Santo Domingo, 30 may .- El Gobierno adjudicó este lunes la construcción de la planta termoeléctrica a gas natural de Manzanillo, que tendrá una capacidad de generación de 800 MW y será la mayor del país.

El proyecto consta de una central dividida en dos plantas de 400 MW y una terminal de gas, que serán construidos en un plazo de tres años y medio en la bahía de Manzanillo, en Montecristi, con una inversión total de 1,700 millones de dólares, un valor que será costeado por las empresas concesionarias.

El consorcio Haina Investment Corp., constituido por esa empresa, junto a Enerla Energía de las Américas y Shell Gas and Power Developement, ganó el primer bloque, que incluye una planta de 400 MW y la terminal de gas; y ofertó un precio de 8.48 centavos de dólar por kilovatio hora.

El ganador de la segunda planta, también de 400 MW, es el consorcio Manzanillo Energy, también integrado por Costa Petroleum Dominicana, que ofertó un precio de 5.82 centavos de dólar.

En una ceremonia, el presidente Luis Abinader afirmó que esta central termoeléctrica se enmarca en el programa de licitaciones públicas escalonadas, que permitirá la instalación de 2,000 MW de capacidad de generación de energía entre 2022 y 2026.

Este programa, según Abinader, permitirá atender el aumento de la demanda proyectado para los próximos años y alcanzar un nivel de reserva de 15 % por encima del pico de demanda máxima.

«Nuestro parque de generación se va a colocar al nivel de los países con mayor nivel de desarrollo tecnológico y económico», dijo Abinader.

El gobernante dijo que, además de estas inversiones, se ha planificado la producción de 625 MW de energías renovables, incluyendo la planta solar de El Soco, inaugurada este lunes.

Estas inversiones, sumadas a las líneas de transmisión que están proyectadas, contribuirán a una «transición energética» y a acabar con el déficit de generación que ha causado recurrentes apagones en el país en los últimos años.EFE

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este lunes la fortaleza que, a su juicio, tiene la acusación contra parientes del expresidente Danilo Medina y otros imputados por corrupción administrativa y lavado de activos en el denominado “Caso Anti Pulpo”.

La audiencia preliminar de este caso iba a ser conocida este lunes por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pero fue aplazada hasta el próximo 27 de junio. El juez Deiby Peguero  así lo decidió a solicitud de las defensas de dos de los imputados, entre los cuales está como figura principal Alexis Medina, hermano del expresidente

Camacho no emitió ninguna crítica al aplazamiento.  Resaltó que la acusación del Ministerio Público «tiene más de 3,500 pruebas y más de 400 testigos»,  por lo que “es  normal que una u otra defensa necesite que se le entregue alguna documentación”,

Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la presunta red encabezada por Medina logró sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos «valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes».

Camacho integra el equipo litigante que representó al Ministerio Público junto a Yoneivy González, Elizabeth Paredes, Héctor García y Ernesto Guzmán Alberto.

SITUACIÓN DEL EXPRESIDENTE MEDINA

Periodistas insistieron en preguntar al Procurador Adjunto sobre lo declarado por la fiscal Mirna Ortiz respecto al expresidente Danilo Medina.

“No doy detalles sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Esperen los resultados de nuestras investigaciones”, respondió escuetamente.

LOS OTROS IMPUTADOS

Aparte de Medina,  el Ministerio Público presentó acusaciones contra 27 personas, entre ellas Fernando Rosa, quien dirigió el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Bernabé Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

También, Carmen Magalys Medina Sánchez (hermana del expresidente Danilo Medina), quien fue vicepresidenta del Fonper; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esta unidad estatal; Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; el ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Además, han sido presentado cargos contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, adelantó que el déficit de energía será cubierto con 2 mil nuevos megavatios de capacidad que se han licitado: 800 adjudicados para la construcción de dos plantas en Manzanillo más una terminal de gas así como 400 licitados de urgencia el año pasado.

Entrevistado en el programa Reseñas que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, explicó que se anunciará la adjudicación completa de esos 400 megavatios que se instalarían en el país entre junio y octubre, porque va a ser con plantas pequeñas y barcazas capaces de conectarse rápido a la red para prever las tensiones entre oferta y demanda.

Ante la pregunta de cuándo República Dominicana vería finalizar los fastidiosos apagones, Almonte dijo que “cuando esos dos mil nuevos mil megavatios estén instalados, el país habrá superado radicalmente los apagones por déficit de generación”.

“Ya tenemos adjudicados 1,200 megavatios y hay otros 800 megavatios que se licitaron a principio de este año”, manifestó, quien avanzó que la adjudicación será alrededor del mes de septiembre y que con eso se completarían esos 2 mil nuevos megavatios que tendrá el sistema eléctrico dominicano, lo que representa más del 60 % de la capacidad instalada disponible hoy en el país.

Expresó que eso va a significar que el país tendrá suficiente capacidad instalada para abastecer la demanda pico y quedarse con una reserva fría de un 15 %, por ejemplo, respecto a la demanda máxima, que es lo que sucede en todas las sociedades con sistema eléctrico civilizado.

En su experiencia, lamentó que en República Dominicana siempre haya estado “lo servido por lo comido” sin una reserva fría que impidiera la tensión entre oferta y demanda.

800 megavatios y dos centrales de 400, más grandes que Punta Catalina

Señaló que no empezaron a trabajar después de los apagones, sino que desde que llegaron en agosto al gobierno comenzaron a trabajar los pliegos de condiciones en noviembre y lanzaron al principio del 2021 la primera licitación seguida de la segunda, las cuales finalizaron sin escándalos.

Dijo que es relevante apuntar que 800 megavatios más dos centrales de 400 son más grandes que la central de Punta Catalina, que son a gas natural e incluye una terminal gasífera (la segunda en el país) y se ubica en el gran Cibao donde no hay generación.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público apelará la sentencia absolutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a favor de los acusados de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Embraer durante el proceso de venta de ocho aviones Súper Tucano que República Dominicana adquirió en 2008.

José Miguel Marmolejos, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que ese órgano interpondrá los recursos que establece la ley, que en este caso es el de apelación.

“En el presente caso en el día de hoy el tribunal ha hecho un resumen sucinto de las motivaciones. Está pendiente entregarnos la resolución íntegra; sin embargo, podemos adelantar que, en las declaraciones que hizo el tribunal, hemos observado contradicciones de argumentaciones que nosotros no compartimos”, dijo.

La decisión de las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera declara no culpables al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor.

Al presentar sus conclusiones formales el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.

También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los implicados en este caso por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.

La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.

El fiscal litigante Marmolejos representó al Ministerio Público en la audiencia, junto a Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo y Rosa Alba García.

El tribunal fijó para el próximo 12 de julio, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia.

SANTO DOMINGO.- Los imputados del acso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos, reveló el Ministerio Público.

La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa luego de que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazara la lectura del fallo de la audiencia preliminar para el próximo lunes.

“En el día de hoy el tribunal nos notificó que decidió prorrogar o suspender la lectura de la decisión de la audiencia preliminar para el próximo lunes, motivado por la complejidad del proceso”, dijo.

Explicó que «en el día de hoy aún no estaba la decisión para ser entregada a las partes».

“La audiencia se prorrogó para el próximo lunes, a las 2:00 de la tarde. El Ministerio Público ha solicitado en este proceso que se dicte auto de apertura a juicio en contra de cada uno de los imputados, así como también que sean acogidas todas y cada una de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, que es una cantidad, tanto de pruebas documentales como de testigos, considerable”, sostuvo.

Afirmó que confían totalmente en la acusación del Ministerio Público “y en las pruebas contundentes que hemos presentado, que demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable como lo hará en el juicio en contra de cada uno de estos imputados”.

En respuesta a las razones por las que se aplazó la audiencia, dijo que fue debido a la complejidad del caso. “Significa, tal vez, que, por la gran cantidad de testigos y pruebas de todas las partes, quizás el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que hasta cierto punto es previsible en un caso tan complejo con tantos elementos que analizar”, precisó.

Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez.

Tras concluir en noviembre pasado con la presentación de la acusación del Caso Los Tres Brazos, al que están vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Ministerio Público pidió que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los procesados.

ACUSADOS

Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

El órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.

Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que el entonces funcionario público Leoncio Almánzar vendió ilegalmente, a cambio de un solar rural, un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.

Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.

La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.