El 7 de octubre del pasado año, tras los ataques realizados por el grupo Hamas en territorio israelí, fue prácticamente unánime la condena mundial contra ese hecho absolutamente injustificado desde la óptica temporal del acontecimiento.

Se entendió que la resistencia palestina había cometido un hecho atroz, cuyos beneficios en términos de la lucha por su supervivencia y su derecho a un Estado soberano, eran cuestionables y había rebasado unos linderos altamente peligrosos.

Incluso, las primeras reacciones de las fuerzas israelíes ganaron respaldo en muchos países, en el entendido de que la nación hebrea tenía derecho a defenderse, aun por encima de que la respuesta apuntaba ya a una desproporcionalidad.

Sin embargo, lo que por meses fue considerado un acto de legítima supervivencia, con el tiempo se transformó en un exterminio brutal, cuyo parangón es solo equiparable a las acciones del Tercer Reich precisamente contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

A la fecha de hoy, solo Estados Unidos y algunos de sus aliados son capaces de mirar hacia otro lado frente a la barbarie del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la población en la Franja de Gaza.

No es humanamente decente ni éticamente correcto ni militarmente justificable ni moralmente aceptable que una represalia haya llegado a los niveles de crueldad a los que este criminal sediento de sangre ha escalado el conflicto en Gaza.

Netanyahu es un criminal a quien poco le importó—y le sigue importando—la vida de tantos hombres, mujeres y niños que han caído bajo el fuego incesante de sus bombardeos, al punto que ya ningún organismo internacional se halla en capacidad de establecer con certeza cuántas personas han caído bajo el fuego de las Fuerzas de “Defensa” de Israel.

La más reciente acción de sangre de las fuerzas dirigidas por el nuevo Hitler ha sido el asesinato de cinco periodistas que cubrían los hechos en Gaza, quienes fueron abatidos por fuego israelí sin ser beligerantes.

Por lo menos este hecho ha merecido una amplia condena global, lo cual importa en la práctica a un asesino que tiene en cada cañón, en cada bomba y en cada incursión aérea que bombardea Gaza, un seguro de vida para su propia existencia, lo cual lo justifica todo. Y es que Netanyahu, una vez finalice el conflicto, irá a la cárcel.

Nelsonencar10@gmail.com

POR OSIRIS GUZMAN 

La electricidad ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de la República Dominicana. Desde sus inicios fragmentados hasta la conformación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), el país ha recorrido un largo camino.

Sin embargo, los desafíos que enfrentamos hoy —en medio del cambio climático, la presión por una transición energética sostenible y la amenaza de fenómenos meteorológicos extremos— nos obligan a repensar el futuro energético del país.

 De la CDEEE al SENI : evolución necesaria

El sistema eléctrico nacional comenzó como una red limitada, mayormente gestionada por el Estado a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). A partir de la década de los 90, se inició un proceso de reformas y privatización parcial, especialmente en el área de generación.

Esta transformación fue clave para expandir la capacidad instalada y mejorar la cobertura eléctrica, pero también generó nuevos retos de planificación, regulación y supervisión. El desarrollo del sistema SCADA, la instalación de nuevas plantas térmicas, y el crecimiento de la infraestructura de transmisión bajo el paraguas del SENI han sido pasos importantes.

A lo largo de este proceso, las hidroeléctricas —aunque limitadas en su aporte porcentual— han cumplido un rol estabilizador, especialmente durante temporadas secas.

El mix energético actual: avances, pero aún desequilibrado

La matriz energética dominicana sigue estando dominada por fuentes fósiles. No obstante, en la última década se han dado importantes pasos hacia la diversificación.

Proyectos como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, los parques solares de Montecristi y el parque eólico Los Cocos marcan el inicio de una transición hacia fuentes más limpias.

A nivel global, la tendencia es clara: avanzar hacia un balance energético que combine confiabilidad, costos razonables y sostenibilidad ambiental. En este aspecto, el país ha comenzado a explorar alternativas más costo-efectivas, aunque todavía hay mucho por recorrer.

 Sostenibilidad y resiliencia ante amenazas reales:

La temporada ciclónica, que se extiende de junio a noviembre, representa una amenaza directa a la infraestructura eléctrica nacional. Huracanes como Fiona y tormentas tropicales pasadas han dejado zonas enteras sin energía por días. Además, eventos como el apagón masivo ocurrido en Europa este 2025 nos recuerdan lo vulnerable que puede ser un sistema interconectado sin planes de contingencia sólidos.

Es crucial fomentar el desarrollo de microrredes comunitarias, almacenamiento en baterías, y sistemas de respaldo que permitan mantener servicios esenciales incluso en caso de fallo generalizado. Incentivar el autoconsumo con paneles solares y fortalecer los mecanismos de respuesta rápida también deben ser prioridades.

El rol del Estado y los organismos reguladores

La Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ministerio de Energía y Minas tienen la responsabilidad de establecer políticas claras, estables y transparentes para el desarrollo energético.

Esto incluye facilitar permisos, fomentar la inversión privada responsable, y garantizar tarifas justas para consumidores y generadores. Además, es urgente revisar el marco regulatorio para adaptarlo a nuevas realidades: generación distribuida, contratos bilaterales de energía, y esquemas de incentivos fiscales para tecnologías limpias.

 Conclusión:

Una visión energética sostenible y dominicana: repensar el futuro energético del país no es un lujo, sino una necesidad. La República Dominicana tiene el potencial solar y eólico para convertirse en un referente regional. Contamos con ingenieros formados, empresas innovadoras y un marco institucional que puede fortalecerse.

Apostar por una matriz más equilibrada, resiliente y moderna no solo es clave para reducir la dependencia del petróleo, sino también para mejorar la calidad de vida de millones de dominicanos. El momento de actuar es ahora.

jpm-am

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido tensas por más de dos décadas. En la actualidad la oposición venezolana y gran parte del hemisferio pide la intervención de una potencia extranjera en Venezuela. Su Constitución prohíbe y las leyes castigan a todo ciudadano venezolano que solicita intervención extranjera.

El despliegue militar de una superpotencia —militar y económica— como lo es EE. UU. frente a las costas de Venezuela aumenta la presión a Nicolás Maduro, pero entendemos poco probable y no viable una invasión. El cerco que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre Nicolás Maduro es más una disuasión militar.

La disuasión militar es una estrategia que mediante la amenaza de ataque, la voluntad de realizarlo y la clara capacidad destructiva, busca convencer al adversario para así lograr un objetivo político o geopolítico. La disuasión militar es un acto de persuasión mediante el «Poder Duro».

El panorama para el régimen de Maduro ha tenido giros en los últimos meses debido a que Estados Unidos persigue a funcionarios venezolanos por «supuestamente» pertenecer al «Cartel de los Soles». Una organización considerada terrorista por los Estados Unidos.

El Cártel de los Soles es una organización criminal y terrorista que tuvo sus inicios en Gobiernos de Carlos Andrés Pérez, aliado de los Estados Unidos, que fue quien recibió un intento de golpe de Estado por parte de un Tte. Coronel de nombre Hugo Chávez Frías quien lo consideraba un «vulgar ladrón», «un corrupto» y un «criminal».

El expresidente Pérez terminó en el exilio en República Dominicana y se dijo por mucho tiempo que las siglas «Cap. Cana» se deben a las siglas de su nombre. Paradójicamente los bienes incautados a Maduro fue en dicho lugar. Recientemente, un coronel de nombre Antonio Morales hizo graves denuncias que implican al gobierno dominicano.

La experiencia de intento de golpe de Estado en Venezuela con Chávez fue un fracaso. Todo militar sabe que para invadir un país la táctica de superioridad numérica para neutralizar la resistencia se mide 8 o 9 soldados por uno (enemigo).

Para que tengan una idea, la invasión a la República Dominicana fue ejecutada por 42.000 marines, lo que supone, que del lado constitucionalista existían 5 000 o 6 000 combatientes. Necesitarían portaviones, varios.

En el caso venezolano con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de aprox. 730 000 hombres, sin contar con las fuerzas de seguridad, se supondría el empleo de una fuerza colosal, no los 4 000 (aprox.) hombres que movilizó el Gobierno de Donald Trump con capacidad de resistir y controlar un extenso territorio, el cual el propio Hugo Chávez había dicho que iban a usar la selva ante un intento de invasión, que disponían de «una selva grande y extensa… Usaremos las montañas».

Las fuerzas armadas venezolanas cuentan con buena inteligencia, buenos equipos rusos. Venezuela posee equipo antiaéreo ruso como el complejo S-300, los misiles BUK (incluyendo el BUK M2E), los sistemas S-125 Pechora, y los lanzamisiles portátiles Igla-S, los cuales forman parte de los avanzados equipos de sus sistemas de respuesta antiaérea, junto con otros equipos de fabricación sueca y francesa. Venezuela cuenta con apoyo soterrado de varias potencias mundiales.

El Gobierno de Trump no cuenta con el respaldo jurídico internacional ante la Organización de las Naciones Unidas, ya que violaría el «principio de no intervención y de autodeterminación» de los pueblos y «el informe de Naciones Unidas del año 2007 en la lucha contra el narcotráfico» menciona que Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos.

Las razones aducidas por Estados Unidos como casus belli implicarían a otras naciones y organizaciones internacionales porque un Estado soberano, en teoría, no debería estar por encima de otro Estado soberano.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga y, cuando corresponde, juzga a las personas acusadas de los crímenes o delitos internacionales, por lo que es el órgano a ser empleado para juzgar a Nicolás Maduro u otros implicados, esto en sociedades civilizadas y dónde impera la justicia y el derecho internacional.

Concluiremos manifestando que las probabilidades de invasión militar serían remotas desde nuestro análisis de inteligencia. Lo que podemos establecer, que al Gobierno de Estados Unidos le está preocupando la estabilidad económica y la resistencia del Gobierno de Maduro pese a sus sanciones, y han identificado medios de obtención de capital, y la fuga de materiales y recursos a naciones enemigas de los Estados Unidos y de Israel.

jpm-am