Por CARLOS SALAZAR 

San Cristóbal está viviendo un momento clave. Una nueva generación empresarial y comercial ha decidido involucrarse, aportar y tejer alianzas. Este impulso nos invita a dar el siguiente paso: invertir diferente para construir un futuro mejor, con visión de largo plazo y un principio rector incuestionable: el bien colectivo debe estar por encima del interés particular.

Cuando una ciudad encuentra su ruta de desarrollo, ganan todos. Crecen las empresas, se multiplican los empleos, mejora el entorno y florece el tejido social. Eso es exactamente lo que necesitamos: pasar de esfuerzos individuales a una estrategia compartida.

Pensemos en el juego de la cuerda. Si cada grupo tira hacia un lado distinto, la fuerza se dispersa y no se avanza. Pero cuando todos empujan hacia el mismo lado, el resultado llega rápido. El desarrollo territorial funciona igual: sin coordinación, se desperdicia energía; con alianzas, se multiplica.

El reto está en alinear la inversión privada con la visión o el Plan Estratégico de San Cristóbal, el ordenamiento territorial, el ecoturismo y la cultura viva que nos identifica. No se trata de esperar que el Gobierno lo haga todo ni de dejar la tarea únicamente al sector privado. Se trata de actuar como socios estratégicos. Ninguna ciudad se transforma solo con fondos públicos, y ninguna economía local se consolida sin la iniciativa empresarial.

Existen experiencias que demuestran que este camino funciona. Medellín, Bilbao o Curitiba supieron articular esfuerzos entre Estado, empresas y academia para transformar su estructura productiva y su entorno urbano. San Cristóbal también tiene lo necesario para dar ese salto: talento, ubicación estratégica, cultura emprendedora y un plan. Lo que falta es decisión colectiva. Cito estos ejemplos internacionales porque en esos espejos debemos mirarnos: en el de ciudades que se atrevieron a mirar su futuro de forma diferente y a hacer lo necesario para llegar hasta ahí.

Alternativas

Para avanzar hacia ese futuro, hay alternativas necesarias como: construir alianzas público-privadas (APP) sólidas que alineen la inversión privada con el Plan Estratégico de San Cristóbal. Esto implica crear un vehículo de inversión transparente, como un fideicomiso local, que permita cofinanciar proyectos estratégicos en áreas clave como gestión de residuos, energía solar distribuida, agua, ecoturismo, mercados y movilidad. Proyectos de alto impacto que, por separado, serían más lentos o inviables.

Con una meta clara, por ejemplo, destinar alrededor del 1 % del PIB provincial a proyectos público-privados permitiría transformar la infraestructura básica en menos de cinco años, y dinamizar la productividad local. Medellín lo demostró: en una década articuló más de veinte APP y redefinió profundamente su estructura urbana y económica.

Se trata de concentrar esfuerzos en pocos proyectos bien definidos, con métricas claras y trazabilidad, para que cada inversión tenga propósito, retorno y visibilidad. A esto debe sumarse una ejecución ágil, con reglas estables, ventanilla única y plena transparencia para generar confianza y resultados.

La academia también es un actor clave, su rol es decisivo, formando talento técnico y digital para responder a la demanda real de las empresas y midiendo el impacto social y económico de cada iniciativa. Con estos elementos integrados, las APP dejan de ser un concepto abstracto y se convierten en la palanca que puede transformar San Cristóbal.

El momento es este: pasar de la intención a la acción, de la fragmentación a las alianzas, de lo urgente a lo estratégico. Es momento de invertir juntos para ganar todos. Si empujamos todos hacia el mismo lado de la cuerda, San Cristóbal crecerá, pero sobre todo será una ciudad que brinde a su gente un futuro diferente y mejor.

JPM

El reciente destape del entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no es solo otro capítulo en la crónica de la malversación de fondos públicos; es más bien, un atentado directo contra la dignidad humana y el pacto social, en razón de que cuando se sustraen miles de millones de pesos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud, la sociedad se enfrenta a una crisis moral que exige respuestas contundentes, más allá de los acostumbrados comunicados de prensa y las promesas de “caiga quien caiga”.

La magnitud del fraude, que asciende a más de 15,900 millones de pesos, representa una estafa monumental e indignante por sí sola; sin embargo, lo que confiere a este acto una oscuridad y una crueldad aún mayores —”siniestra y cruel”, en las propias palabras del Ministerio Público— es el mecanismo despiadado empleado, en este caso, calificado como un robo “fuera de récord”, revela el uso infame de los pacientes del régimen subsidiado, es decir, los más vulnerables de la sociedad, como meros peones en una ecuación de enriquecimiento ilícito, quienes fueron convertidos en víctimas silenciosas para justificar el pago de procedimientos médicos que nunca se realizaron o, en un giro aún más macabro, para intervenciones innecesarias, transformando la noble vocación de servicio a la salud en un negocio atroz y desalmado.

Este esquema, liderado por el exdirector Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros diez acusados, demuestra una falta absoluta de escrúpulos, visto que los nombres de los imputados no son solo fichas en un expediente judicial; sino que representan la cara de la avaricia que instrumentaliza la enfermedad y la necesidad. El hecho de que la Procuraduría General haya anunciado una segunda fase de la investigación, enfocada en clínicas y médicos cómplices, subraya la podredumbre sistémica que permitió que esto ocurriera durante años.

La salud, junto con la educación, es un pilar irrenunciable del desarrollo de una nación, por ende, debe estar por encima de cualquier coyuntura política y de cualquier interés particular, debido a que un sistema de salud robusto y transparente es la base para una sociedad productiva y justa. Desfalcar al SENASA no es un simple delito financiero; es un acto de sabotaje social que compromete vidas y el futuro de la República Dominicana.

No se trata de un fenómeno exclusivamente dominicano, este fraude al sistema de salud es un cáncer global, por ejemplo, en Estados Unidos, mediante un sistema vasto y tecnológicamente avanzado, el Departamento de Justicia persigue constantemente esquemas masivos de corrupción en Medicare y Medicaid, además de ejecutorias como la “Operation Gold Rush”, mediante la cual se han destapado fraudes por más de $10.6 mil millones de dólares, donde redes criminales facturaban por equipos médicos que nunca se entregaban, usando identidades robadas.

Enseñanza

Estos antecedentes estadounidenses nos enseñan dos cosas: primero, que la complejidad de los sistemas de salud los hace vulnerables a la manipulación; y segundo, que se requiere una voluntad política y una capacidad técnica inquebrantables para perseguir estos delitos, sin importar el poder o la influencia de los perpetradores. La escala del fraude en EE. UU. demuestra que estas redes operan con profesionalismo y enfrentarlas requiere mayor empeño y entrega judicial.

El reto de la justicia dominicana es monumental y el escepticismo de la ciudadanía ante la impunidad histórica es palpable. Existen antecedentes a través de casos pasados, con los cuales se ha demostrado que, a menudo, los expedientes se diluyen en el tiempo, se negocian en los pasillos del poder o terminan en condenas irrisorias, por lo que, el caso SENASA es una prueba de fuego para la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial.

Sería oportuno que el señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, responda las siguientes interrogantes:

¿Garantizará su gobierno, señor presidente, que no habrá interferencia política de ningún tipo en este proceso, asegurando que todos los involucrados, sin importar su afiliación o estatus, enfrenten todo el peso de la ley?

¿Se implementarán reformas estructurales y mecanismos de control internos en SENASA que impidan de raíz la repetición de un fraude de esta magnitud, o nos limitaremos a castigar a los actores de este episodio?

¿Cómo se restaura, señor presidente Abinader, la confianza de los millones de afiliados del régimen subsidiado, que hoy ven con temor cómo los fondos que debían proteger su salud fueron saqueados impunemente?

Señor presidente, la salud del pueblo no puede ser rehén de la politiquería ni del amiguismo. El mensaje debe ser claro, contundente y resonante, porque, en la balanza de la justicia, la salud y la educación siempre pesarán más que cualquier fortuna mal habida.

La impunidad es el peor enemigo de la democracia y si permitimos que el caso SENASA quede en el olvido o se resuelva con tibieza, estaremos validando la idea de que en nuestro apreciado país el crimen no paga, especialmente cuando se viste de cuello blanco.

Un peso dominicano invertido en salud es un peso invertido en vida, en futuro, en productividad y en paz social, pero, cuando ese peso es robado, se roba la esperanza.

El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y 18 meses de prisión preventiva para los acusados. Estas son medidas necesarias para asegurar el proceso, pero el resultado final es lo que dictará la verdadera fortaleza del sistema de justicia.

La sociedad dominicana demanda un antes y un después, donde la salud esté por encima de la avaricia y la justicia sea inquebrantable. Esperamos que este caso marque el fin de la “insalubridad” moral en la administración pública y que el país no siga siendo víctima del atosigamiento a causa del síndrome de la impunidad.