SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, remitió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, y a los demás miembros del hemiciclo, en la que expresó su rechazo categórico al proyecto de ley que busca establecer la enseñanza obligatoria del creole en las escuelas públicas de la República Dominicana.

Advierte que la iniciativa presentada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio César Beltré, no puede ser tratada como una simple modificación curricular, por tocar directamente prioridades educativas, política migratoria, identidad cultural y soberanía.

Sostiene que los estudiantes deben fortalecer el español, el inglés, las matemáticas, las ciencias y las competencias digitales, y no destinar horas lectivas a una lengua que, a su juicio, no representa un valor agregado.

Explica que el artículo 29 de la Constitución establece que el idioma oficial es el español, y afirmó que su organización enfrentará el proyecto en todos los escenarios democráticos, legislativos e institucionales si avanza en el Congreso.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

«Honorable Señor Alfredo Pacheco Osoria
Presidente de la Cámara de Diputados
Y honorables miembros de la Cámara de Diputados
Congreso Nacional, República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana
6 de septiembre de 2026

Asunto: Rechazo al proyecto de enseñanza obligatoria del creole en currículo dominicano

Honorables legisladores:

En mi condición de presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), me dirijo a ustedes para expresar nuestra más enérgica, categórica e inequívoca oposición a cualquier iniciativa que pretenda imponer el creole como asignatura obligatoria en las escuelas y colegios de la República Dominicana.

El proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio César Beltré, no puede ser tratado como una simple modificación curricular. Estamos frente a una cuestión que toca directamente nuestras prioridades educativas, políticas migratorias, identidad cultural y nuestra soberanía.

Todo ciudadano que, por razones personales, comerciales, académicas o profesionales, quiera aprender creole tiene absoluta libertad para hacerlo. Lo que rechazamos es que el Estado pretenda convertir su enseñanza en una obligación para millones de niños y jóvenes dominicanos, destinando tiempo, recursos y horas lectivas a una lengua que no se encuentra entre los principales idiomas del mundo y cuya enseñanza no representa un valor agregado para nuestros estudiantes, sino que, por el contrario, constituye un retroceso en su educación.

Nuestros estudiantes necesitan fortalecer urgentemente su dominio del español, el inglés, las matemáticas, las ciencias, la tecnología y las competencias digitales. Si queremos preparar a nuestros jóvenes para competir en el mundo, debemos proporcionarles herramientas que amplíen sus oportunidades académicas, profesionales, científicas y económicas, no adaptar nuestro sistema a las consecuencias de una migración irregular que el propio Estado tiene la obligación de controlar.

Existe además un principio constitucional que debe ocupar un lugar central en esta discusión: el artículo 29 de nuestra Constitución establece expresamente que «El idioma oficial de la República Dominicana es el español». Esa disposición debe tener un peso fundamental en esta discusión. No somos los dominicanos quienes tenemos que ser obligados a aprender el idioma de una población extranjera. Quienes decidan establecerse legalmente en la República Dominicana deben respetar nuestras leyes, comprender nuestras instituciones e integrarse a nuestra cultura.

La pregunta de fondo que este proyecto coloca sobre la mesa es sencilla pero trascendental: ¿vamos a integrar al inmigrante a la República Dominicana o vamos a comenzar a adaptar la República Dominicana al inmigrante?

La cuestión de fondo de este proyecto no admite ambigüedades: la República Dominicana no tiene que modificar su cultura, su idioma ni su sistema educativo para acomodarse a las consecuencias de una migración que perjudica al país. La respuesta debe ser contundente: hacer cumplir nuestras leyes, controlar efectivamente la frontera, impedir la entrada irregular y repatriar, conforme al ordenamiento jurídico y al debido proceso, a quienes ingresen ilegalmente en territorio nacional.

La situación migratoria hace tiempo se le fue de las manos al Estado dominicano y sus consecuencias pesan cada día más sobre nuestro pueblo. La migración irregular ejerce una presión extraordinaria sobre nuestras escuelas, servicios de salud, seguridad pública, sistema penitenciario y presupuesto nacional, al tiempo que obliga a destinar enormes recursos al control fronterizo y la seguridad territorial. El pueblo dominicano ya carga con un costo económico y social demasiado alto como consecuencia de esta crisis.

Resulta paralelamente preocupante que esta iniciativa provenga de un diputado del partido oficialista, y esa organización debe explicarle al país si estamos ante una ocurrencia individual de uno de sus legisladores o si existen sectores dentro del oficialismo que comparten o impulsan este criterio.

El actual Gobierno ha tenido seis años para resolver de manera definitiva esta crisis migratoria, incluso bajo condiciones internacionales favorables, con un amplio respaldo de los Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de presentar resultados contundentes, hemos visto reiterados esfuerzos comunicacionales para proyectar una política migratoria exitosa, reportando incluso, cuantiosas deportaciones, cuyas cifras y resultados simplemente no son verificables. Nuestra realidad migratoria refleja una presión desbordada, por lo que resulta inevitable preguntarse si esta iniciativa constituye un desacierto más o una malintencionada componenda política.

La realidad es que cuando existe verdadera voluntad de resolver un problema, se resuelve. Fuimos nosotros quienes planteamos originalmente la construcción de un muro fronterizo como instrumento para delimitar y controlar efectivamente nuestra frontera con Haití, mucho antes de que el actual Gobierno acogiera esa propuesta y levantara su denominada verja perimetral. Lamentablemente nuestro concepto fue desnaturalizado con una estructura insuficiente y permeable, incapaz de ofrecer el nivel de control requerido, demostrando más afán por el impacto mediático que por procurar una solución permanente.

Nuestra propia historia obliga a entender la sensibilidad de esta cuestión. La República Dominicana alcanzó su independencia en 1844, después de veintidós años bajo dominio haitiano, y tuvo que defender posteriormente esa emancipación frente a sucesivos intentos militares de restablecer aquel dominio. Esa historia explica una realidad que no puede ignorarse ni diluirse: dominicanos y haitianos compartimos una isla, pero somos dos naciones distintas, surgidas de procesos históricos diferentes, con idiomas, culturas, tradiciones, instituciones y expresiones religiosas propias. Respetar al pueblo haitiano y su cultura no significa asumirlos como propios ni adaptar nuestra identidad nacional a las consecuencias de su desplazamiento.

Existe, además, una dimensión internacional que este Congreso no puede ignorar. Durante años distintos organismos, actores y grupos internacionales han ejercido presión sobre la República Dominicana respecto de su política migratoria y las consecuencias de la crisis haitiana. Nosotros creemos en la cooperación internacional y en mantener relaciones diplomáticas respetuosas, pero la cooperación termina donde comienza nuestra soberanía. No podemos permitir que las consecuencias del colapso de otro Estado sean transferidas progresivamente hacia nuestro territorio.

Nuestra solidaridad con el pueblo haitiano jamás puede convertirse en una renuncia progresiva a nuestra identidad ni en una obligación de transformar nuestras instituciones para absorber las consecuencias de la crisis de Haití.

Por ello, resulta particularmente preocupante que iniciativas de esta naturaleza puedan coincidir, voluntaria o involuntariamente, con planteamientos internacionales que durante años han procurado que la República Dominicana asuma una proporción cada vez mayor de las consecuencias de la crisis haitiana. Haití necesita soluciones, pero la solución de Haití no puede ser la República Dominicana.

Honorables, no conviertan la incapacidad del Estado para controlar una crisis migratoria en una obligación para nuestros hijos de adaptarse culturalmente a ella. No permitan que presiones externas determinen las prioridades educativas de la República Dominicana ni que sean nuestros niños quienes terminen pagando las consecuencias de décadas de políticas migratorias permisivas, erráticas y complacientes.

Que no exista ninguna duda sobre nuestra posición: cualquier pretensión de convertir este proyecto en ley, encontrará la oposición firme, férrea e inquebrantable de Esperanza Democrática y de quien suscribe esta comunicación. Estamos convencidos de que, asimismo, encontrarán el rechazo del pueblo dominicano.

Por eso advertimos, con absoluta claridad, que estaremos dispuestos a enfrentar esta iniciativa en todos los escenarios democráticos, políticos, legislativos, institucionales y constitucionales que sean necesarios. Levantaremos nuestra voz dentro y fuera del Congreso, ante la opinión pública y ante cada instancia legítima de nuestra democracia, porque no vamos a permanecer indiferentes mientras se intenta convertir las consecuencias del descontrol migratorio en modificaciones permanentes a nuestra educación, nuestra cultura y nuestra identidad.

No estamos defendiendo la intolerancia hacia ningún pueblo, estamos amparando el derecho de la República Dominicana a seguir siendo la República Dominicana. Nuestra solidaridad internacional tiene límites, y nuestra cooperación con otras naciones no significa subordinación, ni la autorización para transformar nuestra identidad nacional.

A los legisladores que tendrán este proyecto en sus manos, les decimos respetuosamente, pero sin ambigüedades: ¡rechácenlo! No permitan que avance. No conviertan una iniciativa equivocada en un conflicto innecesario. La educación de nuestros hijos y la identidad de nuestra nación merecen una defensa firme y responsable.

Y a quienes pretendan impulsar esta iniciativa les decimos desde ahora: nos van a tener de frente, utilizando toda la fuerza lícita para impedir que semejante aberración jurídica prospere.

En este tema no hay espacio para titubeos; nosotros estamos del lado de la Patria, y la Patria se defiende.

Atentamente,

L. Ramfis Domínguez Trujillo».