Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Una denuncia no es el final de un trámite. Es el comienzo de una obligación pública. Cuando una persona acude a las autoridades después de sufrir un delito, necesita que se valore el riesgo, se investigue el hecho, se proteja su integridad y se le informe qué ocurre con su caso.

La seguridad ciudadana suele medirse mediante cifras de homicidios, robos, operativos y detenciones. Son indicadores necesarios, pero describen dimensiones distintas. La disminución de la tasa de homicidios constituye un avance que debe reconocerse. La tasa definitiva de homicidios de 2025 fue de 8.7 por cada 100,000 habitantes, correspondiente a 951 homicidios intencionales.

Para 2026, la Policía comunicó una tasa acumulada de 7.23 al 23 de octubre. Este último dato es parcial y no debe compararse como si fuera el cierre anual de 2025.

Reconocer ese progreso no significa considerar resuelto el problema. La tasa de homicidios no informa cuántas víctimas de otros delitos denunciaron, cuánto tardó la respuesta, cuántos casos fueron investigados ni cuántas personas recibieron protección. Tampoco permite saber si una víctima pudo continuar su vida sin quedar expuesta a nuevas amenazas.

La experiencia de denunciar merece atención propia. La ENHOGAR 2022 de la Oficina Nacional de Estadística encontró que, entre 881 personas de 15 años o más que denunciaron ante la Policía u otra autoridad competente el último robo con violencia del que fueron víctimas, el 39.8 % declaró estar insatisfecha con el manejo de la denuncia y el 39.0 % muy insatisfecha. En conjunto, el 78.8 % expresó insatisfacción.

Es un dato histórico, limitado a quienes denunciaron ese tipo de hecho y respondieron sobre su satisfacción. No representa a todas las víctimas ni a todos los delitos, pero plantea una pregunta que las estadísticas de criminalidad no responden: ¿qué sucede después de denunciar?

La respuesta exige seguir cada caso. La Policía Nacional recibe denuncias y realiza labores de prevención e investigación. La Dirección Central de Investigación (DICRIM) desarrolla actuaciones especializadas de investigación policial, bajo la dirección legal del Ministerio Público, al que corresponde dirigir la investigación penal.

Lo que debe poder verificarse es cómo se conectan esas funciones: quién recibe el hecho, quién evalúa el riesgo, a qué unidad se asigna, qué diligencias se realizan, cuándo interviene el fiscal y qué información recibe la víctima.

El informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a enero-septiembre de 2026, registró 40,589 denuncias como «resueltas», equivalentes al 91.4 % de la meta programada de 44,400. Son cifras preliminares, imputadas al 30 de septiembre y registradas al 15 de octubre.

La tabla identifica el producto como «Ciudadanos querellantes reciben atención policial» y la unidad de medida como «Cantidad de denuncias resueltas», pero no presenta allí la definición operativa del indicador. Por tanto, la cifra no demuestra que 40,589 delitos fueran esclarecidos, que sus responsables fueran identificados o que las víctimas quedaran protegidas. Para evaluar el resultado se necesita conocer la definición, el universo contabilizado y la trayectoria posterior de esos casos.

El país cuenta con una arquitectura de coordinación que incluye el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante el Decreto 645-21, y mecanismos operativos interinstitucionales. El decreto no se limita a establecer una estructura: contempla funciones de coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación de las políticas y planes, así como obligaciones de rendición de cuentas.

Su existencia formal acredita un marco de organización; no demuestra, por sí sola, que los acuerdos se ejecuten ni que produzcan resultados. La pregunta es si cada función tiene un responsable identificable, recursos, autoridad, plazo y evaluación.

Por eso, el Estado debe publicar indicadores que permitan seguir los casos sin revelar datos personales: denuncias recibidas; investigaciones iniciadas y concluidas; tiempos entre denuncia, asignación y primera diligencia; casos remitidos al Ministerio Público; acusaciones y decisiones judiciales; medidas de protección solicitadas y otorgadas; y mecanismos de información y atención a las víctimas.

Esos indicadores deben permitir seguir cohortes de denuncias, mediante datos anonimizados a través de las distintas etapas, con denominadores compatibles y criterios uniformes de registro. Cada cifra debe identificar período, territorio, tipo de delito, unidad de conteo y metodología.

La Policía Nacional debe rendir cuentas sobre recepción, respuesta, prevención e investigación policial; el Ministerio Público, sobre la dirección de la investigación y las decisiones procesales; y el Poder Judicial, sobre la duración y los resultados de los procesos. El Ministerio de Interior y Policía debe explicar cómo coordina el sistema y supervisa los compromisos. Los ayuntamientos, dentro de sus competencias, deben informar sobre las acciones preventivas territoriales que ejecutan y sus resultados. Coordinar no puede significar que la responsabilidad se diluya.

La prevención sigue siendo indispensable: responder después del delito no sustituye la obligación de reducir los riesgos antes de que ocurra. Tampoco basta con patrullar más, celebrar reuniones o registrar denuncias. Hay que saber si las intervenciones reducen la victimización, si la investigación produce evidencia útil y si las víctimas reciben protección oportuna. El presupuesto ejecutado y los operativos realizados son indicadores de gestión, no pruebas automáticas de impacto.

La seguridad se debilita cuando denunciar se convierte en una gestión sin respuesta, cuando la persona debe perseguir información o cuando teme que colaborar la deje más expuesta. No afirmamos que esto ocurra en todos los casos. Sostenemos algo más preciso: los indicadores públicos examinados no permiten reconstruir de manera integrada el recorrido de la víctima desde la denuncia hasta la investigación, la protección y el resultado judicial.

Una República segura no se limita a reducir homicidios. También garantiza que, cuando alguien denuncia una agresión, la autoridad competente actúe, explique, proteja y responda por el curso del caso. La denuncia no debe ser el punto en que termina la atención del Estado. Debe ser el punto en que comienza a hacerse verificable.

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