Desde el momento mismo en que inició su gestión el presente gobierno, la reforma policial se ha querido presentar como uno de sus grandes logros y principal estandarte.

Se han anunciado transformaciones profundas, se han contratado asesores nacionales e internacionales, se crearon comisiones, se celebraron foros y se destinaron miles de millones de pesos del presupuesto nacional con la promesa de construir una Policía Nacional moderna, profesional, eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, la realidad que viven los dominicanos cuenta una historia muy distinta.

La reciente muerte del joven Darlin Mercado en Herrera ha vuelto a sacudir la conciencia nacional y a desnudar una verdad que el Gobierno intenta ocultar bajo una intensa campaña de comunicación: la reforma policial no ha producido los resultados prometidos, a pesar de los miles de millones ($) destinados para tales fines.

Cuando después de tantos recursos invertidos continúan ocurriendo hechos que cuestionan el uso de la fuerza, el respeto al debido proceso y la capacidad institucional para garantizar la seguridad ciudadana, es evidente que el problema no es de percepción, es un problema de gestión, de ejecución y de liderazgo.

El Gobierno ha preferido vender una imagen de transformación antes que presentar resultados medibles. Ha invertido más tiempo en construir un relato que en garantizar que los cambios lleguen a las calles, donde los ciudadanos siguen sintiendo miedo, incertidumbre y desconfianza.

No podemos, bajo ningún concepto, pretender sustituir los procedimientos policiales por procesos de ejecución. Este principio no admite matices ni justificaciones.

La Policía Nacional existe para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía, capturar a quienes infringen la ley y ponerlos a disposición de la justicia. Cuando un Estado permite que ese límite se desdibuje, también pone en riesgo los fundamentos del Estado de derecho y de la democracia.

Combatir la delincuencia exige firmeza, pero nunca al margen de la Constitución ni de las leyes. Un gobierno responsable no puede medir el éxito de su política de seguridad por la cantidad de operativos o por las estadísticas que presenta semanalmente.

Debe hacerlo por la confianza que inspire en la población, por la profesionalización de sus agentes y por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

La muerte del joven Darlin Mercado no puede convertirse en una estadística más ni en un episodio pasajero. Debe servir para evaluar con objetividad una reforma policial que, pese a los recursos invertidos, continúa sin ofrecer las garantías que demanda la sociedad dominicana.

El país merece mucho más que discursos optimistas y campañas publicitarias.

Los dominicanos necesitan una reforma policial que produzca resultados reales; instituciones que funcionen con eficiencia y transparencia; agentes comprometidos con el cumplimiento de la ley y un Gobierno que entienda que la confianza ciudadana no se compra con propaganda, sino que se conquista con hechos.

Después de miles de millones invertidos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los resultados?

Esa es la interrogante que el Gobierno aún no ha podido responder de manera convincente. Y mientras no pueda hacerlo con hechos verificables y no con discursos, la reforma policial continuará siendo el ejemplo más evidente de una promesa que consumió enormes recursos públicos sin traducirse en la transformación que esperaba el pueblo dominicano.

Las naciones no pierden primero su territorio; pierden su libertad de elegir. La dependencia económica comienza el día en que otros deciden cuáles aliados son permitidos y cuáles deben convertirse en enemigos. El lenguaje diplomático no acostumbra impartir órdenes; establece prioridades. No amenaza de manera abierta; envía señales que los interlocutores saben interpretar. En geopolítica, muchas veces el mensaje más importante no se escucha: se descifra.

Partiendo de esa premisa, cabe formular una hipótesis que merece ser analizada. Después del encuentro celebrado en Miami el 5 de noviembre de 2025, comenzó a observarse en la República Dominicana una sucesión de acontecimientos que afectaron principalmente a inversionistas y comerciantes de origen chino. Paralelamente, desde Washington se mantenía un discurso orientado a limitar la expansión estratégica de China en América Latina y el Caribe, posición que figuras como Marco Rubio habían sostenido desde años anteriores.

A partir de ese momento coincidieron varios hechos: actuaciones administrativas contra negocios vinculados a ciudadanos chinos, cuestionamientos públicos sobre presuntas irregularidades aduaneras, cambios en instituciones relacionadas con el comercio y la industria, así como revisiones de permisos previamente otorgados. Al mismo tiempo, algunos proyectos de inversión perdieron dinamismo, determinados inversionistas desistieron de continuar sus planes y el mercado de terrenos destinados al desarrollo industrial experimentó una desaceleración.

Cada uno de estos acontecimientos, observado de manera individual, puede tener una explicación propia. Sin embargo, cuando se analizan dentro del contexto de la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, surge una interrogante legítima: ¿fueron únicamente decisiones internas o formaron parte de un proceso de alineamiento con nuevas prioridades geopolíticas?

No se trata de afirmar la existencia de una instrucción expresa ni de sostener que hubo una orden formal. La diplomacia moderna rara vez funciona de esa manera. Las grandes potencias transmiten sus expectativas mediante señales políticas, incentivos económicos y definiciones estratégicas que sus aliados comprenden sin necesidad de comunicados explícitos.

La política internacional contemporánea ha convertido los instrumentos económicos en herramientas de influencia. Los aranceles, las restricciones comerciales y las condiciones para la inversión pueden transformarse en mecanismos de presión para premiar determinadas conductas o elevar el costo de decisiones consideradas inconvenientes.

Por ello, la llamada «hipótesis de Miami» no pretende ofrecer una verdad definitiva, sino abrir una línea de análisis. Si esta sucesión de acontecimientos fue producto de simples coincidencias, el tiempo y la evidencia lo demostrarán. Pero si formó parte de un proceso de reacomodo geopolítico en el Caribe, la historia terminará revelando que las decisiones más importantes nunca fueron pronunciadas en público: fueron comprendidas por quienes debían comprenderlas.

La historia demuestra que ninguna nación alcanza el desarrollo industrial aceptando que otros definan con quién puede comerciar, invertir o desarrollar tecnología. La soberanía económica comienza cuando un país conserva la libertad de escoger sus socios conforme a sus propios intereses nacionales.

Si la República Dominicana renuncia, por presiones externas o por exceso de alineamiento, a aprovechar las oportunidades de inversión, tecnología y capacidad industrial que ofrecen distintas potencias, corre el riesgo de hipotecar su futuro productivo. En un mundo multipolar, el desarrollo no consiste en cerrar puertas, sino en abrirlas con inteligencia, diversificando alianzas sin comprometer la independencia nacional.

Los imperios pasan; los intereses nacionales permanecen. Los gobiernos cambian; las oportunidades perdidas difícilmente regresan. Porque una nación que permite que otros diseñen su estrategia económica corre el riesgo de dejar de ser protagonista de su propio desarrollo para convertirse en espectadora del progreso ajeno.

La verdadera independencia del siglo XXI no se medirá únicamente por la defensa del territorio, sino por la capacidad de una nación para decidir libremente con quién construye su futuro y con quién comparte su destino.