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República Dominicana podría ser considerada uno de los países donde más se estudian, se diagnostican y se discuten los problemas nacionales, pero donde menos se consigue convertir tantos análisis en soluciones definitivas.
Durante décadas, instituciones nacionales, organismos internacionales, universidades y expertos han dedicado tiempo y recursos a investigar males ancestrales como la pobreza, la inseguridad ciudadana, la corrupción administrativa, las deficiencias educativas, el costo de la vida, el desempleo y la debilidad de los servicios públicos. Se han elaborado planes, estrategias, proyectos y recomendaciones, pero los resultados siguen siendo insuficientes frente a las expectativas de la población.
¿Cómo se explica que, después de tantos estudios, diagnósticos y promesas sigamos hablando de los mismos problemas de hace treinta y cuarenta años?
Todas las organizaciones políticas que han tenido la oportunidad de gobernar el país deberían examinar con responsabilidad sus actuaciones y resultados. Los discursos cambian, los funcionarios se sustituyen, los colores partidarios se alternan y las campañas electorales presentan nuevas esperanzas, pero muchas de las dificultades que afectan a la ciudadanía continúan ocupando un lugar central en la agenda nacional.
No se trata de desconocer los avances experimentados por República Dominicana ni de afirmar que nada se ha hecho; el problema es que esos progresos no han conseguido eliminar deficiencias estructurales que persisten de gobierno en gobierno. Cada organización política llega al poder con promesas de transformación, cuestiona las limitaciones de sus antecesores y anuncia nuevas soluciones, pero con frecuencia termina enfrentando los mismos problemas que criticaba cuando estaba en la oposición.
En el lenguaje popular, se dice que un político se quema cuando pierde credibilidad, cuando sus promesas dejan de convencer o cuando los resultados de su gestión no corresponden con las expectativas que despertó. Ese desgaste no depende exclusivamente de las críticas de sus adversarios; también surge de la distancia entre lo prometido y lo ejecutado, entre los anuncios oficiales y la realidad cotidiana de la gente. La ciudadanía ha aprendido a escuchar promesas, pero cada vez necesita más evidencias. La popularidad puede ser pasajera, mientras que los resultados concretos constituyen una parte esencial de la confianza pública.
Una de las grandes debilidades de nuestra cultura política consiste en comenzar de nuevo cada vez que cambia la administración, como si no existieran investigaciones previas, experiencias acumuladas y propuestas que podrían servir de punto de partida. El país corre así el riesgo de invertir recursos en repetir diagnósticos, mientras las soluciones permanecen pendientes. Los estudios técnicos y sociales son necesarios, pero su verdadero valor se demuestra cuando se traducen en decisiones, presupuestos, plazos de ejecución y resultados verificables. También hace falta una visión de Estado que permita dar continuidad a las políticas públicas esenciales, independientemente de quién ocupe el Palacio Nacional.
Lo preocupante no es que República Dominicana tenga problemas, pues todos los países los enfrentan. Lo preocupante es que sigamos discutiendo durante décadas dificultades conocidas, acompañadas de propuestas que muchas veces ya han sido formuladas. Cuando una nación identifica sus males, estudia sus causas y dispone de recomendaciones para enfrentarlos, corresponde explicar con transparencia qué impide ejecutar las soluciones y quiénes deben rendir cuentas por los compromisos incumplidos.
República Dominicana no necesita vivir eternamente diagnosticada; necesita comenzar a sanar. Después de treinta o cuarenta años hablando de los mismos problemas, ha llegado el momento de pasar de los estudios a las soluciones, de las promesas a los resultados y de los discursos a una gestión pública capaz de responder a las necesidades reales de la sociedad.
sp-am
