La presencia de gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales, transgéneros, pangéneros, asexuales y otras categorías no binarias (LGBTQIA+) en la imitativa televisión y en su orgullosa caravana anual, columpiando un lenguaje pornográfico y gestos alegres con efectos visuales camaleónicos, ha dimanado en un espectáculo de risas, confirmatorio de que integrantes de esa comunidad no acaban por controlar sus desparpajos.

La inobservancia y los desacatos confusionistas son tan impertinentes en la irreverencia que la lésbica Alicia Anabel Santos Díaz llegó a la osadía de alterar las letras del Himno Nacional con el texto titulado “Pájaros, Lesbianas y Queers ¡A volar!”, que puso en circulación en la Ciudad Colonial. Fue arrestada y el 2 de enero de 2026 sancionada con una medida de coerción: presentación periódica, por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, en atención a una denuncia elevada por el Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

Los derechos humanos y sexuales no se reivindican respingando fastidiosamente contra los símbolos de la patria y los analíticos desaprobatorios, ni con la desfachatez de los guiños y pitillos, las lentejuelas, encajes y escotes, pañuelos anudados al cuello, pintalabios, pantalones provocativos y otros looks de la línea masculina.

Esas excentricidades indica que estamos frente a ciudadanos con serios desarreglos emocionales y conductuales, un desencadenamiento de la interacción de predisposiciones genéticas, hormonales y macroambientales, que ameritan un tratamiento profesional; persuasión y consideración de sus semejantes.

Para que sean respetados, como se merecen en virtud de su condición de seres humanos, ellos tienen que moderarse y canalizar sus reclamos por otra pasarela que no provoque burlas; buscar ayudas espirituales del clero y de pastores, y no imitar las inaceptables pruebas del exembajador de Estados Unidos, James “Willy” Brewster (14 de noviembre de 2013 a 20 de enero de 2017), quien junto a “su marido” se ponía a la vista de alumnos de escuelas y en el 2025 tuvo el atrevimiento de “casar” a miembros de su convivencia.

La diferencia olfatea sin sutileza. Médicos, abogados, arquitectos y profesionales de otras áreas son reservados, muestran modales ejemplares, pertenecen a grupos ecuménicos y confiesan que le hubiera gustado tener una familia y no estar sometidos a los vaivenes de la segregación. Un galeno testificó que estudió su carrera luego que se retirara de la casa de formación inicial o etapa propedéutica, disgustado por asuntos nocturnos que no quiso revelar.

Otros hacen ver sus portes y ademanes con finuras. “El profesor no me trata como una dama” y “Hoy no estoy en condiciones de tomar el examen, porque me siento tan indispuesta que creo que estoy embarazada”, expresaron con seriedad dos estudiantes, mientras que otro desafió a su profesor y asistió –arropado con indumentarias de mujer- a una actividad a la cual no fue invitado, porque se resistía a vestir como indica el protocolo de eventos de instituciones oficiales y privadas.

En 1952, el comportamiento de los grupos de minorías sexuales fue definido por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) como un “trastorno sociopático de la personalidad”, y en el siglo XXI varió la patologización de la homosexualidad: no la encaja como una enfermedad psiquiátrica, “sino simplemente como una identidad de género”, rebosante de angustia.

Influenciada ahora por la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (AGLP o LGBTQ) y otros grupos satélites, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) despatologizó la homosexualidad y la recategorizó como normal en la diversidad de variables biológicas, cognitivas y ambientales (crianza en el primer y tercer año de existencia terrenal o traumas, como violaciones), y señaló que el agente primario de riesgo para la disfunción de la salud mental en personas LGBTQ+ radica en el discrimen social, el oprobio y el rechazo.

Al margen de estos factores, tenemos que subrayar que caerle a trompadas o patadas, dar una golpiza, descuartizar o calcinar a homosexuales se patentiza como hechos abominables. Estos tienen derecho a la vida, y a que se les respete y respalde en sus estudios. Varios se han graduado con honores.

Favorece espiritualmente evitar el pánico gay o la homofobia, y cuando marchan lesbianas, afeminados, bisexuales y transgéneros no hacer como el Ángel de los Solteros de Puerto Rico, que hace unos años atacó físicamente y mató a seis estos.

Más que incitar a la violencia, tenemos que promover el amor y la paz, y guiarnos, y a la vez desechar, términos de la Biblia. Existe un número reducido de textos que han sido interpretados –sobre todo en la teología conservadora- como un pecado grave sobre la relación carnal de personas del mismo sexo, porque la palabra homosexual no aparece en la Biblia original. Tampoco figura “Maricón” (adjetivo despectivo) y mucho menos Gay, un anglicismo (inglés) proveniente del francés gai (alegre o vivaz) y castellanizada como adjetivo y sustantivo gái, no géi.

Citemos dos versículos del Antiguo Testamento, que son una prohibición a las prácticas homosexuales: «No te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer» (Levítico 18:22), y «Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos, y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame». (Levítico 20:13).

Y el Nuevo Testamento señala, en génesis 1:27, que Dios creó al ser humano “Varón y Hembra”. “Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza; y, de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Estos serán castigados como Reyes por el resto de la eternidad” (Romanos 1,26-27).

Además de ir contra la naturaleza, es horrible observar a dos hombres llenos de barbas besarse delante de un niño que han adoptado. El derecho se ha ido tan lejos que se está torciendo.

Por consiguiente, no podemos ver con buenos ojos la tendencia que se está imponiendo en distintos países de aceptar los matrimonios gái, y menos que el sospechoso Tribunal Constitucional dominicano emitiera (noviembre de 2025) una sentencia para eliminar la prohibición del sexo gái en las Fuerzas Armadas y la Policía, y que el exembajador estadounidense James “Willy” Brewster no se haya conformado con bañarse -cada sábado en la noche- con su “esposo” y directivos de la asociación dominicana LGBTQ+ en la piscina de la legación diplomática, y que se haya abrogado la ilegal atribución de “casar” a una pareja de “esposos”.

Lastimosamente, crece la población de personas (ronda el 5%), particularmente jóvenes de las hiperconectadas generaciones Z, Millennials y Alfa, que se autoidentifican con la orientación opuesta a su sexo biológico, saliendo del clóset con una espantosa visibilidad y un lenguaje que atropella el idioma español: “elle”. Todas estas distorsiones generacionales, que cada vez gozan de más aceptación, atentan contra los valores tradicionales de la familia y de la sociedad, que con esa tendencia serían destruidas como Sodoma y Gomorra.

jpm-am

La promulgación de la Ley No. 80-25, que crea formalmente el Ministerio de Justicia de la República Dominicana, ha cerrado el debate sobre su existencia legal, pero ha abierto —y con razón— un debate mucho más profundo sobre su pertinencia, su alcance real y sus implicaciones constitucionales e institucionales.

El país ya no discute si habrá o no Ministerio de Justicia; lo que corresponde ahora es examinar para qué fue creado, cómo operará y a qué costo institucional y constitucional.

A decir verdad, la justicia dominicana no padece de falta de estructuras orgánicas, sino, más bien, de debilidad en la ejecución de políticas públicas, considerable dispersión funcional y una preocupante tendencia a crear soluciones administrativas sin resolver los problemas de fondo.

La creación del Ministerio de Justicia mediante la Ley 80-25 obliga a preguntarse si esta nueva institución responde a un diagnóstico serio del sistema o si, por el contrario, es el resultado de una decisión política con escaso sustento técnico.

Según sus promotores, el Ministerio de Justicia viene a coordinar las políticas públicas en materia de justicia, administrar el sistema penitenciario, centralizar servicios jurídicos del Estado y servir de enlace en materia de cooperación jurídica internacional.

En el papel, estas atribuciones pueden parecer razonables. Sin embargo, el verdadero desafío no está en la enumeración de funciones, sino en los límites de su ejercicio.

La Constitución dominicana establece con claridad que el ¨Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad¨.

Ninguna ley ordinaria, incluida la Ley 80-25, puede vaciar, condicionar o subordinar esas funciones sin incurrir en una violación constitucional. Cualquier intento de que el Ministerio de Justicia interfiera directa o indirectamente en la política de persecución penal constituye una amenaza al equilibrio institucional.

De igual modo, el Poder Judicial no puede ser objeto de coordinación, supervisión ni tutela administrativa por parte de un órgano del Poder Ejecutivo. La independencia judicial no se negocia ni se relativiza por razones de eficiencia administrativa.

Pretender que el Ministerio de Justicia tenga algún tipo de injerencia sobre jueces o tribunales sería, sencillamente, incompatible con el Estado constitucional de derecho.

Método

Un aspecto especialmente delicado es el método utilizado para la creación de este Ministerio.

La Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, exige estudios técnicos previos que justifiquen la creación de nuevas instituciones, su impacto presupuestario, su sostenibilidad y su coherencia con el aparato estatal existente.

Hasta la fecha, el país no ha conocido públicamente evaluaciones técnicas exhaustivas que demuestren que el Ministerio de Justicia era la única o la mejor alternativa para resolver las deficiencias del sistema.

Si el problema central era el sistema penitenciario, la respuesta debía ser una reforma penitenciaria integral, con inversión, profesionalización y control, no necesariamente la creación de un nuevo ministerio.

Si el problema era la dispersión de funciones administrativas, la solución lógica era la racionalización institucional, no la expansión del aparato burocrático. Resulta a todas luces irracional y contraproducente que un órgano asuma labores administrativas de otro; eso, simplemente, es inviable.

La experiencia dominicana demuestra que la creación de Ministerios no garantiza, por sí sola, eficiencia ni transparencia. Con frecuencia, estas estructuras terminan convirtiéndose en espacios de reparto político, duplicación de funciones y captura partidaria del Estado.

Ahora que el Ministerio de Justicia es una realidad jurídica, el reto es evitar que se convierta en un instrumento de control político o en una simple capa adicional de burocracia.

Su legitimidad no vendrá dada por la ley que lo creó, sino por su respeto estricto a la Constitución, por la claridad de sus límites y por resultados concretos en beneficio del acceso a la justicia y del fortalecimiento institucional.

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