En torno a las discusiones que se producen en la ciudad de San Cristóbal sobre la conveniencia de construir una presa que recoja agua del río Nigua en su tramo montañoso, es oportuno conocer estos datos:

El INDRHI ponderó hacer una presa en río Nigua, en El Tablazo, eso lo indica el hecho de que se estableciera una estación de medición de caudales de agua en ese sitio y  que operó desde 1959 hasta 1993, es decir que se midió para ponderar un proyecto de presa en ese lugar.

En los años 70 la empresa Lahmeyer, consultores internacionales en materia de presas, identificó varios proyectos de hidrobombeo, y uno de ellos fue en la cuenca del río Nigua.

Recientemente EGEHID ha estado trabajando en la evaluación de proyectos de hidrobombeo en el país, y nuevamente sale la idea de ese proyecto que señaló Lahmeyer.

Aunque los caudales del río Nigua son bajos, apenas 1.11 m3/segundo, en El Tablazo,  puede ser muy interesante un proyecto para agua potable a San Cristóbal.

Pero no parece atractivo para proyecto hidroeléctrico, para generación en cascada,  aunque sí para hidrobombeo donde el agua se recicla y no se requiere de mucha agua,  sólo para compensar las pequeñas pérdidas que se producen en esos proyectos.

El hidrobombeo es un sistema de almacenamiento energético que bombea agua a un embalse superior durante horas de baja demanda (energía barata) para luego liberarla y generar electricidad en horas pico. Es una tecnología clave para la estabilidad de la red y el aprovechamiento de fuentes renovables, como la energía solar.

Los ríos Nigua y Yubazo son afluentes clave en la provincia de San Cristóbal, conocidos por su importancia hídrica y su peligrosidad durante lluvias intensas. El Nigua (37 km) nace en la Cordillera Central y desemboca en el Mar Caribe, mientras que el Yubazo es su afluente. Ambos sufren alta contaminación y extracciones de agregados.

JPM

Por LUIS M. GUZMAN

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana atraviesa una crisis que ya no puede definirse únicamente por sus conflictos internos o por su baja productividad. Lo que hoy está en discusión es algo más profundo, su capacidad moral, técnica e institucional para seguir siendo vista como un verdadero órgano de control del uso de los recursos públicos.

Cuando una institución creada para vigilar al Estado empieza a ser observada con la misma desconfianza que debería combatir, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una señal de deterioro democrático.

La erosión de la credibilidad en la Cámara de Cuentas

Durante años, la institución ha acumulado escándalos, enfrentamientos internos, cuestionamientos sobre su rendimiento y dudas sobre la calidad de su trabajo. En lugar de proyectar rigor, independencia y autoridad técnica, ha transmitido una imagen de división, bloqueo y desconexión con las exigencias del país.

Esa percepción no surge por casualidad ni por una campaña externa, sino por una secuencia de hechos que han ido debilitando su credibilidad ante la opinión pública y ante los propios sectores que esperan de ella vigilancia seria y resultados concretos.

La baja productividad ha sido una de las expresiones más visibles de esa crisis. Una Cámara de Cuentas que no audita con la intensidad, la rapidez y la profundidad que demanda el país pierde capacidad de prevenir irregularidades, de corregir desviaciones y de servir como freno institucional frente al abuso del poder.

Su existencia no se justifica por el simple hecho de estar contemplada en la estructura del Estado, sino por la eficacia con la que cumple su misión. Cuando esa eficacia se diluye, también se erosiona su legitimidad.

A eso se suma una ruptura de confianza dentro de la propia institución. Las tensiones entre sus miembros, los desacuerdos sobre auditorías previas y la falta de cohesión en la toma de decisiones han dejado ver un organismo internamente fracturado. Y una entidad de control fracturada hacia adentro difícilmente puede proyectar solidez hacia afuera. Si quienes deben certificar la transparencia del gasto público no logran sostener reglas de confianza y consistencia entre ellos, entonces la señal que recibe la sociedad es devastadora.

También hay un evidente problema de gobernabilidad. La Cámara de Cuentas ha dado la impresión de funcionar más como un espacio de choques, vetos y bloqueos que como una institución guiada por prioridades claras, liderazgo eficaz y visión estratégica.

En un órgano de esa naturaleza, la falta de dirección no es un defecto menor, retrasa auditorías, desordena procesos, afecta la moral interna y termina relegando la misión constitucional a un segundo plano. Una institución sin norte administrativo difícilmente puede ser ejemplo de control y disciplina para el resto del Estado.

Cuando el órgano de control pierde el control de sí mismo

En medio de ese deterioro, la controversia por la Resolución ADM-2026-017 agravó aún más la crisis. La decisión del pleno de aprobar beneficios que fueron interpretados públicamente como un incremento de hasta un 50 % para sus integrantes provocó un fuerte rechazo social y político. Aunque la medida fue luego revocada y comunicada al Senado el 9 de abril de 2026, después de la controversia pública generada por el reajuste.

La marcha atrás evita que la medida se consolidara, pero no borra el hecho político esencial. La resolución existió, fue aprobada y solo fue retirada cuando el costo público se volvió demasiado alto. La propia Cámara de Cuentas sostuvo que hubo una interpretación pública incorrecta sobre el alcance del ajuste, pero aun así decidió dejar sin efecto la disposición atendiendo a la situación económica y a la política nacional de austeridad. Esa secuencia no cierra la crisis, la redefine. Lo que queda expuesto no es solo un error puntual, sino una preocupante debilidad de juicio institucional.

Porque el verdadero problema ya no radica únicamente en el aumento o en su revocación, sino en lo que todo el episodio revela. Una institución cuestionada por su rendimiento, observada por su ineficiencia y golpeada por conflictos internos no debió colocarse jamás en una situación que pudiera ser leída como un privilegio en medio del descrédito.

Y menos aún en un contexto en que desde el poder se ha insistido en la necesidad de austeridad, prudencia fiscal y contención del gasto. Aprobar primero y rectificar después transmite improvisación, desconexión y escasa sensibilidad frente al momento que vive el país.

Aquí entra con fuerza el principio de proporcionalidad. En el Estado, la remuneración y los beneficios de los altos funcionarios deben guardar relación con la trascendencia de sus responsabilidades, pero también con la calidad, eficacia y legitimidad con que esas responsabilidades son ejercidas.

No se trata de negar una compensación justa, sino de recordar que el salario público no puede divorciarse del desempeño público. Cuando una institución ofrece pocos resultados, genera baja confianza y arrastra señales de deterioro, cualquier mejora de beneficios queda sometida a un escrutinio mucho más severo.

Por eso la discusión de fondo no debería agotarse en si hubo o no hubo aumento en términos definitivos. La cuestión más seria es quién decide, bajo qué criterios, con qué controles y con qué sentido de oportunidad. Un órgano como la Cámara de Cuentas no debería depender exclusivamente de la voluntad de sus propios miembros para definir mejoras de compensación o beneficios en medio de una crisis tan evidente.

Ese tipo de decisiones debería estar sujeto a criterios externos, reglas públicas, métricas verificables y controles independientes que impidan que la institución se convierta en juez y parte de sus propios privilegios.

Los nuevos integrantes que sean escogidos para conformar el órgano deberán entender que ya no basta con ocupar una silla en el pleno. Llegan a una institución herida, bajo sospecha y necesitada de reconstrucción profunda. Se esperaría de ellos sobriedad, sentido de misión, prudencia institucional, independencia frente a intereses políticos y una clara disposición a colocar la productividad, la transparencia y la recuperación de la confianza por encima de cualquier interés personal. Si llegan con la lógica de administrar cuotas, blindar privilegios o repetir viejas prácticas, la crisis simplemente cambiará de rostro sin cambiar de fondo.

En última instancia, la Cámara de Cuentas necesita mucho más que una revocación y mucho más que nuevos nombres. Necesita una nueva cultura institucional, una ética de servicio que devuelva prioridad a la misión constitucional y una estructura de incentivos donde el rendimiento, la autoridad moral y el ejemplo pesen más que el cargo mismo.

La rectificación del pleno evitó un daño mayor, pero no repara por sí sola la fractura de confianza. El país no necesita una Cámara de Cuentas que reaccione cuando estalla el escándalo; necesita una Cámara de Cuentas que tenga la lucidez institucional de no provocarlo.

jpm-am

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Como médico, he aprendido una lección inquebrantable en las salas de emergencia: el primer paso para llevar a un paciente a la tumba es negarle su diagnóstico real.

No se puede curar una enfermedad grave recetando analgésicos.

Sin embargo, la República Dominicana lleva décadas siendo tratada por una junta de políticos tradicionales que se niegan a admitir que el cuerpo social de la nación padece un cáncer sistémico.

La verdad técnica contrasta violentamente con el discurso político. Nos venden la ilusión de un paciente sano basándose en el maquillaje de las cifras macroeconómicas, pero la realidad clínica es que padecemos de una hemorragia moral en el presupuesto, donde la política tradicional se financia mientras la salud, la seguridad ciudadana, la justicia y la educación pagan la factura.

Ese es el diagnóstico.

Y negarlo solo acelera el desenlace.

El efecto denominador y la ilusión del progreso

Una vez establecido el diagnóstico, el sistema responde con evasivas.

El problema de nuestra nación no es la falta de recursos, es la metástasis de la ineficiencia y la opacidad.

Celebramos ante el mundo que somos un paraíso turístico de cinco estrellas, pero ignoramos la realidad hídrica de que nuestras comunidades consumen agua de tercera.

Nos jactamos de exhibir un crecimiento económico que acelera como un Ferrari, pero operamos con una paradoja judicial y administrativa que tiene frenos de bicicleta.

Nos hablan del Producto Interno Bruto y del crecimiento sostenido, aplicando el «efecto denominador» para diluir la crisis: hacen que el problema parezca pequeño al compararlo con un todo inflado.

Pero la macroeconomía no le lleva oxígeno a una sala de emergencias que asfixia a sus pacientes, ni le devuelve la rentabilidad a una escuela que está profundamente enferma.

Estamos frente a un gigante de la deuda y al espejismo de un gasto corriente que devora nuestro futuro.

Crecemos, sí.
Mas no nos desarrollamos.

El origen de la patología estructural

Toda enfermedad tiene un origen.

Y esta crisis no es un accidente; es un sistema diseñado para perpetuarse.

La República Dominicana es un país atrapado en un ciclo donde los políticos reparten miseria para generar dependencia, operando bajo un Estado inflado y redundante. Mantenemos un Congreso sobredimensionado que dice representar una democracia que, simple y llanamente, no podemos costear.

Mientras tanto, los pilares fundamentales se resquebrajan. Vemos una crisis anunciada en instituciones vitales como SENASA y una atención primaria de salud convertida en una emergencia silenciosa.

La corrupción estructural y el clientelismo han creado dos países: uno que goza de impunidad y privilegios, y otro que sobrevive pagando los combustibles más caros del Caribe para financiar la ineficiencia y exenciones fiscales ajenas.

Comparativa internacional: la cura es posible

Ningún diagnóstico está completo sin mirar precedentes.

La cura existe.

Si observamos a naciones con trayectorias similares que han logrado dar el salto al desarrollo —como Corea del Sur, Taiwán, Uruguay o Costa Rica—, la diferencia no radica en sus recursos naturales, sino en su rigor institucional.

Ellos entendieron que un Estado que gasta mal, se endeuda mal.

Invirtieron en atención primaria real, redujeron la burocracia inoperante y establecieron regímenes de consecuencias inquebrantables.

Nosotros, en cambio, seguimos tolerando el robo institucionalizado como si fuera parte inevitable del paisaje.

Y no lo es.

La receta para una nueva república

Todo diagnóstico exige tratamiento. No podemos extirpar este mal con las mismas herramientas que lo causaron.

La cura implica decisiones difíciles, pero necesarias para devolverle dignidad, funcionalidad y futuro al paciente:

• Inhabilitación perpetua y expropiación: la corrupción no puede ser un negocio rentable. Quien desfalque al Estado debe enfrentar la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la expropiación total de los bienes robados y cárcel sin privilegios.
• Cirugía mayor al Estado: es imperativa la reducción drástica del Congreso Nacional y la eliminación de órganos vestigiales e inoperantes. Esos fondos deben ser inyectados directamente en la atención primaria de salud y en la educación técnica. No es recorte; es reasignación vital.
• Transparencia radical: implementar un sistema de auditoría en tiempo real para el gasto público, eliminando la opacidad en la factura de los combustibles y en las compras del Estado. No es vigilancia; es oxígeno para la democracia.

La generación de la conquista

Históricamente, hemos sido una nación que sobrevive en el desierto, viendo las promesas de cambio desde lejos, como la generación de Moisés que dudó y postergó su destino.

Pero ha llegado el momento del relevo.

Debemos asumir la identidad de la generación de Josué: una ciudadanía que no se conforma con mirar la promesa, sino que se organiza, actúa con disciplina y ejecuta la conquista.

Las murallas de la impunidad, del sistema político cerrado y de la desigualdad parecen inquebrantables. Pero las murallas no caen por la fuerza de un solo hombre; caen cuando un pueblo se alinea, pierde el miedo y marcha con un propósito innegociable.

No somos la generación que espera cambios. Somos la generación que los ejecuta.

Esta «Nueva República» no es un lema de campaña.

Es una junta médica ciudadana: libre, independiente, sin ataduras, decidida a sanar la patria.

Si hacemos nuestra parte con unidad y determinación, las estructuras putrefactas caerán.

Sin prisa.

Sin pausa.

El paciente no puede esperar.