POR VICTOR CESPEDES

En el complejo tablero de los juegos de azar en la República Dominicana, las piezas parecen moverse sin una brújula jurídica capaz de orientar con precisión el destino del sector. Entre decretos, resoluciones, permisos, reclamos y fiscalizaciones, se ha levantado una tormenta legal que amenaza con arrastrar consigo miles de empleos, inversiones y derechos adquiridos.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el Estado dominicano tiene la ineludible responsabilidad de encontrar una salida equilibrada y constitucional a esta problemática, tomando en consideración múltiples factores que han sido ignorados o minimizados durante años.

El primero de ellos es la realidad laboral. Detrás de cada banca de lotería existe una historia humana. Se estima que cada punto de venta emplea al menos dos trabajadoras de manera directa. Esto significa que más de cien mil mujeres encuentran en esta actividad el sustento diario de sus hogares.

Son madres, esposas, hijas y jefas de familia que cada mañana levantan las cortinas de esos establecimientos con la esperanza de llevar el pan a sus mesas. No se trata únicamente de números; se trata de vidas.

En segundo lugar, resulta imposible ignorar la facultad contractual que en su momento otorgó el propio Estado para la instalación y funcionamiento de estos negocios. No puede el mismo Estado sembrar autorizaciones y luego cosechar incertidumbres sin ofrecer garantías jurídicas claras. La seguridad jurídica constituye uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho.

Aspecto económico

Un tercer aspecto es el impacto económico que generan estas empresas. De manera directa o indirecta, formal o informal, las bancas de lotería dinamizan sectores comerciales, generan circulación monetaria y contribuyen al sostenimiento de miles de familias. Su existencia forma parte de una realidad económica que no puede ser desconocida mediante decisiones improvisadas.

Sin embargo, sobre este escenario se cierne una sombra preocupante: las evidentes lagunas existentes en leyes, decretos y resoluciones que regulan el sector. Muchas de las normas actuales parecen navegar en aguas grises donde la interpretación sustituye a la certeza jurídica. Cuando la ley deja espacios vacíos, el conflicto encuentra terreno fértil para crecer.

A esto se suma la insuficiente capacitación de algunas autoridades responsables de regular y fiscalizar la actividad. La falta de conocimiento técnico especializado puede conducir a decisiones desacertadas que, lejos de solucionar problemas, terminan profundizando las controversias existentes.

Tampoco puede pasarse por alto la situación de determinadas federaciones y asociaciones vinculadas al sector. La legitimidad de cualquier reclamo jurídico depende, en gran medida, de la legitimidad de quien lo formula. Resulta contradictorio exigir el respeto irrestricto de derechos cuando la propia estructura organizativa presenta cuestionamientos relacionados con su legalidad o representación.

El derecho moderno, particularmente el derecho dominicano, ha fortalecido un elemento fundamental para la administración de justicia: la legitimidad de la prueba y la legitimidad del reclamante. No basta con alegar un derecho; es necesario demostrarlo y hacerlo desde una posición jurídicamente válida.

Por ello, cuando se pretende reclamar derechos adquiridos, quienes encabezan tales reclamaciones deben exhibir una conducta legal intachable. La justicia no puede construirse sobre cimientos frágiles. La transparencia, la legalidad y el cumplimiento normativo deben convertirse en requisitos indispensables para quienes aspiran a representar los intereses colectivos del sector.

Asimismo, el Estado tiene la obligación de emitir leyes, decretos y resoluciones inspirados en los principios de equidad constitucional, igualdad jurídica y seguridad normativa. Solo así podrán ofrecerse garantías reales tanto para los empresarios como para los trabajadores vinculados a esta actividad.

La realidad actual demuestra que muchos conflictos terminan en los tribunales sin que los jueces dispongan de herramientas jurídicas suficientemente claras para emitir decisiones definitivas sustentadas en derechos plenamente determinados. El resultado suele ser una prolongación innecesaria de los procesos y una creciente inseguridad jurídica.

Por ello, resulta indispensable examinar quiénes están asesorando actualmente al Gobierno en materia de juegos de azar. Las decisiones públicas deben surgir del conocimiento profundo de la realidad y no de diagnósticos superficiales. Un problema complejo exige soluciones complejas, responsables y técnicamente fundamentadas.

La salida más prudente parece encontrarse en la creación de mesas de diálogo y concertación donde participen autoridades, empresarios, trabajadores y especialistas del sector. Allí debería discutirse, con absoluta transparencia, cuáles puntos de venta mantienen deudas tributarias, cuáles incumplen disposiciones legales, cuáles operan legítimamente y cuáles deben ser objeto de revisión o eliminación.

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿qué entendemos realmente por legalidad e ilegalidad dentro del sector de juegos de azar? La respuesta no puede construirse únicamente desde la óptica recaudadora del Estado ni exclusivamente desde los intereses empresariales. Debe surgir del equilibrio entre los derechos adquiridos, las obligaciones fiscales y el interés público.

De lo contrario, la nación podría asistir a una peligrosa colisión de derechos. Una fiscalización mal concebida o ejecutada podría abrir las puertas a una interminable cadena de litigios, recursos y conflictos judiciales. El sector correría el riesgo de quedar atrapado durante años en un laberinto jurídico donde las respuestas se diluyan entre expedientes y sentencias contradictorias.

La justicia, al igual que un faro en medio de la tormenta, debe iluminar el camino de la razón. Y hoy más que nunca, el sector de juegos de azar necesita menos confrontación y más diálogo; menos incertidumbre y más seguridad jurídica; menos improvisación y más visión de Estado.

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Para cualquier gobierno uno de los elementos básicos en su ejercicio diario de políticas públicas debe ser el sentido común, que no es otra cosa que tener la capacidad para juzgar situaciones cotidianas de manera razonable, lógica y prudente. En síntesis, para actuar con sentido común ante una acción que afecta muchos intereses, lo lógico y elemental es saber escuchar, saber ceder y saber explicar.

El actual Ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha puesto al gobierno a actuar con sentido común al presentar el paquete de medidas económicas y tributarias para enfrentar la crisis y mantener la estabilidad macroeconómica, ante la difícil situación que vive el mundo. El gobierno de Luis Abinader y el PRM habían intentando en cuatro ocasiones anteriores impulsar una reforma fiscal, y en todos esos intentos fracasaron. ¿Por qué? Sencillamente porque quienes la estaban impulsando no actuaron con sentido común y no se dieron cuenta que estos son otros tiempos.

Cuando el gobierno intentó aprobar la reforma fiscal del 2024, lo hizo con arrogancia, con sentido vengativo, con petulancia y lleno de prepotencia. Y el equipo económico del 2024,  además de actuar con la soberbia del poder sin escuchar a nadie y maltratando a todo el mundo, colocó un conjunto de medidas economicas y tributarias  absurdas y abusivas, sin ceder en nada y sin poner una sola medida que evidenciara algún nivel de sacrificio del gobierno. Y ante ese cuadro, el país entero le fue encima al gobierno, y al presidente Abinader no le quedó otra opción que retirar del congreso ese mamotreto de reforma fiscal.

En aquel momento, Magín no estaba en el gobierno y desde varios medios de comunicación criticó la forma y el fondo de aquella frustrada reforma. Cuando fue nombrado Ministro de Hacienda, en julio del 2025, todas las expetactivas se centraron en cómo actuaría ante la necesidad de una reforma fiscal que todo el mundo entendía necesaria, pero no con la visión y orientación incorrecta que el gobierno del PRM había intendo hacer en cuatro ocasiones.

Magín entendió el mensaje de la sociedad y actuó coherente a sus palabras cuando no era parte del gobierno. Lo primero que hizo fue ratificar que uno de los grandes retos del gobierno era aumentar la inversión pública, la cual había decaído de manera considerable. Luego, empezó a escuchar a todos los sectores y a pedirle sus ideas sobre las líneas generales de las medidas necesarias para que el gobierno aumentara sus ingresos, sin afectar mucho a cada sector y menos menos a la población mas excluída.

Con una ración de la paciencia de Job en sus alforjas, Magín tomó la visión y las propuestas del sector empresarial, sindical, de la pymes, de la oposición y de todos los sectores importantes de la sociedad, asumió las que eran posibles. Antes de presentar el proyecto final al país, comunicó a todos los sectores su propuesta que contienen una serie de medidas que, si no son cambiadas o alteradas en el congreso, podrían ayudar a que el país no sea tan afectado por la crisis actual del mundo.

Lo primero que hizo Magín no fue imponer nuevos impuestos o subir las tasas del ITBI  o de los selectivos al consumo, sino asumir una demanda que desde hace mucho tiempo era reclamada por la sociedad: Quitarle el anticipo a las microempresas y darle más facilidades de pago de ese anticipo a las pequeñas y medianas. También propuso indexar los salarios y subir el margen de los que no pagan impuesto hasta 39 mil pesos. De igual manera, amplió al 30 y 50 % el margen de la deducción de gastos educativos, eliminó tres impuestos anacrónicos que existían y propuso una amnistía fiscal para todas las empresas y personas físicas que tienen deuda acumulada en la DGII.

Luego propuso las medidas que tienen que ver con el aumento de los ingresos del gobierno que, ciertamente, nos afectarán, como el aumento del procentaje al impuesto a los cheques y a las transferencias electrónicas en los bancos, el aumento muento de 10 dólares a los pasajes aéreos y otras. Pero, la mayor carga impositiva la tendrán los juegos de azar, los que ganen más de 400 mil pesos al mes y las grandes empresas que facturan más de mil millones de pesos al año.

Es evidente que Magín actuó con sentido común y presentó una propuesta justa, equilibrada y viable. Le mostró al presidente Luis Abinader y al PRM cuál es la forma correcta de gobernar. Esperamos que al ser sometida al congreso esa propuesta, los legisladores del PRM y de la oposición, actuén también con sentido común.

Una gran enseñanza que creo se deduce de esta situación es que Magín Díaz ha demostrado que tiene la visión, la capacidad y el tacto suficiente para ser una opción viable y confiable para ser nombrado, por este gobierno o por el que gane las elecciones del 2028, como Gobernador del Banco Central, cuando se cierre el ciclo histórico del exitoso y valioso Héctor Valdez Albizu.

euricabral07@gmail.com

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