Por EZEQUIEL CUEVAS

El debate legislativo generado por el proyecto de Ley Nacional de Vacunas, aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana, plantea una profunda discusión jurídica, filosófica y constitucional.

La propuesta de instituir la vacunación como un «deber» ciudadano trasciende el ámbito sanitario y alcanza directamente la relación entre individuo y Estado. Desde una perspectiva epistemológica, el concepto de deber implica una exigencia de cumplimiento, pero su incorporación al derecho positivo puede transformar una convicción moral en una obligación jurídicamente exigible.

Al trasladar la noción de deber desde el plano ético hacia la esfera de la coerción estatal, surge una tensión con el régimen de derechos fundamentales. El artículo 43 de la Constitución dominicana reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, vinculado con la capacidad de cada individuo para determinar autónomamente aspectos esenciales de su proyecto de vida.

Dentro de esa autonomía se encuentra la facultad de adoptar decisiones relativas al propio cuerpo y a las intervenciones médicas, aunque su ejercicio pueda estar sujeto a límites constitucionalmente legítimos.

Desde la perspectiva kantiana, el deber auténtico encuentra fundamento en la razón autónoma y no exclusivamente en la imposición externa. Kant concibe a la persona como un fin en sí mismo, lo que impide reducirla a un simple instrumento para alcanzar objetivos colectivos. En consecuencia, cuando el Estado transforma la vacunación en una obligación coercitiva, debe justificarse constitucionalmente la intensidad de esa intervención sobre la autonomía corporal. La finalidad sanitaria, por sí sola, no elimina la exigencia de respetar la dignidad humana.

El artículo 43 constitucional constituye, por tanto, un parámetro relevante para examinar cualquier medida legislativa que incida sobre decisiones relacionadas con la integridad personal. La protección de la salud pública puede constituir una finalidad legítima del Estado, pero ello no significa que dicha finalidad tenga automáticamente prevalencia absoluta sobre la libertad individual.

Toda restricción de derechos fundamentales debe encontrarse debidamente fundamentada y superar los controles de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad exigibles dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Cuestión central

La cuestión central no consiste únicamente en determinar si la vacunación puede contribuir a proteger la salud colectiva, sino en establecer hasta dónde puede llegar legítimamente la potestad reguladora del Estado. La inmunización puede responder a un interés público relevante, particularmente cuando existen riesgos epidemiológicos, pero las medidas adoptadas deben diferenciar entre promoción, incentivo, regulación y coerción. La utilización del término «deber» adquiere especial importancia cuando puede producir consecuencias jurídicas para quienes decidan no someterse a una intervención médica.

En un sistema constitucional garantista, la protección de la colectividad y la autonomía personal no deben concebirse necesariamente como intereses incompatibles. El consentimiento informado, la educación sanitaria, el acceso transparente a la información científica y la confianza institucional constituyen mecanismos que pueden fortalecer las políticas públicas de vacunación.

Cuando existan restricciones a la autonomía, estas deberán estar respaldadas por una justificación constitucional suficiente, responder a una finalidad legítima y afectar los derechos únicamente en la medida estrictamente necesaria.

Asimismo, cualquier eventual régimen obligatorio debería contemplar excepciones y garantías compatibles con los derechos fundamentales. La legislación sanitaria no puede desconocer que la Constitución reconoce la dignidad humana, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad como elementos esenciales del orden constitucional.

Por ello, una eventual imposición general de la vacunación tendría que ser examinada cuidadosamente a la luz del consentimiento, la integridad personal, la proporcionalidad de las medidas y las circunstancias concretas que justifiquen la intervención estatal.

En definitiva, convertir la vacunación en un «deber» jurídico plantea una cuestión que supera la dimensión estrictamente sanitaria: determina los límites constitucionales de la intervención del Estado sobre la autonomía corporal. La salud pública constituye un interés colectivo legítimo, pero su protección debe armonizarse con la dignidad y los derechos fundamentales.

En una sociedad democrática, la legitimidad de las políticas de inmunización dependerá también de su capacidad para conciliar solidaridad social, evidencia científica, transparencia institucional y respeto efectivo por la persona como sujeto de derechos.

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Veintisiete meses antes de la publicación de los resultados de la prueba PISA 2025, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 324-24, declarando de alta prioridad el desarrollo de la industria de semiconductores. En el marco de ese decreto, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes le entregó posteriormente al presidente Abinader la “Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis)”, considerada el plan de acción que establece el camino para insertar al país en las cadenas globales de valor en la manufactura y ensamblaje de semiconductores.

Pero los resultados de PISA 2025 complican seriamente la estrategia del Gobierno. Para los inversionistas, la señal es clara: República Dominicana puede aspirar a integrarse a la cadena mundial de semiconductores, pero todavía no demuestra disponer, a escala suficiente, del capital humano necesario para fabricar chips en los segmentos de mayor complejidad tecnológica.

Los resultados dominicanos son especialmente relevantes para esa industria por las siguientes razones:

En matemáticas, República Dominicana solo obtuvo 339 puntos en un contexto donde solo el 9% de los estudiantes participantes alcanzaron el nivel mínimo. La señal que este dato envía a los inversionistas es que el país no tiene suficiente base para formar masivamente técnicos e ingenieros.

En ciencias, República Dominicana obtuvo 361 puntos, pero solo el 26% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo. Para los inversionistas, esto significa que la capacidad científica es muy limitada.

En lectura, el país alcanzó los 346 puntos, pero solo el 23% alcanza el nivel mínimo. Los inversionistas ven en este dato que el país presenta grandes dificultades para comprender protocolos y documentación técnica.

En Resolución computacional de problemas, los estudiantes dominicanos obtuvieron 379 puntos frente a 500 en la OCDE. Esto significa para los inversionistas que existe una brecha importante en automatización, programación y solución de fallas.

A todo lo señalado cabe agregar que el 69.3% de los estudiantes dominicanos se encuentra por debajo del nivel básico simultáneamente en matemáticas, lectura y ciencias. Estos resultados no miden directamente a la fuerza laboral actual, pero sí permiten anticipar la calidad del flujo de técnicos, tecnólogos e ingenieros que llegará al mercado durante los próximos años.

Frente a este panorama, ¿Qué lecciones extraerían los fabricantes de semiconductores?

En primer lugar, que el talento especializado disponible es reducido. Una planta de semiconductores necesita ingenieros eléctricos, electrónicos, químicos, mecánicos y de materiales, junto con técnicos en automatización, metrología, mantenimiento, control de calidad y manejo de salas limpias. PISA sugiere que la base escolar desde la cual deben formarse esos trabajadores es estrecha.

En segundo lugar, que la empresa tendría que asumir ella misma una parte elevada del costo de formación. No bastaría contratar trabajadores disponibles. Sería necesario establecer programas con Infotep, ITLA y universidades, traer instructores extranjeros y formar durante varios años a técnicos y supervisores.

En tercer lugar, que la operación dependería inicialmente de personal extranjero. Esto aumenta los costos y obliga a contar con políticas ágiles de inmigración especializada, transferencia tecnológica y certificación profesional.

Además, la debilidad educativa se suma a otros riesgos. La industria necesita electricidad continua y de alta calidad, agua ultrapura, logística confiable, protección de la propiedad intelectual y rigurosidad regulatoria. PISA no mide estos factores, pero su resultado se incorpora a una evaluación más amplia del riesgo nacional.

El contraste con Costa Rica es demasiado evidente en PISA 2025. Ese país obtuvo en ciencia 424 puntos; en lectura, 416 puntos; y en matemáticas, 387 puntos. Muy adelante de República Dominicana

Si bien República Dominicana ofrece cercanía al mercado estadounidense, acceso preferencial, estabilidad macroeconómica relativa y experiencia en manufactura de zonas francas, su sistema educativo todavía no garantiza la oferta de talento técnico necesaria para una industria de semiconductores a gran escala.

Esta limitación no puede compensarse únicamente con exenciones fiscales. Una empresa puede tolerar mayores costos tributarios si encuentra talento, energía confiable y proveedores. Difícilmente instalará una operación crítica donde deba construir por sí misma todo el ecosistema humano e institucional.

La advertencia que sale de PISA 2025 es clara: resulta difícil presentar a República Dominicana como futuro centro de semiconductores mientras nueve de cada diez estudiantes no alcanzan las competencias matemáticas mínimas. La política industrial debe comenzar por la política educativa.

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