RD entre tecnología, poder y soberanía

POR LUIS M. GUZMAN

La reciente advertencia de Estados Unidos contra empresas tecnológicas chinas puede parecer, a simple vista, otro capítulo de la guerra comercial entre Washington y Beijing. Sin embargo, el asunto va bastante más lejos.

El detalle que merece más atención es que el mensaje no fue exclusivo para República Dominicana. Formó parte de una línea regional impulsada por Washington y replicada en varios países latinoamericanos. Pero en nuestro caso coincidió con una conversación entre Marco Rubio y el nuevo canciller Víctor Bisonó, donde apareció precisamente el tema de una infraestructura digital “segura y confiable”. Puede ser coincidencia, pero dentro del lenguaje diplomático esas coincidencias rara vez carecen de significado.

El problema de fondo no es Huawei, ZTE, Hikvision o DJI de manera aislada. Lo que está en disputa es quién construirá y controlará buena parte de la arquitectura tecnológica sobre la cual funcionarán los Estados durante las próximas décadas. Telecomunicaciones, redes 5G, cámaras, servidores, centros de datos, puertos inteligentes, sistemas de emergencia, drones y energía ya no son simples servicios. Son parte de la infraestructura que sostiene la seguridad, la economía y la capacidad de decisión de un país.

Durante el siglo XX las grandes potencias competían por bases militares, puertos, petróleo, corredores marítimos y gobiernos aliados. Hoy compiten también por datos, algoritmos, chips, redes y capacidad de procesamiento. Esa transformación ayuda a entender por qué Estados Unidos observa con tanta preocupación el avance tecnológico chino en América Latina. No se trata solamente de vender más. Se trata de impedir que su principal rival gane posiciones dentro de un espacio que Washington considera estratégicamente cercano.

Podría decirse que estamos entrando en una especie de Doctrina Monroe digital. China puede comerciar, invertir y vender tecnología, pero Estados Unidos parece cada vez menos dispuesto a tolerar que empresas vinculadas a su principal competidor entren en sectores considerados sensibles.

La preocupación estadounidense tampoco puede despacharse como simple propaganda. La legislación china obliga a organizaciones y ciudadanos a colaborar con tareas de inteligencia cuando el Estado lo requiera. Eso plantea un riesgo que cualquier gobierno responsable debe evaluar.

China, por supuesto, tampoco actúa movida únicamente por comercio inocente. Su expansión económica ha demostrado que tecnología barata, financiamiento, infraestructura y presencia empresarial pueden producir influencia política a largo plazo. Una inversión aislada puede ser completamente comercial; varias inversiones conectadas en telecomunicaciones, vigilancia, energía, transporte y datos pueden terminar creando una dependencia estratégica. Las potencias no observan contratos individuales. Observan el mapa completo.

República Dominicana ocupa una posición particularmente sensible dentro de ese mapa. Nuestra cercanía con Puerto Rico, el Canal de la Mona, Haití, Cuba y las principales rutas del Caribe convierte el territorio dominicano en una pieza de valor estratégico para Estados Unidos. A esto se suma una relación económica, migratoria y de seguridad profundamente vinculada a Washington. China puede ser un socio importante, pero Estados Unidos forma parte estructural de la realidad dominicana de una manera difícil de sustituir.

Por eso el margen para mantenerse cómodamente entre ambos puede comenzar a reducirse. Durante años Santo Domingo ha podido mantener relaciones estrechas con Estados Unidos y, al mismo tiempo, comprar tecnología china, recibir inversiones y fortalecer vínculos comerciales con Beijing.

Millones en gasto público

Ahí aparece otro problema que casi nadie discute, si Washington exige retirar equipos considerados riesgosos, ¿quién paga la sustitución? Desmontar una infraestructura tecnológica no es cambiar de teléfono. Implica servidores, software, licencias, mantenimiento, capacitación, migración de datos y nuevos contratos. Estados Unidos puede considerar que ese costo es una inversión en seguridad; para República Dominicana podría significar millones en gasto público. La geopolítica siempre tiene una factura, y alguien termina pagándola.

También sería un error creer que la solución consiste simplemente en sustituir dependencia china por dependencia estadounidense. Si todos nuestros sistemas críticos quedaran atados a proveedores norteamericanos sin capacidad local de auditoría, control y verificación, seguiríamos siendo dependientes, solo que de otro lado. La verdadera soberanía tecnológica exige saber quién entra a nuestras redes, dónde se almacenan nuestros datos, quién actualiza el software y qué ocurriría si mañana el proveedor deja de ser aliado.

Lo que hoy parece una pelea por cámaras y telecomunicaciones puede ser apenas el comienzo visible de algo mayor. Estados Unidos busca contener la expansión tecnológica china en su hemisferio; China intenta convertir su músculo económico en presencia estratégica duradera; y República Dominicana está situada justo en medio de esa disputa.

Las piezas se están acomodando lentamente. El peligro no es solamente tener que escoger entre Washington y Beijing, sino llegar a ese momento sin haber definido antes cuál es nuestro propio interés nacional.

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