CNM concluye entrevistas de evaluación a jueces de la SCJ

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este martes la jornada de entrevistas de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como parte del proceso establecido para determinar su permanencia o sustitución en el máximo tribunal del país.

La sesión estuvo encabezada por el presidente de la República y del CNM, Luis Abinader, y contó con la participación de los demás integrantes del organismo: Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Omar Leonel Fernández Domínguez, senador de la República; Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado, y Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del CNM.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana e incluyó entrevistas individuales a los magistrados Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico y Vanessa Acosta Peralta.

LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones fueron realizadas conforme a las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para la revisión del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Con las entrevistas realizadas este martes, el CNM agotó la etapa correspondiente a los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

El organismo informó que continuará con las actuaciones previstas para completar el proceso de evaluación y que comunicará oportunamente la fecha de la sesión en la que serán conocidos y decididos los resultados.

El Consejo Nacional de la Magistratura reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan cada una de las fases del proceso.

of-am

Nuevo jefe de la Policía promete profundizar la transformación

SANTO DOMINGO.- El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, afirmó este miércoles que impulsó una cultura institucional basada en el respeto mutuo, la disciplina y la cercanía con la ciudadanía, como parte del proceso de transformación de ese cuerpo de seguridad.

Rodríguez García sostuvo que las relaciones entre superiores y subalternos no debieron sustentarse en el temor, sino en el respeto y la responsabilidad. Lo expresó durante un encuentro con oficiales, alistados, asimilados, pensionados y personal civil que acudió a felicitarlo por su reciente designación.

«No es miedo lo que debe existir entre el superior y el subalterno, sino respeto mutuo», afirmó el jefe policial, quien consideró este principio como eje de la reforma de la Policía Nacional.

POLICÍA CERCANA Y DISCIPLINADA

Rodríguez García destacó que la población demandó una institución cada vez más cercana y comprometida. Recordó a sus integrantes que asumieron la responsabilidad de proteger y servir a la ciudadanía con vocación, respeto y sentido del deber.

Llamó a fortalecer una cultura institucional sustentada en la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento de las funciones, con el objetivo de consolidar una Policía «fuerte, confiable y cercana» a la población.

Sostuvo que la disciplina no debió basarse en el temor, sino en la responsabilidad individual y el respeto, valores que, a su juicio, debieron reflejarse tanto en las relaciones internas como en el servicio que la institución ofreció a la sociedad.

DESIGNAN NUEVO INSPECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

Martín Miguel Tapia Sánchez

El presidente Abinader designó al general Martín Miguel Tapia Sánchez, P. N., como nuevo inspector general de la Policía Nacional.

Tapia Sánchez cuenta con experiencia en funciones de dirección dentro de la institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección de la Policía Escolar, hasta marzo de 2025.

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Migración detiene 997 ilegales en distintas zonas dominicanas

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que este martes 18 de agosto fueron detenidos 997 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados en 20 provincias del país.

Del total, 736 fueron interdictados directamente por agentes de Migración, equivalente al 73.8 %, mientras que otros 261 fueron entregados por organismos de seguridad y defensa del Estado.

El Ejército entregó 191 personas, la Policía Nacional 63 y la Armada Dominicana siete. Estos últimos eran ciudadanos haitianos indocumentados sorprendidos en labores de pesca ilegal a bordo de tres embarcaciones, quienes permanecieron bajo custodia en el puerto de Cabo Rojo, Pedernales, antes de ser entregados a las autoridades migratorias.

Santo Domingo concentró el mayor número de detenciones, con 122, en operativos realizados en Cristo Rey, Los Mina, Manoguayabo, Bayona y Los Guarícanos. Le siguieron Pedernales, con 75; María Trinidad Sánchez, 61; La Altagracia, 51; e Independencia y Dajabón, con 50 cada una.

También se reportaron detenciones en Monseñor Nouel (49), Santiago (45), Montecristi (37), Valverde y Samaná (28 cada una), Espaillat (28), Puerto Plata (24), Santiago Rodríguez (18), Azua (16), Elías Piña (15), El Seibo (14), San Cristóbal (9), La Romana (10) y Barahona (6).

En los puntos de control migratorio fronterizos se realizaron 853 procedimientos de deportación: 346 por Elías Piña, 296 por Dajabón, 116 por Jimaní y 95 por Pedernales.

La DGM afirmó que estos operativos forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el ordenamiento migratorio y la seguridad ciudadana, mediante la supervisión y regulación del flujo de extranjeros en territorio dominicano.

of-am

Ordenan fusionar expedientes contra exministro y exsenador

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó este miércoles la fusión de los expedientes del exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exsenador Rafael Calderón acusados, junto a otras personas, de apropiarse supuestamente de 19,000 millones de pesos a través de una estructura corrupción administrativa.

El tribunal ordenó la fusión del expediente presentado contra el exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el documento matriz de la acusación presentada contra Donald Guerrero y compartes para conocerlo en un solo proceso.

RECHAZARON SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE PLAZOS

Durante la primera audiencia para conocer el fondo, que estaba programada para conocerse este miércoles, las juezas Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa y fijaron la continuación del juicio para el próximo 2 de septiembre del año 2026, a las 9:00 de la mañana.

El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente de la operación Calamar, entre ellos, contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.

Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una «errónea apreciación» de varias pruebas, apuntó el Ministerio Público.

LA ACUSACIÓN

El Ministerio Público acusa al grupo de defraudar al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos a través de una supuesta estructura de corrupción administrativa.

Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.

Los acusados, según el Ministerio Público, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La estructura, además, sustrajo supuestamente dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.

El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.

En el proceso el Ministerio Público demostró la acusación con más de 1,278 medios de pruebas.EFE

rsl/pma-sp

Empresa Vietnam gana en la RD licitación en telecomunicaciones

SANTO DOMINGO.– La empresa vietnamita Viettel Global Investment (VGI) se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones de la República Dominicana, tras resultar vinculada al proceso de licitación internacional convocado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para la asignación de frecuencias radioeléctricas.

La información fue ofrecida en rueda de prensa por el presidente del INDOTEL, Guido Gómez Mazara.

La llegada de Viettel representa un nuevo escenario para el sector, actualmente dominado por Claro, Altice y Viva, y abre la posibilidad de que el país cuente con un cuarto operador móvil.

El proceso de licitación contempla concesiones y licencias para el uso de espectro en bandas como 700 MHz, AWS, 2300 MHz y 3500-3700 MHz, destinadas a fortalecer los servicios de telecomunicaciones móviles y facilitar el despliegue de tecnologías de última generación.

Viettel Global ha anunciado una inversión de aproximadamente US$560 millones en República Dominicana para desarrollar infraestructura digital, redes de fibra óptica y servicios de telecomunicaciones. El proyecto contempla inicialmente telefonía móvil, internet fijo de banda ancha y servicios de billetera digital.

PROYECTA AMPLIAR OPERACIONES

En una segunda etapa, la compañía proyecta ampliar sus operaciones hacia centros de datos, computación en la nube, ciberseguridad y otras soluciones tecnológicas, con una red nacional basada en tecnologías 4G/LTE y 5G.

Viettel forma parte del grupo estatal vietnamita Military Industry and Telecoms Group (Viettel Group) y posee operaciones internacionales en países de Asia, África y América Latina.

La incorporación de un nuevo competidor podría incrementar la oferta de servicios, estimular la inversión y generar mayor competencia en precios, cobertura y calidad de las telecomunicaciones dominicanas.

No obstante, el proceso debe distinguirse entre la aprobación de la inversión de Viettel y la adjudicación definitiva de espectro y autorizaciones para operar. El INDOTEL ha precisado que la licitación se rige por la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, que establece el marco regulatorio del sector.

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Piden a EU restablecer veto a azúcar RD por trabajo forzoso

SANTO DOMINGO.- Un grupo de derechos humanos de los Estados Unidos pidió al gobierno de este país que restablezca la prohibición de importar azúcar de República Dominicana, la cual -a su juicio- mantiene el trabajo forzoso en las plantaciones de caña.

La organización Corporate Accountability Lab, con sede en Chicago, dijo que investigó por más de tres años las condiciones laborales en Central Romana Corporation, Ltd., la mayor empleadora y terrateniente del país, cuyos dueños tendrían vínculos con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

Central Romana ya fue investigada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., que la acusó de aislar trabajadores, retener salarios y fomentar condiciones abusivas. En 2022, Washington vetó su azúcar, pero la medida fue revocada el año pasado bajo la administración Trump.

Uno de los propietarios de Central Romana es Fanjul Corp., con sede en Florida, dueña de Florida Crystals. La familia Fanjul mantiene estrechos vínculos con Trump y el gobierno dominicano, según el informe.

PETICIÓN A WASHINGTON

El grupo advirtió que «mientras la industria azucarera disfrute de los beneficios de dicho acceso al mercado, ignorando los abusos laborales en sus cadenas de suministro, la política estadounidense seguirá siendo cómplice del mismo tipo de abusos que dice combatir».

Se estima que hasta 8,000 trabajadores laboran en más de 173,700 acres de la empresa. Muchos son migrantes haitianos o descendientes sin ciudadanía dominicana, que viven en viviendas precarias sin agua ni luz.

TESTIMONIOS 

«¿Por qué nos quedaríamos? De esta forma, somos sus esclavos», dijo un trabajador sin documentos. Otro denunció: «Siempre nos pagan menos de lo que nos corresponde, pero no podemos luchar».

Corporate Accountability Lab pidió inscribir a los empleados en la seguridad social, pagar salario mínimo, permitir sindicatos y proteger su salud. También llamó al gobierno dominicano a regularizar a los braceros y pagar pensiones.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

Central Romana respondió que el informe está «plagado de imprecisiones y falsedades» y negó violar leyes laborales.

OMS avisa epidemia de ébola «no está aún bajo control»

BRUSELAS 19 Ago.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la epidemia de ébola «no está ni mucho menos bajo control», después de que se registren casi 5.000 infectados, principalmente en República Democrática del Congo, con más de 2.300 fallecidos.

«El brote se ve impulsado por la inseguridad y los desplazamientos, así como por los intensos movimientos de población a lo largo de carreteras, ríos y rutas mineras», ha indicado el jefe de la OMS en la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

A medida que las autoridades sanitarias congoleñas registran 4.945 casos y 2.325 muertes según sus últimos datos del 15 de agosto, Tedros ha incidido en que la epidemia sigue entrañando peligro. «Tenemos que ser sinceros: la epidemia no está ni mucho menos bajo control», ha indicado, tras recalcar que el brote tuvo «un inicio fulgurante y todavía estamos intentando recuperarnos de esa ventaja».

Según ha admitido, lo preocupante es que las víctimas se registra en fuera de los centros de tratamiento y al margen de las listas de contactos conocidas.

«Cada una de estas defunciones apunta a una cadena de transmisión que todavía no hemos localizado», ha alertado el jefe de la OMS, para concluir que la epidemia continuará hasta que no se registren y se rompan todas esas cadenas de transmisión.

«El riesgo no se detiene en las fronteras de la República Democrática del Congo. Uganda ya ha parado la transmisión después del salto inicial, y felicito al gobierno y al pueblo de Uganda por su respuesta decisiva. El mes pasado, sin embargo, un viajero transportó el virus a Francia. Las fronteras pueden ralentizar una respuesta, pero no detienen un virus», ha subrayado.

En este sentido, Tedros ha recalcado el liderazgo del Gobierno de la República Democrática del Congo para elevar la respuesta sanitaria junto a la OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

«Estamos fortaleciendo la vigilancia basada en la comunidad, ampliando la capacidad de atención médica, apoyando unos entierros seguros y dignos, trabajando con las comunidades para crear confianza y sensación de identificación y promoviendo ensayos clínicos para vacunas y tratamientos», ha expuesto.

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La ONU ve «inaceptables» las sanciones de EEUU contra TPI

BRUSELAS 19 Ago.- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este miércoles que Estados Unidos levante sus sanciones impuestas en la víspera contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, una medida que ha tildado de «inaceptable».

«Deben levantarse las nuevas sanciones inaceptables impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del TPI y un miembro de la Fiscalía», ha señalado el organismo en redes sociales en relación a la decisión adoptada por la Administración Trump contra la magistrada japonesa y el abogado senegalés Abdoulaye Seye por su papel en las investigaciones iniciadas por el tribunal por crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.

Turk ha vuelto a pedir que los Estados «salgan en defensa de las instituciones que ellos mismos han creado para velar por los Derechos Humanos y el Estado de derecho», además de que «protejan» a los afectados objeto de estas «represalias» de Washington.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su «profunda preocupación» por las anunciadas sanciones contra Akane y Seye, que ha extendido al resto de empleados del TPI afectados: ocho jueces, dos fiscales adjuntos y el exfiscal jefe Karim Jan.

El diplomático portugués «respeta profundamente la labor» de esta corte y la considera «un pilar fundamental de la justicia penal internacional», ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un breve comunicado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en su ‘lista negra’ a Akane y Seye por haber «participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, según apuntó el Departamento de Estado.

El TPI dictó en noviembre de 2024 sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.

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Suprema ratifica condena de 20 años por crimen Yuniol Ramírez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por Argenis Contreras González y dejó firme la sentencia que lo condena a 20 años de prisión por el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, ocurrido en octubre de 2017.

La decisión, adoptada a solicitud del Ministerio Público, establece que Contreras González deberá cumplir íntegramente la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, además de asumir las costas del procedimiento.

Con el rechazo del recurso, adquiere carácter definitivo la sentencia penal núm. 502-01-2025-SSEN-00181, emitida el 29 de diciembre de 2025 por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que previamente había confirmado la condena dictada en primer grado.

Durante el proceso ante la Suprema Corte, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) estuvieron a cargo de la representación del Ministerio Público. La procuradora adjunta Fadulia Rosa solicitó a los jueces rechazar el recurso de casación, al considerar que los tribunales inferiores realizaron una correcta valoración de las pruebas y establecieron la responsabilidad penal del procesado.

La decisión fue adoptada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y Yorlin L. Vásquez Castro, integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Contreras González, quien al momento de los hechos se desempeñaba como encargado del Departamento de Compras y Contrataciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), fue procesado junto a otras personas en dos expedientes posteriormente fusionados, relacionados con el asesinato de Ramírez Ferreras y actos de corrupción detectados en esa institución.

DICE DEMOSTRÓ RESPONSABILIDAD PENAL

El Ministerio Público sostuvo que logró demostrar la responsabilidad penal de Contreras González en el secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y ejercía como profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El cadáver del jurista fue localizado en octubre de 2017 en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste. Su cuerpo estaba atado con cadenas y candados a un bloque de cemento.

Tras el crimen, Contreras González huyó hacia Estados Unidos, donde fue posteriormente capturado y, tres años después, entregado a las autoridades dominicanas como resultado de las gestiones realizadas por el Ministerio Público para lograr su retorno y someterlo a la justicia.

El procesado fue señalado como el principal autor material del secuestro y asesinato de Yuniol Ramírez. Finalmente, fue declarado culpable de homicidio y ocultamiento de cadáver y condenado a 20 años de prisión.

LIBANO: Casi 4.350 personas han muerto por ofensiva Israel

DAMASCO 19 Ago.- El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este miércoles de que casi 4.350 personas han muerto y más de 12.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel el pasado mes de marzo en el sur del país, en el marco del incremento de los ataques israelíes pese al alto el fuego en vigor.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad ha detallado que el balance de muertos asciende a 4.348 personas, entre ellos 135 trabajadores sanitarios, mientras que ya son 12.307 los heridos, incluidos 410 profesionales de la salud.

La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en las gobernaciones de Líbano Sur, Monte Líbano y de Nabatiyé, así como en la capital, Beirut, si bien también hay fallecidos en las gobernaciones de Baalbek-Hermel y de la Becá.

Asimismo, un total de 130 personas han muerto en ambulancias, la mayoría de ellos trabajadores de la salud. Las autoridades también han informado de que hay 17 hospitales con daños por los ataques, mientras que tres permanecen cerrados en el contexto de la ofensiva.

El 26 de junio, Líbano e Israel alcanzaron un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme del partido-milicia chií Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, el Ejército de Israel ha continuado sus ataques, principalmente en el sur del país, alegando que existe infraestructura de Hezbolá que pone en riesgo a sus tropas. Este mismo miércoles, ha llevado a cabo bombardeos en zonas del distrito de Nabatiyé.

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