El golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Bosch, del que se cumplen 63 años este 25 de septiembre, significó en primer lugar la anulación de las libertades públicas conquistadas por el pueblo en las calles, tras el ajusticiamiento del dictador Trujillo en mayo del 61.
Esas libertades se alcanzaron enfrentando el aparato represivo trujillista, que siguió reprimiendo y asesinando tras la desaparición del tirano; y contra la presencia en el país de Ramfis Trujillo, sus tíos y Joaquín Balaguer, el real heredero político.
Comerciantes importadores y terratenientes, opuestos a un proceso de industrialización y reforma agraria que Bosch intentaba iniciar, junto a militares trujillistas apoyados por la misión militar de Estados Unidos, perpetraron el golpe de Estado. Bendecidos por una jerarquía católica fanáticamente anticomunista.

El régimen golpista del Triunvirato continuó esa represión neotrujillista, por lo que fue derrocado por militares constitucionalistas y otra vez el pueblo dominicano en las calles; a lo que respondió el Gobierno de Lyndon Johnson con la segunda intervención militar a nuestro país en 1965. Los interventores vinieron a imponer a Balaguer y mantener la represión que duró 12 años, hasta 1978.
El Gobierno de Antonio Guzmán ordenó de inmediato la puesta en libertad de los presos políticos, permitió el retorno de los exiliados, eliminó los impedimentos de entrada y salida a opositores del antiguo régimen y devolvió los pasaportes incautados a miles de dominicanos.
En esta época de renacer del autoritarismo, especialmente en Estados Unidos y su influencia en otros países, es imprescindible estar atentos y dispuestos a enfrentar esta nueva amenaza a las libertades públicas.

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Preservar las libertades públicas…
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