de construcción de vivienda social proyecta unas 11 mil en el primer año y un total de 62,000 en los primeros cuatro años de gobierno.

Simultáneamente, el plan “Mi Vivienda”, que tiene en su pulso Carlos Bonilla, dirigido a reducir el déficit habitacional, beneficiaría cerca de 25 mil personas y dinamizaría el sector construcción. En palabras del presidente, “hay casos en que el gobierno asumirá hasta el 60% del costo de la vivienda”.

El nuevo ministerio tiene muchos retos, como el de regularizar todas las viviendas que fueron construidas del 1966 al 2020 para otorgar los títulos de propiedad. También, la realización de una medición cuantitativa actual, transparente y creíble con sus ajustes metodológicos. Finalmente, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En este primario Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. se podrá desvelar la tragedia oculta de las más profundas desigualdades y ni hablar de la ausencia de planificación de las ciudades o el déficit social acumulado.

Lo muy favorable es que estamos asistiendo al nacimiento de una política pública de viviendas y al resurgimiento de la industria de la construcción, caracterizada por reactivar la economía y su aporte a la generación de empleos directos e indirectos.

JPM

Qué pena que algunas insinceras legisladoras obstaculizaron la aprobación del Código Penal, solamente porque los informes técnicos de las mesas legislativas no le favorezcan con la aprobación del aborto y la inclusión de penas por discriminar a los homosexuales y lesbianas, incluyendo la agenda gltbeista promovida por no más de unos 10 legisladores que buscan eco con una insignificante sociedad desorientada y enferma sexualmente.

Ninguna sociedad puede alcanzar un grado de respeto sino promovemos valores y principios desde la casa y sobre todo desde los medios de comunicación; incluyendo las redes sociales, que atrapan la atención de cualquier sociedad hasta convertirla en un rehén de sus direcciones.

Esto lo decimos porque una joven llamada la Influencer: Candy Flow, no salió semana atrás en el Programa controversial de Pégate y Gana con El Pacha, justamente porque andaba en ropa inadecuada y se excedió.

Sin embargo fue lo contrario, dicha señora no tenía ropa ni moral ni siquiera costumbres para vestirse públicamente como lo hizo, dicho personaje exhibió claramente su vulva, contrario al articulado 45, de nuestra Constitución que dispone que el Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

Si existiese una verdadera Comisión de Espectáculo Público, se aplicaría el Art. 333-1, del Código Penal, que establece que la exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de los órganos genitales realizada a la vista de cualquier persona en un lugar público se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de cinco mil pesos.

Este hecho demuestra no solo una vergüenza para la mujer dominicana, ya que nuestros hijos están consumiendo no solo basura, sino que lamentablemente nuestras autoridades nada hacen para detener la inmoralidad, la perversión y promiscuidad sexual y sobre todo los bombardeo y el fuego cruzado que cada día desgasta la moral y las buenas costumbres dominicanas.

La tele-basura, películas de sexo abierto a toda hora, muñequitos donde se exhibe abiertamente la homosexualidad, comentaristas y humoristas que usan un lenguaje soez, vulgar, inmoral y contrario a nuestras buenas costumbres y nadie dice nada y para eso no existen legislador@s responsables para reducir este volcán que cada día nos roba la moralidad.

Me pregunto. ¿A caso esas mismas legisladoras como Faride Raful, nunca ha pensado en presentar una Ley para castigar actos indecorosos que se exhiban desde la televisión? ¿No le daría vergüenza a las feministas como se ha ido desmoralizando la mujer dominicana en los medios de comunicación, por buscar likes o por supuestamente tener varios seguidores para llamarse influencer o mega instagrammer?

Qué pena que para Regular la moral y las buenas costumbres no tengamos una ley sino más bien un débil Reglamento No. 824 Para El Funcionamiento de La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que data desde el 1971. Lo que equivale a decir, que el Ex Presidente Joaquín Balaguer, pensó más que nuestras legisladoras y que muchos liderazgos estériles.

Qué pena que el Art. 84, de dicho Reglamento dispone la prohibición de toda transmisión que cause la corrupción del lenguaje o que sea contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes perversas, frases de dobles sentidos, apología del crimen o la violencia y todo aquello que sea denigrante para el culto cívico de los héroes nacionales o para cualquier persona. Y aquí no se aplica.

Que pena que nuestra sociedad se pierde mientras un código penal esté sentado en un banco sin esperanza de vida por personas de doble moral, insensibles y desorientados que no tienen compromisos con esta sociedad esperanzadora de moral y buenas costumbres.

Que pena que nuestras legisladoras en vez de buscar penas y sanciones para estos crímenes contra la moral y la sociedad, mejor se refugien en propuestas vanas. Pues aun seguiré diciendo que “siempre que veas los perros ladrar… es porque NO tienen nada en la boca que masticar”…

JPM