¿Recuerda usted, amigo lector, cuando los apologistas del chavismo nos decían que aquello era una «revolución del pueblo», que defendía a los pobres y protegía los derechos de los venezolanos? ¡Cuán ridículos parecen hoy esos argumentos! Porque lo que ocurrió en Venezuela no fue solo una dictadura que encarcelaba opositores: fue un régimen criminal que, una vez que te metía preso o te obligaba a huir al exilio, además te robaba la casa. Así de sencillo, así de brutal, así de impúdico.

Efectivos policiales y militares al servicio de Nicolás Maduro Moros, hoy preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y procesado por narcotráfico ante un tribunal federal de Manhattan, tomaron viviendas de personas detenidas o exiliadas sin que mediara absolutamente ninguna decisión judicial. Ningún proceso, ninguna notificación, ningún resquicio de legalidad. El uniformado del castrochavismo llegaba, ocupaba y punto. El Estado convertido en ladrón institucionalizado, en delincuente con rango y con pistola al cinto. Esto, amigo lector, se llama despojo. Se llama terrorismo de Estado.

Y qué ironía de la historia, amigo lector. Ese mismo Maduro que ordenó robarles las casas a sus presos políticos fue capturado en la madrugada del 3 de enero de 2026 por la DEA de los Estados Unidos en una operación relámpago en Caracas, y trasladado esposado a Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. El que encarcelaba es hoy el encarcelado. El que despojaba a otros de su libertad y de su hogar, hoy duerme en una celda en Brooklyn. La justicia, tarde o temprano, siempre llega.

Hoy gobierna Venezuela como presidenta encargada Delcy Rodríguez, la misma que fue fiel escudera de Maduro durante años y cómplice de todas sus tropelías. Rodríguez administra lo que queda del aparato castrochavista bajo la atenta mirada de Washington, que dejó muy en claro que si no cooperaba, le iría «peor» que al dictador derrocado. Trump la ha elogiado públicamente, señalando que hace un «excelente trabajo», aunque analistas advierten que sus gestos de apertura, como la liberación parcial de presos políticos, son más cosméticos que sustanciales, encaminados a comprar tiempo y legitimidad.

No nos engañemos: el despojo de propiedades no fue un error ni el exceso de algún funcionario desbocado. Fue una política deliberada, calculada y diseñada para enviar un mensaje inequívoco a todo venezolano que se atreviera a disentir: si te opones, no solo pierdes tu libertad, pierdes también tu patrimonio, tu hogar, el techo de tus hijos y el fruto del trabajo de toda tu vida. La dictadura castrochavista aprendió bien esa lección de sus mentores en La Habana, que perfeccionaron durante décadas el arte de destruir integralmente al enemigo político.

Hay una ironía histórica adicional que merece subrayarse. La Constitución venezolana de 1999, esa que Hugo Chávez Frías presentó al mundo como la carta magna de su «revolución bolivariana», garantiza en su artículo 115 el derecho a la propiedad privada y establece que solo mediante sentencia firme puede procederse a una expropiación. ¿Y qué hizo el régimen que prometió defender esa Constitución? La violó, la escupió y la trituró bajo las botas de sus esbirros. Así fue el castrochavismo: habló de derechos en sus discursos y los destruyó en la práctica.

La infamia no se limitó a quienes estuvieron detrás de las rejas. El venezolano que se vio obligado a huir para salvar su vida, dejando atrás familia, trabajo e historia, también regresó un día para encontrar su hogar ocupado por algún oficial chavista que lo convirtió en cuartel o en botín de guerra. Eso hizo del retorno una opción aún más dolorosa e inviable, y perpetuó una diáspora que ya supera los siete millones de personas dispersas por el mundo, la más grande de América Latina.

Pero hubo quienes, ante estas atrocidades, guardaron un silencio cómplice y vergonzoso. Me refiero a esos autoproclamados líderes progresistas como Lula, Petro y los eternos voceros del diálogo inútil como Rodríguez Zapatero, que durante años se negaron a llamar dictadura a lo que era una dictadura. Su complicidad con el castrochavismo no fue ignorancia: fue ideología podrida, fue militancia con el crimen. Hoy, con Maduro preso en Brooklyn, su silencio cómplice queda registrado para siempre en las páginas más vergonzosas de la historia latinoamericana.

El pueblo venezolano, ese pueblo sufrido que vio cómo el país más rico en petróleo de América Latina fue llevado a la miseria más espantosa, merece ahora justicia real y no retórica solidaria. Merece que todos los responsables de estos crímenes respondan ante los tribunales, porque despojar propiedades sin orden judicial es un crimen sin importar el uniforme que se use para cometerlo. Y merece, también, que el gobierno de Delcy Rodríguez devuelva cada una de esas casas robadas a sus legítimos dueños, sin excusas y sin demora.

Cayó el tirano. Maduro está preso en Brooklyn. Pero las casas robadas siguen ocupadas, los exiliados siguen dispersos y más de quinientos presos políticos permanecen aún sin libertad. Que se haga justicia completa. Que Venezuela, al fin, pueda respirar en plena libertad.

 

Los países en vías de desarrollo enfrentan una de las disyuntivas más complejas de nuestro tiempo: ¿hasta qué punto deben comprometer sus recursos naturales para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y bienestar social? Durante décadas, la explotación minera ha sido presentada como una vía rápida para generar empleos, atraer inversiones, aumentar las exportaciones y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, la experiencia de numerosos países demuestra que el desarrollo sostenible exige algo más que extraer riquezas del subsuelo.

En la República Dominicana, la minería ha sido promovida históricamente como un motor de progreso. La explotación de la bauxita en Pedernales, del ferroníquel en Bonao y del oro en Cotuí constituyen algunos de los principales ejemplos. No obstante, una parte importante de la ciudadanía cuestiona si los beneficios obtenidos han sido suficientes para transformar de manera significativa las condiciones de vida de las comunidades donde se desarrollan estas actividades.

Pedernales continúa figurando entre las provincias con mayores índices de vulnerabilidad social; mientras que en zonas de Bonao y Cotuí persisten denuncias sobre degradación ambiental, deforestación y afectaciones a fuentes hídricas vinculadas a décadas de explotación minera. Esta realidad alimenta un debate legítimo sobre el verdadero balance entre los beneficios económicos obtenidos y los costos ambientales heredados.

La mina Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, constituye uno de los proyectos mineros más importantes de América Latina y la principal operación aurífera del Caribe. A lo largo de varias décadas de explotación, millones de onzas de oro y plata han sido extraídas, generando importantes ingresos fiscales, miles de empleos directos e indirectos y un significativo aporte al producto interno bruto nacional. Sin embargo, junto a estos beneficios también han surgido preocupaciones relacionadas con la calidad del agua, la disposición de residuos mineros y la preservación de los ecosistemas circundantes.

Hoy, el debate se traslada hacia la posible explotación del yacimiento de Romero, en la provincia San Juan. Sus promotores argumentan que el proyecto podría generar empleos, inversiones y recursos para el desarrollo regional. Sus opositores, por el contrario, sostienen que la ubicación del yacimiento en una zona de importancia hídrica representa un riesgo para las montañas donde nacen numerosos afluentes que alimentan el río San Juan, la presa de Sabaneta y, de manera indirecta, el sistema hídrico que beneficia amplias zonas agrícolas del sur del país.

La preocupación principal radica en que cualquier afectación a estas fuentes de agua tendría consecuencias que trascenderían los límites de la provincia de San Juan. El agua constituye un recurso estratégico insustituible para el consumo humano, la producción agropecuaria, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas. Mientras el oro, la plata y el cobre pueden agotarse en pocas décadas, los recursos hídricos bien gestionados pueden sostener la vida y la producción durante generaciones.

La experiencia internacional demuestra que el verdadero desarrollo no puede medirse exclusivamente por el crecimiento económico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecen que el progreso debe armonizar tres dimensiones inseparables: crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Cuando una de estas dimensiones se sacrifica en beneficio de las otras, el desarrollo deja de ser sostenible.

La oposición manifestada por amplios sectores de la sociedad sanjuanera refleja precisamente esa preocupación. Productores agrícolas, ambientalistas, académicos y organizaciones comunitarias consideran que los riesgos potenciales para los recursos hídricos podrían superar los beneficios económicos proyectados por la explotación minera. A ello se suma el cuestionamiento sobre si las reservas estimadas del proyecto poseen la magnitud suficiente para generar un impacto económico transformador comparable al de otras grandes operaciones mineras de la región.

Ninguna nación debe renunciar al aprovechamiento racional de sus recursos naturales. Sin embargo, tampoco debe comprometer aquellos activos ambientales que garantizan su supervivencia futura. Cuando una actividad económica amenaza la disponibilidad y calidad del agua, resulta indispensable aplicar el principio de precaución y evaluar con rigurosidad científica sus posibles consecuencias.

La República Dominicana posee ventajas comparativas que van más allá de la minería. Su potencial turístico, ecoturístico, agropecuario y forestal constituye una fuente permanente de riqueza capaz de generar empleos, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida sin agotar recursos no renovables. La protección de las cuencas hidrográficas, la expansión de las áreas protegidas, la seguridad hídrica y la autosuficiencia alimentaria deberían ocupar un lugar central en la estrategia nacional de desarrollo.

La verdadera riqueza de una nación no se encuentra únicamente bajo sus montañas, sino también en los bosques que producen agua, en los suelos que producen alimentos y en los ecosistemas que garantizan la vida. El desafío consiste en decidir si el desarrollo del presente justificará los sacrificios del futuro o si, por el contrario, seremos capaces de construir un modelo que permita prosperar sin hipotecar el patrimonio natural de las próximas generaciones.

of-am

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Existe un instante crítico en toda cirugía mayor donde el médico comprende que ya no basta con contener el sangrado.

La compresa deja de ser suficiente. La transfusión deja de ser suficiente. Incluso el diagnóstico deja de ser suficiente.

Llega el momento inevitable en que hay que reconstruir el órgano. La República Dominicana ha entrado exactamente en esa fase histórica. Durante años denunciamos síntomas:

-Hospitales colapsados.

-Deuda creciente.

-Combustibles convertidos en mecanismo de extracción fiscal.

-Justicia lenta.

-Educación fracturada.

-Publicidad estatal usada como anestesia narrativa.

-Subsidios capturados.

-Instituciones hipertrofiadas.

-Corrupción normalizada.

-Clientelismo convertido en sistema circulatorio del poder.

Durante años el país sobrevivió administrando parches.  Pero los parches ya no alcanzan. Porque lo que comenzó como deterioro administrativo terminó convirtiéndose en agotamiento estructural. Y ningún país puede vivir indefinidamente consumiendo más burocracia que desarrollo.

La anatomía real del problema 

Cometimos durante décadas un error conceptual devastador:

confundimos crecimiento con construcción nacional.

La economía dominicana creció.

Los edificios crecieron.

El turismo creció.

La deuda creció.

El gasto corriente creció.

La nómina pública creció.

La publicidad estatal creció.

Pero el Estado funcional nunca creció al mismo ritmo.

Construimos un Ferrari económico con frenos institucionales de bicicleta.

Y ahí aparece la gran paradoja dominicana:

Un país que produce cifras macroeconómicas admirables mientras una parte enorme de su población vive atrapada en servicios públicos precarios, educación desigual, salud fragmentada, justicia lenta, transporte caótico, salarios insuficientes y creciente agotamiento emocional colectivo.

El problema dominicano nunca fue exclusivamente económico.

Es fisiológico.

El organismo estatal consume demasiada energía sosteniéndose a sí mismo y demasiado poca sanando a la sociedad que debería proteger.

El Estado capturado por sí mismo

En mis editoriales anteriores describí múltiples formas de captura:

-Subsidios capturados.

-Publicidad capturada.

-Financiamiento político capturado.

-Combustibles convertidos en tributo.

-Burocracia convertida en mecanismo de supervivencia electoral.

Hoy puedo sintetizar el diagnóstico completo en una sola frase:

El Estado dominicano fue progresivamente capturado por la necesidad de preservarse a sí mismo.

Y cuando un Estado comienza a priorizar: su narrativa, su clientela política, su expansión burocrática y su estabilidad electoral.

Por encima de: la salud, la educación, la justicia, la productividad y la dignidad cotidiana del ciudadano,

la democracia empieza lentamente a vaciarse de propósito.

El presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo.

Se convierte en mecanismo de conservación del poder.

La gran fractura moral

Toda nación revela su verdadera jerarquía ética observando aquello que protege primero cuando llegan las crisis.

Y la República Dominicana ha enviado durante años un mensaje dolorosamente claro:

la política rara vez entra en austeridad antes que el ciudadano.

Los hospitales esperan.

Las escuelas esperan.

La justicia espera.

El agua potable espera.

La salud mental espera.

Pero: la publicidad aparece puntualmente, las estructuras partidarias sobreviven puntualmente, el gasto corriente continúa creciendo y la maquinaria estatal siempre encuentra recursos para sostenerse.

Por eso el malestar dominicano ya no es solamente económico.

Es emocional.

El ciudadano siente —correctamente— que el sistema le exige sacrificios que jamás se exige a sí mismo.

Y allí nace la erosión silenciosa de la legitimidad.

La nueva etapa: dejar de administrar el deterioro

La República Dominicana ya no necesita únicamente denuncias.

Necesita dirección histórica.

La crítica fue necesaria.

Era indispensable.

Todavía lo es.

Pero el próximo nivel exige algo más difícil:

diseñar la reconstrucción.

Porque denunciar sin proponer termina agotando.

Y recomendar sin diagnosticar termina siendo ingenuidad.

Ahora debemos hacer ambas cosas simultáneamente.

Los pilares de la nueva República

La reconstrucción nacional no requiere milagros.

Requiere rediseñar prioridades.

1. Un Estado más pequeño donde sobra… y más fuerte donde importa

Reducir:

-Duplicidades.

-Instituciones redundantes.

-Clientelismo.

-Gasto propagandístico.

-Privilegios políticos.

-Estructuras improductivas.

Y simultáneamente fortalecer:

-Atención primaria.

-Salud mental.

-Justicia.

-Agua potable.

-Educación pública.

-Transporte.

-Tecnología estatal.

-Capacidad regulatoria.

No se trata de destruir el Estado.

Se trata de devolverle función.

2. La transición desde burocracia hacia productividad

El modelo dominicano agotó gran parte de su capacidad expansiva basada únicamente en: consumo, deuda, turismo, construcción y gasto público.

La próxima etapa exige:

– industrialización tecnológica,

* bilingüismo masivo,

– digitalización estatal,

– simplificación tributaria,

– logística moderna,

– innovación,

– y exportación de valor agregado.

Un país no se desarrolla eternamente vendiendo habitaciones e importando casi todo lo demás.

3. La moralización del presupuesto

Todo presupuesto es una declaración ética.

Por eso:

-Ningún gobierno debería gastar más en propaganda que en salud preventiva.

-Ningún partido debería recibir más disciplina financiera que un hospital regional.

-Ningún privilegio político debería sobrevivir mientras un paciente organiza rifas para sobrevivir.

El presupuesto nacional debe comenzar a responder primero al sufrimiento humano.

No a la comodidad del poder.

4. Transparencia radical

La opacidad es el oxígeno natural de toda captura institucional.

Por eso la nueva República necesita: datos abiertos reales, auditorías independientes permanentes, trazabilidad digital del gasto, licitaciones transparentes, evaluación pública de desempeño institucional y consecuencias administrativas y penales verificables.

No más transparencia ceremonial.

Transparencia funcional.

5. La reconstrucción de la confianza

Ninguna reforma económica sobrevivirá si la población siente que el sistema continúa diseñado para beneficiar siempre a los mismos.

La gran tarea nacional no es únicamente fiscal.

Es psicológica.

El dominicano necesita volver a sentir que:

-Estudiar vale la pena.

-Trabajar honestamente vale la pena.

-Pagar impuestos vale la pena.

-Respetar las reglas produce resultados reales.

Sin confianza social, ningún país logra desarrollarse sostenidamente.

El gran riesgo

Existe un peligro enorme en este momento histórico.

Que el país continúe administrando estabilidad superficial mientras las fracturas estructurales siguen avanzando silenciosamente debajo.

Eso hacen muchas sociedades antes de las grandes crisis: normalizan el deterioro, celebran indicadores aislados, maquillan síntomas y convierten la resignación en cultura nacional.

Hasta que un día descubren que el organismo completo llevaba años enfermo.

La pregunta que definirá esta generación

La discusión ya no puede limitarse a:

-Quien gobierna.

-Quién gana las elecciones.

-O quién controla el próximo presupuesto.

La pregunta real es otra:

¿Qué tipo de República queremos dejar después del agotamiento del modelo actual?

Porque los países no colapsan únicamente por la pobreza.

También colapsan por pérdida progresiva de propósito colectivo.

El cierre

He escrito durante años sobre: hospitales sin oxígeno, atención primaria fracturada, subsidios engañosos, combustibles convertidos en tributo, educación desigual, justicia lenta, salud mental abandonada, publicidad estatal obscena y prioridades morales invertidas.

Todo formaba parte del mismo expediente clínico.

Hoy creo que el país está listo para la siguiente conversación.

La reconstrucción.

No una reconstrucción basada en consignas.

Ni en populismo.

Ni en propaganda.

Ni en odio.

Si no en algo mucho más difícil:

-Instituciones funcionales.

-Presupuesto moral.

-Disciplina estatal.

-Productividad.

-Y dignidad humana.

Porque la República Dominicana no necesita simplemente crecer más.

Necesita finalmente comenzar a organizarse para durar.

Y quizás ese sea el verdadero desafío histórico de nuestra generación:

dejar de sobrevivir como sistema…

Y comenzar, por fin, a construir una nación.