En un contexto internacional marcado por la reconfiguración de la geopolítica, el resurgimiento del proteccionismo comercial y las tensiones en los mercados energéticos, resulta fundamental que países como la República Dominicana presten mayor atención al sector agrícola.

Aumentar la producción y la productividad del campo mediante políticas de incentivo, financiamiento y asistencia técnica a medianos y pequeños productores constituye una estrategia clave para avanzar hacia la suficiencia alimentaria. Esta prioridad cobra aún mayor relevancia si se consideran las recientes tendencias en el comercio internacional y la creciente volatilidad de los mercados de materias primas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el fortalecimiento de la producción agrícola nacional es uno de los pilares esenciales para garantizar la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad frente a crisis externas. En su informe The State of Food Security and Nutrition in the World, la organización advierte que más de 735 millones de personas en el mundo enfrentan condiciones de hambre, mientras que el aumento de los costos de producción agrícola sigue presionando los precios de los alimentos (FAO, 2023).

La preocupación es aún mayor si se observan las tendencias recientes del comercio internacional. El aumento de aranceles y las tensiones comerciales entre grandes economías, incluyendo decisiones comerciales adoptadas por Estados Unidos hacia algunos de sus socios estratégicos, se suman a la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados globales. Estos factores tienden a elevar los costos de producción, transporte y comercialización de alimentos, fenómeno que suele trasladarse a los precios finales y presionar la inflación.

De acuerdo con el Banco Mundial, la inversión en productividad agrícola genera efectos multiplicadores significativos en el desarrollo económico. Estudios del organismo indican que el crecimiento del sector agrícola puede ser entre dos y tres veces más eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento en otros sectores de la economía, particularmente en países en desarrollo donde una parte importante de la población depende de actividades rurales (World Bank, 2022).

En el caso de la República Dominicana, el sector agropecuario representa aproximadamente entre el 5 % y el 6 % del Producto Interno Bruto, además de constituir una fuente fundamental de empleo en zonas rurales (Banco Central de la República Dominicana, 2024). A ello se suman importantes ventajas comparativas: amplias extensiones de tierras con vocación agrícola, diversidad climática favorable y una infraestructura productiva que puede ser ampliada y modernizada.

Estas condiciones deben ser aprovechadas mediante políticas públicas orientadas a estimular la inversión en el campo, mejorar los sistemas de riego, ampliar el acceso al crédito agrícola y fortalecer las cadenas de valor agroalimentarias. La modernización tecnológica del sector —incluyendo innovación genética, mecanización y agricultura de precisión— puede elevar significativamente la productividad y la competitividad del país.

Una estrategia de fortalecimiento del sector agrícola permitiría no solo garantizar el abastecimiento interno de alimentos, sino también generar excedentes exportables capaces de producir divisas. Esto contribuiría a mejorar la balanza comercial, reducir presiones sobre el tipo de cambio y evitar una mayor depreciación del peso dominicano.

Desde el punto de vista macroeconómico, aumentar la producción nacional en las áreas agrícola y agropecuaria implica disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos. Menores importaciones significan menor salida de divisas, mayor estabilidad cambiaria y una mitigación del impacto de la inflación importada. En términos de economía del desarrollo, la expansión de la oferta interna de bienes básicos contribuye a moderar las presiones inflacionarias y a estabilizar los mercados.

Asimismo, mayores niveles de inversión pública y privada en el sector agrícola pueden generar un efecto de apalancamiento productivo: incremento de la producción, reducción de costos unitarios mediante economías de escala, mayor generación de empleos rurales y un abastecimiento más estable para los mercados locales. Todo ello se traduce en beneficios directos para los consumidores y en un fortalecimiento general de la economía.

Invertir en la agricultura también constituye una estrategia de prevención frente a las perturbaciones del comercio internacional. Cuando los países dependen excesivamente de las importaciones de alimentos, quedan expuestos a shocks externos como aumentos arancelarios, crisis logísticas o encarecimiento del transporte marítimo, factores estrechamente vinculados al comportamiento de los precios del petróleo.

Además, el contexto geopolítico actual —marcado por conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Iran

— ha demostrado cómo las crisis internacionales pueden alterar las cadenas globales de suministro de alimentos, fertilizantes y energía.

En este escenario global, fortalecer el sector agrícola no es únicamente una política sectorial: es una estrategia económica, social y estratégica para asegurar la estabilidad de los precios, proteger el poder adquisitivo de los consumidores y consolidar la soberanía alimentaria del país.

of-am