POR VÍCTOR DE LOS SANTOS

Durante años el cambio climático fue presentado ante el mundo principalmente como un problema ambiental. Sin embargo, los acontecimientos internacionales actuales demuestran que sus implicaciones van mucho más allá del aumento de las temperaturas, los huracanes extremos o las inundaciones.

El cambio climático se ha convertido también en un factor estratégico capaz de influir sobre la economía mundial, la seguridad energética, el comercio internacional y las nuevas disputas geopolíticas del siglo XXI.

Hace varios años, Benjamin Lieberman y Elizabeth Gordon, en su obra El cambio climático en la historia de la humanidad, advertían que las alteraciones climáticas podrían actuar como multiplicadores de conflictos, tensiones económicas y desigualdad global. Hoy, muchas de esas reflexiones parecen materializarse en medio de un escenario internacional marcado por competencia tecnológica, guerras comerciales, tensiones energéticas y una creciente lucha por el control de recursos estratégicos.

La transición hacia energías más limpias está transformando silenciosamente el tablero geopolítico mundial. El litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el grafito y las llamadas tierras raras han pasado a ocupar un lugar estratégico debido a su importancia para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares, sistemas de almacenamiento energético y tecnologías avanzadas.

Las grandes potencias entienden que quien controle buena parte de estos recursos tendrá ventajas económicas, tecnológicas e industriales determinantes en las próximas décadas. Por eso, Estados Unidos, China, Europa y otras economías desarrolladas compiten agresivamente por asegurar cadenas de suministro, influencia comercial y acceso a regiones ricas en minerales críticos.

En muchos aspectos, la geopolítica del siglo XXI ya no gira solamente alrededor del petróleo. Ahora también gira alrededor de la energía limpia, la tecnología, el agua, los alimentos y la capacidad de adaptación climática.

Paradójicamente, gran parte de los países que históricamente más han contribuido a las emisiones contaminantes poseen hoy mayores capacidades financieras, tecnológicas y estructurales para enfrentar los impactos climáticos. Mientras tanto, numerosas naciones vulnerables enfrentan sequías, pérdidas agrícolas, presión migratoria, deterioro ambiental y crecientes costos económicos asociados a fenómenos extremos.

El cambio climático está revelando una realidad compleja: el planeta se calienta de manera global, pero sus consecuencias económicas, sociales y geopolíticas se distribuyen de manera profundamente desigual.

La discusión climática moderna ya no puede limitarse únicamente a temas ambientales. También involucra poder, economía, comercio, seguridad nacional y control estratégico de recursos esenciales para el futuro de la humanidad. ///

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POR ALEJANDRO SANTOS

El acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos, que compromete a la República Dominicana a recibir deportados de terceros países, ha despertado serias preocupaciones sobre las consecuencias que este compromiso puede representar para nuestro país.

El hecho de recibir personas deportadas de terceros países tiene, obviamente, implicaciones migratorias, de seguridad y de soberanía. Este tema no puede abordarse de manera simple, porque toca aspectos muy sensibles para una nación como la nuestra, que ya de por sí enfrenta limitaciones estructurales en materia de control migratorio, institucionalidad y administración de justicia.

Cooperar dentro de una estrategia conjunta con Estados Unidos y otros países en el combate al crimen organizado constituye una labor legítima y necesaria del Estado dominicano. En estos tiempos, en que la delincuencia actúa con múltiples herramientas sofisticadas y opera en distintos países, se hace imprescindible que las naciones adopten medidas coordinadas.

Desde ese punto de vista, no es cuestionable que la República Dominicana participe con Estados Unidos en estrategias de lucha contra la delincuencia internacional.

Pero una cosa es cooperar en la lucha contra el crimen y otra muy distinta es asumir decisiones que pueden afectar sensiblemente el sentimiento nacional de soberanía. Ahí es donde aparece la preocupación principal que levanta este reciente acuerdo con Estados Unidos.

Dadas las vulnerabilidades y las limitaciones propias de la República Dominicana, este tipo de compromiso nos coloca ante la amenaza de que puedan llegar deportados que representen riesgos delicados para el país.

Que arriben a territorio dominicano personas deportadas desde Estados Unidos que sean nacionales de terceros países representa un hecho sumamente preocupante. No solo por la carga migratoria que esto implica, sino también por las interrogantes que se abren en torno a la seguridad, al control, a la custodia y a la responsabilidad que recaería sobre el Estado dominicano.

Hasta ahora, lo único que ha dicho el Gobierno es que se trata de un “memorando de entendimiento no vinculante”, dentro de la iniciativa “Escudo de las Américas”. Eso significa que el acuerdo no tendría que ir al Congreso para su ratificación y que no tendría condición jurídica obligatoria en los términos de un tratado formal. Sin embargo, que sea presentado como no vinculante no elimina la preocupación política, migratoria y soberana que ha generado.

No puede obviarse tampoco que la República Dominicana ha recibido en múltiples ocasiones el calificativo de ser un país permisivo con la entrada y permanencia de personas procedentes de distintos lugares del mundo, incluyendo individuos con problemas judiciales o perseguidos en sus países de origen. Existen innumerables casos de personas que se han ocultado durante largo tiempo en nuestro territorio para evadir condenas o procesos judiciales en sus naciones.

Por eso, este acuerdo no puede analizarse con ingenuidad. Un país con debilidades estructurales en materia de control, con presión migratoria permanente y con limitaciones institucionales evidentes, tiene que reflexionar muy bien antes de aceptar cargas adicionales, aunque estas se presenten bajo el nombre de cooperación internacional.

A todo lo anterior se suma un elemento todavía más inquietante: la Cancillería no ha dado a conocer el texto completo del acuerdo. Lo que se sabe hasta ahora ha salido de declaraciones del canciller, quien explicó que los migrantes recibidos quedarían bajo custodia de las autoridades dominicanas y que, al momento de referirse al tema, todavía no se había definido el lugar donde serían alojados. Esa falta de claridad no ayuda a tranquilizar al país; por el contrario, aumenta la incertidumbre.

Cuando un acuerdo toca asuntos tan sensibles como soberanía, seguridad y migración, la transparencia no debería ser opcional. La población dominicana tiene derecho a saber qué fue exactamente lo que se firmó, cuáles son sus alcances, qué compromisos concretos asume la República Dominicana, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y qué garantías reales existen para evitar que esta decisión termine convirtiéndose en una carga mayor para el país.

En un tema de esta naturaleza, lo menos que puede hacer el Gobierno es hablar con claridad, mostrar el texto completo del acuerdo y asumir con responsabilidad el debate nacional que esto provoca. Porque cuando se trata de soberanía, no basta con pedir confianza: hay que ofrecer detalles precisos sobre el alcance de los compromisos y demostrar transparencia real.

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En la vida del patriota Santiago Rodríguez Masagó, nacido el 25 de julio de 1810 en tierra del noroeste, no hay señal de que tuviera entrenamiento al estilo del que adquirían los que pasaban por el Pritaneo militar de Napoleón Bonaparte en la ciudad francesa La Fléche. Sin embargo, demostró ser un táctico y estratega formidable. En los días de la Independencia Nacional obtuvo por propios méritos el rango de coronel.

Fue uno de los hombres más importantes en las primeras y decisivas fases del proceso bélico que enfrentó a los combatientes restauradores dominicanos con las tropas del entonces imperio español y sus lacayos criollos. Aunque algún respetado historiador nunca le perdonó que al terminar la guerra restauradora se alineó con el caudillo rojo Buenaventura Báez.

Leyendo escritos mal hilvanados de uno de los usurpadores de la soberanía dominicana, cargados de ataques virulentos contra Santiago Rodríguez, se puede afirmar que contra él se “agotó el improperio, saqueó el epíteto y manchó la palabra”, hasta su fallecimiento el 7-11-1893 en la sección El Cantón, Sabaneta.

Venció a varios generales anexionistas, tanto españoles como dominicanos. El 26 de agosto de 1863, por ejemplo, puso en fuga vergonzosa al jefe militar de origen dominicano José Antonio Hungría. Eso fue en la loma del Tabaco, entonces jurisdicción de lo que se conocía desde tiempos precolombinos como Guaraguanó, que a partir el 9 de septiembre de 1907 es Monción.

Después de enfermarse, y analizar que el triunfo restaurador era inevitable, se estableció en San Ignacio de Sabaneta, el pueblo que se le atribuye haber fundado en el 1844 con los sobrevivientes del incendio que en dicho año hicieron los haitianos en Dajabón. Desoyó las múltiples peticiones que le hicieron para que fuera el presidente de la República en armas. Apadrinó para ese elevado cargo al valeroso José Antonio Salcedo, apodado Pepillo.

El general Santiago Rodríguez fue intrépido y estaba dotado de una enorme capacidad intuitiva para organizar combatientes victoriosos. Esos fueron los motivos, mezclados con mezquindad, para que jefes militares y civiles anexionistas lo presentaran como un ser endemoniado y creador del caos.

El general José de la Gándara, que fue el último capitán general durante la fracasada anexión, escribió largos y farragosos comentarios en su contra, especialmente en los dos tomos de su obra publicada casi dos décadas después de salir derrotado del territorio dominicano, titulada  “Anexión y guerra en Santo Domingo”. Son hojas que contienen muchas mentiras.

Sobre uno de los hechos más gloriosos encabezados por Santiago Rodríguez, acompañado entre otros patriotas por José Cabrera, Pablo Reyes, Benito Monción y Alejandro Bueno, es decir la acción patriótica iniciada el 16 de agosto de 1863 en el cerro de Capotillo, otro oficial español señaló que: “Apareció nuevamente la revolución, levantando erguida su asquerosa cabeza…tristes y graves acontecimientos…” (La dominación y última guerra de España en Santo Domingo. Editora Santo Domingo, 1974.Pp 128 y 129. Ramón González Tablas).

La realidad sin fisura fue que Santiago Rodríguez, como bien anotó uno de sus biógrafos, fue “un hombre eminente, iniciador supremo de la revolución libertadora…Tenía la preparación necesaria…sus virtudes de patriota y su grado de coronel de la Independencia”. (Historia de la Restauración. Editora Taller, 1986. P24. Pedro M. Archambault).

A pesar de que hay pruebas documentales acerca de delaciones y chivatazos de los preparativos patrióticos que comenzaron en el cerro de Capotillo (de lo que dan cuenta entre otros el historiador José Gabriel García), Santiago Rodríguez demostró en los hechos que era falso el alegato de los anexionistas de que entregaron la soberanía nacional al reino de España porque los dominicanos no tenían condiciones para sostener la Independencia.

Esos vendepatria terminaron en el zafacón de la historia, mientras los restauradores tienen un lugar de honor en el recuerdo de los acontecimientos más importantes de nuestro pasado, aquellos hechos que reafirmaron la dominicanidad.

Sin necesidad de sumergirse en profundizaciones sociológicas está demostrado que la Restauración fue una guerra popular, por el origen social del grueso de sus  oficiales y tropas. Sin embargo, eso no impide reconocer que en ella hubo dirigentes cuyos actos permiten ubicarlos en una clasificación especial.

Uno de esos jefes fue Santiago Rodríguez. Ante su memoria no hay por qué desdeñar la visión (no libre de controversias) del ensayista y filósofo escocés Thomas Carlyle sobre líderes eficaces y extraordinarios, a quienes categorizó como parte esencial para forjar la historia, tomando en cuenta el caudal de la energía creativa que son capaces de emanar frente a los demás cuando una situación se torna más difícil. (Teoría del Gran Hombre).

La principal provincia productora de leche y de casabe del país, con grandes encantos naturales, enclavada en el noroeste, entre las cordilleras Central y Septentrional, lleva el nombre de Santiago Rodríguez desde el 29 de diciembre de 1948, en virtud de lo dispuesto por la Ley 1892, que entró en vigencia el primero de enero de 1950. (Gaceta Oficial No.66882, publicada el 12-1-1949).