POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Imagine una casa en llamas donde los inquilinos, atrapados en el humo, observan impotentes cómo el extintor cuelga de la pared… con un candado. Así funciona nuestra democracia: tenemos en la Constitución un mecanismo para apagar los incendios del mal gobierno —el referéndum—, pero carecemos de la llave para usarlo.

La soberanía como poema sin música

La Constitución de 2015 consagró con solemnidad que la soberanía reside en el pueblo, ejercida tanto por representantes como de forma directa. El referéndum debía ser la herramienta para esa participación activa. Diez años después, esta promesa duerme el sueño de los justos.
Ni un solo referéndum se ha realizado. Ni consultivo, ni aprobatorio, mucho menos revocatorio. La soberanía popular, que debía ser praxis, sigue siendo poesía muerta en el texto constitucional.

Una ley que nunca despierta

En febrero de 2021, el presidente Luis Abinader anunció con bombo y platillo un proyecto de Ley de Referendo. El 5 de marzo lo depositó en la Cámara de Diputados. Cuatro años después, sigue estancado en la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral. El documento se limita a regular los referendos consultivos y aprobatorios, dejando fuera plebiscitos y, sobre todo, cualquier mecanismo de control real sobre los electos.
La Junta Central Electoral, llamada a organizar estas consultas, está atada de pies y manos: sin ley orgánica que defina plazos, trámites y requisitos, no puede convocar ni reglamentar nada.

El muro constitucional contra la revocatoria

El nudo gordiano es más profundo: nuestra Constitución prohíbe expresamente que el referéndum sirva para aprobar o revocar el mandato de autoridades electas o designadas. Dicho en llano: aunque un gobierno sea ineficiente, corrupto o impopular, el pueblo carece de herramientas legales para removerlo antes de cuatro años.
Es como tener un timón averiado en alta mar y resignarnos a que el barco naufrague, porque la normativa prohíbe reparar la rueda hasta llegar al puerto.

Costo de preguntar vs. costo de callar

Organizar un referéndum cuesta entre RD$500 y RD$1,000 millones. Suena alto, hasta que lo comparamos con los agujeros de un gobierno derrochador.
El presupuesto nacional 2025 asciende a RD$1.7 billones. Cada punto porcentual desviado en corrupción, clientelismo o duplicidades significa miles de millones perdidos.
Ese despilfarro no es un concepto abstracto: es un hospital sin medicamentos, una escuela sin maestros, un niño sin almuerzo escolar. ¿Qué resulta más caro: un acto cívico de control democrático o cuatro años de incompetencia que drenan recursos vitales?

El espejo internacional

Mientras tanto, los países de la región avanzan. En Costa Rica y Uruguay, la consulta popular es práctica corriente. En Ecuador y Venezuela existen mecanismos de revocatoria de mandato con requisitos de 15% a 20% del padrón. En Suiza, la ciudadanía vota cada año sobre decenas de temas cruciales. En California, un gobernador fue destituido mediante referéndum en 2003.
La República Dominicana, en cambio, sigue atrapada en promesas incumplidas. Nuestra democracia, que pudo ser brújula, es hoy un reloj sin manecillas.

La impunidad como norma

A esto se suma un contexto de impunidad crónica. Desde los escándalos de los Papeles Pandora, que salpicaron al propio presidente, hasta múltiples casos de contrataciones irregulares y clientelismo, los altos funcionarios rara vez enfrentan consecuencias. La justicia llega tarde, o no llega. Y cuando el ciudadano no tiene herramientas legales para exigir cuentas, la corrupción se vuelve un impuesto no declarado.

Responsabilidad colectiva

Pero no podemos cargar toda la culpa al poder político. La sociedad también es responsable: hemos tolerado el “enchufe”, el clientelismo y el favoritismo como sustitutos de la meritocracia. Mientras los ciudadanos reclaman, pero no actúan, el sistema sigue intacto.
El referéndum revocatorio no sería una panacea, pero sí un recordatorio de que el cargo es un servicio, no un botín.

El botón de emergencia democrático

La solución requiere tres pasos:

1. Aprobar de inmediato la Ley Orgánica del Referéndum.
2. Impulsar una reforma constitucional que incluya la revocatoria de mandato tras dos años de ejercicio.
3. Reducir el tamaño del Estado, eliminando duplicidades y clientelismo, para invertir más en salud, educación y ciencia, y menos en nóminas partidarias.

Cierre

El referéndum no es un lujo, es el botón de emergencia de la democracia. No se trata de gobernar por plebiscito, sino de dar a los ciudadanos un freno de mano cuando el carro del Estado se dirige al precipicio.

Cada peso robado es un plato vacío en la mesa de una familia. Cada día sin mecanismos de control es un año más de desconfianza acumulada.
Es hora de despertar la soberanía popular. No para el capricho de unos pocos, sino para la dignidad de todos.

jpm-am

Durante la Feria del Libro 2025 que se celebra en Santo Domingo, fue suspendido un coloquio titulado Patrimonio Histórico y Cultural de San Cristóbal, que buscaba exponer la riqueza histórica de la provincia desde la época aborigen hasta la contemporánea.

Fue cancelado ante amenazas de grupos que alegaban que la actividad conduciría a una exaltación del dictador Trujillo. Esta suspensión, lejos de ser un simple desacuerdo logístico, revela una preocupante tendencia: la censura de ideas por presión ideológica.

San Cristóbal posee un legado histórico que no puede ser reducido ni silenciado. Desde los primeros asentamientos indígenas, pasando por los ingenios coloniales, hasta las obras de infraestructura y desarrollo industrial impulsadas en la Era de Trujillo, la provincia ha sido testigo de procesos que marcaron profundamente la historia nacional.

Reconocer estos hechos no implica glorificar figuras autoritarias, sino comprender que la historia está compuesta por luces y sombras, y que su análisis exige madurez y honestidad intelectual.

Lo más alarmante de este episodio no es solo la suspensión del coloquio, sino el motivo que la provocó: la amenaza de confrontación por parte de grupos que se oponían a la realización del evento.

En una sociedad democrática, todas las voces —incluso aquellas que incomodan o desafían nuestras convicciones— tienen derecho a ser escuchadas. Callarlas por presión o intimidación es replicar los mismos métodos que se atribuyen a los regímenes autoritarios que se condenan.

La democracia no se fortalece con unanimidades impuestas, sino con el ejercicio libre y respetuoso del pensamiento plural. La diversidad de opiniones es su columna vertebral. Cuando se impide el diálogo, cuando se censura la exposición de hechos históricos por temor a interpretaciones ideológicas, se vulnera no solo la libertad de expresión, sino también el derecho ciudadano a conocer y debatir su pasado.

San Cristóbal merece ser reconocida por su riqueza cultural y su potencial turístico. Pero más aún, merece que se le permita contar su historia completa, sin omisiones ni distorsiones. La suspensión del coloquio no solo impidió hablar de Trujillo, sino también de los monumentos coloniales, de los ingenios, de las fortalezas, de todo un patrimonio que forma parte de la identidad dominicana.

Es momento de que como sociedad asumamos con coherencia el compromiso democrático. Defender la libertad de expresión no puede ser selectivo.

Si queremos superar los traumas del pasado, debemos evitar repetir sus mecanismos. Y eso comienza por permitir que todas las voces, incluso las que no compartimos, tengan espacio en el debate público.

jpm-am