POR JOSE ARMANDO TORIBIO

SANTIAGO.- En los actuales momentos, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantienen diferencias en torno al método que debe utilizarse para escoger los candidatos a cargos dirigencisales en la organización. Mientras algunos impulsan el consenso, otros reclaman la realización de elecciones internas.

En distintas provincias de la región del Cibao se han registrado discrepancias entre importantes dirigentes de esa organización política, quienes han manifestado de manera firme que no están de acuerdo con las decisiones tomadas por consenso y consideran que el partido necesita renovación y cambios.

Diversos militantes entienden que las elecciones internas permitirían una participación más democrática de las bases, fortaleciendo así la institucionalidad partidaria y garantizando mayor legitimidad en la escogencia de los aspirantes.

Resulta difícil para muchos observadores ver a un partido que actualmente ocupa el poder atravesar este tipo de confrontaciones internas, tomando en cuenta la estructura política y organizativa que posee en todo el territorio nacional.

La situación se complica aún más al momento de definir cuál será el mecanismo final para seleccionar al candidato, ya que todavía persisten debates sobre si debe realizarse una votación interna entre los miembros o una consulta más amplia abierta a la ciudadanía.

La historia política dominicana ha estado marcada por episodios de ingratitud, pero también por acuerdos, pactos y decisiones colegiadas que en diferentes momentos han contribuido a mantener la estabilidad dentro de las organizaciones políticas.

Otro de los retos señalados dentro del PRM es la necesidad de que muchos de sus dirigentes y militantes hagan mayores esfuerzos por prepararse políticamente, avanzar en su formación y dominar los conceptos fundamentales de la política moderna.

Mientras tanto, la base del partido asegura estar preparada para escoger su candidato sin mayores dificultades, aunque también permanece atenta a las opiniones y posiciones que surgen desde sectores externos a la organización.

Con el oportuno y preciso comunicado que (el 8-5-2026) publicó la Junta Central Electoral (JCE) se le propinó una contundente y sonora “galleta sin mano” a la maniobra politiquera del gobierno del PRM-Abinader, que pretende reducir en un 50 % la asignación económica a los partidos políticos que disponen la Constitución y las leyes (33/18 y 20/23) del sistema político y electoral vigentes.

Para los dominicanos, una “galleta sin mano” significa “silenciar o dejar sin respuesta a alguien de manera elegante, sin violencia física.” Es una acción moral contra persona o institución que actúa en forma equivocada, que ha mentido o ha actuado con arrogancia y prepotencia. Veamos:

Como resultado final de un consejo de gobierno, el pasado 1ro. de mayo, los voceros, orondamente, anunciaron la “implementación de un plan de austeridad para enfrentar la crisis económica proveniente de la guerra de oriente medio”, para ahorrar RD$40 mil millones.

Con una nueva manifestación de improvisaciones políticas; del paquete de medidas aprobadas solo una tenía cifra y datos específicos: “¡Reducir en un 50 % la asignación presupuestaria a los partidos políticos!”. ¿Ganaron aplausos o la galleta sin mano de la JCE?

Ante el reclamo formal de 24 partidos políticos, la JCE, en base a sus competencias, le expresó su posición institucional al gobierno del PRM-Abinader, con estas expresiones:

“En el Presupuesto General de la Nación de 2026 se redujo la asignación de los partidos políticos de un 0.25 % de los ingresos nacionales, como lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral, a un 0.12 %. La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación implicaría afectar la planificación financiera, organización, operativa, educativa y logística, así como el cumplimiento de los gastos y compromisos que han contraído los partidos políticos, con base en el Presupuesto General de 2026.”

La JCE, en su pertinente comunicado, también le agregó este sabio consejo: “las autoridades competentes deben actuar conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del sistema democrático y las reglas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de partidos, la «sana y justa» competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas en el artículo 216 de la Constitución.”

“Reiteramos, de materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos”.

Después de evidenciada la maniobra politiquera del gobierno del PRM-Abinader, gracias a la unitaria y firme actitud de la oposición política y de la “galleta sin mano” que le propinó la JCE, nos preguntamos:

¿Continuará el gobierno empecinado en su maquiavélica propuesta de asfixiar económicamente a los partidos de la oposición?. Abusando de su mayoría mecánica en el Congreso Nacional ¿se atreverán a someter el proyecto de ley para reducir el 50 % de la asignación constitucional y legal de los partidos políticos?

Esta reflexión es una sana y sincera sugerencia a los estrategas del PRM y a los asesores de marketing político del gobierno para que usen el sentido común, la lógica política y el deber que tiene el gobierno del PRM-Abinader de respetar la institucionalidad, el Estado social y democrático de derecho. Porque no tienen facultades para interrumpir y mucho menos perturbar  la paz social y política que, desde hace décadas, está disfrutando el pueblo dominicano.

Al ser desenmascarada la trapisonda política  que se pretendía con la imprudente propuesta de reducir el 50 % a la asignación económica de los partidos políticos,  porque hoy el PRM es gobierno y mañana podría ser oposición, por la prudente y unánime acción  de los partidos de oposición y por la “galleta sin mano” de la JCE.

También porque el PRM “disfruta” transitoriamente del “control” de los recursos del Estado y de “otros ingresos de dudosos orígenes”;  ante esta nueva coyuntura no tienen más opción que:

¡Dejar sin efectos la dañina intención de asfixiar económicamente a los partidos políticos, utilizando la negativa artimaña de una segunda reducción (de 50 %) inconstitucional e ilegal de la partida presupuestaria que corresponde a los partidos políticos. ¡Más claro, ni el agua!

jlopezb18@gmail.com