Falta poco más de un mes para que entre en vigencia la Ley 74-25, que instituye el nuevo
Código Penal dominicano, y de repente pareciera que el país acaba de descubrir su contenido.
Abogados, gremios profesionales, iglesias, organizaciones sociales y hasta ciudadanos
comunes expresan sorpresa por disposiciones que establecen penas severas para numerosos
delitos. Otros anticipan que acudirán al Tribunal Constitucional para intentar frenar o
modificar algunos de sus artículos, mientras el Congreso deja claro que no tiene intención de
revisar la legislación antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo 3 de agosto.

La situación deja una sensación inevitable: estamos asistiendo, una vez más, a una vieja
costumbre dominicana. Dejamos que los asuntos importantes duerman durante años y solo
reaccionamos cuando el reloj marca los últimos minutos. Es la cultura del "después vemos", de
mirar hacia otro lado mientras el problema se acerca, hasta que finalmente nos alcanza.

Pero conviene hacerse una pregunta incómoda. Después de tanto escándalo y de tantas
preocupaciones expresadas en los últimos días, ¿dónde estaban todos esos sectores cuando el
Código Penal permaneció casi veinte años transitando por los pasillos del Congreso Nacional?

Durante dos décadas hubo tiempo suficiente para estudiar cada artículo, advertir sus posibles
consecuencias y presentar propuestas de modificación. Sin embargo, la impresión que queda
es que muchos despertaron cuando la ley prácticamente tiene un pie en la puerta.

Resulta llamativo observar cómo algunas instituciones parecen enterarse ahora del alcance de
determinadas disposiciones. El Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, ha expresado
preocupación porque determinados casos de mala práctica médica podrían acarrear penas de
hasta veinte años de prisión.

Del mismo modo, algunos abogados han iniciado una especie de revisión pública, artículo por
artículo, advirtiendo sobre conductas que podrían ser castigadas severamente, incluso
acciones tan cotidianas como divulgar sin autorización mensajes privados enviados por
aplicaciones de mensajería.

Más recientemente, escuchaba la reflexión de un reconocido jurista que planteaba un aspecto
poco discutido del nuevo Código. Recordaba que una de las finalidades de la pena es procurar
la reinserción social del condenado.

Es decir, que quien delinque pueda regresar algún día a la sociedad convertido en un mejor
ciudadano. Pero se preguntaba qué sentido práctico tendría ese principio cuando una persona
recibe condenas acumuladas de cuarenta o sesenta años de prisión.

Si un joven de veinte años es condenado a sesenta años de cárcel, recuperaría su libertad a los
ochenta. ¿Cuál sería entonces el verdadero propósito de la rehabilitación? En esos casos, la
prisión deja de ser un espacio para reconstruir una vida y se convierte, sencillamente, en el
lugar donde transcurrirá prácticamente toda su existencia.

Este debate conduce a otra realidad ampliamente estudiada en criminología: el aumento de
las penas, por sí solo, no elimina el delito. La experiencia internacional ofrece numerosos
ejemplos. Existen países donde se aplica la pena de muerte y, aun así, continúan ocurriendo
homicidios. En otros, la corrupción pública se castiga con extrema severidad, incluso con

fusilamientos, y los escándalos siguen apareciendo. También hay naciones donde
determinadas conductas son castigadas públicamente con azotes y, pese a ello, la violencia
persiste.

La República Dominicana tampoco escapa a esa realidad. En los últimos años se han
endurecido las penas para diversos delitos, particularmente los feminicidios y la violencia de
género.

Sin embargo, las estadísticas continúan mostrando que decenas de mujeres siguen perdiendo
la vida cada año a manos de sus parejas o exparejas. Eso demuestra que combatir la
criminalidad requiere mucho más que aumentar años de prisión. Se necesita prevención,
educación, instituciones fuertes, investigaciones eficaces y un sistema judicial que actúe con
rapidez y certeza.

Nada de esto significa que el nuevo Código Penal no represente un avance en muchos
aspectos. Después de más de un siglo con una legislación desactualizada, era evidente la
necesidad de modernizar el derecho penal dominicano.

Sin embargo, precisamente por la trascendencia de esta reforma, el debate debió producirse
mucho antes y con una participación más amplia de todos los sectores involucrados.

Ahora el escenario parece trasladarse al Tribunal Constitucional, donde probablemente serán
impugnadas varias de sus disposiciones. Ojalá ese proceso contribuya a fortalecer la seguridad
jurídica y no ocurra lo que ha sucedido con otras leyes importantes que, después de múltiples
recursos, modificaciones y remiendos, terminaron perdiendo coherencia y eficacia.

Basta recordar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, cuya constante
judicialización ha dejado disposiciones prácticamente inoperantes.

of-am

POR JOSE ARMANDO TORIBIO

Santiago de los Caballeros-Samaná y Jarabacoa son dos destinos que representan la belleza natural, cultural y turística de la República Dominicana, lugares llenos de riquezas que atraen visitantes nacionales y extranjeros, sin embargo, el problema de los vertederos se ha convertido en una preocupación que amenaza la salud de sus comunidades, la imagen de sus territorios y la protección del medio ambiente.

Donde crecen los vertederos, disminuye la calidad de vida, la acumulación de desechos provoca contaminación, malos olores, riesgos sanitarios y afecta directamente a las familias que viven cerca de estos espacios, por eso es necesario que este tema sea tratado con responsabilidad y con una visión de futuro.

No puede existir un turismo sostenible sin salud, limpieza y respeto al medio ambiente, Samaná y Jarabacoa deben ser ejemplos de desarrollo responsable, donde la naturaleza sea protegida y donde las comunidades puedan vivir en espacios seguros, saludables y dignos.

La contaminación no espera, y las soluciones tampoco deberían esperar, las autoridades municipales, gubernamentales y los sectores involucrados tienen el compromiso de buscar alternativas eficientes para el manejo de los residuos sólidos, promoviendo sistemas modernos de reciclaje, educación ambiental y planificación adecuada.

Cuidar Samaná y Jarabacoa es cuidar el futuro de la República Dominicana, porque sus montañas, ríos, playas y paisajes forman parte del patrimonio natural del país, permitir que la contaminación avance es poner en riesgo una herencia que pertenece a todos los dominicanos.

Los vertederos no solo afectan el medio ambiente, también generan preocupación social, afectan la paz comunitaria y deterioran la imagen de zonas que tienen un gran potencial turístico y económico, una comunidad limpia refleja organización, compromiso y respeto por la vida.

Es momento de que las autoridades escuchen el reclamo ciudadano y asuman con firmeza la responsabilidad de encontrar soluciones definitivas, no se trata solo de retirar basura, se trata de construir políticas que garanticen salud, bienestar y protección ambiental para las presentes y futuras generaciones.

Samaná y Jarabacoa reclaman atención, responsabilidad y acciones concretas, la solución está en unir esfuerzos entre autoridades, comunidades y sectores productivos, porque defender el medio ambiente es defender la vida, la salud y el desarrollo sostenible de nuestra nación.

 of-am

POR LUISANNA LORA PERELLO

Las imágenes de una reciente pelea entre dos figuras del entretenimiento urbano dominicano recorrieron las redes sociales en cuestión de horas. Como suele ocurrir en estos casos, miles de personas debatieron sobre quién tuvo la razón, quién provocó el conflicto o quién salió peor parada del enfrentamiento.

Sin embargo, la verdadera preocupación no debería centrarse en las protagonistas del incidente. Lo que realmente merece atención es algo mucho más profundo: la forma en que la violencia parece estar convirtiéndose en un elemento cada vez más normal dentro de nuestra sociedad.

La escena resulta inquietante. Mientras dos personas se agreden físicamente, decenas observan. Algunos graban con sus teléfonos móviles. Otros comentan, ríen o alientan la confrontación. Pocos intentan intervenir. Pocos intentan evitar que la situación escale.

La pregunta es inevitable: ¿qué nos está pasando?

La violencia no es un fenómeno nuevo. Ha estado presente en todas las sociedades y épocas. Lo preocupante es la frecuencia con la que aparece en nuestra cotidianidad y la aparente disminución de nuestra capacidad de asombro frente a ella.

Los ejemplos abundan. Conflictos de tránsito que terminan en agresiones o muertes. Feminicidios que, en muchos casos, estuvieron precedidos por amenazas y episodios de violencia ignorados o minimizados. Peleas en centros educativos. Riñas en espacios públicos. Discusiones en redes sociales que rápidamente escalan hacia el insulto, la humillación y el odio.

Pareciera que cada vez es más difícil convivir con quienes piensan distinto, tolerar la frustración o gestionar los conflictos de manera civilizada.

Vivimos en una época donde la inmediatez domina gran parte de nuestras relaciones. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y satisfacción inmediata. En ese contexto, la paciencia, el diálogo y la capacidad de escuchar parecen perder terreno frente a la reacción impulsiva y la confrontación.

A esto se suma otro fenómeno preocupante: la transformación de la violencia en espectáculo

Las redes sociales han amplificado esta tendencia. Una pelea se convierte en contenido viral. Una agresión genera miles de reproducciones. Una tragedia se comparte antes de que se comprenda su dimensión humana. En ocasiones, pareciera que el interés por obtener una grabación exclusiva supera el impulso de ayudar a quien la necesita.

Cuando la violencia comienza a entretenernos más de lo que nos preocupa, algo fundamental se está deteriorando en el tejido social.

No se trata de responsabilizar únicamente a las plataformas digitales ni de ignorar las complejas causas económicas, familiares, educativas y emocionales que alimentan la violencia. Tampoco se trata de afirmar que vivimos en una sociedad condenada a la agresión.

Se trata de reconocer que estamos frente a señales que no deben ser ignoradas.

Una sociedad saludable no es aquella donde nunca surgen conflictos. Es aquella que desarrolla mecanismos para resolverlos sin recurrir a la violencia. Es aquella donde la empatía pesa más que el morbo y donde la dignidad humana tiene más valor que las reproducciones en una pantalla.

Por eso, más que preguntarnos quién ganó una pelea viral o quién tuvo la razón en una discusión, quizás deberíamos hacernos una pregunta mucho más importante.

¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la violencia deja de sorprendernos?

Porque el verdadero peligro no está únicamente en los actos violentos que ocurren cada día. El verdadero peligro aparece cuando comenzamos a aceptarlos como algo normal.

Y ninguna sociedad debería acostumbrarse a eso.

of-am