En la primera entrega analizamos cómo la caída de la natalidad, el envejecimiento acelerado y la pérdida de mayoría blanca están transformando la estructura demográfica de Estados Unidos, creando una presión creciente sobre la economía y sobre la capacidad del país para sostener su población activa.

En esta segunda parte examinaremos cómo esa transformación impacta la fuerza laboral, la reindustrialización, la política migratoria y el futuro político de la nación.

Porque para ningún observador socioeconómico y político es de extrañar que el discurso central de Donald Trump era hacer “América Grande otra vez” usando presión política para intentar recuperar la manufactura, y fortalecer la estructura industrial, con nuevas cadenas de suministro para competir con China, pero, él está olvidadando o mejor dicho olvidó que una fábrica no funciona solamente con capital: necesita personas.

Para tener una idea de lo que estamos tratando de explicar: El Bureau of Labor Statistics proyecta casi un millón de aperturas anuales en ocupaciones de producción entre 2024 y 2034, principalmente por jubilaciones y rotación laboral. En manufactura, los empleos de mecánicos industriales aumentarán en 41,200 puestos durante esa década, y para mecánicos en general, trabajadores de mantenimiento y millwrights, el organismo proyecta 54,200 aperturas anuales. La contradicción es evidente: la economía necesita más trabajadores justo cuando la política migratoria busca reducirlos.

Este nos presenta una aparente y extraordinaria contradicción si no vemos la parte racial y demográfica

En 2025, los trabajadores nacidos en el extranjero representaron 19.1% de toda la fuerza laboral civil estadounidense, una proporción que refleja la importancia estructural de la inmigración en el mercado laboral. Su participación laboral fue de 66.3%, frente a 61.6% entre los nacidos en Estados Unidos, lo que indica que los inmigrantes participan más activamente en la economía.

Esto no significa que todos los inmigrantes sean trabajadores calificados ni que la inmigración sea automáticamente una solución a todos los problemas laborales, pero sí significa que una quinta parte de la fuerza laboral estadounidense tiene origen extranjero. Reducir este componente tiene consecuencias económicas inevitables, especialmente en sectores donde la demanda de mano de obra es constante.

Ahora tenemos que entender que no es solamente cuántos inmigrantes pueden ser deportados, sino quién ocupará los puestos que quedarán vacantes y cuánto costará sustituirlos.

La economía estadounidense depende de trabajadores que no aparecen por decreto.

La Casa Blanca quiere traer de regreso las fábricas, producir más dentro del país y reducir la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, pero producir en Estados Unidos es más costoso que en economías con otras estructuras de costos. Una fábrica necesita tres cosas fundamentales: capital, tecnología y fuerza de trabajo (sea especializada, intelectualizada, etc..) y mientras el capital puede regresar y la tecnología puede comprarse o desarrollarse, pero los trabajadores no pueden fabricarse artificialmente ni tampoco la mecatrónica sustituirlos por así.

Por consiguiente la demografía vuelve a entrar por la puerta principal, dado que sin trabajadores suficientes la reindustrialización se convierte en un objetivo difícil de alcanzar. Estados Unidos está atrapado en una contradicción: tiene menos nacimientos, con una población que envejece, una necesidad creciente de trabajadores y una política migratoria que reduce una de sus principales fuentes de crecimiento en lo poblacional y laboral.

La población económicamente activa del futuro depende de las generaciones que nacen hoy, y esas generaciones están disminuyendo.

Por eso el debate migratorio no puede separarse de la realidad demográfica.

El inmigrante no es solamente el adulto que cruza una frontera, sino también su hijo y el hijo de ese hijo, que nacen en Estados Unidos y se convierten en ciudadanos estadounidenses. Millones de personas nacidas en Estados Unidos de familias inmigrantes forman parte del futuro del país y no pueden ser eliminadas mediante deportaciones o la negociación de su ciudadanía.

Esa población tiene derecho y votará aquí, y con ese voto entra el componente racial, trabajará, pagará impuestos, consumirá, servirá en las Fuerzas Armadas y ocupará posiciones de poder, influyendo en la definición de lo que será la nación.

Es por ello que, la demografía es también poder diferido, porque los cambios poblacionales de hoy se convierten en cambios políticos mañana.

Aunque sería de mi parte irresponsable afirmar, sin evidencia directa, que Donald Trump ejecuta una política migratoria exclusivamente para conservar la mayoría o supremacía blanca, pero sería ingenuo ignorar el contexto demográfico en el que esa política ocurre.

La población blanca no hispana podría representar menos de la mitad del país para 2060, lo que implica una pérdida de mayoría, en el congreso, las alcaldías, gobernaciones y cada junta distritales de jueces, fiscales, y policías.

Por eso es que debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto el endurecimiento migratorio es también una reacción política ante la velocidad del cambio demográfico?

Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, combatir la inmigración ilegal y establecer prioridades migratorias, pero reconocer ese derecho no obliga a ignorar las consecuencias demográficas de esas políticas.

La ley determina quién entra, pero la demografía determina qué sucede después, porque menos inmigración significa menos crecimiento, y menos nacimientos significa menos reemplazo. Pero más envejecimiento significa más presión laboral y un cambio en la composición racial significa un cambio en la estructura política en los distintos distritos a nivel nacional del país.

La discusión migratoria hay que analizarla en dos dimensiones: una jurídico-política y otra la demográfica.

En todo esto la primera pregunta es: ¿quién tiene derecho a estar dentro del territorio? mientras que la segunda sería ¿quiénes constituirán la nación del futuro?

El presidente Donald Trump ha convertido la inmigración en uno de los grandes campos de batalla de la política estadounidense, pero la verdadera batalla está ocurriendo en otro lugar: en las salas de maternidad, en las estadísticas de natalidad, en las fábricas que necesitan trabajadores, en las universidades que gradúan más extranjeros, formando técnicos e ingenieros, en los barrios donde crecen nuevas generaciones y en las urnas donde esos ciudadanos votarán.

La frontera determina quién entra, la política migratoria determina quién se queda, la natalidad determina quién nace y la economía determina quién puede trabajar, pero la demografía determina cuál será la nación.

Por eso la pregunta ya no puede ser solamente “¿A quién dejamos entrar?”, sino también “¿Qué en Estados Unidos estamos construyendo con quienes entran, con quienes nacen y con quienes ya están aquí?”.

Detrás de la batalla migratoria hay una batalla más silenciosa: una batalla por trabajadores, una batalla por ciudadanos, una batalla por generaciones, una batalla por el poder político y, en última instancia, una batalla por el futuro demográfico —entre las distintas etnias— del país.

POR LUISANNA LORA PERELLO

Luis Abinader ya no tiene otra elección presidencial que ganar. Tiene algo probablemente más complejo: dos años para decidir cómo quiere que sean recordados sus ocho años al frente de la República Dominicana.

Justo al cumplirse la mitad de su segundo y último mandato, el presidente ha movido piezas importantes de su Gobierno. Entre el 16 y el 17 de agosto, una sucesión de decretos ha tocado áreas tan distintas como Relaciones Exteriores, Vivienda, energía, tránsito, aviación civil, puertos, migración, primera infancia, desarrollo provincial, organismos de emergencia, mandos militares y, más recientemente, la dirección de la Policía Nacional.

No son movimientos menores. Tampoco todos pueden interpretarse de la misma manera.

Hay renuncias, retiros, ascensos, traslados y funcionarios que simplemente pasan de una institución a otra. En el ámbito militar, además, existen dinámicas propias de antigüedad y rotación que sería incorrecto equiparar con los cambios administrativos.

Por eso, reducir todo a una “barrida” gubernamental sería una lectura fácil.

Pero ignorar la dimensión política del momento también lo sería.

Abinader acaba de entrar en los últimos dos años de una Presidencia que constitucionalmente no puede prolongar mediante una nueva reelección consecutiva. Y cuando un gobernante llega a esa etapa, cambia inevitablemente la naturaleza del tiempo político.

Ya no se gobierna pensando solamente en la próxima elección. Se gobierna también pensando en lo que quedará.

Los decretos pueden cambiar funcionarios en cuestión de horas. Transformar instituciones, corregir deficiencias y recuperar confianza requieren mucho más que una firma.

Ese será el verdadero examen de estos movimientos.

Respuestas concretas

Porque algunos de los cambios ocurren precisamente en áreas donde el ciudadano espera respuestas concretas.

El tránsito continúa siendo uno de los grandes dolores de cabeza del país. El sistema eléctrico sigue enfrentando cuestionamientos por interrupciones, pérdidas y sostenibilidad financiera. La seguridad ciudadana permanece entre las principales preocupaciones de la población. Vivienda, migración y la eficiencia de los servicios públicos tampoco admiten únicamente cambios de nombres.

Por eso, dentro de seis meses importará mucho menos quién ocupó determinada oficina el 16 de agosto y mucho más qué comenzó a funcionar mejor después de su llegada.

Hay además un elemento interesante en esta reorganización: no todo es renovación.

Una parte importante consiste en redistribuir figuras que ya formaban parte de la administración.

Juan Manuel Méndez pasa del Centro de Operaciones de Emergencias al Intrant. Jean Luis Rodríguez deja la Autoridad Portuaria para asumir Vivienda. Víctor “Ito” Bisonó pasa a dirigir la política exterior. Joel Santos concentra nuevas responsabilidades en el estratégico sector eléctrico.

Más que sustituir completamente el equipo, Abinader parece estar reorganizando algunas de las piezas con las que pretende jugar la última parte del partido.

Y ahí surge una pregunta inevitable:

¿Estamos frente a una renovación del Gobierno o ante un intento de imprimir un nuevo ritmo utilizando buena parte del mismo capital político y administrativo?

La respuesta no puede darse hoy. Tendrá que construirse con resultados.

Pero existe otro reloj que también comenzó a correr.

Mientras Abinader entra en la etapa de su legado, dentro del Partido Revolucionario Moderno comienza inevitablemente a cobrar mayor fuerza la discusión sobre 2028. El presidente debe terminar su Gobierno mientras su organización política comienza a pensar en quién intentará sucederlo.

Son dos tiempos distintos coexistiendo dentro del mismo poder.

Uno mira hacia atrás y pregunta qué quedará.

El otro mira hacia adelante y pregunta quién sigue.

La capacidad de Abinader para evitar que la carrera sucesoria termine desplazando las prioridades gubernamentales será también parte de estos últimos dos años.

Porque uno de los mayores riesgos de cualquier segundo mandato sin posibilidad inmediata de reelección es que el calendario político comience a correr más rápido que el calendario de gestión.

Y todavía quedan demasiadas cosas por hacer como para permitirlo.

Los cambios anunciados pueden interpretarse como una oportunidad para relanzar áreas importantes de la administración. Los nuevos funcionarios merecen tiempo para demostrar si pueden hacerlo. Sería injusto juzgarlos antes de comenzar.

Pero también sería ingenuo pensar que cambiar titulares garantiza automáticamente mejores instituciones.

Un funcionario puede imprimir dirección, liderazgo y eficiencia. Pero cuando los problemas son estructurales, ninguna persona puede resolverlos únicamente ocupando una silla diferente.

Por eso, quizás la pregunta más importante después de esta reorganización no sea quién ganó poder ni quién lo perdió. Es otra:

¿Qué quiere corregir Luis Abinader antes de que se acabe el tiempo?

Dos años pueden parecer suficientes. En política y en administración pública no siempre lo son.

Grandes reformas requieren consensos. Las obras necesitan ejecución. Las instituciones necesitan procesos. Y recuperar la confianza ciudadana, cuando se deteriora, suele tomar mucho más tiempo del que necesita un decreto para cambiar un funcionario.

El 16 de agosto de 2028 llegará con o sin pendientes.

Ese día no habrá decreto capaz de modificar retrospectivamente el balance de ocho años de Gobierno.

Para entonces, muchos de los nombres que hoy ocupan titulares quizás hayan dejado de ser noticia. Lo que permanecerá será aquello que funcionó, las reformas que lograron consolidarse, las obras terminadas, las instituciones fortalecidas y también los problemas que el próximo Gobierno encuentre todavía sobre el escritorio.

Abinader ya no gobierna para conquistar otra reelección. Gobierna contra el reloj de su propio legado.

jpm-am

El discurso de despedida del ex director de la Policía Nacional general Andrés Modesto Cruz Cruz, ha encendido la pradera temática dominicana; el General, hoy retirado por el Poder Ejecutivo, dejó claro en su discurso que perdió el puesto por hacer lo correcto, durante su dirección de la institución.

Al general Cruz Cruz, a quien no conocemos, no pensamos defenderlo de la andanada de acusaciones que se desatado en su contra por sus afirmaciones; pero el hecho cierto de tantas acusaciones que salen a la luz un día después que él es relevado del cargo, nos llevan a reflexiones un poco más profundas.

¿Por qué sus detractores, esperaron su destitución para azuzar la jauría mediática pagada con dinero del Estado en su campaña de descrédito?

¿Por qué si le interesaba el puesto del Director de Policía, no usaron sus influencias sobre el Presidente Abinader para conseguirlo antes?

¿Cuáles callos pisó el General en el esquema del poder, para cosechar una destitución en solo 180 días de gestión?

Bueno, existen muchas preguntas más que formular, pero centremos nuestra atención en estas tres; en la primera, cuando hablamos de la “jauría mediática pagada” nos referimos al 80% de la prensa condicionada por los diez mil millones de pesos mensuales de publicidad del Poder Ejecutivo; salvo honrosas excepciones, ese dinero no condiciona la dirección de las noticias nacionales.

Ahora, ¿Por qué no se usó esa influencia mediática antes de la destitución? Pues porque no sabían, que partido tomaría el presidente Abinader.

En la segunda de nuestras preguntas, la respuesta es simple y está sombreada sobre la página principal; no tenían los argumentos básicos para convencer al Presidente de la necesaria destitución del general Cruz Cruz.

Este Director de la Policía Nacional, estaba pisando callos neurálgicos en el corrupto desempeño de los enclaves policiales; pero no había pisado nada que tuviera que ver con el Poder Ejecutivo, por esa razón continuaba en el cargo.

Cómo argumentar ante el Presidente que, el General jefe de Policía debía ser removido, porque había enviado a la justicia a dos generales envueltos en un alijo de 200 kilos de polvo blanco; ese callo duele, porque envuelve 30 millones de pesos.

Pero, cuando el general Cruz Cruz se opone a que se designe un administrador civil, para los fondos de la institución del orden, y que además se le asigne un rango de general, entonces se monta en el zapato del Poder Ejecutivo y pisa el callo del Presidente; esto motiva su destitución.

¿Es Andrés Modesto Cruz Cruz honesto? Bueno, por lo menos en el caso de la droga actuó como debía; y este solo hecho dejaba al desnudo, todo el entramado de los que desde la institución viven y se enriquecen con el flagelo que más daño hace a la sociedad.

Esto no es una defensa al General destituido; simplemente demostramos que no hay tal reforma policial; esa institución sigue siendo un campo de batalla para determinar quien conduce las redes de su pequeña corrupción, la gran corrupción, está en otro lugar.