Santo Domingo, D.N.

24 de marzo, 2026

Señor
ministro de Educación
Luis Miguel De Camps García

Distinguido señor ministro:

Me veo precisado a dirigirle esta correspondencia pública, no por inclinación personal a la estridencia, sino porque en las múltiples ocasiones en que, por razón de mis funciones, intenté comunicarme con usted mediante oficios y comunicaciones formales dirigidas a su despacho, nunca tuve el honor de recibir una respuesta suya. Igual suerte corrieron mis gestiones ante la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa, cuyo silencio administrativo terminó por convertirse en negación. En todas las décadas que llevo en la administración nunca había recibido tantos ultrajes. Confieso que una dosis de humildad no le sentaría mal al equipo que entro con usted.  Un ministerio, señor ministro, no puede regirse como patrimonio discrecional. Está sujeto a normas, a procedimientos y a principios de justicia que garantizan el respeto al servidor público y a su trayectoria. En mi caso, esa trayectoria no se limita a la función administrativa: ha sido también la de un docente, autor y ensayista cuya vida entera ha estado consagrada a la educación.

Tras un desempeño que considero satisfactorio en la Dirección Editorial Educativa —con la producción de 48 libros el primer año, 80 el segundo y 46 el tercero—, sin que mediara falta laboral, incumplimiento o señalamiento alguno a mi gestión, sin ni siquiera ser convocado a una audiencia, recibí en diciembre del 2025 la noticia de mi desvinculación. En esa ocasión, atendiendo a mis más de treinta años de servicio público, y gracias a la intervención de personas solidarias dentro del aparato gubernamental, se dispuso que permaneciera vinculado a la institución, aunque sin funciones, a la espera de mi jubilación que se está tramitando. Esta medida no constituía privilegio alguno, sino el reconocimiento de un derecho adquirido a lo largo de una vida consagrada al servicio educativo. En esas circunstancias se hallan en la actualidad miles de servidores públicos, medida que se desprende del artículo 7 del Código de la Función pública.

Debo hacer constar que, a inicios del mes de febrero, en la víspera de la entrega del vehículo asignado a mis funciones, sufrí una rotura de rodilla que me dejócompletamente imposibilitado. Esta situación fue comunicada de inmediato, con el debido respaldo de informes médicos y evidencia fotográfica, a mi superior inmediato, la señora viceministra Ancell Scheker. A ella le solicite que interpusiera sus buenos oficios porque, teniendoirregularmente el seguro contributivo básico, y ante laexpectativa de una operación quirúrgica costosísima, me autorizara una cobertura mayor. No pudo hacer nada. Tuve que asumir los costos mayores de mi intervención. En ese compás de espera —que es también una forma de dignidad administrativa— se produjo un hecho que agrava la situación. Dos meses después de mi destitución del cargo, no satisfecho con ese castigo, ha procedido a una segunda desvinculación. El 28 de febrero fui nuevamente excluido del seguro médico y de la nómina del ministerio, sin recibir ninguna notificación. Espere más de tres semanas, para obtener las coberturas mínimas de SENASA, pasar las pruebas médicas previas a una intervención y luego lograr la fijación de la fecha de la operación. El 6 de marzo fui operado del menisco de la rodilla derecha, y al parecer ya me hallaba cancelado y privado del seguro médico. Esa disposición quebranta el artículo 7 de la Ley 16-92, el principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución; artículo 87 de la Ley de Seguridad Social, entre otras disposiciones.

El esfuerzo que hube de emprender para en los últimos tres años poner en línea de la plataforma Libro Abierto 200 libros correspondientes a todas las asignaturas del currículo, incluyendo las lenguas extranjeras y la colección completa de libros de adultos, de alfabetización y del nivel básico (prekínder, kínder y pre primario), nos obligó en el año del lanzamiento del proyecto a dirigir un equipo de más de noventa autores de las grandes academias e instituciones, a enfrentar los obstáculos de empresas editoriales que contrataron flamantes abogados para obstaculizar jurídicamente el proyecto; nos llevaron ante las altas cortes del Estado para anular a la Dirección Editorial Educativa e interrumpir el proyecto, que se hallaba tal como demostramos dentro de las atribuciones del ministerio, con arreglo a la Ley 66-97, tuvimos que establecer tres turnos de trabajo, incorporar los sábados y algunos domingos, y finalmente lo logramos. Es realmente una pena que una iniciativa que ha dotado de libros de textos gratuitos y de calidad en todas las áreas, que le ha dado al ministerio de educación los derechos de toda esa producción intelectual de las mayores inteligencias del país, perezca en la parálisis y en el abandono. ¡Que pena, que un proyecto tan importante para la educación, no tenga continuidad ¡

No puedo entender cómo, ante estos logros innegables de la Dirección que se hallaba a mi cargo, se toma una decisión de separación que no está fundamentada en ninguna falta laboral, incumplimiento o incompetencia. Al revisar los detalles de mi destitución, solo vislumbro dos posibilidades: que los afectados por el proyecto «Libro Abierto» hayan pedido mi cabeza para arruinarlo todo y volver a las andadas, o que un correveidile, para lisonjear al ministro, le haya dicho que yo hablaba mal de usted, convirtiendo un chisme en sentencia. O quizás sea una combinación de ambos. En cualquier caso, fui víctima de un despido injustificado.

En consecuencia, aun cuando se considerase que el Ministerio de Educación sea una finca de su propiedad, y yo un simple peón, al cual se le puede dar una patada por el tafanario, al que, además, de destituirlo de sus funciones, hay que privarlo hasta del aire que respira, yo seguiría luchando por la defensa de mis derechos. Mas que por mi persona, que no vale más que un maestrico de escuela y que puede perfectamente desaparecer mañana, lo hago por mi familia, a la que su acción ha privado de seguro médico y, de paso, de la tranquilidad.

Yo, señor ministro, entiendo perfectamente su punto de vista. Usted tiene derecho según se desprende de su actuación, a privar del cargo, del salario, de seguro médico a cualquier servidor público. Eso no está en discusión. Es parte de su inmenso poder. Facultad que, en el ministerio de Educación, ha sido empleada para desvincular y atropellar a una buena cantidad de empleados anónimos, muchos de los cuales, se gastaron las suelas de los zapatos, para que el presidente Abinader llegara al poder. Pero no es de ese tema que quiero hablarle.

Se ha sugerido, incluso desde los micrófonos de la radio, que su saña y este afán vengativo —que me ha arrastrado por la calle de la amargura— responden a viejos resentimientos familiares, a deudas imaginarias contraídas con su linaje. Nada más falso. Jamás albergué prejuicio alguno contra usted; al contrario, mantuve con su familia una relación de cordialidad, especialmente con su padre, con quien compartí conversaciones afectuosas. Mi primo Mon Uribe Núñez, ya desaparecido, fue uno de sus más firmes apoyos en Nueva York y le hacía llegar mis libros, dedicados, al licenciado. Mi prima Eva Gil Núñez trabajó en su hogar como ama de llaves a su regreso de las Canarias. El doctor José Martínez, amigo mío, solía llamarme para consultarme: «El licenciado desea obsequiar un libro a fulano; ¿cuál recomendaría?».

Y su madre, esa gran artista, merece un reconocimiento aparte. Asistí con frecuencia a sus programas en Rahintel, y nunca falté a sus espectáculos. Le confesé a Norin García Hatton, en su programa de radio, que el mayor montaje visto en el país —el más majestuoso, el de mayor relieve— fue Los miserables de Víctor Hugo, donde su madre, con genio incomparable, encarnó a Cosette y a Fantine a la vez. Pero divago; perdone, señor ministro, este paréntesis.

No era mi intención, señor ministro, suplicarle clemencia ni implorar su compasión —palabras que, como bien sabe, no habitan en su diccionario—, sino dejar ante la historia el retrato de un político vengativo que confunde el servicio público con el capricho de su voluntad. Aunque usted emplee todas las mancuernas del poder para despojarme hasta del aire que respiro —el salario que me corresponde, el seguro que me ampara, la jubilación que gané con décadas de servicio—, resistiré. Porque nunca he creído que la institución del Estado sea su hacienda privada, ni que el destino de los hombres se escriba con el tintero de su voluntad.  Puede dejarme al borde del camino como un árbol talado con los resortes de su cargo, pero no me rendiré. Seguiré de pie, aunque la lucha sea desigual, porque yo solo dispongo de la ley, que ya ha sido pisoteada. En una sociedad democrática, señor ministro, el poder no es más que una sombra que pasa, mientras la dignidad —esa que usted no ha podido arrancarme— permanece como el último faro encendido en la noche. Y las sombras, al final, siempre se disipan.

Manuel Nunez Asencio

Ex Director de la Direccion Editorial Educativa