Por CARLOS SALCEDO

En apenas seis décadas, la República Dominicana ha transitado de una economía cerrada y dependiente a una plataforma abierta, interconectada y global. En ese recorrido, el país ha construido una arquitectura jurídica y económica orientada a atraer inversión, fortalecer la competitividad y promover la libre empresa.

Sin embargo, en medio de esa evolución, la Ley sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, núm. 173 de 1966, ha permanecido casi intacta, anclada en un tiempo que ya no existe, pero cuyas tensiones siguen vivas.

La norma fue concebida con una finalidad loable: proteger al empresario dominicano frente a las grandes corporaciones extranjeras, en un contexto donde la desigualdad contractual era una amenaza cierta.

Aquella protección, legítima en su origen, permitió que surgiera una clase empresarial con capacidad de negociación, representación y expansión comercial. Pero el país cambió. Hoy, la República Dominicana forma parte del DR-CAFTA, del CARICOM y de varios tratados bilaterales de inversión; recibe más de cuatro mil millones de dólares anuales en inversión extranjera directa; y compite por atraer capital y tecnología en un entorno de movilidad de bienes, servicios e información sin precedentes.

Esa nueva realidad demanda un marco jurídico moderno, equilibrado y coherente con los principios constitucionales de libertad de empresa, seguridad jurídica e igualdad ante la ley (arts. 39, 68, 69, 6 y 50 de la Constitución).

Pero la respuesta no puede ser una desprotección total del agente o representante nacional. Reformar la Ley 173 no implica desmantelar su espíritu original, sino adaptarlo a las condiciones del siglo XXI: un contexto donde la vulnerabilidad del empresario dominicano no ha desaparecido, sino que ha mutado.

Una nueva forma de desigualdad

La globalización contractual ha introducido prácticas que, en nombre de la libre contratación, generan nuevas asimetrías. Cada vez más, los contratos de representación y distribución incluyen cláusulas arbitrales y de elección de jurisdicción extranjera que trasladan cualquier controversia fuera del país, muchas veces hacia foros lejanos, costosos y de difícil acceso.

No se trata solo de un tema económico. Litigar en Pekín, Miami o Londres supone para un agente dominicano no solo una desventaja financiera, sino jurídica y cultural. Los costos procesales, las diferencias idiomáticas, los marcos legales distintos y, en algunos casos, los sistemas judiciales sin independencia real -como el de la República Popular China- hacen prácticamente imposible ejercer los derechos con las debidas garantías de igualdad y seguridad jurídica.

De ese modo, lo que debía ser libertad contractual se convierte en una forma moderna de subordinación económica. Las jurisdicciones extranjeras y las cláusulas arbitrales, cuando se imponen sin equilibrio ni posibilidad de revisión judicial efectiva, se transforman en instrumentos de exclusión.

Y esa separación afecta no solo al agente, sino a la coherencia misma del Estado de derecho, que pierde jurisdicción sobre actividades económicas desarrolladas en su propio territorio.

La reforma necesaria

La modernización de la Ley 173 debe orientarse a restaurar el equilibrio contractual, no a eliminarlo. En términos prácticos, una reforma responsable debería sustentarse en cuatro pilares fundamentales:

1- Jurisdicción nacional preferente. Los contratos de representación o agencia firmados con agentes dominicanos deben someterse, por regla general, a la jurisdicción dominicana. Solo mediante consentimiento expreso, informado y equilibrado debería permitirse la elección de un foro extranjero.

2- Compensaciones razonables y objetivas. El actual sistema de indemnizaciones puede sustituirse por un esquema proporcional que tome en cuenta la inversión realizada, la clientela creada y la duración del vínculo contractual.

3- Mecanismos alternativos accesibles. El arbitraje y la mediación deben conservarse, pero bajo normas locales o regionales, con costos razonables y garantías de imparcialidad.

4- Compatibilidad con los compromisos internacionales. La reforma debe armonizarse con los principios del DR-CAFTA y los tratados de inversión, que promueven un trato justo y equitativo sin menoscabar la soberanía jurisdiccional del Estado.

Modernizar no significa renunciar. Amerita asegurar que la República Dominicana continúe siendo un destino confiable para la inversión, sin sacrificar la justicia en casa. Un país que aspira a atraer capital debe proyectar previsibilidad, pero también proteger a quienes generan valor localmente.

La coherencia entre apertura y soberanía

La coexistencia de normas desfasadas y cláusulas contractuales abusivas revela un déficit de coherencia entre la política económica y el derecho comercial dominicano.

Mientras el Estado promueve la competitividad y la atracción de capital, el marco jurídico mantiene disposiciones contradictorias: por un lado, una ley rígida y antigua; por otro, contratos internacionales que excluyen al país de su propia jurisdicción.

La verdadera modernización no radica en desmontar la protección, sino en rediseñarla con visión constitucional. La libertad de empresa, como dispone el artículo 50 de la Constitución, no es absoluta; debe ejercerse conforme al interés general y bajo condiciones de igualdad jurídica.

De igual modo, la seguridad jurídica implica que ningún dominicano quede en estado de indefensión frente a un contrato que lo obliga a litigar en territorios donde el derecho cede ante el poder político o económico.

Proteger con justicia

Reformar la Ley 173 no es un gesto técnico, sino una decisión de política jurídica y económica. Significa asumir que la apertura comercial requiere reglas claras, previsibles y equitativas. Significa reconocer que el empresario nacional merece protección razonable frente a cláusulas abusivas, sin obstaculizar la inversión.

A casi sesenta años de su promulgación, la Ley 173 debe transformarse en una norma moderna, equilibrada y constitucionalmente coherente. Una ley que garantice confianza a los inversionistas y justicia a los representantes. Que conjugue apertura con soberanía, competitividad con dignidad jurídica.

Porque el desarrollo no se mide solo en cifras de inversión extranjera, sino en la capacidad de un país para asegurar que la justicia no se negocie con desequilibrios que desdigan de esta.

jpm-am

En República Dominicana, el apagón no es solo una falla técnica. Es una forma de presión. Un lenguaje de poder. Un grito sin voz que dice: “Si no paga, te apago.” 

En los años 50, bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, el país vivía entre sombras. Las tarifas subían, la luz se iba, y el pueblo respondía con rabia: “Lo que no sirve se bota.” La red eléctrica era precaria, las plantas pequeñas, y los apagones frecuentes.

Cuando Trujillo descubrió que los propietarios estadounidenses de la Compañía Eléctrica Dominicana aumentaban tarifas en barrios pobres, no negoció: ordenó. En enero de 1955, el Estado adquirió la empresa. Nació la CDE.

Pero la nacionalización no trajo luz. Llegaron los chantajes sindicales, los sabotajes políticos, la corrupción administrativa. SITRACODE boicoteaba el servicio por intereses partidistas. La CDE se convirtió en botín: sobreprecios, clientelismo, y apagones como castigo. Los medios de comunicación reseñaron los niveles de corrupción que envolvieron a la empresa. ¡La dejaron cuasi quebrada!

Décadas después, en 1999, el gobierno de Leonel Fernández privatizó la CDE. La promesa era modernización. Lo que vino fue otra forma de chantaje. Los generadores privados, dueños de casi toda la producción eléctrica, aprendieron rápido el arte de la presión: “Si no me pagas el subsidio, te apago.” “Si no apruebas mi concesión, te apago.” “Si no me das lo que pido, apago al pueblo.”

Amenaza

El apagón dejó de ser falla. Se convirtió en mensaje. En amenaza. En herramienta de negociación. La electricidad, que debería ser derecho, se volvió rehén. Y el pueblo, que antes gritaba “lo que no sirve se bota”, hoy paga por lo que sirve… pero se apaga.

No es casualidad que los apagones aumenten cuando hay conflictos entre el gobierno y los generadores. No es coincidencia que la luz se vaya cuando se discuten contratos, subsidios, tarifas o campaña electorales.

Es estrategia. Es presión. Es chantaje. Y lo más grave: es normalizado. Ahora arece repetirse la historia. Hoy, apagones en los barrios pobres con un servicio deficiente.

¿Quién tiene el interruptor? El pueblo no controla el interruptor. El Estado lo cedió. Los empresarios lo negocian. Y mientras tanto, la oscuridad se reparte por sectores, por horarios, por castigos. No por falta de energía, sino por exceso de intereses.

¿Hasta cuándo seguiremos pagando con apagones lo que otros negocian con luz?

¿Hasta cuándo el chantaje será política energética?

¿Hasta cuándo el pueblo será rehén de un sistema que se enciende solo cuando conviene?

La luz no es privilegio. Es derecho. Y el apagón, cuando se usa como presión, no es falla: es violencia.

jpm-am

Contexto de las remesas y migración en Latinoamérica

Las remesas han adquirido un papel protagónico en la economía de muchos países latinoamericanos, llegando a representar porcentajes significativos del Producto Interno Bruto (PIB) en naciones como El Salvador, Honduras, Guatemala, México y República Dominicana.

Cada año, millones de familias dependen de las transferencias de sus parientes que, en busca de mejores oportunidades, han debido emigrar. Sin embargo, detrás de las cifras récord de remesas recibidas, subyace una realidad que rara vez se aborda con la crudeza que merece: el éxodo masivo de ciudadanos no es solo una “válvula de escape”, sino una señal inequívoca del fracaso de los Estados para garantizar oportunidades dignas y sostenibles a su población.

¿Orgullo nacional o síntoma de carencias estructurales?

En el discurso político y mediático, las remesas suelen presentarse como motivo de orgullo nacional: “nuestros migrantes triunfan en el exterior y sostienen a sus familias”.

Pero esta narrativa omite el trasfondo doloroso del fenómeno. Las remesas, lejos de reflejar únicamente la resiliencia y solidaridad de quienes migran, evidencian la incapacidad de los gobiernos para retener talento y ofrecer las mínimas condiciones de vida dignas.

Cada euro, cada dólar que entra del extranjero, representa una oportunidad que el país de origen fue incapaz de brindar. Aplaudir el flujo de remesas sin cuestionar sus causas es, en última instancia, celebrar la emigración forzada de nuestros ciudadanos.

La ausencia de políticas para revertir el éxodo

A pesar del peso de las remesas en las economías nacionales, la mayoría de los países latinoamericanos carecen de políticas públicas efectivas para revertir el éxodo o, al menos, canalizar el potencial transformador de estos recursos.

Los programas de retorno suelen ser simples fachadas, sin estrategias para crear empleo digno, insuficientes o ineficaces. Peor aún, muchos gobiernos han normalizado la dependencia de las remesas, incorporándolas en sus proyecciones económicas y relegando la responsabilidad de generar oportunidades a quienes deciden quedarse.

Esta inacción perpetúa el círculo vicioso de la migración y la dependencia externa.

El caso del ‘barrilito’ y el ‘cofrecito’ en RD

Un ejemplo paradigmático de la desconexión entre fondos públicos y desarrollo productivo es el uso de asignaciones legislativas en República Dominicana, conocidas como el “barrilito” y el “cofrecito”.

Estos mecanismos, originalmente creados para financiar obras sociales en las comunidades que representan los legisladores, han sido ampliamente cuestionados por su falta de transparencia y su utilización clientelar.

En vez de convertirse en motores de desarrollo, estos fondos regularmente terminan diluyéndose en proyectos personales de escaso o ningún  impacto o en prácticas que perpetúan la dependencia política.

Este modelo evidencia la necesidad de repensar cómo se utilizan los recursos públicos para fomentar un desarrollo sostenible y equitativo.

Propuesta:

Programa de inversión conjunta de remesas y fondos legislativos

Frente a este escenario, es necesario dignificar las remesas y transformar su función en la economía nacional. Una vía innovadora consiste en articular un programa de inversión conjunta que combine el flujo de remesas con fondos asignados a legisladores, como el “barrilito” y el “cofrecito”.

La idea es sencilla pero ambiciosa: crear un fondo mixto que financie proyectos productivos de alto impacto, gestionados por los propios receptores de remesas en sus comunidades de origen. De este modo, se pasaría del asistencialismo a la generación de riqueza y empleo local.

Invernaderos hidropónicos en zonas áridas y en la frontera

Un ejemplo concreto de esta propuesta sería el financiamiento de invernaderos hidropónicos en regiones áridas o semiáridas, donde la agricultura tradicional enfrenta severas limitaciones.

Mediante la combinación de remesas , fondos legislativos y subsidio gubernamentales, se podría crear una red de pequeños empresarios agrícolas a lo largo de la frontera con Haití,   enlazados con una vía ferroviaria desde el puerto de Manzanillo en Montecristi, hasta el de Pedernales, gestionados por familias que hasta ahora sólo recibían dinero del exterior.

Los invernaderos hidropónicos permiten producir alimentos de alto valor añadido con un uso eficiente de  los fertilizantes y el agua, goteo, (sistema Venturi), generando empleos a ambos lados de la frontera, dinamizando la economía local con el potencial de exportar el excedente.

Además, este tipo de proyectos pueden ser escalables y replicables en distintas regiones del país. En este caso específico, pudiéramos integrar el CESFRONT añadiendo un toque de seguridad fronteriza al proyecto.

De receptores de remesas a empresarios

El paso de receptores de remesas a empresarios locales conlleva múltiples beneficios. En primer lugar, dignifica el esfuerzo de los migrantes, pues sus aportes dejan de ser simples transferencias de consumo y se convierten en inversiones productivas.

En segundo lugar, reduce la dependencia de las familias respecto al envío de dinero, generando autonomía económica. Finalmente, fomenta la cohesión social y el arraigo, pues ofrece razones concretas para permanecer en la comunidad y contribuir a su desarrollo.

Esta estrategia permitiría transformar el círculo vicioso de la migración en un círculo virtuoso de inversión, innovación y empleo.

Conclusión:

Llamado a la acción y reflexión

Es hora de dejar de celebrar las remesas como símbolo de éxito y empezar a verlas como lo que realmente son: un síntoma del fracaso de nuestros gobiernos para ofrecer oportunidades a su gente.

La dignificación de las remesas pasa por convertirlas en palanca para el desarrollo local, mediante políticas públicas innovadoras y alianzas estratégicas con los propios migrantes y sus familias.

Solo así podremos romper la dependencia estructural, revertir el éxodo y construir sociedades más justas, prósperas y cohesionadas. El desafío está servido; corresponde al gobierno, legisladores y ciudadanos estar a la altura de las circunstancias.

CarlosMcCoyGuzman@gmail.com