No hay forma de concitar la atención del gobierno, liderazgo político y empresarial en torno al peligro que representa para para la economía y la gobernanza dominicana el difícil entorno de incertidumbre que hoy embarga a América Latina y al Caribe con la política del garrote que ejecuta el presidente Donald Trump.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no había desplegado en forma simultánea tanto poder aéreo y terrestre como lo ha hecho en el Caribe, en preámbulo a la operación de captura del presidente Nicolás Maduro, y en Oriente Medio, en preparación para una posible ofensiva militar en Irán.

Trump emitió el jueves una orden ejecutiva que dispone un incremento de aranceles a países que  proporcionen petróleo a Cuba, cuyas autoridades han dicho que solo disponen de crudo para 15 días, en una crisis energética y económica sin precedentes.

Para cerrar el cerco sobre el gobierno cubano e intentar su caída este mismo año, Trump declaró un estado de emergencia nacional bajo el argumento de que Cuba “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Demás está decir que esa isla está detrás de La Hispaniola.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reclamó de Trump que respete la soberanía de esa nación, ante rumores de que Washington estaría interesado en anexarse la provincia canadiense de Alberta, rica en petróleo y gas, y la  presidenta de México, Claudia Sheinmaun, anda con la sabana al canto ante las presiones que ejerce el inquilino de la Casa Blanca.

Los presidentes de Brasil, Inacio Lula, y de Colombia, Gustavo Petro, aunque respondones, viven de sobresalto en sobresalto, ante los bombardeos verbales de Trump y sus amenazas de incrementar aún más los aranceles, lo que también indujo a siete gobernantes a convocar en Panamá un encuentro tipo Davos para  promover cooperación y desarrollo o al menos, sobrevivir.

Sin mencionar los encontronazos de Washington con Europa por el tema de Groenlandia, el corre-corre en Oriente Medio por el despliegue militar próximo a Irán o el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, hay razones  de sobra para albergar aquí un caudal de preocupación por lo que ocurre en el vecindario.

Es un error creer que el gobierno dominicano será por siempre un sirviente con privilegio, porque alguna vez el mandante exigirá un servicio imposible de cumplir o porque las rodillas del súbdito se gangrenen de tanto rozar el suelo. Lo aconsejable sería que gobierno, liderazgo político y empresarial halen la cuerda en una misma dirección.

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POR EMELYN HERASME

Las islas del Caribe sufren hoy lo que Virgilio Piñera denunció con amarga precisión: “la maldita circunstancia del agua por todos lados”. El mar que abraza es también muro, el horizonte que promete libertad es cadena perpetua. Rodeadas por todas partes, las islas viven en una fragilidad eterna, expuestas al embate de los vientos, a la furia de los huracanes, al aislamiento que ahoga sueños y a la dependencia que dicta destinos desde lejos.

Nuestra región de mares turquesa y ritmos eternos enfrenta ahora una tormenta silenciosa que no llega con vientos huracanados, sino con una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 29 de enero. Washington  dice que es una medida contra el “Gobierno de Cuba” lo que en realidad es un golpe expansivo que amenaza con asfixiar no solo a la isla, condenada por el agua que la cerca, sino a toda una región del Caribe ya frágil y vulnerable.

La orden declara una emergencia nacional por la supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que representa Cuba para la seguridad de Estados Unidos. Con base en leyes como la IEEPA, impone aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, afectando directamente a Venezuela y México, y generando ondas de choque en el frágil equilibrio energético caribeño.

En Cuba, el corte de combustible significará apagones más prolongados, hospitales al límite y familias que verán empeorada su lucha diaria por lo básico. Pero el impacto no se detiene en La Habana: el encarecimiento del petróleo y los mayores controles marítimos elevarán los costos de vida en República Dominicana, Jamaica, Haití y a las Antillas Menores que dependen de rutas compartidas.

La hipocresía es evidente. Estados Unidos castiga a naciones por comerciar con Cuba mientras mantiene relaciones comerciales fluidas con regímenes autoritarios cuando le conviene. Esta selectividad lejos de “defender” la democracia, esto refuerza un orden hemisférico donde la soberanía de los países pequeños solo vale si se alinea con los intereses de Washington.

El Caribe vive de la interdependencia: puertos de tránsito, reexportación de combustibles, remesas y la cooperación médica cubana que ha salvado innumerables vidas en toda la región. Parafraseando a Silvio Rodríguez, Cuba sin bloqueo sería un país aún más generoso y solidario. Sin embargo, esta nueva orden genera un sobre-cumplimiento preventivo: bancos cerrarán cuentas, empresas evitarán rutas y programas de salud conjuntos se paralizarán por miedo a sanciones secundarias.

Miles de familias caribeñas ya separadas por la migración verán cómo la crisis cubana intensifica el éxodo. Jóvenes que sueñan con un futuro mejor tendrán más barreras, mientras el aumento de costos energéticos golpeará a los más pobres: madres que no podrán cocinar, estudiantes sin luz para estudiar, comunidades enteras al borde del colapso.

Esta política, lejos de debilitar a un gobierno, castiga a pueblos enteros. Refuerza una lógica imperial que trata al Caribe como patio trasero y que ignora la estabilidad regional que depende de la cooperación, no de la coerción. La vulnerabilidad histórica de la región, huracanes, deuda, cambio climático, no resiste más agresiones externas.

El Caribe no puede permitirse la fragmentación. Los países de CARICOM, CELAC y la OEA deben rechazar esta escalada y defender la soberanía energética y comercial colectiva. La cooperación Sur-Sur, especialmente la solidaridad médica cubana, ha sido un faro; hoy necesita ser protegida.

No dejemos a Cuba sola. Su dolor es nuestro dolor; su asfixia amenaza nuestra propia respiración. La región debe alzar una voz unitaria contra esta política que, en nombre de la seguridad estadounidense, pone en convulsión a millones de caribeños.

Es hora de elegir. O aceptamos ser peones en el tablero de una potencia extranjera, o levantamos juntos un Caribe soberano, solidario y libre. La historia nos juzgará por lo que hagamos hoy. No seamos cómplices del silencio. Recordemos nuestra profunda vocación, la que resuena en el himno dominicano: ¡siervos de nuevo, jamás!

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POR RAMFIS PEÑA NINA 

Muchos comentaristas han dicho que Trump y sus lacayos europeos, entre sanciones y tropelías, se dispararon en el pie; pero en Davos el presidente fue más lejos y apostó a una ruleta rusa cargada, no con una bala, sino con varias, incluida la de la recámara.

Allí desplegó sin rubor la megalomanía imperial que lo define: como emperador repartió coletazos a diestra y siniestra, olvidando que todo poder tiene un límite, incluso el miedo.

Con ese gesto provocó el despertar de quienes llevaban setenta años dormidos en los brazos del morfeo terrenal, confiados en la protección de armas ajenas.

El sobresalto fue inevitable al comprender que más humillación no debía tolerarse; surgieron reacciones inesperadas que, con un mínimo de entendimiento, advertían una verdad pueblerina: ya las gallinas no ponen donde ponían.

En lo personal, de la cadena de errores acumulados en apenas un año, este resulta políticamente el más grave.

Ocurre en un momento crítico para el imperio, cuando los números negativos se multiplican y la aritmética deja una lección simple: no siempre menos por menos da más; aquí siguió dando negativo.

Cabe esperar que esta humillación acelere un futuro mejor para un mundo cada día más convulso y con menos esperanzas, víctima de la megalomanía de un solo hombre.

Viene a la memoria el desafío de Idi Amin, el carnicero presidente de Uganda, cuando invitó al vaquero norteamericano Ronald Reagan a subir al ring y dirimir allí sus diferencias sin exponer vidas ajenas.

Tal vez sea hora de que quienes mandan a otros a morir por caprichos propios acepten, por una vez, pelear sus batallas en primera persona.

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En la política contemporánea, el posicionamiento electoral ya no depende únicamente de la solidez programática, la trayectoria partidaria o la capacidad técnica de un aspirante presidencial. En un entorno saturado de información, hipercompetitivo y dominado por la emocionalidad del voto, el carisma personal y el uso estratégico del neuromarketing político se han convertido en factores determinantes para inclinar la balanza electoral.

El carisma, entendido como la capacidad de generar atracción, confianza y cercanía emocional, constituye un activo político de alto valor. Un candidato carismático logra que amplios segmentos del electorado se identifiquen con su figura, perciban autenticidad en su discurso y desarrollen una relación simbólica que trasciende las propuestas concretas. En la práctica, el votante no solo evalúa qué dice el aspirante, sino cómo lo dice, cómo se comporta, qué emociones transmite y qué sensaciones despierta en cada aparición pública.

Es precisamente en este punto donde el neuromarketing político potencia el impacto del carisma. Esta disciplina, basada en el estudio de los procesos cerebrales que influyen en la toma de decisiones, permite diseñar mensajes, imágenes, colores, gestos, narrativas y escenarios que conectan directamente con el subconsciente del elector. Un candidato carismático, apoyado en una estrategia de neuromarketing bien estructurada, logra reforzar su posicionamiento emocional, convirtiendo su figura en un referente de esperanza, cercanía o liderazgo, según lo demande el contexto social.

En contraste, los competidores con imágenes frías, excesivamente técnicas o distantes suelen enfrentar mayores dificultades para generar empatía. Aunque puedan exhibir experiencia, preparación académica o propuestas detalladas, si el electorado no los percibe como cercanos o emocionalmente confiables, su mensaje pierde efectividad. El cerebro humano tiende a priorizar la emoción sobre la razón en los procesos de decisión política, y el voto no es la excepción.

El neuromarketing político también permite identificar los miedos, aspiraciones y frustraciones colectivas de la sociedad, adaptando el discurso del candidato para responder a esas emociones latentes. Cuando este trabajo se articula con un liderazgo carismático, el resultado es una narrativa coherente y persuasiva, capaz de movilizar voluntades y fidelizar apoyos.

En síntesis, el carisma y el neuromarketing se han consolidado como herramientas clave para el posicionamiento electoral en las democracias modernas. Un aspirante presidencial que combine una personalidad empática con una estrategia comunicacional basada en el conocimiento del comportamiento humano parte con una ventaja significativa frente a rivales de imagen rígida o distante. En la política actual, ganar elecciones implica, cada vez más, conquistar emociones antes que imponer argumentos.

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En los últimos tiempos ha comenzado a circular una modalidad de estafa particularmente peligrosa, no solo por el daño económico que puede causar, sino por el nivel de angustia emocional que genera en sus víctimas. Se trata de individuos que se hacen pasar por miembros de la Policía Nacional o del Ministerio Público de la República Dominicana para extorsionar a personas que, efectivamente, enfrentan algún proceso judicial, en especial casos relacionados con violencia de género.

El método utilizado no es improvisado. Por el contrario, demuestra planificación, conocimiento del sistema judicial y, lo más preocupante, acceso a información que no debería estar al alcance de terceros.

Las víctimas reciben llamadas o mensajes de WhatsApp de supuestos oficiales que se identifican con nombres, rangos y hasta fotografías de perfil cuidadosamente escogidas para generar credibilidad. En algunos casos, los perfiles muestran imágenes de hombres uniformados; en otros, el logo institucional del Ministerio Público. El objetivo es claro: que la persona crea que está hablando con una autoridad legítima.

El discurso suele ser casi siempre el mismo.
Les informan que tienen una “rebeldía abierta”, que existe una orden pendiente, que su expediente está en el Palacio de Justicia y que en cualquier momento podrían ser apresados. La conversación está diseñada para provocar miedo, ansiedad y sensación de urgencia. Y cuando la persona ya está emocionalmente vulnerable, llega la segunda parte del libreto:
“Eso se puede arreglar antes de que procedan a buscarte”.

Es ahí donde aparece la verdadera intención: la extorsión.

Según reportes recibidos de ciudadanos preocupados, entre los números utilizados para estos fines figuran el 829-472-9690, desde donde quien escribe se identifica como “teniente Carlos De Los Santos”, y el 809-751-0509, que utiliza como imagen de perfil el logo del Ministerio Público. Estos datos se citan únicamente como parte de denuncias ciudadanas, con fines preventivos, no como acusación formal.

Lo verdaderamente alarmante de este fenómeno no es solo la estafa en sí, sino el nivel de información que manejan quienes la ejecutan. En varios casos conocen nombres, tipos de procesos y detalles que coinciden con expedientes reales. Esto abre una interrogante legítima y preocupante:
¿De dónde están obteniendo estos datos?

La justicia no puede funcionar si la información sensible de los ciudadanos termina en manos de delincuentes que la utilizan para lucrarse a través del miedo. Y peor aún, cuando ese miedo se apoya en una de las situaciones más delicadas que puede vivir una persona: un proceso judicial.

Es necesario reiterar algo con absoluta claridad:
Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público solicitan dinero por teléfono, ni “arreglan” expedientes mediante llamadas o transferencias.
Cualquier comunicación de esa naturaleza es falsa y debe ser tratada como intento de estafa.

La recomendación ante estos casos es sencilla, pero vital:
No enviar dinero.
No compartir datos personales.
Colgar inmediatamente.
Verificar siempre directamente con su abogado o en la institución correspondiente.
Guardar evidencia (capturas, audios, números) y reportarla a las autoridades competentes.

Este no es un tema menor. Es un problema que combina delito, abuso de la imagen institucional y vulnerabilidad ciudadana. Requiere atención seria, investigación profunda y una respuesta firme por parte de los organismos responsables.

La población debe estar alerta, pero el Estado también debe garantizar que sus sistemas de información no se conviertan en herramientas al servicio de los delincuentes.

Porque cuando alguien utiliza el uniforme, el nombre o el prestigio de la autoridad para extorsionar, no solo roba dinero: también erosiona la confianza en las instituciones.

JPM