POR JULIO MARTINEZ

El debate público en República Dominicana sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales las sanciones contra relaciones homosexuales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se ha desviado peligrosamente hacia la moral y las costumbres.

Mientras los opinólogos discuten acaloradamente si debe o no permitirse esta conducta en instituciones «sacrosantas», están ignorando el elefante en la habitación: dos comandantes militares acaban de anunciar públicamente, delante del Presidente de la República, que desafiarán una sentencia del máximo tribunal del país. Y el silencio presidencial ante este desacato es ensordecedor.

No se trata de si usted está de acuerdo o no con las relaciones homosexuales. No se trata de si las iglesias aprueban o rechazan la decisión. El problema fundamental es que el Ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, y el Director de la Policía Nacional, Ramón Guzmán Peralta, han declarado abiertamente que continuarán aplicando disposiciones que el Tribunal Constitucional declaró violatorias de la Constitución. Esto no es una diferencia de opinión teológica o moral; esto es un golpe directo a la estructura normativa del Estado dominicano.

El Artículo 184 de la Constitución dominicana establece con meridiana claridad que el Tribunal Constitucional es el «órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad» y que sus decisiones son «definitivas e irrevocables» y «constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos». No dice «vinculantes excepto para los militares». No dice «vinculantes a menos que las iglesias no estén de acuerdo». Dice vinculantes para TODOS los poderes públicos. Sin excepciones.

Cuando el Ministro de Defensa dice «las Fuerzas Armadas continuarán aplicando su código disciplinario sin distinción», está declarando que su institución está por encima de la Constitución y de sus intérpretes oficiales. Cuando el Director de la Policía insiste en que «esos reglamentos internos hay que respetarlos», está diciendo que los reglamentos internos de la Policía tienen más jerarquía que la Constitución de la República. Esto no es defender valores tradicionales; esto es subvertir el orden constitucional.

Y aquí viene la parte más grave: estas declaraciones se hicieron durante el encuentro de los lunes del Presidente Luis Abinader con los medios en el Palacio Nacional. No fueron dichas a escondidas ni en privado. Fueron proclamadas públicamente, delante del Jefe de Estado, quien según el Artículo 128 de la Constitución es el «Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los demás cuerpos de seguridad del Estado».

¿Y cuál fue la respuesta presidencial? Silencio absoluto. Ni corrección, ni llamado al orden, ni recordatorio de que en una democracia constitucional nadie decide selectivamente qué sentencias judiciales acatar.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están subordinadas al poder civil. Este principio no es una sugerencia ni una cortesía democrática; es un pilar fundamental de todo Estado de Derecho. El Artículo 255 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas están «al servicio de la Nación» y que su actuación debe realizarse «con apego estricto a la Constitución y a las leyes». No dice «con apego a la Constitución excepto en temas morales». Dice apego estricto, punto.

Este desafío institucional sienta un precedente devastador. Si permitimos que las instituciones armadas decidan qué sentencias del Tribunal Constitucional acatar y cuáles ignorar, ¿qué sigue? ¿Podrán ignorar sentencias sobre corrupción militar si no les gustan? ¿Sobre abusos de autoridad? ¿Sobre violaciones de derechos humanos? Una vez que abrimos la puerta a la desobediencia selectiva de decisiones judiciales, el estado de derecho colapsa. No gradualmente, sino de inmediato.

La mayoría de los comentaristas se ha ido por la rama, debatiendo si es apropiado o no que militares y policías tengan relaciones homosexuales. Están discutiendo el árbol y perdiendo de vista el bosque. El bosque es esto: estamos presenciando la vulneración del debido proceso constitucional y la fractura de la jerarquía normativa del sistema. El Tribunal Constitucional ejerció su función constitucional de revisar normas y declararlas inconstitucionales. Punto. Esa decisión es la ley suprema. No está sujeta a referéndum popular ni a aprobación eclesiástica ni a veto militar.

Para ser absolutamente claro: la sentencia del TC no dice que los militares deben casarse con personas del mismo sexo. No dice que deben promocionar la homosexualidad. No ordena desfiles en los cuarteles. Simplemente establece que el Estado no puede sancionar penalmente lo que dos adultos consientan hacer en la privacidad de sus hogares. Eso es todo. Y si alguien considera que eso viola la disciplina militar, el camino es reformar la Constitución mediante el proceso establecido en el Artículo 272, no declararse en rebeldía institucional.

El Presidente Abinader tiene la obligación constitucional e histórica de corregir inmediatamente este desafío. No puede permitir que sus subordinados militares establezcan el precedente de que las decisiones del Tribunal Constitucional son opcionales. Si lo permite, no solo traicionará su juramento de defender la Constitución, sino que habrá puesto la primera piedra en el camino hacia la desintegración del orden democrático dominicano. En una democracia, nadie —absolutamente nadie— está por encima de la ley. Ni siquiera los que llevan uniforme.

jpm-am

¿Podrían en términos reales la extradición y entrega voluntaria de militantes de partidos políticos a las autoridades norteamericanas tener una repercusión electoral significativa?

Mi opinión es la siguiente: 1. Los electores dominicanos ya están muy familiarizados de enterarse de que en los tres principales partidos (PRM, PLD y LFP), han hecho vida política gente vinculada al narco y al lavado de dinero desde hace ya un buen tiempo. Y 2. Al los electores no sonrojarse con ver cada vez más políticos involucrados al narco y el lavado, ya no perciben ninguna diferenciación entre esos tres partidos.

Así que la mayoría de los ciudadanos no advierte ninguna diferencia entre los principales partidos políticos.

Siendo así, la mayoría de los que se decidan asistir a votar en el 2028, es claro que lo haría bajo la lógica de hacerlo sin importarles a qué partidos pertenecen los candidatos, incluso si hay algunos señalados de tener vínculos con el narco, el lavado de activos o como corruptos.

Ejemplos hay varios en la actualidad, donde algunos funcionarios que fueron electos en las pasadas elecciones, eran señalados con esos tres tipos penales, y aún así ganaron los puestos que aspiraban. ¿A base dinero? Probablemente, lo cual no es extraño, si se trata de un mercado electoral caracterizado precisamente por el clientelismo.

Además de este tema del narco, los tres partidos se acostumbraron a tener gente señalada como corruptos, y ninguno, asumiendo el maquiavelismo de que en política se barre siempre hacía adentro, y necesitando el apoyo financiero que esos personajes suelen aportar, nadie está dispuesto a evitar que lleguen con todo el dinero que pueden aportar.

Ya hemos visto lo que está pasando con este gobierno y los casos de corrupción (como pasó con el PLD), y la cantidad razonable de gente vinculada al PRM que está siendo solicitada en extradición o se está entregando voluntariamente a la DEA, por ser acusada de participar en actividades del narco y/o el lavado de dinero.

Ya vimos el desastre de corrupción que nos legaron los gobiernos del PLD, sin que haya expulsiones ejemplares.

Y en la LFP hemos visto como les han regalado asientos en importantes organismos de ese partido, a gente también altamente cuestionada. Sin dejar de mencionar a la gente que logró ganar en las internas de LFP para escoger esa dirección, también con graves problemas de cuestionamiento.

Tres partidos con miembros señalados, ya sea por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Y eso lo saben los votantes. Así que, lo que se puede proyectar, es que si esto llegara a tener algún tipo de impacto electoral, sería en el universo de los que están hábiles para votar, cayendo aún más la participación del 46%.

Es decir, ésta vergüenza al sistema de partidos podría ocasionar una subida aún mayor de la abstención electoral que fue del 46% en las elecciones pasadas. Que más personas, especialmente de la clase media que sí votó en el 2024, en el 2028 no vean ningún motivo para ir a votar por candidatos de tres partidos que no hacen absolutamente nada para adecentar la política.

Y si sube el ausentismo electoral, ello sólo le conviene al que está en el gobierno, que es el que maneja una nómina pública a base de más y más deuda pública; que regala dinero a través de nominillas y nóminas ocultas; que dilapida dinero por medio de miles de botellas que benefician a gente que cobra sin trabajar; que obsequia pensiones a diestra y siniestra a militantes del partido y partidos aliados; que reparte contratos de publicidad totalmente innecesarios a seudo comunicadores, influencers y comunicadores, lo cual le da una ventaja comparativa frente a sus rivales de la oposición.

Así las cosas, las entregas voluntarias y las extradiciones continuarán. Pero no creo que ello sea la clave para que el partido que tenga más entrega y extradiciones de gente de su militancia, sea el que termine más perjudicado, porque los otros dos también tienen otros tantos personajes, que también son señalados con otros tipos penales no menos graves.

Y si finalmente estas entregas voluntarias y extradiciones proyectan un aumento importante del ausentismo electoral (46% elecciones pasadas), el costo de la campaña subirá significativamente, pues partidos y candidatos clientelistas, tendrán que emplear muchísimo más recursos para poder convencer un electorado (80%) que ya se acostumbró a ponerle precio a su voto.

Con esa realidad golpeandonos de frente, ¿Qué sentido tiene que una persona decente y sin recursos económicos, intente alcanzar una posición electiva con una candidatura, ya sea por uno de esos tres partidos, o de manera independiente?