CARACAS 20 Nov.- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha celebrado que en Washington exista una corriente de «dialogantes» que esté persuadiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entablar conversaciones con su par venezolano, Nicolás Maduro. «El diálogo lo defiende todo el mundo», ha dicho.

«El diálogo es bueno cuando hay contradicciones», ha defendido el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la última retransmisión de su programa de televisión, Con el mazo dando, desde donde ha matizado que conversar «no significa claudicar».

El ‘número dos’ del chavismo responde así a unas palabras del presidente Trump esta semana con las que dejaba la puerta abierta a hablar con Maduro, en un momento en el que las tensiones han escalado hasta el punto de que en Caracas y en gran parte de la región se teme una posible intervención militar de Estados Unidos.

Cabello ha celebrado que entre el círculo cercano del presidente de Estados Unidos se esté imponiendo un grupo de «dialogantes» que son los que se han encargado de insistirle en la necesidad de «agotar todas las opciones diplomáticas», así como de «pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones».

Este grupo son los «verdaderos amigos» de Trump, ha dicho Cabello, ya que quieren que Estados Unidos apueste por el diálogo y no caiga en «aventuras» como las de Juan Guaidó, en 2019.

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LA PAZ 20 Nov.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este jueves la eliminación del Ministerio de Justicia tras las tensiones generadas con su ‘número dos’ por el nombramiento de la persona que iba a encabezar esta cartera, que ha estado rodeado de polémica.

«Se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el ministerio de la injusticia, (…) se acabó el ministerio que era de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político. (…) No habrá más persecución política. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas», ha dicho .

Paz ha afirmado en rueda de prensa que «este paso se da para darle las garantías al sistema judicial de sus reformas» y para «trabajar de forma conjunta con todas las instituciones del país en función de la justicia», subrayando que, «si no hay justicia en Bolivia, no hay democracia» y que, «si la justicia es mala, la democracia es mala».

El anuncio lo ha hecho acompañado de Jorge Franz García, que había condicionado el cargo en dicha cartera a la eliminación del propio Ministerio de Justicia, que era uno de los compromisos asumidos por Paz durante la campaña a las elecciones.

No obstante, su medida llega también después de las tensiones generadas entre el presidente y su vicepresidente, Edmand Lara. En menos de dos semanas, el Gobierno ha tenido dos ministros, uno leal a Lara y otro de confianza de Paz, pero ambos han sido objeto de acusaciones de tipo judicial.

En un primer momento, asumió el cargo Freddy Vidovic, que fue destituido once días después, puesto que se hizo público que había sido condenado a tres años de prisión por un caso que se remonta a 2015 y que está relacionado con su trabajo como abogado.

Tras ello, Paz había nombrado a Jorge Franz García, pero el vicepresidente del país ha denunciado que tiene un «rosario de procesos» que incluyen delitos graves. García, que manifestó que había sido difamado por Lara, anunció acciones al respecto.

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Bogotá (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves por crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres generales retirados y a otros 27 militares del Ejército colombiano por su responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta (centro) entre 2002 y 2007.

Entre los imputados están los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán, informó la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableció que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se «configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), de la Séptima Brigada y del Gaula Rural Meta (GAMET), unidad encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión.

CRIMENES PRESENTADOS COMO BAJAS EN COMBATE

En la investigación, la Sala escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Luis Arango, conocido como Chatarro.

Como parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP explicó que los generales retirados fueron imputados «a título de autores por omisión impropia por los crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, en concurso con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y con el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad».

Saavedra y Ávila también fueron imputados por el «delito de homicidio agravado».

La Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó que los generales retirados «incumplieron sus obligaciones de proteger los bienes jurídicos de la población y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados».

an/am

BOGOTA.- La ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico «puede estar produciendo ejecuciones extrajudiciales sin que exista un solo mecanismo de verificación independiente», advirtió a EFE la directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, quien pidió al Gobierno de Donald Trump «claridad» sobre los más de 80 muertos.

«Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico», afirmó Rojas en una entrevista en Bogotá.

La directora adjunta de AI en Venezuela subrayó que la falta de transparencia por parte de la Administración estadounidense limita la capacidad de las organizaciones para monitorear la situación y verificar el respeto de las normas internacionales.

Académica y defensora de derechos humanos, Rojas lleva más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia y hace un año asumió la dirección adjunta de la ONG para Venezuela, desde donde coordina las respuestas de emergencia y documentación de abusos.

Con un pie en cada país, la activista venezolana insistió en que todos los Estados deben garantizar que sus acciones militares —incluida la lucha contra el narcotráfico— se realicen bajo parámetros claros de legalidad, especialmente cuando se llevan a cabo en aguas internacionales.

RIESGO PARA CIVILES MIGRANTES

Aunque Estados Unidos sostiene que estos operativos están dirigidos contra redes del narcotráfico, Amnistía Internacional advierte que su impacto puede extenderse a comunidades costeras, pescadores artesanales y migrantes que utilizan rutas marítimas para huir de la región.

La organización, cuenta Rojas, ha documentado que parte de la migración venezolana más reciente incluye personas que se desplazan por vías marítimas irregulares, lo que las coloca en riesgo de ser interceptadas en medio de operativos militares en los que no existen mecanismos adecuados de verificación.

«La migración en condición de irregularidad proveniente de Venezuela ya va a llegar a medio millón de personas (desde las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024), y la cifra que está subiendo y la que está alimentando ese grupo es precisamente el ingreso por pasos no regulados», explicó Rojas.

jt-am