Como en todo conflicto armado, la guerra que se libra en Medio Oriente, con saldo de cientos de destrucciones de objetivos y miles de víctimas, tiene un serio dilema: cada país involucrado lanza su “verdad” de lo que acontece, así entrecomillas, pues no siempre es del todo fiable.

Israel, Irán y Estados Unidos, y en segundo término otros países de la región que han sufrido ataques -casos de Qatar, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita- pregonan al mundo informaciones siempre en defensa de sus intereses muy particulares.

En la misma tesitura hay que colocar a Naciones Unidas, organismo de incidencia mundial que controlan las naciones más poderosas, y que en este conflicto ha tenido una participación muy tímida en lo que se refiere a aportar soluciones para poner fin a las confrontaciones.

En el caso del Papa, que domina un poder mundial como la Iglesia Católica, solo se limita a pedir por la paz mundial, petición que desoyen los países involucrados en esta guerra, en la que los intereses vinculados al petróleo están por encima de cualquier situación entre los países beligerantes.   

En la mayoría de los casos, corresponsales de las grandes cadenas de televisión, periódicos y otros medios que tienen la responsabilidad de cubrir las hostilidades, deben limitarse a informar acorde a lo que dan a conocer los mandos militares. Y puede que ni siquiera tengan acceso a lugares que han sido atacados.

Todos estamos conscientes de que una guerra -de principio a fin- lo que deja es destrucción, muertes, colapso de sociedades e instituciones, violaciones en todos los sentidos, familias destruidas, migraciones forzadas, etc.   

La verdad en la información es el principio ético fundamental del periodismo que garantiza la fidelidad a los hechos, la credibilidad ante el público y el derecho ciudadano a recibir información precisa y verificada. 

Por donde quiera surgen dudas. La verdad no siempre sale a flote. Los consumidores de contenidos, acostumbrados al consumo sistemático de notas e imágenes de destrucciones, siempre esperan conocer la realidad de lo que acontece.

Pero no siempre es así. Protagonistas y medios dependen y están obligados por intereses muy particulares y decisivos.

En una guerra, los intereses predominan por encima de realidades. Se divulgan informaciones cuyos contenidos están muy alejados de lo que ocurre en los distintos niveles de confrontación, ya sea en el campo militar o en la diplomacia.

Armand Mattelart, referente del pensamiento crítico, consideró que la “verdad” en la información suele estar mediada por los intereses ideológicos y económicos de los medios masivos y las élites dominantes.

El gobierno de Estados Unidos habla de negociaciones con Irán, pero sus tropas se preparaban este fin de semana para una invasión terrestre a territorio iraní. Así habló este domingo el presidente del Parlamento de Irán, Bagher Ghalibaf, según publica el diario El País, de España.

El excesivo gasto militar en que incurre Estados Unidos en esa guerra es leit motiv para que la “verdad” que se divulga sobre los resultados de esa contienda favorezcan las decisiones tomadas desde Washington.

El presidente Donald Trump, al referirse al ultimátum que dio al régimen de Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz, trae esta perla: “Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien”.

El énfasis puesto por Trump en esas expresiones puede que sea por el interés muy particular de manejar ese tipo de información y de desprestigiar publicaciones que se han referido al tema.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, es un experto en la simulación. Durante su gestión, ha enfrentado constantes protestas bajo la acusación de anteponer los intereses del Estado a los personales, y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya reclama su extradición por crímenes de guerra.

Un caso parecido se da con lo que afirmó en París el canciller ruso Serguéi Lavrov, quien negó que su país esté pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de Estados Unidos, tal como había denunciado Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea durante la reunión ministerial del G7.

Por lo que se ve, en toda guerra la verdad confiable en todo el sentido de la palabra dista años luz de ser una realidad.

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POR DEMI FELIX DOMINGUEZ

La delación premiada es un término que, en la República Dominicana, ha cobrado renovada presencia en el debate público y mediático, particularmente en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado y, de manera especial, a los casos de corrupción administrativa. Este artículo se inscribe en dicho contexto, con el propósito de examinar la figura desde una perspectiva holística.

El Derecho penal contemporáneo se edifica sobre una tensión constante entre la dogmática jurídica y las exigencias funcionales de la política criminal, tensión que interpela a un legislador que negocie. Así, no resulta ajeno al sistema que se admitan reducciones o exenciones de pena incluso frente a delitos graves, cuando la impunidad parcial se traduce en mayores beneficios que perjuicios para la tutela del interés público.

En esa lógica se sitúa la explicación ofrecida por José Jordán Díaz-Roncero e Ignacio Comes Raga al analizar el arrepentimiento postdelictual como instrumento de combate al crimen organizado, quienes construyen una analogía con la teoría económica de los costes y beneficios, trasladando dicho esquema explicativo al ámbito político-criminal.

Asimismo, los autores citados formulan un análisis sintético, pero de notable profundidad, sobre la figura de la delación premiada en el Derecho penal. Con apoyo en una amplia tradición doctrinal, que abarca autores clásicos y corrientes modernas, reconstruyen el itinerario histórico y dogmático del arrepentimiento postdelictual, delimitando su ratio essendi.

En ese sentido, sitúan los orígenes del arrepentimiento en épocas remotas, identificando incluso referencias en el Antiguo Testamento, en particular en el Deuteronomio, donde la confesión y el arrepentimiento sincero podían evitar el castigo divino aun frente a crímenes de extrema gravedad, como la herejía.

No obstante, advierten que será el Derecho canónico el que marque el verdadero punto de inflexión histórico, al incorporar jurídicamente el arrepentimiento postdelictual como causa de exclusión o atenuación de la pena, especialmente cuando el infractor colaboraba activamente con la autoridad en la persecución del delito.

Este recorrido pone de manifiesto que la delación surge históricamente más vinculada a lógicas de control del poder que a una concepción garantista de la justicia, circunstancia que permite comprender las suspicacias doctrinales que, aún hoy, rodean esta institución.

Desde el Derecho comparado, una de las experiencias más emblemáticas de la delación premiada se sitúa en Italia, en el contexto de la lucha estatal contra la criminalidad mafiosa, particularmente en el seno de la Cosa Nostra. Surge así la figura de los pentiti —término italiano que alude a “los arrepentidos”— para identificar a aquellos integrantes de organizaciones mafiosas, incluidos altos mandos de la Cosa Nostra, que decidieron quebrar el pacto de silencio y colaborar con las autoridades judiciales.

Este fenómeno permitió, por primera vez, penetrar en la estructura interna de organizaciones criminales cerradas y profundamente ritualizadas, haciendo visible un entramado delictivo que, hasta entonces, había permanecido prácticamente impermeable.

De igual forma, el modelo estadounidense desarrolla la colaboración con la justicia a través del plea bargaining, mecanismo transaccional del proceso penal mediante el cual el imputado puede obtener reducciones sustanciales de la pena, e incluso acuerdos de inmunidad, a cambio de declararse culpable y prestar testimonio relevante contra otros partícipes del delito.

En la República Dominicana, la lógica de la colaboración con la justicia encuentra su principal expresión normativa en la figura del criterio de oportunidad, prevista en el Código Procesal Penal, particularmente en lo que respecta a asuntos complejos. En ese sentido, el artículo 376 autoriza, mediante resolución motivada, la aplicación de normas especiales cuando la tramitación del proceso resulte compleja, ya sea por la pluralidad de hechos, imputados o víctimas, o por la presencia de estructuras propias de la delincuencia organizada.

En esa misma línea, el artículo 377, numeral 6, faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación del criterio de oportunidad cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para impedir la continuidad de la actividad criminal o facilite la persecución de hechos de mayor gravedad, siempre bajo autorización judicial expresa.

Aunque altamente eficaces en términos de desarticulación de estructuras criminales complejas, este tipo de mecanismos no ha estado exento de críticas. La principal objeción reside en la marcada asimetría de poder que se genera entre el órgano acusador y el imputado, así como en el riesgo de confesiones inducidas bajo la amenaza de sanciones.

Un uso indiscriminado de esta figura entraña, además, riesgos de selectividad penal, desigualdad procesal y debilitamiento del principio de presunción de inocencia. De ahí que su admisibilidad sólo resulte compatible con el debido proceso propio de un Estado de derecho cuando se encuentra estrictamente reglada, sometida a un control judicial efectivo y subordinada a la existencia de pruebas.

En palabras de Francisco Muñoz Conde, la inteligencia en la prevención del delito debe responder a una lógica conceptual y material coherente con el sistema penal, y no degradarse a un puro objeto de compraventa por parte de la política criminal de turno.

En ese sentido, la delación premiada debe obedecer a criterios de racionalidad, proporcionalidad y control, erigiéndose no como un atajo procesal, sino como un instrumento excepcional, estrictamente delimitado y compatible con las garantías que estructuran el proceso penal.

demifelixd@gmail.com

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