Cuando los hechos recientes de política exterior dominicana se colocan sobre el mapa histórico de las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe, surge un riesgo que no es nuevo, sino recurrente. La posibilidad de que República Dominicana vuelva a convertirse en cabeza de playa para una nueva aventura imperial, esta vez envuelta en el ropaje de la lucha contra el narcotráfico y contra la amenaza “narco-chavista” atribuida al gobierno de Nicolás Maduro, remite a episodios que marcaron la vida política y militar del país.

La operación militar “Lanza del Sur”, anunciada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, como una ofensiva hemisférica contra el “narcoterrorismo”, coincide con un acelerado alineamiento del gobierno dominicano con la agenda de Washington. En ese tablero, República Dominicana vuelve a presentarse como aliado ejemplar y plataforma privilegiada de cooperación “antidrogas”, mientras el despliegue de un portaaviones y destructores cerca de sus aguas comienza a normalizar la presencia militar estadounidense en el Caribe.

No se trata solo de gestos diplomáticos. El decreto 500-25, que declara al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista; la estrecha coordinación con la DEA; la designación de un “zar regional” contra el fentanilo con aval de Washington; y la visita del secretario de Guerra para “afinar acciones conjuntas” configuran una misma arquitectura político-militar. La narrativa oficial presenta estos pasos como prueba del prestigio internacional del país, aunque el eje real de esa política parece girar en torno a un reposicionamiento militar en la región.

El propio presidente Luis Abinader reforzó esa línea al afirmar que la cooperación con Estados Unidos se sostiene porque “esta es una lucha dura, sobre todo en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han visto un aumento en la producción de drogas, particularmente cocaína”. La alusión a Venezuela resulta evidente en un momento en que Washington multiplica sanciones, operaciones navales y campañas para vincular al gobierno de Maduro con redes de “narcoterrorismo”.

Bolívar y Bosch como brújulas de la coyuntura

Ante esta coyuntura, la advertencia de Simón Bolívar, escrita en 1829 en su carta a Patricio Campbell, resuena con vigor: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias en nombre de la libertad”. Un siglo después, Juan Bosch confirmaría que ese rol no era producto de azar ni error histórico, sino de una estrategia sistemática para dominar la región bajo el pretexto de seguridad, estabilidad o democracia.

Bosch escribió en De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial que Estados Unidos ensayó en el Caribe “la política de la subversión organizada y dirigida por sus más altos funcionarios, por sus representantes diplomáticos o sus agentes secretos”. Advirtió que el mundo no supo ver a tiempo cómo ese método dividiría países que habían tardado siglos en integrarse, hasta convertir una sola China, una sola Corea y una sola Indochina en dos países enfrentados en nombre de la libertad.

Cuando hoy se observa el despliegue de “Lanza del Sur” bajo la narrativa de la seguridad y el combate al narcotráfico, mientras se insiste en construir un enemigo con el sello de “narco-Estado venezolano”, la coincidencia con las advertencias de Bosch y Bolívar deja de ser referencia académica. Lo que ambos denunciaron como dominación imperial de largo aliento hoy llega en forma de buques de guerra, decretos antiterroristas y construcción diplomática de amenazas que justifican acciones militares.

La fabricación del enemigo

En este marco, el decreto 500-25 no puede verse como simple actualización legal. Las autoridades dominicanas habían afirmado que el Cártel de los Soles no operaba en el país; sin embargo, de repente el Ministerio Público comenzó a utilizar esa categoría en expedientes de narcotráfico. El decreto calza con la narrativa construida por Washington para justificar sanciones, operaciones navales y acciones extraterritoriales, ahora con validación dominicana.

De igual manera, la designación del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa como “zar regional” contra el fentanilo y la postulación de Leandro Villanueva a la oficina regional de la ONU Contra la Droga y el Delito, avalada por Estados Unidos, exhiben el premio simbólico de un alineamiento estratégico. La cooperación antidrogas deja de ser coordinación técnica para convertirse en un engranaje de reconfiguración militar hemisférica que difumina la frontera entre seguridad y guerra.

RD como laboratorio de intervención

La historia dominicana confirma que el Caribe ha sido laboratorio de intervención. En 1916, Estados Unidos ocupó el país para controlar su aduana y su deuda externa, consolidando un tutelaje que luego facilitó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En 1965, la excusa fue impedir que República Dominicana “se convirtiera en otra Cuba”, y la invasión frustró la restauración del gobierno legítimo de Juan Bosch, abriendo paso a la larga noche del balaguerismo bajo la Doctrina de Seguridad Nacional.

A la ofensiva militar se sumaron estrategias mediáticas e ideológicas. En 1984, tras la sangrienta poblada contra el paquete fondomonetarista, Estados Unidos observó con alarma el estallido social y el avance de ideas marxistas en el país, en medio de una Centroamérica en llamas. Desde suelo dominicano, figuras mediáticas fueron utilizadas para advertir contra el “peligro comunista”, colocando al país como plataforma de propaganda y contención regional.
Entre la Zona de Paz y el tablero militar de “Lanza del Sur”

Hoy, frente a la proclamación del Caribe como Zona de Paz por la CELAC, la decisión dominicana de abrazar sin matices la política militarizada de Washington coloca al país ante una disyuntiva histórica: repetir el papel de cabeza de playa del último imperio o asumir una política exterior coherente con la paz regional. Lo que está en juego no es solo la soberanía venezolana, sino la posibilidad de que el Caribe deje de ser frontera imperial y se convierta en territorio de dignidad y autodeterminación de sus pueblos.

En este momento decisivo, la diplomacia dominicana tiene la oportunidad de aprender de su propia historia. Toda claudicación realizada en nombre del prestigio, la seguridad o la cooperación militar ha terminado costando caro: ocupaciones, dictaduras tuteladas, crisis internas, pérdida de autonomía y aislamiento.

Por el contrario, cada gesto de soberanía ha fortalecido el respeto regional y la credibilidad internacional del país. La pregunta para esta generación no es si cooperar o no con el mundo, sino si lo hará subordinándose a intereses ajenos o defendiendo el derecho del Caribe a vivir en paz, con dignidad y sin tutelas imperiales.

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POR MARTIN ERNESTO VALERIO JIMINIAN

La minería no es una actividad circunstancial ni marginal; es un mandato constitucional y una columna del modelo de desarrollo nacional. La Constitución de 2010 no deja lugar a dudas: los recursos naturales forman parte del patrimonio de la Nación y su aprovechamiento debe realizarse con racionalidad, sostenibilidad y transparencia.

El artículo 14 establece que los recursos naturales del territorio nacional, incluidos el subsuelo y los yacimientos mineros, son de dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado. El artículo 17 complementa este principio al disponer que su explotación solo puede efectuarse mediante concesiones o contratos otorgados conforme a la ley. Estos artículos consagran un régimen público donde el Estado no es un mero espectador, sino propietario, administrador y garante del interés nacional.

En este marco, la minería dominicana no opera al margen del Estado, sino dentro de un sistema jurídico que equilibra derecho público, iniciativa privada y función social de la economía (artículo 50). Ese equilibrio es el que convierte la riqueza del subsuelo en bienestar tangible para las comunidades y el país.

El artículo 40.15 de la Carta Magna dispone que toda actuación estatal se rija por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En el ámbito minero, esto se traduce en la búsqueda de un balance entre regulación, protección ambiental y seguridad jurídica. Solo a través de ese equilibrio se construye credibilidad, el recurso más valioso de cualquier sector económico. Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay progreso sostenible.

Esa confianza vuelve a consolidarse. En los primeros siete meses de 2025, la minería dominicana creció 5 %, revirtiendo la caída del –12.5 % registrada en 2024. Solo en julio, el crecimiento interanual fue de 21 %, una de las tasas más altas desde 2021. Estos resultados confirman que el país puede producir desarrollo sin comprometer sus principios ambientales ni su institucionalidad.

El bloque constitucional de sostenibilidad

Los artículos 66 y 67 de la Constitución conforman lo que podemos denominar un bloque constitucional de sostenibilidad minera, al reconocer el derecho colectivo a un medio ambiente sano y el deber de restaurar los ecosistemas degradados. Este marco obliga tanto al Estado como a las empresas a operar con responsabilidad, trazabilidad y tecnología limpia, garantizando que cada proyecto deje una huella positiva en el territorio: mejores carreteras, escuelas, oportunidades laborales y comunidades más resilientes.

Hoy, la minería moderna ya no se mide solo por cuánto extrae, sino por cómo lo hace y a quién beneficia. El reto no es extraer más, sino hacerlo mejor.

Más allá de la extracción, la minería moderna es una industria de valor agregado, con capacidad para dinamizar sectores completos de la economía dominicana. Cada operación minera activa cadenas productivas que incluyen transportes, metalmecánica, manufactura, energía, puertos, tecnología, servicios ambientales, seguridad industrial y un creciente universo de MIPYMES locales.

En los últimos años, más del 70% de las compras de las principales empresas mineras se ha realizado a suplidores dominicanos, movilizando miles de millones de pesos en bienes y servicios nacionales. Esto convierte a la minería en una de las pocas actividades con un efecto multiplicador.

La minería también fortalece la capacidad fiscal del Estado. Regalías, Impuesto Sobre la Renta (ISR), anticipos, retenciones y la participación municipal han crecido de forma sostenida, financiando carreteras, hospitales y programas sociales en provincias que históricamente enfrentaban barreras de desarrollo. Esto flujo fiscal expresa con claridad el mandato de los artículos 14, 16, 17 y 50: los recursos naturales son patrimonio público y su aprovechamiento debe traducirse en bienestar colectivo.

El impacto económico del sector, por tanto, va mucho más allá de los montos de exportación: representa un modelo basado en productividad, formalización laboral, inversión extranjera directa responsable y fortalecimiento institucional. Es un sector que combina rentabilidad empresarial con beneficio público y que demuestra que el subsuelo dominicano puede ser una palanca de bienestar si se gestiono con reglas claras, tecnología y responsabilidad.

El pacto social minero

El mandato constitucional es claro: los artículos 16 y 17 obligan al Estado a promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional. Ese mandato se materializa en lo que hoy denominamos el pacto social minero: un compromiso compartido entre Estado, empresas y comunidades para transformar la riqueza del subsuelo en bienestar visible en la superficie. Cada proyecto minero responsable representa una oportunidad para convertir comunidades rurales en polos de desarrollo, con empleos dignos, infraestructura moderna y servicios sostenibles.

El desarrollo minero no debe entenderse como una confrontación de intereses, sino como un ejercicio de corresponsabilidad nacional. No se trata solo de extraer minerales, sino de extraer progreso, con equidad territorial y beneficios concretos para las generaciones presentes y futuras.

El debate sobre la nueva ley minera no es un obstáculo: es una oportunidad para actualizar el mandato constitucional con instrumentos modernos que fortalezcan la seguridad jurídica, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia institucional. Una legislación clara y predecible consolidará un clima de confianza entre Estado, empresas y comunidades, y permitirá que la minería siga siendo un eje estratégico del desarrollo nacional.

Minería y Constitución: una misma raíz

La minería no contradice la Constitución: emerge de ella. Cuando el Estado regula con equilibrio, las empresas actúan con propósito y las comunidades participan activamente, se cumple la esencia del texto constitucional: un desarrollo humano sostenible, basado en la confianza, la legalidad y la buena gestión de nuestra riqueza natural.

La República Dominicana no tiene que elegir entre desarrollo y medio ambiente. Puede, y debe, hacerlo bien: con instituciones sólidas, reglas claras y una minería que deje huellas de progreso, no de conflicto.

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Por E. MARGARITA EVE

La coronación de Miss Universo 2025 no fue solo un triunfo estético; fue una reivindicación del carácter y la dignidad femenina. Su victoria, alejada de los clichés del espectáculo, emergió como una historia poderosa de superación y autenticidad que capturó la atención mundial desde el primer instante.

Desde niña enfrentó diagnósticos que hicieron más compleja su vida escolar, entre ellos el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Sin el apoyo adecuado, sufrió burlas y exclusiones que marcaron su infancia en un entorno incapaz de comprender su diversidad cognitiva y emocional.

Pero lo que nació como vulnerabilidad se transformó en fortaleza. Con el tiempo, el dolor se convirtió en convicción y el silencio en propósito. Esa metamorfosis la llevó a desarrollar una profunda empatía hacia quienes viven situaciones similares y con frecuencia se sienten sin voz o sin respaldo.

Su activismo surgió de manera natural. Recorrió escuelas, participó en proyectos sociales y habló con claridad sobre inclusión y salud mental. No buscó protagonismo, sino impacto real. Esa autenticidad dio peso a su mensaje y la convirtió en una figura cercana para jóvenes y familias que necesitaban orientación.

Esa coherencia se trasladó al certamen. Compitió desde la verdad, no desde los artificios. Su historia, su preparación y su discurso destacaron en un escenario donde la superficialidad muchas veces domina. Ella demostró que la esencia también compite; cuando es genuina, conquista sin esfuerzo aparente.

Su estilo fue un reflejo de su identidad: sobrio, elegante y sin excesos. Rehusó utilizar vestuarios provocativos o estrategias fáciles para atraer atención. Mostró que la elegancia auténtica no depende de la exposición, sino de la convicción interior y del respeto hacia sí misma.

Uno de los momentos más comentados del certamen ocurrió cuando un alto directivo intentó ridiculizarla públicamente. Ella respondió con serenidad, precisión y un aplomo admirable, dejando sin efecto cualquier intento de menosprecio. Fue un instante que reveló la solidez de su carácter.

Ese episodio terminó fortaleciendo su imagen. Su reacción, firme pero respetuosa, recordó que la verdadera fuerza se manifiesta cuando la dignidad se sostiene aún frente a la provocación. Su actitud se convirtió en un ejemplo silencioso, pero profundamente contundente, de liderazgo femenino.

A menudo, el sistema hace creer a muchas jóvenes que el éxito depende de aceptar prebendas, insinuaciones o tratos que buscan reducirlas a objetos sexuales. Esa narrativa, sostenida por desigualdades históricas y estructuras de poder, intenta convencerlas de que no existen alternativas. Pero sí existen: nacen del estudio, la autodisciplina y el reconocimiento del propio valor. Una mujer que se forma jamás permite que negocien con su integridad.

Y no importa cuán poderosa sea la persona o lo influyente que parezca un grupo: siempre existe una luz para quienes actúan con principios. Por eso, mujer latina, no renuncies nunca a tu voz. En la firmeza de tus convicciones reside tu defensa más sólida y tu herramienta más transformadora.

La educación, la lectura y el pensamiento crítico siguen siendo los cimientos de la autonomía femenina. Una mujer que se reconoce capaz identifica de inmediato las trampas del sistema y avanza sin sacrificar su dignidad, porque sabe quién es, qué vale y qué merece.

Miss Universo 2025 nos recuerda que la autenticidad y la coherencia siguen teniendo más peso que la superficialidad. Su corona simboliza la victoria de la integridad sobre la intimidación, del conocimiento sobre la manipulación y de la voz femenina sobre cualquier intento de silenciamiento.

emargaritaeve@gmail.com

JPM