Las declaraciones del destituido director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, preciso durante la entrega del puesto a Ernesto Rodríguez García, son una tapa al caldeado pomo policial y una peligrosa mecha a un saco de pólvora que abren un laberinto de cuestionamientos y salpican al presidente Luis Abinader.

Insinuar que fue removido a tan solo seis meses de gestión por hacer lo correcto ¿o negarse a hacer lo contrario?, parece un desafío al mandatario, que lo nombró y lo quitó y de paso lo colocó en la lista de los 15 que menos han durado.

Este mayor general, retirado del cargo y de las filas del cuerpo donde no siempre impera el orden, legó al país un incremento de intercambio de disparos de 16 % en los primeros tres meses de gestión, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Qué habrá querido decir? ¿Que el gobernante lo “partió” porque es un hombre derecho o que sus propios compañeros de armas le hicieron la contra y Abinader lo creyó el malo de esta cruenta película?

Casos empañaron

Durante su “jefatura”, hubo casos que empañaron aún más la imagen de la institución, como el del joven de Herrera, Santo Domingo Oeste y el del otro muerto a mansalva en Santiago, pese a levantar la mano.

Es cierto que ocurrieron muchas muertes anteriores a su instalación en cuestionados enfrentamientos, pero en la de este oficial empezaron junto con su mandato, tal vez como presagio de lo que vendría.

La población soporta hace rato a un organismo que no logra reducir el temor con el cambio de su uniforme de gris luto a azul marino tranquilizador, de su logo de Ley y Orden por Proteger y Servir y menos con su cambio de nombre de jefe a director.

No solo porque no trabaja por la cercanía. Es peor, porque no dejó de atropellar e incluso los ciudadanos temen ser asaltados por esos efectivos y entienden que requieren atención en salud mental.

jpm-am

Aunque no constituye una sorpresa, pues los comunistas nunca han respetado la democracia ni el derecho al voto, la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de suprimir los comicios en Nicaragua a partir del 1 de septiembre constituye un hecho político inédito en América Latina, exceptuando a Cuba y su dictadura donde ocurrió primero.

Se trata de un golpe frontal contra los derechos ciudadanos, una mutilación del principio democrático que convierte al régimen sandinista en una dictadura abierta, comparable —y en muchos aspectos peor— que la de Anastasio Somoza, aquella que los mismos Ortega y Murillo combatieron con pasión en su juventud.

Lo incomprensible, lo indignante, es que líderes elegidos democráticamente como Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México se alineen, aunque sea de manera sigilosa, con un régimen criminal que niega el derecho básico de votar. ¿Cómo puede un presidente que llegó al poder por las urnas justificar con tecnicismos diplomáticos la supresión de esas mismas urnas en otro país? ¿Cómo puede una presidenta que se presenta como defensora de los derechos humanos guardar silencio ante semejante atropello?

La OEA, con el respaldo de Estados Unidos y una mayoría de países latinoamericanos, ha convocado a una cumbre extraordinaria para condenar la decisión de Ortega y Murillo. Sin embargo, Brasil y México han optado por el camino de la ambigüedad, disfrazando su apoyo con discursos sobre “seguridad regional” y “diálogo constructivo”. En realidad, lo que hacen es legitimar a una dictadura que se aferra al poder con métodos cada vez más brutales.

La contradicción es flagrante

Lula y Sheinbaum son producto de la democracia, pero su postura erosiona la credibilidad de ese mismo sistema. Al negarse a condenar la supresión de elecciones en Nicaragua, envían un mensaje devastador: que los principios democráticos son negociables, que los derechos humanos pueden relativizarse según conveniencias ideológicas o geopolíticas.

No se trata de un error menor. Es una traición a la memoria histórica de América Latina, que ha pagado con sangre y exilio la lucha contra dictaduras militares y caudillos autoritarios. Es también una bofetada a los pueblos que aún creen en la democracia como herramienta de justicia y libertad.

La tibieza de Lula y Sheinbaum no fortalece el diálogo, como ellos alegan; fortalece a Ortega y Murillo, quienes siempre han sabido que cuentan con la complicidad de dos de los gobiernos más influyentes de la región.

La historia juzgará con dureza esta incoherencia. Porque cuando un presidente elegido democráticamente se convierte en defensor de dictadores, no solo traiciona a su pueblo, sino a toda América Latina. La democracia no se defiende con discursos vacíos ni con silencios cómplices: se defiende con firmeza, con claridad y con la convicción de que ningún poder puede estar por encima del derecho ciudadano a elegir.

JPM