Las últimas reformas constitucional (2010-2015) trajeron como consecuencia la creación de numerosas leyes y la modificación de las existentes. Así como la creación directamente por la Constitución, la implementación de los tribunales contenciosos administrativo de primera instancia.

Sin embargo, los mismos no han sido creados, art. 165 CRD. Esto no solo constituye una violación a la Constitución sino una violación al acceso a la justicia de los administrados. Pues, se le restringe una instancia judicial cuando buscan que se le haga justicia. Se viola el derecho de acceso a la justicia, art. 69 constitucional.

Omisión legislativa

Otra violación presente que afecta a la Carta Magna es que aun el Congreso Nacional no ha completado el espectro jurídico con las siguientes leyes que ordena la Constitución, tales como:

Ley de Desacato, art. 94

Ley de Iniciativa Popular, art. 97

Ley sobre publicación de ley, art. 109

Ley de control y fiscalización, art. 115, esta fue promulgada recientemente.

Ley sobre el juicio político

Ley de Control de legalidad de la Administración Pública, art. 139 Ley de Prescripción y Procesal de los Crímenes de Corrupción, art. 146.

Ley de Rendición de Cuentas del Poder Judicial, art. 151

Ley que crea los Juicios de Extinción de Dominio, art. 51, esta aun no ha sido puesta en ejecución plena.

Modificación del nombre al Código Procesal Penal y de todas las leyes que regulen Derechos Fundamentales para que lleven el nombre de leyes Orgánicas, art. 112.

Ley que Regula el Procedimiento del Referendo, art. 210

Ley que crearía el delito de alta traición, espionaje, conspiración, art. 23.

Ley de derecho a petición, art. 22

Ley de derecho a la rectificación, art. 49

Ley que crea la jurisdicción penal para militares y policías, arts. 253 y 257.

Todas estas leyes aún no han sido creadas. Por lo que esto constituye una omisión legislativa por parte de nuestro Congreso Nacional. Por lo que se puede afirmar que nuestra constitución en su día está siendo violada y penetrada por estas omisiones.

En la República Dominicana, la inseguridad ciudadana se ha convertido en un drama cotidiano que mantiene en zozobra a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, hay un grupo que parece vivir en una burbuja impenetrable: la clase política oligárquica.

Ellos no temen ser atracados, no porque vivan en un país más seguro, sino porque forman parte de un sistema que les garantiza impunidad y poder.

La ironía es evidente. Mientras el ciudadano común teme salir a la calle con su celular o su salario en efectivo, los políticos —blindados por escoltas, vehículos oficiales y privilegios estatales— viven sin ese temor.

Pero la razón va más allá de la simple seguridad física: ellos no temen ser atracados porque, en realidad, están insertados en un esquema de atraco político.

El verdadero atraco en la sociedad dominicana no se comete con una pistola en la esquina, sino con un decreto, una licitación amañada o una partida presupuestaria disfrazada.

Se atracan los fondos públicos, la esperanza social, las oportunidades del joven emprendedor, y la fe del ciudadano en las instituciones. Se saquea el Estado desde adentro, con la complicidad de quienes deberían protegerlo.

La clase política oligárquica ha convertido la gestión pública en un botín. Se reparten cargos, contratos y exoneraciones con la misma naturalidad con que un ladrón de calle reparte el botín con sus cómplices.

La diferencia es que estos “atracadores” de corbata no corren; desfilan. No se esconden; se exhiben. Y cuando son señalados, responden con un discurso técnico, jurídico o ideológico que justifica lo injustificable.

Por eso no temen ser atracados: porque viven dentro de un sistema donde el robo ha sido institucionalizado. Donde la ley es un escudo para los poderosos y una trampa para los humildes. Donde el castigo es selectivo y la moral pública se mide por conveniencia.

El ciudadano común, en cambio, sigue encerrado entre rejas de hierro y miedo, cuidando lo poco que tiene. Y mientras tanto, la clase política sigue acumulando privilegios, blindando sus fortunas y fabricando discursos sobre “transparencia” y “cambio” que suenan a burla.

Llegará el día en que el verdadero atraco no sea el de la esquina, sino el del pueblo que despierte. Porque ningún sistema de atracadores políticos puede sostenerse indefinidamente sin que la indignación social lo derrumbe.

Hasta entonces, ellos seguirán caminando sin temor a ser atracados, porque el atraco lo dirigen desde adentro.

jpm-am

POR NOEL SUED CANAHUATE

«En una buena práctica de continuidad doctrinal, los hermanos Rafael y Antoliano Peralta Romero se suman a un reducido grupo de juristas dominicanos con una obra cuya primera edición es, desde hace un poco más de una década, referente de consulta para quienes buscan entender los contextos y pormenores de las últimas reformas constitucionales.

Reformas a la Constitución Política Dominicana (1994, 2002, 2010, 2015, 2024), cuya segunda edición aumentada se pone ahora a circular, recoge los procesos constitucionales realizados tras la transición democrática en República Dominicana.

El lector descubrirá en ella los elementos jurídicos, políticos y sociales que marcaron cada una de estas reformas, recogidos con precisión, sin escatimar detalles, y bajo un mismo hilo conductor que permite seguir los pasos firmes y en falso del constitucionalismo dominicano contemporáneo.

La metodología utilizada por los autores es sobria y sin espacio para desaciertos. El libro está dividido en cinco partes, una por cada reforma constitucional, estructuradas bajo una misma secuencia lógica: inician con una reseña histórica que relata los acontecimientos previos y simultáneos a la reforma; siguen con la transcripción íntegra del nuevo texto constitucional y de las demás disposiciones que sustentaron el proceso; y son complementadas con una serie de anexos que cristalizan las opiniones públicas enfrentadas del momento.

El resultado es una obra que, entre las categorías historiográficas, rebasa la historia convencional y se enmarca en la denominada historia del presente, pues se caracteriza por el diálogo entre la disciplina histórica y las ciencias sociales, con el propósito último de entender la complejidad de lo reciente.

En sus líneas, además, se hace evidente el ahínco de los autores por mantenerse al margen de lo relatado, a pesar de ser testigos generacionales de los eventos compilados o, incluso, en por lo menos uno de los casos, actores del proceso mismo.

Como elocuentemente resalta Ramonina Brea del Castillo, al referirse al proceso constitucional de 1994 en el prólogo de la primera edición: “Se agradece a los autores el cuidado de consignar el carácter polémico de la transacción que originó el otorgamiento o el recorte –término usado según la posición adoptada– de un período de dos años al mandato presidencial [del] Dr. Joaquín Balaguer”.

En esta parte también se encuentran detalles sobre el Pacto por la Democracia y la instancia presentada por el doctor Pina Acevedo, calificada por los autores como “la crítica más intensa a la reforma constitucional de 1994”, y la cual terminó siendo declarada inadmisible por la Suprema Corte de Justicia.

El capítulo dedicado a la Constitución de 2010 es igual de interesante. Además de analizar los sustanciales efectos jurídicos de la reforma, los autores recogen los ánimos manifestados en torno a la posibilidad de que el presidente Fernández buscara en el momento un tercer mandato consecutivo, sección que concluye, precisamente, con el discurso pronunciado por el mandatario el 8 de abril de 2011 para declinar la repostulación.

Ejercicios parecidos se hacen respecto a los procesos constitucionales de 2002 y 2015, sobre los cuales, si bien se tiene un interés jurídico disminuido en virtud de sus limitados alcances, se logra plasmar la alteración provocada por estos en el escenario político-partidario de la República Dominicana. En ambos casos se relata, por ejemplo, cómo la iniciativa de reforma fue introducida por un grupo de senadores y no por el Ejecutivo.

De la segunda edición aumentada, sobresale el capítulo sobre la reforma constitucional de 2024. Los autores desarrollan ampliamente la reseña histórica, la cual se retrotrae hasta el momento en que el presidente Abinader era candidato presidencial y en su plan de gobierno se esbozaban los elementos iniciales de esta.

De manera muy clara el lector podrá apreciar la evolución de la propuesta del Ejecutivo, la cual mutó al menos en tres ocasiones: en 2022, tras el diálogo sostenido en el Consejo Económico y Social; a inicios de agosto de 2024, tras el impulso de una nueva etapa de conversación institucional; y entre agosto y octubre del mismo año, estando la iniciativa en manos del Congreso Nacional y, posteriormente, de la Asamblea Nacional Revisora.

La obra de los Peralta Romero marca, sin dudas, un aporte de envergadura al acervo literario dominicano, la cual no solo está destinada a abogados y especialistas sino a toda persona con un mínimo de interés por comprender estos eventos que, de manera principal, han marcado el rumbo de la Nación.

Su grata y didáctica lectura probablemente se deba a la alquimia de sus autores, un periodista y escritor interesado por las ciencias sociales y un abogado con aptitudes para la lingüística y las artes, quienes, tras bastidores, comparten, además de sus genes, un peculiar sentido del humor michero.

Se advierte que la obra inicia en un tono reflexivo, como el de quien procura evitar los errores del pasado:

“Desde su nacimiento, en 1844, la República Dominicana ha sido azotada por los vientos de la inestabilidad política, los cuales (…) durante largos períodos lanzaron su furia sobre nuestra nación, marcando como zigzagueante su desarrollo institucional”.

Sin embargo, el prefacio de la segunda edición termina de forma prometedora:

“En la reforma introducida a la Constitución en 2024 nos encontramos con un hecho inédito en la historia constitucional dominicana: un presidente toma la iniciativa y pone todo su empeño, liderazgo y poder político con el propósito de, mediante una reforma constitucional, poner límites a sus atribuciones (…) Esta última reforma, probablemente marque un nuevo ritmo en la historia de modificaciones a la Constitución dominicana. Esperamos que así sea”.

Sirva este torpe intento de presentar tan acabada obra como una forma de agradecer, honrar y felicitar a los autores por su más que notable creación.

JPM