POR LUIS M. GUZMAN

Si en la primera parte quedó claro que los controles estructurales fallaron, en esta segunda entrega el foco se desplaza hacia algo igual de grave, el silencio institucional. El caso SeNaSa no se sostuvo únicamente por omisiones regulatorias, sino por la inacción prolongada de las instancias llamadas a investigar, prevenir, corregir y advertir. No fue falta de información ni de señales tempranas; fue una ausencia sistemática de voluntad para preguntar lo evidente y detener lo que ya mostraba signos de descomposición.

8- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contaba con indicios financieros y contractuales desde años atrás. Contratos atípicos, concentración reiterada de proveedores y flujos millonarios sin correlato operativo constituyen señales objetivas que, en cualquier sistema funcional, activan investigaciones de oficio. Sin embargo, la actuación solo llegó tras la exposición pública, confirmando una lógica reactiva que debilita la prevención y normaliza la espera del escándalo.

9- El Ministerio Público, como director del sistema de persecución penal, tampoco puede abstraerse de esta realidad. Los hechos descritos en el expediente no fueron episodios aislados, sino conductas continuadas ejecutadas por redes organizadas durante un período prolongado. La respuesta judicial actual ha sido firme, pero tardía. En materia de corrupción estructural, la tardanza no es neutral, amplía el daño, consolida redes y eleva el costo institucional.

10- En el ámbito de la salud pública, PROMESE/CAL debió advertir la fragmentación del gasto farmacéutico y el uso sistemático de pagos per cápita a privados sin control centralizado. La dispersión de compras, la pérdida de referencias de precios y la ruptura de economías de escala no son fallos administrativos menores; son brechas estructurales que facilitan sobrecostos, distorsionan el mercado y debilitan la capacidad reguladora del Estado.

11- El Ministerio de Salud Pública, como ente rector sanitario, no podía alegar desconocimiento. Programas sin sustento verificable, como los dirigidos a adultos mayores, y su impacto directo sobre la atención primaria debieron activar alertas inmediatas. El silencio institucional frente a estas distorsiones no fue pasivo ni inocuo, legitimó un modelo que drenaba recursos sin traducirse en mejoras reales en cobertura, calidad ni resultados sanitarios.

12- El Servicio Nacional de Salud (SNS) fue uno de los principales perjudicados del esquema. La cancelación abrupta de contratos y la competencia desigual con proveedores privados erosionaron la red pública, mientras SeNaSa privilegiaba esquemas costosos y opacos. Que el principal prestador público quedara marginado no fue un accidente administrativo, sino una reconfiguración deliberada que debilitó la capacidad operativa del Estado.

13- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) tenía el mandato de prevenir conflictos de interés y promover integridad institucional. En SeNaSa, la existencia de estructuras paralelas, concentración de decisiones y relaciones contractuales reiteradas debieron activar alertas tempranas. Su ausencia total en la fase preventiva confirma que la ética pública operó como discurso formal, sin capacidad real de intervención ni corrección.

14- En el plano financiero, la Superintendencia de Bancos debía vigilar operaciones inusuales vinculadas a fondos públicos. Movimientos millonarios repetitivos, pagos concentrados y transferencias sin justificación operativa son señales clásicas de riesgo sistémico. En un sistema robusto, estas dinámicas generan Reportes de Operaciones Sospechosas. En este caso, esas alertas no se materializaron, revelando un vacío crítico en la supervisión.

15- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), especializada en la prevención del lavado de activos, tampoco actuó a tiempo. Pagos sistemáticos del 30–35% en concepto de sobornos y estructuras empresariales interconectadas configuran tipologías ampliamente documentadas a nivel internacional. El rastro del dinero fue persistente y visible. La falta de acción temprana revela una desconexión profunda entre la normativa y su aplicación real.

16- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debió cuestionar ingresos desproporcionados y posibles simulaciones de servicios. Empresas con facturación millonaria y baja actividad real constituyen señales elementales de evasión o fraude fiscal. Que estas inconsistencias no derivaran en fiscalizaciones profundas confirma que otra alarma clave permaneció inactiva, permitiendo la sostenibilidad del esquema sin presión tributaria efectiva.

Fragmentación del control

Lo común en todas estas fallas no es la falta de atribuciones legales, sino la fragmentación del control. Cada institución observó una parte del problema, pero ninguna asumió la responsabilidad de integrar la información ni de actuar de forma coordinada. Sin visión sistémica ni cruce de datos, el Estado perdió capacidad de detección y la corrupción encontró un entorno cómodo para organizarse.

Este silencio institucional explica por qué el caso SeNaSa pudo crecer sin frenos durante años. Cuando investigar depende de que el escándalo estalle y prevenir se vuelve opcional, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en una práctica tolerada. El problema, entonces, no es solo lo que se robó, sino todo lo que el Estado decidió no preguntar cuando aún estaba a tiempo.

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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

El inicio de un nuevo año representa mucho más que un cambio en el calendario; simboliza una oportunidad histórica para corregir rumbos, fortalecer la institucionalidad y responder con firmeza a las demandas de una ciudadanía que espera resultados concretos. El país necesita señales claras de que el cambio prometido se profundiza y se consolida con acciones, no solo con discursos.

Su gestión ha mostrado voluntad y buenas intenciones, pero hoy el contexto nacional exige decisiones más drásticas y oportunas. Es momento de evaluar con objetividad el desempeño de los funcionarios públicos y actuar sin titubeos. Aquellos que no cumplen con sus responsabilidades, que no producen resultados o que comprometen la transparencia del Estado, deben ser objeto de las medidas correctivas que usted considere necesarias, pero aplicadas con firmeza y sin contemplaciones.

Gobernar también implica rodearse de equipos eficientes y comprometidos con el interés nacional. Un mayor apoyo a su gestión debe ir acompañado de un control administrativo y financiero más riguroso. El país no puede seguir cargando con estructuras débiles, burocráticas o permisivas que abren las puertas a la mala gestión y a prácticas que afectan directamente los recursos públicos y la credibilidad de su gobierno.

En el ámbito económico, la ciudadanía necesita sentir el impacto positivo de las políticas públicas en su bolsillo. No basta con indicadores macroeconómicos favorables si el costo de la vida continúa golpeando a las familias. Se requiere una política económica más audaz, enfocada en aliviar la carga del ciudadano común, fortalecer el empleo y proteger el poder adquisitivo.

La inseguridad ciudadana es otra deuda que reclama atención urgente. El país necesita un plan estratégico, contundente y sostenido contra la delincuencia. Que el dominicano pueda salir a la calle con tranquilidad, confiar en las autoridades y percibir que el Estado tiene control del territorio y capacidad real de respuesta frente al crimen.

Señor presidente, este es el momento de demostrar que el Estado no negocia con la corrupción. Desmantelar los focos de ilegalidad enviaría un mensaje claro de autoridad, justicia y compromiso real con la seguridad nacional. El pueblo no solo quiere promesas; quiere ver, sentir y comprobar que se está actuando.

El país no soporta otro escándalo que debilite la confianza en las instituciones, como los recientes casos que han salido a la luz. Por ello, urge realizar un levantamiento profundo de todas las instituciones públicas, identificando debilidades, fallas de control y áreas vulnerables a la corrupción antes de que sea demasiado tarde.

Grupo élite

Una propuesta viable es la conformación de un grupo élite de profesionales independientes, ajenos a compromisos políticos. Contadores, economistas, abogados, ingenieros y especialistas de alto nivel, con solvencia moral y técnica, capaces de auditar, evaluar y recomendar correctivos en las instituciones más sensibles del Estado.

Este equipo élite, de carácter multidisciplinario, debe ser enviado a las entidades con mayores riesgos, no para perseguir, sino para prevenir, corregir y fortalecer. La transparencia no debe ser reactiva, sino preventiva. Gobernar bien también implica anticiparse a los problemas y cerrarle el paso a la corrupción antes de que se convierta en una crisis.

Señor presidente, este es el momento de un giro firme y positivo. Olvídese de compromisos políticos que limiten su accionar y asuma con determinación el liderazgo que el país espera. Es tiempo de agarrar el toro por los cuernos, porque la historia no juzga intenciones, sino decisiones valientes que transforman naciones.

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Percibo una atroz indignación tras observar, a lo largo de estos 365 días, cómo en nuestra República Dominicana y durante el año 2025, la palabra “liderazgo” fue vaciada de su esencia ética para ser reemplazada por el “oportunismo” desarraigado y rapaz. Al recorrer las calles de mi país en esta Navidad, he notado una desconexión abismal entre el brillo de las luces oficiales y la opacidad en los rostros de quienes apenas logran sobrevivir a la inflación y a la desidia institucional, donde percibo el reflejo vivo de un oportunista que mira en la necesidad una vacante, mientras el líder la considera como un mandato sideral de su bienestar personal.

Para la sociedad- es mi consideración-, el liderazgo debería ser un acto de entrega, una vocación de servicio que anteponga el bienestar colectivo al interés privado; sin embargo, lo que hoy se presencia es la mutación del líder en un estratega del beneficio propio, alguien que no busca soluciones estructurales, sino que gestiona las crisis para extraer de ellas una ventaja política o económica.

En consecuencia, el oportunismo se ha convertido en una sombra parasitaria que se alimenta de las grietas del sistema, hasta convertirse en la capacidad cínica de transformar la tragedia ajena en una plataforma de lucimiento personal, o peor aún, en una oportunidad para el saqueo. Es así como, en este año que termina, hemos visto cómo el dolor del que menos puede se ha convertido en el código de conducta de muchos que juraron proteger al pueblo dominicano.

Me resulta imposible dejar de pensar en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el cual se podría calificar como la máxima expresión de un oportunismo criminal y me provoca una profunda rabia reflexionar sobre cómo se puede dormir tranquilo sabiendo que se han robado más de 44 mil millones de pesos destinados para la salud de los más vulnerables; lo que literalmente se constituyó en un arrebato al aliento de aquellos que ya no tenían fuerzas para expresar su impotencia a través de las lágrimas que brotaban de sus ojos.

¡Que se sepa! Esta estafa no fue solo un número en un expediente judicial, fue una burla sangrienta al ciudadano humilde que, arrinconado en la pobreza, acudía a las clínicas confiando en su tarjeta del seguro, pero, según observo en las pruebas de la “Operación Cobra”, me queda bien claro, que para el oportunista, el enfermo no es un ser humano con derechos, sino una factura más que puede ser inflada para llenar los bolsillos de funcionarios insaciables.

A esto hay que sumarle la tragedia del Jet Set, un evento con tendencias relevantes que desnudó la negligencia disfrazada de progreso, por lo que le preguntamos al gobierno: ¿Cuántas muertes más necesita el país para que ustedes puedan entender que el liderazgo que ignora las normas de seguridad por favoritismos o descuido es, en realidad, una forma de complicidad? Me provocó mucha pena y hasta temor, ver cómo las autoridades diluyeron sus responsabilidades mientras las familias lloraban a sus muertos tras ser rescatados, lo que se podría calificarse como el epítome de la cobardía política.

Los políticos

En estos días festivos para unos pocos y amargos para la mayoría, también he observado con amargura desde mi curul, cómo los políticos dominicanos utilizan la pobreza para decorar la propaganda, accionar que me indigna, sobre todo, en esta época navideña donde veo desfilar a estos “líderes oportunistas”, entregando migajas con cámaras fotográficas listas para capturar la su supuesta “generosidad”, sin tomar en consideración que esa foto, donde el poderoso sonríe y el necesitado baja la cabeza, en vez de ser un acto de amor, se convierte en una humillación sistematizada que perpetúa la dependencia en lugar de fomentar la dignidad.

El ciudadano dominicano está hoy arrinconado, no solo por la falta de recursos, sino por un sistema que parece diseñado para recordarle constantemente su fragilidad, mediante la imposición de una narrativa de éxito macroeconómico y récords turísticos que no llega a la mesa de la familia que debe decidir si compra medicinas o paga la luz, cuyos precios en este 2025 han asfixiado sin tregua a toda la sociedad.

La política dominicana no necesita más oradores, necesita más auditores de su propia conciencia. Me toca las venas del corazón tener que reconocer que el oportunismo ha creado una cultura de impunidad que desalienta al honesto, cuando los dominicanos perciben el liderazgo como el medio rápido de ascenso social y enriquecimiento ilícito, hasta que llega a romper el denominado contrato social. ¿Con qué cara se le pide al ciudadano que camina por las calles en chancletas que cumpla la ley, cuando el que está en el poder la retuerce a su antojo para evitar ser cuestionado?

La burla radica en el lenguaje. Se habla mucho de “modernización” y “reformas” mientras las estructuras básicas de protección social se desmoronan bajo el peso de la corrupción, razón por la cual, no es posible que haya modernización real cuando el sistema de salud es un botín y los espacios públicos son trampas mortales para aquellos que buscan un momento de alegría en su propio país.

A pesar de este panorama sombrío, la esperanza persiste, ya que el primer paso para cambiar esta realidad dual es denunciando la falsa dicotomía que nos presentan, visto que el dominicano, no importa su status social, no está obligado a elegir entre el “menos malo” o el “populista de turno”. Tú, que paga impuestos, tiene derecho de exigir autoridades que se preocupen y sientan el dolor del pueblo como propio y no como una métrica de las encuestas políticas.

Despido este 2025 con la firme convicción de que el despertar ciudadano sea la única cura para enfrentar el oportunismo, ya que solo cuando se dejen de aplaudir las migajas y se empiece a exigir cuentas claras, el teatro del poder se quedará sin audiencia, porque la Navidad debe ser un tiempo de luz, no un circo político. Espero que esa luz sirva para exponer a los oportunistas y abrir paso a un liderazgo que, de una vez y por todas, respete la dignidad de los dominicanos.

“No hay burla más grande que enriquecerse con el presupuesto del Estado, mientras el pueblo muere en la lista de espera”. (MB)