La ley No. 340-22 de extinción de dominio establece un procedimiento judicial sobre la cosa, In Rem (del latín «contra la cosa» o «sobre la propiedad») es decir, sobre el bien mueble o inmueble. Es un procediendo judicial de carácter no penal que se aplica no contra la persona sino contra la propiedad que ha sido obtenida ilícitamente o que le da un uso distinto para la cual fue creada o más bien usa la propiedad no como un bien social sino para cometer un hecho considerado ilícito, art. 4 de la ley 340-22.

En el caso de los “motoristas” que usan el motor no para transportar personas sino como instrumentos para cometer un hecho ilícito, la ley 340-22 permite a las autoridades, Ministerio Público, iniciar el procedimiento de extinción de dominio para terminar con la declaratoria de extinción del motor a favor del Estado.

El alto número de propietarios de “motoristas” que se ven envuelto en hechos ilícitos, una manera de enfrentarlos es quitándole legalmente dicha propiedad por el mal uso que le dan al motor. Pues, usan su propiedad en un rol que no favorece el interés colectivo sino como herramienta para cometer hechos criminales que afectan la paz social y la vigencia de las normas penales. La extinción de dominio es independiente y autónomo al proceso penal. Pueden coexistir paralelos. La extinción es un procedimiento emancipado del proceso penal.

Conforme al artículo 51 constitucional, la propiedad tiene un rol social, esto implica que el derecho de propiedad no es absoluto y que los bienes deben usarse en beneficio del interés común y no solo para la satisfacción de las necesidades individuales del propietario.

La función social del derecho de propiedad, en palabras de la magistrada Keila González implica que este derecho no puede verse más de un modo individualista.

Jurisprudencia

La jurisprudencia constitucional también se ha referido al significado de la función social de la propiedad y ha dicho que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones y que como consecuencia de este rol social se justifica la imposición de una serie de límites, más o menos intensos, que inciden directamente sobre el ejercicio de dicho derecho, anota el colegiado constitucional que el derecho de propiedad está compuesto por dos elementos esenciales: utilidad individual y función social.

Esto envuelve que no es posible desnaturalizar el concepto de función social subyugándolo a su absoluta discrecionalidad, sino que las limitaciones al ejercicio del derecho por efecto de la función social han de estar constitucionalmente justificadas, ver TC/0125/18.

Apunta el profesor de derecho de la UASD José Miguel Vásquez que la extinción de dominio es un mecanismo legal que limita el derecho propiedad y constituye una herramienta contra el delito y crimen organizado.

En conclusión, todo propietario de un motor que se dedique o lo ponga a disposición de hacer conductas reprochables penalmente o cuyo destino no sea para el bien social es un candidato legitimo para la aplicación del procedimiento de extinción de dominio en aras de que el Estado le quite su motor y declare extinguido ese derecho de propiedad a favor del mismo.

Usar un motor para perseguir y afectar bienes jurídicos de las personas como la vida, integridad física y psíquica, el Estado tiene que reaccionar y por ello, puede quitárselo mediante el procedimiento de extinción de dominio.

Si el gobierno o el Estado no quieren abrirles un proceso penal a los “motoristas” por usar su motor para cometer delitos porque tiene una carga política muy fuerte, pues, ábrale un procedimiento de extinción de dominio, no caerán preso, pero si le podrán quitar su motor.

jpm-am

Por PLINIO D´OLEO

El artículo del Dr. Rigoberto Rosario “Venganza contra Luis Henry Molina disfrazada de lucha reivindicativa” describe con crudeza la agonía del Poder Judicial dominicano.

Pero hay que ir a la raíz: la crisis no empezó hoy. Empezó con un acto ilegal, premeditado y grosero del entonces presidente Danilo Medina.

El pecado original 

Hace 7 años, Danilo Medina violentó la Constitución y la Ley 327-98 de Carrera Judicial para imponer como presidente de la Suprema Corte de Justicia a Luis Henry Molina. ¿Quién era Molina? Su cuadro político de confianza. Su jefe de campaña de la provincia San Cristóbal para su reelección.

El artículo 44, párrafo III de la Ley 327-98 es claro: prohíbe que dirigentes políticos formen parte de la judicatura. Molina era militante activo del PLD. Lo admitió ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Dijo que renunciaría al partido si lo escogían. Al día siguiente envió la carta. La inconstitucionalidad quedó consumada y documentada.

Recuerdo la carta hecha pública por el señor Luis Henry Molina anunciando su renuncia como Miembro del Comité Central del PLD, pocas horas después de esa imprudente e ilegal designación como Presidente de la SCJ. Una burla y desprecio a la comunidad jurídica.

¿Y los jueces? ¿Y el Consejo? 

Como bien señala Rigoberto Rosario: ¿Dónde estaban los dos miembros de la Suprema que forman parte del Consejo de la Magistratura? ¿Dónde estaban los jueces del país? Callados. Genuflexos. Metieron la lengua donde no da el sol.

Validaron con su silencio que el poder político pisoteara la independencia judicial. Le rindieron pleitesía al “flamante presidente” impuesto. Hoy que Molina es un árbol caído, hoy que ya no reparte favores ni castigos, se envalentonan. Hoy sí hay lucha “reivindicativa”. Hoy sí hay comunicados. Hoy sí hay indignación.

No es reivindicación, es venganza tardía

La crisis del sistema de justicia que vivimos en República Dominicana tiene nombre y apellido: Danilo Medina. Él secuestró la Suprema para poner a su jefe de campaña de San Cristóbal. Él dinamitó la carrera judicial. Él convirtió la justicia en un apéndice del Comité Político del PLD.

Los jueces que hoy atacan a Molina son cómplices por omisión. Se arrodillaron 7 años. Recibieron vejámenes y callaron. Buscaron concesiones y no las obtuvieron. Ahora que el poder se le fue, quieren posar de valientes. Como dice Rosario: no es reivindicación. Es cobardía disfrazada.

Conclusión 

La única forma de rescatar el Poder Judicial es extirpando el pecado original: sacar la política partidaria de las altas cortes. Que nunca más un presidente imponga a su jefe de campaña provincial en la Suprema. Que nunca más los jueces callen por miedo o por migajas.

La lucha no es contra Molina. Él ya cayó. La lucha es contra el sistema que Danilo Medina instaló y que los jueces apañaron con su silencio.

JPM