JCE suspende prohibición de publicar encuestas fuera plazo

SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) suspendió provisionalmente la aplicación del artículo décimo tercero de su reglamento sobre registro de firmas encuestadoras y publicación de encuestas electorales, que prohibía difundir sondeos con fines electorales fuera de los períodos establecidos para la precampaña y la campaña.

La medida fue adoptada por mayoría el pasado 20 de agosto y permanecerá vigente mientras las instancias judiciales competentes determinan la legalidad y constitucionalidad de la disposición.

SUSPENSIÓN TEMPORAL

El artículo cuestionado prohibía publicar o difundir, por cualquier medio, encuestas o sondeos electorales fuera del período de precampaña, que comienza el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.

También contemplaba restricciones para divulgar estudios realizados para uso interno de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como sanciones en caso de publicación o filtración.

La JCE aclaró que la suspensión no elimina las demás disposiciones del reglamento, que continúan vigentes, incluidas las relativas al registro y habilitación de empresas encuestadoras, requisitos técnicos, metodología y otras obligaciones.

CONTROVERSIA JUDICIAL

El conflicto se originó tras una impugnación presentada por Justicia Sin Fronteras ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Ese tribunal se declaró incompetente para conocer el fondo del recurso al considerar que la controversia corresponde a una acción de control concentrado de constitucionalidad, competencia del Tribunal Constitucional.

La JCE sostuvo que mantener la prohibición mientras se resuelve el proceso podría generar incertidumbre jurídica y consecuencias difíciles de reparar, especialmente por su posible impacto en las libertades de expresión e información.

VOTOS DISIDENTES

La decisión contó con los votos disidentes de Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, quienes cuestionaron que el Pleno pueda suspender administrativamente una disposición reglamentaria cuya constitucionalidad está pendiente de decisión judicial.

Mientras permanezca la suspensión, la JCE no aplicará la prohibición ni las sanciones vinculadas específicamente con la publicación de encuestas fuera de los períodos electorales establecidos.

an/am

Inauguran festival dedicado a cultura región Este dominicana

Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) El ministro dominicano de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, inauguró en Higüey, provincia de La Altagracia, el «Este Festival 2026», encuentro que reúne expresiones artísticas, tradiciones y manifestaciones culturales de seis provincias de esa región.

La iniciativa, que se extenderá hasta el próximo domingo, se desarrolla en el recinto de Higüey de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de representantes de El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís.

Durante la apertura, Salcedo destacó que el festival busca poner en valor las tradiciones y el patrimonio de las comunidades del Este, además de contribuir al proceso de descentralización de las actividades impulsado por su ministerio.

El titular de Cultura recibió durante el acto el Escudo de Armas de la Villa Salvaleón de Higüey, distinción concedida por el municipio en reconocimiento a su labor en favor de la promoción y el fortalecimiento de la cultura dominicana.

La jornada inaugural incluyó la presentación del Coro Infantil Sueño Musical y la proyección de un audiovisual sobre el programa del evento, que contempla presentaciones artísticas y una muestra gastronómica de las seis provincias participantes.

El encuentro está dedicado al artesano Genaro Cayuco Reyes y tiene entre sus propósitos favorecer el intercambio entre artistas, instituciones y comunidades.
oda/mpv

FP exige aplicar nuevo Código Penal contra fraude aduanero

SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió a las autoridades aplicar todo el peso del nuevo Código Penal contra los responsables del presunto fraude aduanero relacionado con el tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana, y reclamó una investigación que permita establecer responsabilidades en todos los niveles.

La posición fue fijada mediante un documento del exdiputado Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización, quien afirmó que el nuevo Código Penal, junto con la Ley General de Aduanas 168-21, ofrece herramientas para perseguir con mayor rigor los delitos económicos vinculados al desvío de mercancías declaradas en tránsito internacional.

INVESTIGACIÓN A TODOS LOS NIVELES

Espinosa sostuvo que las pesquisas no deben limitarse a quienes participan directamente en el traslado de las mercancías, sino determinar quiénes organizan, facilitan y se benefician de esas operaciones.

“Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió.

Explicó que, dependiendo de las infracciones que sean comprobadas, podrían configurarse delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios.

PRISION, MULTAS Y DECOMISO MERCANCIAS

El dirigente político indicó que las consecuencias podrían incluir prisión, multas y decomiso de mercancías y bienes utilizados en las operaciones ilícitas, entre ellos camiones, remolques e inmuebles.

También planteó que los recursos obtenidos mediante la comercialización ilegal podrían generar investigaciones por lavado de activos.

Espinosa destacó además la responsabilidad penal de las personas jurídicas y pidió investigar la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte y otros actores empresariales.

La FP afirmó que el ingreso irregular de mercancías destinadas al tránsito internacional afectaría las recaudaciones del Estado y perjudicaría a comerciantes, importadores y productores que operan legalmente.

La organización pidió profundizar las investigaciones, determinar la magnitud de las operaciones denunciadas y fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías en tránsito.

an/am

Capital moderna e intercomunicada

Cuando concluya el presente mandato gubernamental, Santo Domingo -la Primada de América- gracias a un febril y bien planteado conjunto de obras viales de calidad, coronará su espectacular desarrollo urbano interior instituyendo en una de las mejor intercomunicada con el resto del país de América Latina.

En sólo seis años habrá resuelto, en gran medida, los cuellos de botella creados por el incontenible incremento del parque vehicular de la capital y su dificultad para interactuar con las demás regiones del país.

Esta problemática se hizo evidente en la última década del siglo pasado, cuando Balaguer dispuso la ampliación de la autopista Duarte y Leonel dejó en proceso avanzado la construcción del puente Juan Bosch.

Ya en este siglo Hipólito concluye el puente Juan Bosch vital para intercomunicar en forma más expedita la capital con la región Este y corona la obra con la marginal de Autopista de Las Américas, creando las condiciones para montar los Juegos Panamericanos ubicando una nueva ciudad deportiva en el Este y la villa panamericana en ese municipio.

Leonel vuelve por sus fueros luego de Hipólito y llevado de la mano de ese gran constructor Diandino Peña, que con el Metro rompe la encerrona de la capital con el Norte y lo lleva hasta la estación Mamá Tingó en Villa Mella.

Diandino no para ahí y emprende la Línea 2 del Metro y tres vías que marcarán para siempre a los capitaleños: el elevado de la 27 de Febrero, el túnel de la 27 de Febrero de Abraham Lincoln hasta Winston Churchill y el túnel del puente Juan Bosch hasta el hospital Darío Contreras.

Danilo atina a concluir el segundo puente ferroviario de la ciudad para posibilitar el Metro cruce el Ozama, penetre el corazón de Santo Domingo Este hasta Mega Centro en la San Vicente de Paul y le agrega su sello de ocho años en el poder, el Teleférico de Sabana Perdida que cruza por vía aérea la confluencia de los ríos Ozama e Isabela hasta la margen occidental. También deja en etapa avanzada el desahogo de la Avenida de Circunvalación de Santo Domingo.

Ultimos seis años

No bien inicia el actual mandato presidencial, el actual gobierno toma la maqueta del elevado de Boca Chica y lo materializa, encerrando con muros las dos marginales del sector, poniendo fin al último tramo de la autopista de El Coral que ralentizaba su trayecto. Es la obra menos publicitada del gobierno.

Prosigue la construcción de la Avenida de Circunvalación y concluye la Avenida Ecológica hasta conectarla con la Autopista Juan Pablo II. Luego agrega un tramo ultramoderno que cruza de la Avenida Ecológica a Las Américas hasta el puerto Multimodal Caucedo.

En la capital ejecuta el segundo teleférico como parte de una mejor conexión con el Cibao, esta vez en Los Alcarrizos e inicia la extensión de la Línea 2C del Metro del kilómetro 9 a Los Alcarrizos, 7.3 kilómetros de vías férreas con poco más de 1 kilómetro de túnel y 5 estaciones. Esta obra se concretó gracias al empeño del ingeniero Rafael Santos, quien tuvo que vencer la resistencia desde la misma la secretaría de la Presidencia que abogaba por una solución de monorriel.

Le agrega una marginal en el mismo trayecto mientras que en el kilómetro 9 avanza en más de un 80% un tercer teleférico hasta Bajos de Haina para extender los alcances del Metro hacia todo Santo Domingo Oeste.

Para mayor accesibilidad a la región Norte, emprende la intervención del kilómetro 9 de la autopista Duarte con elevado ultramoderno y duplicando los carriles de entrada y salida. A la vez, ejecuta en más de un 60% la extensión de la Línea 1 del Metro de la estación Mamá Tingó en Villa Mella hasta Punta, casi kilómetro y medio con una gran estación de destino y parqueo.

 

El propósito estará completado cuando en unos meses se concluya la extensión elevada de la Avenida Colombia con la Avenida Jacobo Majluta, una obra vial del primer mundo, por la belleza de su diseño y extensiones.

La respuesta de qué hacer para superar el grave obstáculo de interconectar la capital con la región Sur, ya favorecida previamente con las circunvalaciones de Azua y Baní, vino de inmediato y en forma contundente.

El gobierno se apoyó en empresas constructoras privadas de primer orden y ejecutó dos obras en tiempo récord: el elevado de la Plaza de Bandera para comunicar en forma directa la Avenida 27 de Febrero con la Carretera 6 de Noviembre y el túnel en Plaza de La Bandera que interconecta de norte a sur la Avenida Luperón. Para poner fin a las inundaciones pluviales históricas en la Avenida Luperón se anuncia la construcción de un túnel minero en toda su extensión hasta depositar en el mar Caribe.

Con este conjunto de obras que por su significación, tiempo de ejecución y costo constituyen en sí mismas ejemplo de eficiencia ejecutiva, la capital tiene garantizada por el momento y por unos años su conexión con el interior.

Las grandes ciudades, mucho más las que sirven como centro administrativo y financiero del país, no van a parar de crecer y demandar más y mejores servicios de vialidad y transporte.

Agradezco a Julio Hazim quien afirmó no conocer cuál de los grandes problemas heredados por el presente gobierno había sido resuelto, porque me puso a pensar y ordenar los hechos de vialidad y transporte recientes, con los resultados que aquí presentamos.

jpm-am 

Federales confiscarán US$49 mm de narcos en Puerto Rico

San Juan, 29 ago (Prensa Latina) .- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció hoy en Puerto Rico un operativo realizado en Mayagüez (occidente), que conducirá a la confiscación de 49 millones de dólares del narcotráfico.

El alto cargo estadounidense, que viajó a esta capital con el propósito de ofrecer detalles del operativo antinarcóticos luego de que un gran jurado emitiera 81 acusaciones con órdenes de arresto, 16 de los cuales ya estaban encarcelados.

Según las autoridades, algunos de los demás imputados presuntamente contribuían a las operaciones de la organización desde instituciones penitenciarias.

La organización criminal, denominada «Los baja deos», operaba alrededor de 23 puntos de venta de drogas en residenciales públicos de Mayagüez y pueblos limítrofes, donde traficaban cocaína, heroína y fentanilo.

Blanche destacó, junto al fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, además de otros funcionarios federales, que el operativo realizado la víspera es parte de la política del presidente Donald Trump destinada a desarticular organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos y sus territorios, incluido Puerto Rico.

El fiscal federal Ramírez Carbó anotó que los integrantes de la organización conspiraron para distribuir cantidades de sustancias controladas tanto al por mayor como en cantidades para la venta en la calle.

COMPONENTES DE LA BANDA

Igualmente, estableció que los componentes de la banda delincuencial, en la que figuraban varias mujeres, traficaban con armas de fuego y municiones, al tiempo que recurrían a la violencia con miembros de otras pandillas, ejecutaban secuestros y asesinatos como parte de un esquema para mantener el control de las operaciones delictivas.

«Se estima que esta organización de narcotráfico fue responsable de distribuir al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos mezclados con fentanilo y al menos dos mil 200 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, generando más de 49 millones de dólares en ganancias», dijo Blanche a los periodistas.

El jefe de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, estableció que ese organismo mantiene su compromiso de operar mano a mano con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar organizaciones criminales violentas y de narcotráfico que amenazan la seguridad de las comunidades y propagan el miedo.

dfm/nrm

PL-101

Critican en Haití las «exigencias burocráticas» a los partidos

Puerto Príncipe, 29 ago (Prensa Latina)- El líder del partido político haitiano Comprometidos con el Desarrollo (EDE), Claude Joseph, criticó la excesiva burocracia para la inscripción de organizaciones ante las próximas elecciones, publica hoy un diario local.

Según el político, esas entidades son obligadas a presentar un número de expedientes y otros documentos muy superior al umbral necesario para lograr la validación de sus miembros en el registro del Comité Electoral Provisional (CEC), añadió el diario Gazzette Haiti.

El jefe del EDE argumentó que a algunos partidos políticos les fueron exigidos cerca de 20 mil expedientes para obtener la validación de mil de sus miembros.

También hubo casos de organizaciones políticas que presentaron hasta 100 mil documentos para acreditar la cifra de 30 mil integrantes que exige el CEC para que un partido pueda presentarse a elecciones.

Joseph denunció, por otro lado, que una cantidad exagerada de entidades son rechazadas para inscribirse en el registro, y en muchos casos las razones argumentadas son «incomprensibles».

La necesidad de celebrar elecciones es defendida por entidades políticas y de derechos humanos, miembros del gobierno y especialistas del CEP, que las consideran imprescindibles para salvar al país de la actual crisis general, causada por la violencia de las pandillas.

Los defensores de los sufragios estiman que de ellos podrían salir nuevas autoridades, que rescataran al país de esa situación de inseguridad, desorden e inestabilidad gubernamental de los últimos años.

lam/apb

 

PL-151

Haitianos desplazados vuelven; otros lamentan la destrucción

Puerto Príncipe, 29 ago (Prensa Latina) Gran cantidad de haitianos expulsados por ataques de pandillas armadas en distintos barrios metropolitanos regresan a sus hogares, mientras otros sufren la destrucción de sus sitios, reportó el periódico Le Nouvelliste.

Otras víctimas de la violencia de esos grupos armados que siguieron en sus sitios de origen, por su parte, permanecen en situación de vulnerabilidad, en viviendas destruidas o dañadas, y privados de servicios esenciales, añadió la publicación.

Los pobladores que decidieron quedarse en sus casas, y también los que están por retornar, carecen, sobre todo, de condiciones mínimas de seguridad, en particular durante las noches, y de recursos mínimos para construir otros sitios de hábitat.

Las calles recuperan color -describe el diario- pero las huellas de la violencia siguen visibles en las fachadas y el interior de las casas, en su mayoría cubiertas de escombros, sin puertas y ventanas y ennegrecidas por el humo de los incendios.

Esos vecinos que se quedaron, y parte de los desplazados de sus lugares «temen no volver jamás a sus vidas anteriores ni ver cómo sus barrios borran las cicatrices dejadas por las pandillas armadas», comenta Le Nouvelliste.

Algunas familias que ahora optan por regresar pese al estado de sus viviendas tienen que comenzar por limpiar las habitaciones, retirar los escombros y sellar temporalmente las roturas.

La mayoría de los afectados cifra sus esperanzas de un mejor futuro en las próximas elecciones, apoyadas por líderes de partidos, entidades populares y defensoras de los derechos humanos.

Muchos de esos ciudadanos coinciden con miembros del Gobierno y especialistas del Comité Electoral Provisional en que el proceso electoral es imprescindible para rescatar al país de la actual crisis general, causada por la violencia de las pandillas.

Esos sectores consideran que las nuevas autoridades resultantes de los comicios podrían rescatar al país de la inestabilidad, el desorden y la crisis gubernamental de los últimos años.

mar/apb

 

La reforma policial seria se juega en tres planos sucesivos

Por Carlos Salcedo 

El artículo 255 de la Constitución establece como misión de la Policía Nacional salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir el delito y mantener el orden público. Es un mandato categórico, no programático: la norma no sugiere, ordena.

Sostengo que toda reforma seria de la seguridad pública se juega en tres planos sucesivos -el normativo, el operativo y el institucional- y que el debate dominicano se agota en el primero, como si aprobar una ley bastara para satisfacer también los otros dos.

La reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional reaviva esa reducción: se discute su articulado, pero poco su capacidad real de modificar la conducta de quienes debe regir. Esa brecha, no el trámite congresual, es el objeto de esta reflexión.

Diecisiete instrumentos, un solo cumplimiento

La propia Ley 590-16, vigente desde el 15 de julio de 2016, ilustra la distancia entre esos planos. En lo normativo, el texto previó una arquitectura de diecisiete instrumentos -un Reglamento de Aplicación general y dieciséis reglamentos internos, sobre uso de la fuerza, armas, ascensos, uniforme y régimen disciplinario-, con plazo de seis meses desde la promulgación, vencido en enero de 2017.

En lo operativo, el Reglamento de Aplicación no entró en vigor sino hasta el 14 de enero de 2022, mediante el Decreto 20-22: casi cinco años y medio de mora. El Consejo Superior Policial aprobó apenas algunos de los dieciséis reglamentos pendientes —entre ellos el del uso de la fuerza—, mientras el resto permanecía suspendido.

El dato no es noticia, sino síntoma: una reforma puede tener pleno respaldo normativo y carecer, durante años, de la traducción operativa que la haga exigible -letra vigente, pero en buena medida letra muerta.

El plano institucional

Falta, todavía, el tercer plano: el institucional, la interiorización de esas reglas en la cultura corporativa. La norma es condición necesaria, no suficiente: el derecho no es causa eficiente de la cultura institucional, es su marco de posibilidad.

Las instituciones formales son reglas del juego que estructuran incentivos, no generadoras automáticas de comportamiento (Douglas North, 1990). En clave weberiana, la autoridad legal-racional requiere que esas reglas existan, pero su interiorización como cultura es posterior a la promulgación, nunca simultánea. Confundir la sanción de la norma con la conclusión del proceso es el error del normativismo ingenuo.

Ese error tiene un riesgo político concreto: el del derecho simbólico -agotar el debate en el voto del hemiciclo, como si aprobar la norma resolviera también lo operativo y lo institucional. Las leyes sancionadas bajo presión de una demanda social de reacción inmediata arriesgan convertirse en comunicación política antes que en transformación real, cuando no se acompañan de reglamentación oportuna, supervisión externa y rendición de cuentas efectivas.

Una reforma que se agote en su articulado, por sofisticado que sea, corre ese riesgo con particular intensidad: el uso legítimo de la fuerza es lo que menos tolera la distancia entre texto y práctica.

Un proyecto que repite el patrón

Una última precisión: el propio proyecto de reforma no escapa a esa lógica. El Poder Ejecutivo lo depositó en el Senado el 8 de diciembre de 2025; a la fecha, lleva cerca de nueve meses en el Congreso sin aprobación definitiva. Es de justicia reconocer el compromiso del Senado, que en julio aprobó la pieza en primera lectura con veinticuatro de veintisiete votos, tras más de cinco horas de lectura íntegra de sus trescientos quince artículos -un ejercicio de responsabilidad que contrasta con la lentitud del trámite en su conjunto.

Ese mismo compromiso corresponde exigir ahora a la Cámara de Diputados, para que la iniciativa concebida contra la mora regulatoria no termine repitiendo, a menor escala, el patrón que denuncia.

Esto no descalifica el esfuerzo legislativo: la reforma normativa es la herramienta indispensable para iniciar la transformación operativa e institucional, aunque no la sustituya. Sin marco legal no hay punto de apoyo para exigir después reglamentación oportuna, formación, supervisión y control; con él, al menos, existe una vara para medir la distancia entre lo prometido y lo cumplido.

La reforma a la Ley 590-16 debe entenderse, entonces, no como el punto de llegada de la modernización policial, sino como el primero de tres planos por recorrer: lo que decida si se completan los otros dos no ocurrirá en el Congreso Nacional, sino después, en la reglamentación oportuna, la formación sostenida y el tiempo -siempre más largo que el de la política- que exige toda transformación institucional genuina.

jpm-am

¿Por qué insistimos en llamar «pantalones» a una sola prenda?

Crecimos escuchando la corrección casi como un dogma de fe lingüística. Ante cualquier descuido en singular, la advertencia paternal, la corrección escolar o el señalamiento del purista de turno no tardaban en llegar: «No digas «el pantalón», se dice «los pantalones»».

Durante generaciones, referirse a esta prenda en singular ha cargado con el estigma de la incorrección, un supuesto desliz propio del habla descuidada. Sin embargo, cuando uno detiene la marcha para examinar la lógica de las cosas y la evolución silenciosa de las palabras, surge una pregunta inevitable que interpela a la gramática oficial: ¿es realmente un error nombrar en singular algo que, en la práctica y en su diseño contemporáneo, constituye una unidad indivisible y absoluta?

Desde una perspectiva puramente conceptual, la intuición común acierta de pleno. Hoy en día, un pantalón es una única pieza de vestir que abraza la cintura y desciende cubriendo ambas extremidades a través de perneras irremediablemente cosidas, fundidas en un solo cuerpo textil. Si la prenda es una, si la aguja y el hilo la han transformado en un bloque indisoluble, ¿por qué nuestro idioma insiste obstinadamente en mantenerla atrapada en el plural?

La respuesta, sin embargo, no se halla en la lógica de la física moderna ni en la ingeniería de la moda actual, sino en los sótanos profundos de la historia. Si viajamos siglos atrás —recorriendo los pasillos de la Edad Media y el Renacimiento— descubriremos que las prendas inferiores del guardarropa occidental masculino no nacieron como una sola estructura.

Las llamadas calzas o los primitivos calzones eran, literalmente, dos perneras independientes que el caballero se ataba por separado a la cintura o al jubón mediante cintas y cordeles. En aquel tiempo, el plural (los calzones, las calzas) respondía a una realidad material tan inapelable como evidente: eran dos elementos absolutamente separados.

Cuando la sastrería dio el paso definitivo y unió ambas perneras en una sola tela para dar a luz al ancestro del pantalón moderno, el idioma ya arrastraba una inercia milenaria. Nos ocurrió exactamente lo mismo que con otros artefactos de doble simetría simbiótica: las tijeras, las gafas o los calzoncillos conservaron el plural porque en su origen mecánico o conceptual eran piezas gemelas. El hábito lingüístico se convirtió en segunda piel, y el plural se fosilizó en la costumbre.

No obstante, las lenguas no son museos estáticos; son organismos vivos que respiran, mutan y se adaptan al pulso de la realidad material. Pretender congelar el español en las normas rígidas de siglos pasados ignora que la propia Academia de la Lengua ya reconoce, acoge y define en riguroso singular la palabra pantalón como esa «prenda de vestir que se ajusta a la cintura y cubre cada pierna por separado».

Hoy, decir «me compré un pantalón nuevo» no solo suena natural en cualquier rincón del mundo hispanohablante, sino que describe con fidelidad absoluta lo que el comprador sostiene en las manos.

El uso del singular está absolutamente reconocido, documentado y es de uso general en el español de todo el mundo.

La idea de que el singular es una incorrección pertenece, por tanto, a un purismo anacrónico que confunde la tradición con la petrificación. La lengua la construyen y la redimen a diario quienes la habitan y la hablan. Si la prenda física se ha fundido en un solo cuerpo, es perfectamente legítimo y coherente que nuestra gramática le otorgue la unidad que sus hilos ya poseen.

Empleamos el plural «ponte los pantalones» (a veces con un matiz idiomático o metafórico) o describimos texturas amplias con fórmulas mixtas.

Aunque gramaticalmente el singular y el plural conviven, en la práctica cotidiana solemos alternarlos según el matiz.

Al fin y al cabo, las palabras son el mapa con el que intentamos descifrar el mundo: cuando el mapa evoluciona para reflejar con mayor justicia la realidad tangible, lo verdaderamente sensato es dejar de pelearse con la brújula y permitir que el idioma camine, por fin, en libertad.

JPM

 

Docentes de Grand’Anse, Haití, tienen problemas para laborar

Puerto Príncipe, 29 ago (Prensa Latina) – Casi el 90 por ciento de los docentes del sureño departamento haitiano de Grand’Anse revelan incapacidad al impartir sus clases, según una encuesta con 300 alumnos, divulgada hoy por un periódico local.

«Mientras no se priorice la educación, y permitamos que los parlamentarios y senadores nombren profesores en las aulas, la situación seguirá igual, declaró el rector del alto centro de estudios, Jean Rony Medy, citado por el periódico Le Nouvelliste.

Un artículo del diario titulado «estos profesores que no saben leer ni escribir» incluye un llamado del académico a evitar «que los gobernantes electos en las próximas elecciones favorezcan también como maestros a sus protegidos, entre familiares o simpatizantes».

Pero -subrayó el rector- el problema no radica en el principio de los nombramientos en sí, «sino en la incompetencia de muchos de estos pocos afortunados», al ser ocupados en puestos pedagógicos sin reunir los requisitos.

El académico calificó de «alarmantes» los resultados de una muestra bajo supervisión suya en 282 escuelas con cerca de cinco mil docentes, pues «de los 300 que proporcionaron sus perfiles académicos, un número significativo carecía de formación pedagógica inicial».

«Esas personas -enfatizó- jamás deberían haber estado frente a estudiantes, pero imparten clases en las escuelas públicas del país».

Según Le Nouvelliste- «desde 1804, la asistencia en Haití a la escuela fue reservada a una élite, pero, desde principios de la década de 1970, la escolarización se convirtió en aspiración imperiosa, un derecho que debía conquistarse, una obligación que debía cumplirse».

mar/apb

 

PL-199