La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por autoridades de Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de Venezuela. Tras el operativo que derivó en su traslado a territorio estadounidense, asumió la presidencia la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, abriendo formalmente un nuevo capítulo en la conducción del Estado venezolano.

Este hecho ha generado expectativas sobre una eventual transición democrática, económica e institucional. Sin embargo, conviene actuar con prudencia. Las transiciones políticas en sistemas altamente centralizados y con estructuras de poder consolidadas suelen ser complejas y prolongadas.

Las elecciones presidenciales de 2024 ya habían dejado profundas dudas en amplios sectores nacionales e internacionales. La oposición desconoció los resultados alegando falta de transparencia en la publicación de actas y ausencia de garantías plenas. Observadores internacionales y diversos gobiernos cuestionaron el proceso, lo que debilitó aún más la legitimidad del mandato de Maduro.

La falta de credibilidad del sistema electoral venezolano no surgió de manera repentina, sino que es el resultado de un proceso acumulativo de desconfianza institucional que se remonta a los años posteriores al gobierno de Hugo Chávez. La concentración de poder en el Ejecutivo y la subordinación progresiva de otros poderes del Estado configuraron un modelo político con escasos contrapesos.

Durante la administración del presidente Donald Trump, la política hacia Venezuela se caracterizó por sanciones económicas, presión diplomática y acusaciones formales contra altos funcionarios venezolanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense había señalado a Maduro como presunto colaborador de redes criminales internacionales, elevando significativamente la tensión bilateral.

En este contexto, la negativa del gobierno venezolano a negociar nuevas elecciones profundizó el conflicto. El reconocimiento internacional a la líder opositora María Corina Machado reforzó el debate global sobre la situación democrática del país y aumentó la presión política interna y externa.

La captura de Maduro en enero de 2026 debe entenderse, por tanto, dentro de un marco de escalada geopolítica y confrontación prolongada entre ambos gobiernos.

Con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia, se abrió la posibilidad de una transición controlada. No obstante, las estructuras del chavismo–madurismo permanecen activas en la Fuerza Armada, el aparato judicial y la administración pública. Sin reformas institucionales profundas, cualquier cambio podría limitarse a una reconfiguración interna del poder.

Entre los primeros anuncios del nuevo gobierno destaca la promesa de una ley de amnistía para presos políticos. Aunque aún no ha sido formalmente aprobada, la liberación de más de un centenar de detenidos ha sido interpretada como una señal inicial de distensión. Sin embargo, persisten interrogantes importantes, como el retorno con garantías de los líderes políticos en el exilio y la restauración plena de la libertad de prensa.

El senador estadounidense Marco Rubio ha señalado que cualquier proceso de democratización será necesariamente de largo plazo. Esta apreciación coincide con la experiencia comparada en América Latina: las transiciones exitosas requieren negociación política, reformas institucionales verificables y reconstrucción de la confianza ciudadana.

La recuperación económica será uno de los pilares fundamentales del proceso.

 Venezuela necesita rehabilitar su industria petrolera, particularmente a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), atraer inversión extranjera y restablecer la seguridad jurídica. Sin estabilidad institucional y garantías legales, el levantamiento de sanciones internacionales resultará limitado.

Además, la transición deberá enfrentar la grave crisis social que ha provocado migraciones masivas y deterioro del poder adquisitivo. La reconstrucción del tejido productivo exigirá apertura económica, disciplina fiscal y fortalecimiento del Estado de derecho.

¿Ruptura o negociación?

El mayor dilema radica en la forma que adopte la transición. Los sectores chavistas aspiran a conservar espacios de poder y buscan garantías de seguridad jurídica frente a posibles represalias. La oposición, por su parte, demanda elecciones libres, renovación de los poderes públicos y plena restitución democrática.

La experiencia histórica demuestra que las transiciones negociadas, aunque lentas, suelen ser más sostenibles que aquellas basadas en rupturas violentas. La consolidación democrática no depende únicamente de la salida de un líder, sino de la reconstrucción institucional integral.

La nueva etapa política venezolana representa una oportunidad histórica, pero también un desafío monumental. La transición hacia la democracia, la estabilidad económica y la reconciliación nacional no será automática ni inmediata. Requerirá voluntad política interna, acompañamiento internacional y, sobre todo, un compromiso real con el restablecimiento del Estado de derecho.

El verdadero cambio no consistirá solo en sustituir nombres en el poder, sino en transformar las reglas del juego político para que sea el pueblo venezolano quien, mediante elecciones libres y transparentes, determine su destino.

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POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA

El tema de la reforma fiscal sigue de manera continua en la agenda nacional, mucho más por el peso adicional que tendrán las finanzas nacionales en este 2026 al cumplirse el vencimiento en muchos de los compromisos asumidos internacionalmente, en que solo los intereses son iguales al 80% del capital que se tiene previsto llegar a vencimiento, es decir que en intereses debemos casi los mismo que del capital. Lo que hace que se vislumbre como uno de los años con mayor solitud de préstamos y endeudamiento.

El papel que juegan las MIPYMES dominicanas en un contexto de reforma fiscal es estratégico, representan más del 95% del tejido empresarial, generan alrededor del 40% del PIB y el 61.60% del total de empleos nacionales. El tomar en cuenta sus características y tipos en el diseño de la reforma, es primordial para ampliar la base tributaria y reducir la alta informalidad.

Su formalización fortalece la capacidad del Estado para poder financiar servicios públicos e incrementar el nivel de bienestar de los dominicanos. En contraposición a los costos asociados por la informalidad como debilidad institucional, precariedad laboral, menor recaudación tributaria, competencia desleal, falta de acceso a facilidades estatales, entre otras.

La informalidad es un fenómeno global y siempre existirá lo que es inaceptable que nos situemos como el país de América Latina con más bajo nivel de formalidad (14.8% del PIB). Situación ésta que nos lleva a reformular las políticas diseñadas para este sector de la economía.

Haciendo un análisis, y comparando varios países con relativos niveles extraordinarios de formalización podemos hacer mención como referente a Chile y Uruguay, donde crearon regímenes tributarios simplificados para microempresas, con tasas bajas y realización de trámites digitales fáciles. Corea del Sur, vinculó la formalización con acceso a financiamiento tecnológico y subsidios. Portugal usó la digitalización para reducir costos de cumplimiento y ofrecer beneficios inmediatos a quienes se formalizan.

Propuestas

Cada nación tiene realidad distinta que interiorizan los actores ligados a ellas, por tanto, realizamos propuestas para reducir la informalidad lacerante.

Primero, equidad tributaria, donde se escalone con tributo progresivo de acuerdo a facturación real, y evitando cargas desproporcionadas. Con cinco años de exención parcial. Segundo, formalización digital exprés con plataforma que combine registro mercantil, DGII, seguridad social, etc. Así como, apps telefónicas para declarar impuestos simplificados.

Tercero, incentivos inmediatos y tangibles para acceder a créditos especiales. Sumado a programas de compras públicas donde les paguen por adelantado y sanción contundente por incumplimiento, así como facilidades que permitan disminuir el porcentaje de la matriz de costos. Cuarto, integrar cadenas de valor donde medianas y grandes empresas que contraten micro y pequeñas empresas formalizadas reciban deducciones tributarias, creando presión positiva desde el mercado.

Quinto, seguro social con planes de cotización adaptados, tomando los ingresos y lo variable de ellos, que evite percibir la seguridad social como inasumible. Sexto, el aspecto reputacional al asociar formalidad con reconocimiento social y cultural, la cual certifique la empresa como “Empresa Formal Responsable”, con compañas que relacionen formalidad, prestigio y confianza.

Séptimo, adecuación laboral que vaya con el sector de micros y pequeñas, donde el Estado asuma un costo de desempleo determinado por año/empleo formal, quitando con ello presión a contratación y despido. Octavo, fomentar la reputación al crear compromisos que les permita al sector tener confianza en políticas emanadas del Estado y que no serán cambiadas las reglas del juego.

En síntesis, la clave no es castigar la informalidad, sino hacer la formalidad más atractiva y rentable a las MIPYMES, donde se vea como ventaja y no como carga. Y eso se logra con estrategias que fomenten la simplificación de procesos, reducción y adecuación de tasas impositivas, así como, facilidades preferenciales al mercado. Actualmente no se recibe un centavo como tributo directo de MIPYMES informales, por lo que las medidas anteriores solo suman.

De acuerdo a fuentes oficiales el Estado deja de percibir producto de la informalidad entre 2% y 3% aproximadamente como aporte del PIB, sumado a un costo de cubrir con financiamiento el déficit generado por informalidad que está entre 2% y el 4% del PIB, generando este un hoyo en las arcas del Estado que ronda entre 4% y 7% del PIB.

Con una segregación positiva del sector podemos ver particularidades en cada segmento de estas. En buen dominicano “no las metamos todas en el mismo saco”.

Fuentes de información: BCRD, DGII, CRESS, Informes del MICM, Informe Bco. Mundial.

omaroymendezg@outlook.com

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