Si antes o después de las elecciones de 2028, República Dominicana pierde su condición de referente en América Latina de una democracia política con estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, la culpa sería de la Casa Blanca, pero el lastre histórico recaería sobre el actual liderazgo político, económico y social de la nación.

No creo que Washington aplique acetileno contra ninguno los candidatos que se avizora competirán en los próximos comicios, porque no representarían peligro evidente contra la estrategia geopolítica que promueve en el continente, pero también porque no conviene lastrar una de las democracias más sólidas de la región.

En más de 30 años, el liderazgo político nacional ha girado como leal satélite en torno al planeta USA, con alguna conveniente maniobra orbital, como restablecer nexos con Cuba, ingresar al Acuerdo Petrocaribe, establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China o enviar tropas a combatir en Irán.

Desde 1996 la economía dominicana ha crecido en promedio alrededor de un 5%, tiempo durante el cual han desfilado por la Casa Blanca Bill Clinton (D), George Bush (R9), Barak Obama (D) Donald Trump (R) y Joe Biden (D), con el retorno hoy de Trump, y a pesar de las crisis bancaria de 2003, inmobiliaria en 2007 y la pandemia, en 2020.

Ninguno de los estadistas que han dirigido a la nación durante ese período podrían atribuirse por sí solo la consolidación democrática o del crecimiento del PIB, que el 2003 cayó a -1.28% y en el 2020 a -6.7%, pero cada cual tiene derecho a medir su grado de participación en la construcción de la democracia.

La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, ha ejercido esas delicadas funciones de manera muy profesional, con acercamiento o contacto con la diversidad del liderazgo nacional, sin poses de procónsul, aunque, promueve la política exterior de su gobierno, por lo que se presume que sus informes al Departamento de Estado están tintados de objetividad.

Cuatro de los cinco partidos que han gobernado al país durante las últimas seis décadas brotaron de la semilla democrática que sembraron Juan Bosch y Cotubanama Dipp, en La Habana, Cuba, en 1937, cuyos troncos y ramas resistieron muchos huracanes políticos y sociales, incluidos una tiranía sin ejemplo, un golpe de Estado, y una intervención militar foránea. Durante ese período se forjó como el acero la democracia que hoy tenemos.

Los intereses de Estados Unidos en el continente se resumen en combate o control contra el narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de dinero, freno a la migración y freno a la inversión o expansión de China, puntos coincidentes con la política exterior dominicana.

Incurren en penoso error algunos aspirantes presidenciales que bailan como tongolele (Yolanda Montes) en la creencia de que atraerían el interés de Trump ante sus exacerbadas lisonjas, sin darse cuenta que la Casa Blanca necesita usar aquí su dedo índice, porque la democracia dominicana se ganó el derecho de girar en tono al planeta USA con propia maniobra orbital.

jpm-am

 

La política de seguridad de Abelardo de la Espriella comienza a revelar algo más profundo que una estrategia contra el crimen: la construcción de un nuevo relato de poder en Colombia. Su discurso de mano dura, el tratamiento de los presos y el uso de imágenes cuidadosamente producidas evocan inevitablemente al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Pero reducir a De la Espriella a un simple imitador sería superficial. Lo que parece tomar forma es una adaptación colombiana del fenómeno Bukele, ajustada a las características de un país mucho más complejo en términos territorial, criminal y geopolítico.

La primera prueba llegó inesperadamente. Apenas tres días después de asumir la Presidencia, De la Espriella tuvo que enfrentar el terremoto que sacudió varias regiones colombianas. Su desplazamiento al territorio y la movilización de funcionarios proyectaron la imagen de un presidente presente y operativo.

Sin embargo, la emergencia también expuso problemas de coordinación institucional derivados de la transición con el gobierno de Gustavo Petro, particularmente en la gestión del riesgo todavía dirigida por funcionarios del gobierno anterior,. La controversia sobre la ayuda internacional y la posterior concentración de las comunicaciones oficiales en la figura presidencial reforzaron una característica de su gobierno: la personalización de la comunicación del poder.

Y allí comienza a conectarse el terremoto con la política de seguridad. De la Espriella parece entender que, en la política contemporánea, gobernar también significa construir imágenes capaces de transmitir autoridad. Desde sus primeros días, convirtió el traslado de presos considerados peligrosos en un acontecimiento político y mediático. Primero fueron 117 internos enviados a cárceles de máxima seguridad y posteriormente otros 20 presos de alta peligrosidad.

Más allá de la medida penitenciaria, existe un componente simbólico evidente: presos esposados, cabezas rapadas, uniformes, despliegue de fuerzas de seguridad y videos difundidos desde los canales oficiales. La puesta en escena transmite un mensaje inequívoco: el Estado recupera el control y el delincuente pierde poder.

La similitud con Bukele resulta difícil de ignorar. El presidente salvadoreño convirtió esa combinación de seguridad, espectáculo visual y comunicación digital en uno de los principales instrumentos de su narrativa política. De la Espriella parece comprender la misma lógica.

Pero Colombia no es El Salvador

Bukele construyó su modelo sobre una realidad dominada históricamente por las pandillas y las maras. Colombia enfrenta un ecosistema criminal mucho más fragmentado: guerrillas, disidencias, narcotráfico, grupos armados posdesmovilización, minería ilegal y extensas zonas donde la presencia estatal continúa siendo limitada.

Por eso, trasladar mecánicamente el modelo salvadoreño sería insuficiente. El desafío colombiano no está únicamente en las cárceles: está en el territorio.

Una prisión de máxima seguridad puede impedir que un cabecilla capturado continúe ordenando extorsiones, pero no elimina las estructuras económicas y territoriales que permiten sustituirlo inmediatamente. Si el Estado no recupera las zonas donde operan las organizaciones criminales, la política penitenciaria corre el riesgo de convertirse en contención y no en solución.

Desde nuestra perspectiva, la verdadera innovación de De la Espriella está en comunicar el poder. Acción, espectáculo visual, redes sociales y mensaje de autoridad forman parte de una misma estrategia. Las imágenes difundidas tras operaciones militares, incluidos videos relacionados con acciones contra grupos armados (Operación Azarías) en Guaviare, donde se ve al presidente caminando entre combatientes abatidos, muestran una ruptura con una comunicación presidencial más institucional.

Aquí aparece una de las principales lecciones del fenómeno Bukele: la seguridad necesita resultados, pero también una narrativa que haga visibles esos resultados. Esa estrategia puede ser políticamente poderosa en una sociedad golpeada por la extorsión, el narcotráfico, los homicidios y el control territorial de organizaciones armadas.

Por eso considero incorrecto definir a De la Espriella simplemente como “el Bukele colombiano”. Es más preciso hablar de una adaptación del modelo de mano dura al contexto colombiano. La semejanza está en la concepción del poder: autoridad fuerte, castigo visible, control penitenciario, aislamiento de estructuras criminales y comunicación directa con la ciudadanía.

Pero Colombia exige mucho más. El éxito de De la Espriella no podrá medirse por la contundencia de los videos ni por la espectacularidad de los operativos. Tendrá que demostrarse en resultados concretos: reducción sostenible de homicidios y extorsiones, debilitamiento de las organizaciones criminales, recuperación territorial y control efectivo de las cárceles.

Porque existe una diferencia fundamental entre mostrar que el Estado tiene fuerza y demostrar que el Estado tiene control. La pregunta decisiva, entonces, ya no es si De la Espriella quiere parecerse a Bukele. Es mucho más profunda:

¿Puede inspirarse en la experiencia salvadoreña sin importar sus excesos y convertir la estética de la mano dura en resultados institucionales sostenibles?

Esa será la verdadera prueba de su gobierno. Porque Bukele puede ser una referencia, pero Colombia no necesita un imitador: necesita un modelo propio de seguridad capaz de recuperar el territorio, fortalecer el Estado y preservar las instituciones democráticas.

jpm-am