Por LUIS M. GUZMAN

La reciente advertencia de Estados Unidos contra empresas tecnológicas chinas puede parecer, a simple vista, otro capítulo de la guerra comercial entre Washington y Beijing. Sin embargo, el asunto va bastante más lejos.

Cuando una embajada habla de proveedores “confiables”, seguridad regional e infraestructura digital, ya no está discutiendo solamente precios, cámaras o antenas. Está delimitando intereses estratégicos y señalando qué tipo de presencia extranjera comienza a considerar inadmisible.

El detalle que merece más atención es que el mensaje no fue exclusivo para República Dominicana. Formó parte de una línea regional impulsada por Washington y replicada en varios países latinoamericanos. Pero en nuestro caso coincidió con una conversación entre Marco Rubio y el nuevo canciller Víctor Bisonó, donde apareció precisamente el tema de una infraestructura digital “segura y confiable”. Puede ser coincidencia, pero dentro del lenguaje diplomático esas coincidencias rara vez carecen de significado.

El problema de fondo no es Huawei, ZTE, Hikvision o DJI de manera aislada. Lo que está en disputa es quién construirá y controlará buena parte de la arquitectura tecnológica sobre la cual funcionarán los Estados durante las próximas décadas. Telecomunicaciones, redes 5G, cámaras, servidores, centros de datos, puertos inteligentes, sistemas de emergencia, drones y energía ya no son simples servicios. Son parte de la infraestructura que sostiene la seguridad, la economía y la capacidad de decisión de un país.

Durante el siglo XX las grandes potencias competían por bases militares, puertos, petróleo, corredores marítimos y gobiernos aliados. Hoy compiten también por datos, algoritmos, chips, redes y capacidad de procesamiento. Esa transformación ayuda a entender por qué Estados Unidos observa con tanta preocupación el avance tecnológico chino en América Latina. No se trata solamente de vender más. Se trata de impedir que su principal rival gane posiciones dentro de un espacio que Washington considera estratégicamente cercano.

Podría decirse que estamos entrando en una especie de Doctrina Monroe digital. China puede comerciar, invertir y vender tecnología, pero Estados Unidos parece cada vez menos dispuesto a tolerar que empresas vinculadas a su principal competidor entren en sectores considerados sensibles.

En ese punto una cámara deja de ser una cámara, una antena deja de ser una antena y un puerto deja de ser simplemente un puerto. Lo que importa es la red de dependencias que puede formarse alrededor de ellos.

La preocupación estadounidense tampoco puede despacharse como simple propaganda. La legislación china obliga a organizaciones y ciudadanos a colaborar con tareas de inteligencia cuando el Estado lo requiera. Eso plantea un riesgo que cualquier gobierno responsable debe evaluar.

Pero una cosa es reconocer esa vulnerabilidad potencial y otra afirmar, sin evidencia concreta, que cada equipo chino instalado está espiando. El debate serio exige separar el riesgo posible de la acusación ya demostrada.

China, por supuesto, tampoco actúa movida únicamente por comercio inocente. Su expansión económica ha demostrado que tecnología barata, financiamiento, infraestructura y presencia empresarial pueden producir influencia política a largo plazo. Una inversión aislada puede ser completamente comercial; varias inversiones conectadas en telecomunicaciones, vigilancia, energía, transporte y datos pueden terminar creando una dependencia estratégica. Las potencias no observan contratos individuales. Observan el mapa completo.

Posición sensible

República Dominicana ocupa una posición particularmente sensible dentro de ese mapa. Nuestra cercanía con Puerto Rico, el Canal de la Mona, Haití, Cuba y las principales rutas del Caribe convierte el territorio dominicano en una pieza de valor estratégico para Estados Unidos. A esto se suma una relación económica, migratoria y de seguridad profundamente vinculada a Washington. China puede ser un socio importante, pero Estados Unidos forma parte estructural de la realidad dominicana de una manera difícil de sustituir.

Por eso el margen para mantenerse cómodamente entre ambos puede comenzar a reducirse. Durante años Santo Domingo ha podido mantener relaciones estrechas con Estados Unidos y, al mismo tiempo, comprar tecnología china, recibir inversiones y fortalecer vínculos comerciales con Beijing.

Esa fórmula funciona mientras las dos potencias acepten la ambigüedad. Pero cuanto más se profundice la confrontación, más decisiones que antes parecían comerciales comenzarán a ser tratadas como decisiones de seguridad nacional.

Millones en gasto público

Ahí aparece otro problema que casi nadie discute, si Washington exige retirar equipos considerados riesgosos, ¿quién paga la sustitución? Desmontar una infraestructura tecnológica no es cambiar de teléfono. Implica servidores, software, licencias, mantenimiento, capacitación, migración de datos y nuevos contratos. Estados Unidos puede considerar que ese costo es una inversión en seguridad; para República Dominicana podría significar millones en gasto público. La geopolítica siempre tiene una factura, y alguien termina pagándola.

También sería un error creer que la solución consiste simplemente en sustituir dependencia china por dependencia estadounidense. Si todos nuestros sistemas críticos quedaran atados a proveedores norteamericanos sin capacidad local de auditoría, control y verificación, seguiríamos siendo dependientes, solo que de otro lado. La verdadera soberanía tecnológica exige saber quién entra a nuestras redes, dónde se almacenan nuestros datos, quién actualiza el software y qué ocurriría si mañana el proveedor deja de ser aliado.

Lo que hoy parece una pelea por cámaras y telecomunicaciones puede ser apenas el comienzo visible de algo mayor. Estados Unidos busca contener la expansión tecnológica china en su hemisferio; China intenta convertir su músculo económico en presencia estratégica duradera; y República Dominicana está situada justo en medio de esa disputa.

Las piezas se están acomodando lentamente. El peligro no es solamente tener que escoger entre Washington y Beijing, sino llegar a ese momento sin haber definido antes cuál es nuestro propio interés nacional.

jpm-am

BARAHONA.- Angel Augusto Suero Ramírez (Negro Suero) farola en la municipalidad de Barahona en un largometraje multifacético y que, en la aureola de sus resonantes éxitos como empresario agrícola, autoridad edilicia, promotor cultural, funcionario público, escritor y dirigente balaguerista/reformista, guardó prisión imputado de un asesinato, por una confrontación política que ensombreció su peregrinaje existencial.

Nació el 10 de mayo de 1908 y contrajo matrimonio con Juana Lucila Méndez y Méndez, con quien engendró diez hijos: Waldo Ariel (abogado), Angel Augusto (abogado), Willy Eleazar (médico ortopeda), Wanda Amalia (abogada), Luisa Altagracia (farmacéutica), Walter Somer (odontólogo), Wilhelmina o Willita (abogada), Helga Solygeng (ingeniera), Carmen Esdra (odontóloga) y Alda Altagracia, fallecida a destiempo.

Propietario del más pueblerino de los teatros de aquí, el Bahoruco, se destacó en el Partido Dominicano de Trujillo, y figura como miembro fundador en 1963 del Partido Acción Social, de Joaquín Balaguer, rebautizado luego como Partido Reformista y hoy timbrado como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Perteneció a numerosas entidades culturales y publicó 14 libros de cuentos y novelas.

Falleció el 2 de enero de 1997, y por promover los valores históricos y culturales de la región, el 19 de junio de 2008 la sala capitular del Ayuntamiento municipal designó con su nombre una calle de la ciudad. 

 Confrontación política y cárcel 

Negro Suero se estrelló, abruptamente, contra las olas de la adversidad. Su confrontación política con un poderoso sector del Partido Reformista, con asiento en el Palacio Nacional, y su alegada amenaza de muerte a su más cercano rival, lo sacudieron emocionalmente, apaciguando su dinamismo y empañando su imagen.

Le arropó el desconcierto y a la nave le extrajo el piloto automático, para derrotar las escenificaciones políticas masivas. El recorrido hacia el santuario se volvió un viacrucis, con llantos perturbadores, por la sangre y el dolor.

El espasmo. El sábado 6 de abril de 1968 cayó abatido de un tiro, en las inmediaciones del parque infantil del Malecón, Carlos Julio González Lebreault, quien fuera integrante del Partido Dominicano de Trujillo y síndico municipal en esa época; miembro fundador del Partido Reformista, ayudante civil del presidente Balaguer y casado con Clidia Díaz Santana, hermana de Polibio Díaz, entonces consultor jurídico del presidente Joaquín Balaguer.

¿Y qué pasó…?

La Policía Nacional arrestó y acusó del homicidio a Negro Suero, a su chofer Osiris Peña y a sus colaboradores Félix Féliz, Lila Antonio López y Manuel Ortiz Merette. Por razones de seguridad, el primero fue recluido en el penal de La Victoria, en Santo Domingo, en el que duró seis meses, y los otros imputados hicieron un periplo por prisiones de la capital, La Vega, Moca y Santiago.

Judicialmente, ¿qué ocurrió?

El proceso fue ventilado en Santiago y se interpusieron dos recursos de casación: uno el 9 de diciembre de 1969 y otro el 5 de junio de 1973. Negro Suero apoderó como abogados a Héctor Sánchez Morcelo, a Víctor Manuel Amengual, a Juan Luperón Vásquez y Ernesto Ravelo García; sus guardaespaldas fueron representados por Quintino Ramírez, en tanto que por la parte demandante actuó Ramón Pina Acevedo y Martínez.

La Cámara de Calificación del Distrito Judicial de Santiago dictó sentencia de descargo, sin que el expediente llegara a juicio de fondo. Se tiene el informe de que Negro Suero dejó un libro manuscrito en torno a esta imputación, que atribuye a razones políticas, pero este “no ha podido ser localizado”.

Dos barbaridades políticas

Ahora un antiguo activista del Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas) hace un relato impactante, que desclasifica extraoficialmente un archivo secreto adornado de mentiras. La política, ¡cuántas falacias!

José (Santo) Alcántara, entonces militante del Movimiento Popular Dominicano (MPD) en Barahona, explica que “en el partido del presidente Joaquín Balaguer en esta ciudad había muchas contradicciones, que se manifestaban a través de insultos, empujones y amenazas de muerte, entre otros tipos de intimidación…afloraban inmediatamente los malestares y objeciones entre unos y otros”.

“Para tratar de resolver los conflictos internos dentro de esa entidad política, algunos de los grupos existentes se repartieron los puestos de dirección, empleos y la conducción del Partido Reformista. Es así como llega el rumor a Barahona de que supuestamente el presidente Balaguer había enviado a la ciudad un telegrama dando la información de que el sector Carlos Julio González pasaría a ser el próximo dirigente de la agrupación, por las arbitrariedades cometidas por su directorio. Eso molestó bastante al presidente del partido, César Augusto Suero (Negro), quien amenazó de muerte al señor González”, expuso.

Se intensifica la batahola. “Por el apoyo militar de Negro Suero actuaba con total impunidad”, añade Alcántara. “El MPD lo calificó como objetivo militar, pero nunca pudieron ubicarlo fuera de su entorno debido a que siempre andaba protegido por varios ex miembros del instituto castrense, encabezados por el ex suboficial Félix Feliz, entre otros. No pudiendo ajusticiar a Negro Suero y en vista de las diferentes conspiraciones que se gestaban desde diferentes estamentos militares y de la izquierda revolucionaria para derrocar a Balaguer, conociendo los problemas del reformismo en Barahona, el partido Marxista Leninista se propuso agudizar esas contradicciones”.

Atrapado en esa penumbra, advino la tenebrosidad, que se atraviesa como una afrenta a las leyes, a la dignidad humana y a los principios revolucionarios: “la dirección regional Sur del MPD decide dar de baja al Dr. Carlos Julio González. Para esa organización, su objetivo era matar tres pájaros de un tiro: pegarle esa muerte a Negro Suero y sacarlo de circulación; denunciar el sicariato de los exmiembros del Ejército y agudizar las contradicciones entre los militares y los reformistas para que se agilizara el golpe de Estado revolucionario”.

Aniquilado físicamente el cuñado del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Polibio Díaz, la maquinaria represiva entró en acción, a través del jefe de la Policía, coronel Rafael Guillermo Guzmán Acosta y el comandante de Barahona, coronel Valentín Despradel Brache. Se pusieron a la orden del día los apresamientos y las torturas más crueles, hasta que los imputados –allegados a Negro Suero- admitieron culpabilidad en el asesinato e involucraron al principal dirigente reformista local.

Una fuente de confianza del MPD aclaró -el viernes 28 de agosto de 2026- a quien escribe, que el homicidio fue cometido, inconsultamente, por un militar de esa organización, que fue sancionado con su expulsión y que posteriormente abandonó la República Dominicana. Este reside en el exterior.

Si se aplica una encuesta a pobladores de Barahona de las décadas de 1960, 1970 y 1980 sobre la autoría de la muerte de Carlos Julio González, casi a unanimidad se apunta hacia Negro Suero. Hasta años recientes, yo me inscribía en esa lista.

A principios de 1980, Antonio Méndez, el filántropo y comunitario más conspicuo de la historia de Barahona, y la abogada Wilita Suero, otra respetada miembro de esta localidad, en privado y bajo la condición del anonimato me relacionaron el hecho con la izquierda, y guardé los datos para seguir urgando, porque son dos personas altamente creíbles, pero sobresalía que el primero era cuñado y la segunda hija de Negro Suero.

El intachable y puro de Antonio Méndez falleció el 17 de octubre de 2002, y Wilita –que vive menguada severamente en su salud- no pudieron entregarme el libro inédito de Negro Suero, “Historia de una Falsa Trama”, ni la sentencia de descargo, presumo que por la oposición de una parte de la familia para supuestamente no reabrir heridas. ¿Aparecerán esas piezas de valor histórico? Aguardo por los dos.

BARCELONA, España. El destacado consultor y divulgador tecnológico Jon Hernández ilustró, durante una reciente entrevista en el espacio La Brújula Dominicana, el vertiginoso cambio de paradigma al que se enfrenta la humanidad. Sus palabras no son un mero ejercicio de futurismo; representan el diagnóstico exacto de un cambio de Era. Lo que la máquina de vapor hizo por la fuerza física, lo está haciendo hoy la Inteligencia Artificial (IA) por nuestra capacidad cognitiva y el trabajo intelectual.

Frente a este tsunami inminente, que redefinirá para siempre el mercado laboral, el sistema educativo y la geopolítica global, surge una interrogante ineludible: ¿Dónde está la República Dominicana en esta conversación y qué estamos haciendo para prepararnos?

A lo largo de la entrevista, Hernández dejó una advertencia que debería resonar con fuerza en los pasillos del Palacio Nacional y en el Congreso: la Inteligencia Artificial ya no es una simple herramienta de moda o un software que usamos a conveniencia. «La inteligencia artificial es una infraestructura sobre la que va a formar parte todo lo que tenemos en la sociedad. Negarse a tan siquiera probarlo es un error garrafal, el mismo error que cometieron aquellos que creyeron que la imprenta no iba a ser para tanto».

Si a nivel del ciudadano común negarse a la adaptación es negligente, a nivel de Estado es un suicidio. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa un debate nacional, serio y urgente: la República Dominicana debe comenzar a legislar de manera proactiva y contemplar la creación de un órgano gubernamental de alto nivel exclusivo para esta materia.

Un ministerio

Más recientemente, y más cerca de nuestra tradición institucional, el Reino de España se convirtió en 2023 en pionero europeo al inaugurar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un órgano estatal dedicado a auditar algoritmos, asesorar al sector productivo y garantizar que la tecnología respete los derechos ciudadanos de forma ética y segura.

La República Dominicana tiene una oportunidad de oro. Las recientes inversiones de gigantes tecnológicos en nuestro territorio para instalar modernos centros de datos demuestran que estamos en el mapa. Sin embargo, proveer el terreno y la electricidad no es suficiente.

Como se debatió en La Brújula Dominicana, el mundo se está polarizando en una carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, y a las potencias, los países emergentes «les damos igual». Si no construimos una estrategia soberana, corremos el riesgo de caer en un abismo de subdesarrollo digital si algún día deciden «cerrarnos el grifo».

Un ministerio o dirección de IA y Gobernanza Digital en nuestro país tendría misiones críticas e inaplazables. Primero, orquestar junto al Ministerio de Educación una reforma curricular radical, enseñando a nuestros jóvenes a usar estas tecnologías para potenciar su pensamiento crítico, en lugar de formarlos para memorizar datos que una máquina procesa en tres segundos. Segundo, preparar a nuestro mercado laboral para la inminente automatización, fomentando la reconversión profesional. Y tercero, crear un marco regulatorio ágil que atraiga inversión extranjera protegiendo nuestra soberanía.

Intentar frenar este avance desde el desconocimiento, la prohibición o el miedo es inútil. Como sentenció Hernández de forma magistral: tirarse a las vías con una pancarta para intentar detener un tren que viaja a 600 kilómetros por hora nunca ha dado buenos resultados.

El tren de la Inteligencia Artificial ya salió de la estación y avanza a velocidad máxima. Continuar la marcha a pie, no es una opción; es hora de que la República Dominicana aborde el tren bala de la innovación, legisle con valentía y tome el mando hacia un horizonte de transformación.