AZUA, República Dominicana. – Francisco Javier García, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “se ha especializado en inaugurar obras que no ha terminado”.

Al ser  preguntado por periodistas sobre el estado de la presa de Azua, expresó: “Lo que ocurre con este gobierno es que inaugura obras que no ha concluido. Cuando se inaugura una presa, debe hacerse con sus canales de riego, las terminaciones y todo lo relacionado con su operatividad. Desde aquí hacemos un llamado al gobierno para que concluya los trabajos de la presa de Azua, a fin de aprovechar toda la inversión realizada y que la obra cumpla su objetivo de dotar de agua a las zonas agrícolas”.

RESTABLECERÍA PROGRAMAS AGROPECUARIOS

Durante un encuentro con representantes del sector agropecuario de esta zona, Javier se comprometió a restablecer «todos los programas que impulsó el gobierno del PLD en beneficio del campo».

“Lamentamos profundamente la crisis en la que se encuentra el sector agropecuario debido a las políticas erradas del PRM, que ha abandonado por completo el campo dominicano. Por eso, hoy nos comprometemos, frente a ustedes, de que desde que asumamos el gobierno en el 2028, restableceremos todos los programas que con éxito implementó el PLD”, enfatizó.

Tras escuchar las inquietudes de los munícipes, el dirigente político manifestó que, a pesar de las promesas de cambio, lo que ha recibido el pueblo es abandono, crisis e inseguridad.

Javier visitó los municipios de Las Charcas, Las Yayas de Viajama, Padre Las Casas, Peralta, Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Tábara Arriba, Guayabal y Estebanía. Una nota de prensa de su equipo de campaña dice que en cada localidad los ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de apoyo al sector agrícola, a pesar de contar con tierras fértiles, lo que ha obligado a muchos a migrar a otras ciudades en busca de oportunidades.

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“Para todo perdido, algo aprovechado”, diría cualquier conformista o indiferente ante el acuerdo judicial combinado de baja pena o de devolución de algunos valores del comprobado festín que hicieran algunos funcionarios y familiares del expresidente Danilo Medina con los dineros públicos durante su ejercicio gubernamental.

De todos modos, antes que aleccionador, se estaría enviando una mala señal a la sociedad, cuando, bajo el “criterio de oportunidad” que ofrece la normativa procesal, el Ministerio Público acuerda que Maxy Montilla, cuñado del exgobernante, devuelva unos 3 mil millones de pesos, de un expediente que inicialmente envolvía unos 18 mil o 20 mil millones.

Como quiera que se mida, de por medio hay una gran diferencia en dinero que no se sabe a que bolsillo fueron, pero que el Estado la pierde. Montilla, sencillo, admitió los hechos y negoció para no ir preso.

Y ahí el punto que cae como un jarro de agua fría en diversos sectores sociales del país, en desacuerdo con que haya prescripción de la acción penal. Se entiende el esfuerzo y el trabajo prolongado del Ministerio Público, ante escándalos que envolvían altos montos e implicaciones por las que debieron ser declarados casos complejos, pero hay el temor de que la práctica de acordar con acusados de irregularidades la devolución de fondos públicos sin ir a prisión y sin aleccionadoras consecuencias se traduzca en un estímulo para la comisión de nuevos actos de corrupción.

Hay cosas difíciles de encarar, con todo y el legítimo derecho a la defensa que se tiene. Por ejemplo, cuando Medina habla de “transparencia” de sus gobiernos y de “honorabilidad”, en momentos en que los tribunales del país le imponen condenas a un hermano y a un cuñado suyos.

Es histórico el momento en que, en pleno ejercicio de su gobierno, Medina preguntó a periodistas que le pusieron el tema: ¿Pero cuál corrupción, hablar en término genérico siempre es peligroso; dónde están los escándalos de corrupción que ustedes ven en el Estado Dominicano, dónde están?

Además de los casos ya con fallos en la justicia, por ahí viene el expediente pesado de los militares de primera línea encargados de su seguridad cuando era presidente. Este expresa al conocer la admisión de los hechos y el acuerdo a que llegó con la justicia el cuñado Montilla que él, en lo personal, no fue al gobierno a hacer negocios, ni se involucró en la asignación de obras ni pidió favores para familiares o allegados.

Este jueves, sin embargo, su exasistente en Palacio y ex director de Aduanas Fernando Fernández y cuyas relaciones no terminaran bien, escribió en su cuenta:” Me tocó tener un enfrentamiento con el presidente por no recibir en Aduanas a su hermano, muy desagradable momento. No fue el único. La historia me dio la razón, ha demostrado que siempre es aconsejable escuchar a un verdadero amigo, aunque no te agraden sus consejos”.

Al salir del poder

En términos reales y de efectos políticos, la familia de Medina hoy está acusada y señalada y, como él es el presidente de la organización, el PLD está cargando con una culpa que no es suya. Al salir del poder, Medina no debió pasar a presidir el Partido, sino dejarlo fluir y que caras nuevas y jóvenes con muchas condiciones, que los hoy, se proyectaran y corrigieran errores costosos que se repiten.

Claro, siempre y cuando su principal figura no quisiera, como se sospecha, tener al PLD como refugio personal, aunque se lo lleve a la tumba. La admisión de hechos y condena que la justicia acaba de imponerle a familiares del exgobernante representa una suerte de “tiro de gracia” para el PLD.

Lo prudente y delicado, sin miedo, porque a él no lo van a tocar, es que Medina renunciara y dejara a la organización reorientarse. Si no es el caso, dirigentes de buen perfil, hoy callados y sin dar un paso al frente, estarían perdiendo su tiempo en el PLD.

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El ex presidente Danilo Medina es una persona decente y honrada, como pueden dar fe sus compañeros, y creo yo que la sociedad toda, por lo que resultaría injusto endilgarle cualquier vinculación con acciones moralmente indebidas, aunque sin dudas ha cometido errores políticos, la mayoría provocado por la excesiva confianza que dispensa a sus colaboradores.

Máximo Montilla, cuñado del líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su calidad de imputado en un expediente de naturaleza criminal, firmó un pacto con el Ministerio Público, mediante el cual retorna al Estado RD$3.0 millones, a cambio de indulgencia procesal, con lo que nada tuvo que ver Danilo.

De los cuatro líderes políticos que han ostentado la condición de presidente de la Republica, dos son empresarios y otros dos ejercen la actividad política a tiempo completo, todos son estadistas, uno de los cuales ejerce el Poder y tres también contribuyen con el fortalecimiento de la democracia política.

Muchos líderes y jefes de Estado en América Latina han tenido que cargar con lastre político derivado de inconducta atribuida a familiares o colaboradores, pero en el caso de Danilo aflora lo que él considera persecución política en su contra y frente a una condena penal en primera instancia contra un hermano suyo.

El ex mandatario afirma desconocía que empresas de cuñado y hermano suplían bienes al Estado, aunque en el peor de los casos lo que se puede reprochar es la prevalencia de un exceso de confianza respecto a sus parientes, aun en el caso de Montilla, con  quien dice no tenía trato cercano.

Danilo es terco en sus razonamientos políticos, pero absolutamente honrado en término personal y político, quien una vez convencido de la comisión de alguna inconducta reacciona con enojo, como ocurrió en el caso de su cuñado. Medina es un activo de la democracia, honrado a carta cabal.

El tema de la corrupción como lastre de estos tiempos debió tratarse a profundidad en el pasado Congreso Nacional del PLD, en resoluciones que conllevaran a la expulsión o degradación del partido de los dirigentes notoriamente involucrados en ilícitos penales. Si así hubiese sido, hoy otro gallo cantaría.

La prevaricación se entroniza en el tuétano de la sociedad, por lo que debe ser extirpada de la estructura partidaria para que no se extrapole al Estado. Además de que el Ministerio Publico y el Orden Judicial cumplan sus roles de perseguir, investigar, someter y sancionar a quienes incurran en corrupción.

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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

Durante décadas, la clase política dominicana ha demostrado, con contadas excepciones, su incapacidad para gobernar con visión, transparencia y un verdadero compromiso con el bien común. Las promesas de desarrollo y justicia social han quedado atrapadas en redes de corrupción, clientelismo, populismo e improvisación.

El resultado es un país con enormes potencialidades, pero estancado por la mediocridad de su dirigencia política.

Ante este panorama, se impone una reflexión profunda, ¿debemos seguir confiando ciegamente en los partidos tradicionales y en los mismos políticos de siempre? Para un número creciente de dominicanos, la respuesta es un rotundo no.

Una de las causas fundamentales del deterioro de la vida política en nuestro país es la forma en que se financian muchas de las candidaturas dentro de los partidos tradicionales. Con frecuencia, estas campañas se sostienen con grandes sumas de dinero aportadas por personas o grupos cuyos intereses están lejos de representar el bien común.

En lugar de fortalecer la democracia, este tipo de prácticas genera una peligrosa dependencia económica que compromete la ética del ejercicio público.

Las candidaturas no se ganan por mérito, capacidad o propuestas, sino por la cantidad de recursos económicos invertidos. Y cuando se accede al poder bajo compromisos financieros con actores privados o sectores cuestionables, inevitablemente surge la necesidad de “recuperar la inversión”.

¿Y de dónde se recupera ese dinero? Generalmente, de los recursos del Estado, lo que deriva en el uso indebido de fondos públicos.

Este modelo político basado en el gasto excesivo y en favores por cobrar ha deteriorado la confianza ciudadana, ha limitado las oportunidades para nuevos liderazgos éticos y ha contribuido a perpetuar un círculo vicioso de impunidad y retroceso social.

Nuevos modelos

Es hora de proponer nuevos modelos de liderazgo, como un bloque nacional integrado por empresarios y profesionales del sector privado, ciudadanos reconocidos no solo por su capacidad técnica, sino también por su integridad moral y su compromiso con el país.

Esta iniciativa no debe nacer como un simple partido más, sino como una plataforma ciudadana robusta, capaz de articular un plan de gobierno sólido, moderno y realista, con metas claras y alcanzables en áreas fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, la economía, el medio ambiente y la justicia. Una justicia independiente, capaz de combatir la impunidad y garantizar el respeto al Estado de derecho.

¿Cómo hacerlo posible de cara al 2028?

La construcción de un nuevo liderazgo requiere pasos concretos y organizados. El primero de ellos podría ser la conformación de una coalición inicial integrada por empresarios y profesionales con credibilidad social, liderazgo reconocido y trayectoria ética.

Este es solo un ejemplo de cómo podría comenzar el proceso; lo esencial es reconocer que el sistema político tradicional ha fracasado en su misión de ofrecer al país un gobierno transparente, eficiente y orientado al bien común.

La República Dominicana no puede seguir atrapada entre el continuismo de una clase política que busca perpetuarse en el poder y la ausencia de alternativas reales para la ciudadanía. El año 2028 representa una ventana de oportunidad histórica para romper ese ciclo.

El futuro de nuestra nación exige líderes que no estén comprometidos con el reparto político, sino con el desarrollo nacional, la dignidad del pueblo dominicano y la consolidación de un Estado moderno, justo y eficiente.

Empresarios y profesionales con visión de Estado y conciencia ciudadana pueden y deben convertirse en la alternativa que el país necesita.

La verdadera pregunta no es si es posible. La verdadera pregunta es: ¿Estamos dispuestos a dar el paso histórico de construir un país diferente?

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