Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.

La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.

Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.

El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.

Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.

Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.

El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.

Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?

La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.

Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.

Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.

Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.

No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.

La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?

La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.

Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.

Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.

La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.

En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.

Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.

No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.

Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.

La reciente denuncia de que la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sigue sin aplicarse plenamente, tres años después de su promulgación, constituye un ejemplo preocupante. La Constitución dominicana reconoce el derecho a la salud, la igualdad y la protección especial de los sectores vulnerables. Cuando una ley destinada a garantizar esos derechos permanece sin ejecución efectiva, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una posible violación de obligaciones constitucionales.

Al mismo tiempo, el Senado aprobó nuevos préstamos por aproximadamente 600 millones de dólares destinados a financiar diversos proyectos estatales. Aunque la contratación de deuda pública está permitida por la Constitución y forma parte de las facultades legítimas del Estado, también es cierto que dichos recursos deben administrarse bajo criterios de racionalidad, transparencia y prioridad social.

Pregunta

La pregunta que surge es si las necesidades más urgentes de la población están siendo atendidas con la misma diligencia con la que se gestionan nuevos financiamientos.

A ello se suman los anuncios de inversiones de más de 580 millones de pesos para obras en Los Alcarrizos, incluyendo la interconexión vial de sectores y la construcción de un parque ecológico. Nadie puede negar la importancia de mejorar la infraestructura urbana ni de promover espacios públicos adecuados para las comunidades.

Sin embargo, el debate jurídico surge cuando se observa que el Estado dispone de recursos para nuevas construcciones mientras sectores vulnerables continúan esperando la aplicación de leyes que ya fueron aprobadas por el Congreso Nacional.

La Constitución de la República establece que la actuación de los poderes públicos debe orientarse a garantizar la dignidad humana y la efectividad de los derechos fundamentales. En consecuencia, no basta con promulgar leyes ni con anunciar grandes proyectos de inversión; también es necesario cumplir con las obligaciones legales existentes.

Una ley que no se ejecuta termina convirtiéndose en una promesa vacía para los ciudadanos que dependen de ella para mejorar sus condiciones de vida.

Esta situación pone en evidencia una problemática recurrente en la administración pública dominicana: la tendencia a privilegiar las obras visibles y políticamente rentables por encima de políticas públicas destinadas a atender necesidades sociales menos mediáticas, pero igualmente importantes.

La construcción de carreteras, parques y edificaciones genera titulares y ceremonias de inauguración; el cumplimiento de derechos fundamentales, en cambio, suele producir resultados menos visibles, aunque mucho más trascendentales para miles de familias.

La verdadera medida del compromiso de un gobierno con la Constitución no se encuentra únicamente en la cantidad de obras que inaugura ni en los préstamos que consigue aprobar, sino en su capacidad para hacer cumplir las leyes y garantizar los derechos que estas reconocen.

En un Estado social y democrático de derecho, el progreso no puede medirse solamente en cemento y asfalto; también debe reflejarse en la protección efectiva de los sectores más vulnerables y en el respeto irrestricto al mandato constitucional.

JPM

Por ROBERTO MARTINEZ ENCARNACION

“El pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla”. Así reza esta célebre frase del filósofo y ensayista español Jorge Santayana.

Cuando inicié los estudios universitarios, en nuestra admirada y benemérita Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); nuestra Alma Mater, escuché en repetidas ocasiones esta épica frase que inicia este escrito.

Llama poderosamente la atención que la hija del convicto dictador peruano Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, tenga una alta puntuación en el electorado del Perú, no obstante el lastre generacional del gobierno despótico que dirigió y comandó su progenitor.

Si bien es cierto que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro; no es menos cierto que algunas condiciones humanas pueden ser heredadas debido a los factores genéticos y ambientales que rodean a un individuo .

El Perú, pueblo latinoaméricano de convicciones profundas, que ha forzado la renuncia de presidentes con menos de tres meses en el poder, debe estudiar la idea de las masas acéfalas que han favorecido con un porcentaje tan alto, que ronda en más del 49.90% de los votos emitidos en la segunda vuelta electoral de este domingo 08 de junio en ese país, frente a su contendor, el izquierdista Roberto Sánchez, quien aventaja con un estrecho margen de menos de un punto porcentual, con un 50.11% sobre la candidata Keiko, lo que casi representa un empate técnico.

Al parecer una amplia mayoría del pueblo peruano ha olvidado que el padre de Keiko Fujimori fue destituido por el Congreso de su país en el año 2000, debido a que su mandato derivó en un dictadura cívico militar que cercenó las libertades públicas y erosionó los derechos humanos de los ciudadanos del Perú.

No obstante a lo anterior, Fujimori padre creó y votó una nueva constitución acomodaticia para gobernar a sus anchas e implementar estrategias que degeneraron en crímenes de lesa humanidad.

Alberto Fujimori asumió el poder el 28 de julio del año 1990 y fue destituido el 21 de noviembre del año 2000, teniendo un decenio ininterrumpido en el poder. Se le acusó de imponer un grupo de reformas neoliberales y la evidencia de graves casos de corrupción política.

Develado los casos de corrupción más detestables, huyó del país hacia Japón en el año 2000, tiempo más tarde regresa a la República de Chile, en el año 2005, de dónde fue pedido en extradición por las autoridades peruanas que le sucedieron.

Una vez en tierra peruana, fue acusado de homicidio calificado y secuestro agravado, por una masacre humana que escenificaron personas bajo su mando en los sectores La Cuntuta y Barrio Alto; y los secuestros de un periodista y un empresario de su país.

Al parecer el pueblo peruano ha olvidado los episodios de terror que vivió durante los diez años que gobernó Alberto Fujimori, el padre de la hoy candidata a la presidencia Keiko Fujimori.

Es una gran aventura y una ruleta rusa, el favorecer con el sufragio y la simpatía electoral a una candidata que hereda un pasado hostil a la democracia y a los derechos humanos del pueblo peruano.

jpm-am