Por JULIO MARTINEZ
En tiempos donde la seguridad ciudadana se ha convertido en una demanda urgente de la sociedad, resulta preocupante observar cómo el irrespeto hacia las autoridades policiales se ha normalizado en nuestras comunidades. Esta actitud no solo socava el orden público, sino que también impide que los funcionarios del orden cumplan efectivamente con su labor de proteger a los ciudadanos de bien.
La crisis de autoridad que vivimos no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una sociedad que ha perdido el rumbo de los valores fundamentales. Hemos llegado al punto donde lo incorrecto es tolerado, lo irresponsable es promovido y el desorden es justificado bajo el pretexto de ser «modernos» o «progresistas».
Esta permisividad ha creado un ambiente donde los delincuentes se sienten empoderados para desafiar abiertamente a quienes están llamados a mantener el orden.
Es cierto que las fuerzas policiales requieren mejoras en su entrenamiento y procedimientos. Sin embargo, este es un mal menor comparado con el daño que causa una sociedad que no permite a sus autoridades ejercer su función.
Cuando un ciudadano desafía a un oficial con improperios, amenazas o agresiones físicas, no solo está violando la ley, sino que está contribuyendo al deterioro del tejido social que nos protege a todos.
Los funcionarios policiales, lamentablemente, se encuentran en una posición vulnerable donde deben cumplir su deber mientras enfrentan la presión de una sociedad que los critica por actuar y los condena por no hacerlo.
Sin embargo, cuando un oficial se involucra en altercados físicos como si fuera una pelea callejera, no sólo compromete su integridad profesional, sino que también pierde la autoridad moral que su uniforme representa. Esta situación los lleva a la intimidación y, en muchos casos, a la inacción por temor a sanciones, despidos o el fenómeno de la «cancelación» mediática.
Los politicos
Los políticos, en su afán populista por ganar votos, han contribuido a este problema al promover un discurso que sistemáticamente debilita la autoridad policial. En lugar de fortalecer las instituciones del orden, prefieren adoptar posiciones que complacen a una masa desinformada, sacrificando la seguridad de toda la comunidad en el altar de la popularidad electoral.
Es fundamental que el código penal contemple sanciones ejemplares para quienes agredan a las autoridades, interfieran en su labor o obstruyan las investigaciones. No puede seguir siendo tolerado que grupos de personas impidan arrestos, contaminen escenas del crimen o intimiden a los oficiales durante el cumplimiento de su deber.
La invasión de escenas del crimen por parte de curiosos, familiares o «defensores» de delincuentes debe ser castigada con severidad. Estos actos no solo comprometen la integridad de las investigaciones, sino que también pueden poner en peligro la vida de los propios ciudadanos y dificultar la administración de justicia.
Es inaceptable que una multitud pueda impedir la aprehensión de un delincuente, especialmente cuando este mismo individuo puede ser quien aterroriza a la comunidad. La defensa de cualquier ciudadano sea inocente o culpable, debe realizarse en los estamentos judiciales correspondientes, no en las calles mediante la obstrucción del trabajo policial.
Los oficiales deben contar con las herramientas legales y los recursos necesarios para proteger las escenas del crimen y mantener el orden público. Ningún ciudadano debe tener el derecho de contaminar evidencias o interferir en procedimientos policiales sin enfrentar consecuencias legales inmediatas y contundentes.
Para que nuestra sociedad avance hacia un futuro más seguro y ordenado, debemos superar esta cultura del «chaverismo» político irresponsable. Los líderes deben tener el valor de tomar decisiones difíciles, aunque estas no sean populares en el momento. La seguridad ciudadana no puede estar sujeta a las fluctuaciones del clima electoral.
La autoridad policial debe ganarse el respeto a través de un actuar ético, profesional y apegado a los procedimientos establecidos, manteniendo siempre la compostura y dignidad que su cargo exige. Un oficial que se deja arrastrar a peleas callejeras no solo falla en su deber, sino que también deslegitima la institución que representa.
La sociedad debe entender que respetar a esta autoridad es fundamental para mantener el orden, pero esta autoridad también debe ser ejercida con la altura y profesionalismo que la distingue de la delincuencia común. Solo cuando logremos este equilibrio podremos construir una comunidad verdaderamente segura y próspera para todos.
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