Por EZEQUIEL CUEVAS

El reciente proyecto legislativo que propone extender la pensión alimenticia hasta los 21 años y establecer sanciones contra los padres morosos, difundido por el periódico Listín Diario, ha reabierto un debate jurídico y social de alta relevancia.

Más allá de su evidente carga emocional, el tema exige un análisis riguroso desde la óptica constitucional, donde confluyen derechos fundamentales, deberes familiares y límites al poder del Estado.

En primer lugar, es innegable que la iniciativa encuentra sustento en la propia Constitución dominicana, particularmente en la protección de la familia y el deber de los padres de garantizar el bienestar de sus hijos.

Extender la obligación alimentaria más allá de la mayoría de edad puede ser razonable en un contexto donde muchos jóvenes permanecen en formación académica o en condiciones de dependencia económica. Desde esta perspectiva, la medida no solo es legítima, sino que responde a una realidad social que el derecho no puede ignorar.

Sin embargo, la constitucionalidad de dicha extensión dependerá de su aplicación concreta. No puede establecerse como una obligación automática e irrestricta, sino condicionada a criterios objetivos como la continuidad de estudios, la incapacidad de autosustento o circunstancias especiales.

De lo contrario, se correría el riesgo de vulnerar principios como la razonabilidad y el equilibrio entre derechos, afectando incluso el derecho de propiedad del obligado.

Lo más delicado

El aspecto más delicado del proyecto radica en las sanciones propuestas contra los padres morosos, incluyendo posibles restricciones civiles y administrativas. Si bien el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, estas medidas deben superar el test de proporcionalidad.

Limitar derechos como el libre tránsito, el acceso al trabajo o servicios básicos podría resultar contraproducente e incluso inconstitucional, al impedir que el deudor genere los recursos necesarios para cumplir con su obligación.

Asimismo, la creación de registros de deudores alimentarios plantea tensiones con el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Para ser constitucionalmente válido, este mecanismo debe estar sujeto a control judicial, garantizar el debido proceso y evitar convertirse en una forma de sanción social anticipada. La publicidad irrestricta de estos registros, sin garantías adecuadas, podría lesionar derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna.

En definitiva, el proyecto representa un esfuerzo loable por fortalecer la responsabilidad parental y proteger a los hijos, pero su validez constitucional dependerá de un delicado equilibrio. El legislador debe evitar caer en excesos punitivos que, lejos de resolver el problema, generen nuevas injusticias.

En un Estado social y democrático de derecho, la eficacia de la ley no puede lograrse a costa de los derechos fundamentales, sino mediante soluciones justas, proporcionales y respetuosas del orden constitucional.

Es lamentable que son los mismos legisladores, muchos de ellos morosos de más incidencia, quienes propongan violentar derecho fundamentales, pero qué se puede esperar de gente que no sabe ni conoce lo que tiene en sus manos.

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La generación del relumbrón y el espectáculo se quedó boquiabierta y sorprendida cuando vio al presidente Luis Abinader anunciar un puerto espacial en la provincia de Pedernales. Pero fue incapaz de preguntarse: ¿Por qué un proyecto como la presa de Monte Grande permanece estancado a casi 6 años de la administración Abinader?

Esa presa, la cual es un proyecto integral del desarrollo del Suroeste dominicano, fue inaugurada incompleta el 25 de enero del 2024 por el Presidente de la República en un acto de campaña para su reelección en mayo de ese año.

Allí prometió que las obras complementarias que harían funcionar la presa estarían listas en tiempo récord, para que la región viera los frutos de esta inversión.

Monte Grande contempla la irrigación de 700 mil tareas de tierra que se convertirían en predios productivos; además, la generación hidroeléctrica de 13 mega watts, y un acueducto múltiple para las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia; y el presidente Abinader, en campaña de reelección inauguró un muro de contención.

Las esperanzas del “Metro” de la región Enriquillo, serán aplazadas de nuevo

El próximo agosto de este año, o sea en menos de 5 meses, al gobierno del PRM, le quedarán dos años de mandato; de esos dos años, debemos contar un año y medio electoral, donde los gastos del gobierno estarán orientados a retener el poder.

Partiendo del modelo empleado hasta ahora por el presidente Abinader, el gasto del Estado estará orientado al gasto social, sin expandir el gasto de capital.

Lo último significa que Luis Abinader gastará más en comprar voluntades políticas electorales que en desarrollar las obras de infraestructura que necesita el país; por tanto, las esperanzas de la gente del suroeste y Monte Grande tendrán que seguir esperando.

El Suroeste y las extrañas jugadas de un mandato

Cuando el presidente Luis Abinader ganó las elecciones de mayo del 2020 con un apoyo electoral de alrededor del 28% del padrón de electores a nivel general, una de sus primeras visitas antes de ser juramentado fue a la provincia de Pedernales.

Los habitantes de la región, en especial los simpatizantes del PRM, se sintieron eufóricos por la importancia que el nuevo Jefe de Estado le dispensaba con esa visita.

Pero quienes tienen sentido de observación política, se preguntaban: ¿Qué cosa tan importante, tenía Pedernales para un presidente que había sido elegido en esas condiciones? Un político elegido con tan poco apoyo, en un certamen de tan amplia abstención, debe comenzar buscando una mayor valoración de los sectores fácticos y productivos del país, y estos no están en Pedernales.

Bueno, estos 6 años de gobierno han contestado esa curiosidad. Un presidente empresario, tenía que garantizar jugosos negocios a los colegas que respaldaron sus aspiraciones, y Pedernales era una zona virgen, donde no había quienes estuvieran ansiosos por disputarse intereses que, solo eran potenciales en aquel momento.

Con el tiempo, salieron a relucir las tierras raras, la compra de los terrenos para el aeropuerto, y ahora emerge un “puerto espacial”. En todo este tiempo, nos hemos venido preguntando:  ¿Dónde están los vagones de cola que militaban políticamente como ambientalistas? ¿ya las iguanas, las tortugas, las aves, y las plantas endémicas de las zonas protegidas, no importan para nada?

El oriente de Cuba y el Sur de Florida deben irse preparando para dar albergue a la fauna dominicana que emigrará desde las áreas protegidas de nuestro Pedernales, cuando ruja una nave espacial, si no hay algo escondido detrás de esto.

No tenemos que ser muy inteligentes, para deducir que en el Suroeste los proyectos del presidente Abinader dejan ver más negocios e intereses privados que un verdadero interés por el desarrollo regional.

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En el sistema institucional dominicano existen órganos llamados a garantizar el equilibrio, la legalidad y el respeto de las normas que rigen determinados sectores. Cuando esas instituciones olvidan su rol rector y se convierten en promotoras de irregularidades, no solo se debilita el orden jurídico: también se destruye el trabajo y las estructuras que otros han construido con esfuerzo y apego a la ley.

Ese parece ser el caso de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), órgano propiciador y rector de las sociedades de gestión colectiva en la República Dominicana, institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La ONDA impulsó la emisión del Decreto 290-24, firmado y promulgado por el presidente Luis Abinader, tras recibir opinión favorable del licenciado José Rubén Gonell mediante una resolución remitida al entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, dicho decreto nace con un problema fundamental de legitimidad que inevitablemente será objeto de control constitucional cuando sea recurrido ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor establece en su artículo 162 que se creará una sociedad de gestión colectiva por cada rama de autores. En el caso de los autores musicales ya existe una entidad debidamente constituida: SGACEDOM, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música.

Bajo esa premisa legal, la creación mediante decreto de una sociedad de arreglistas musicales carece de sustento jurídico, ya que el Decreto 290-24 no tiene fuerza de ley para modificar el régimen establecido por la propia Ley 65-00.

Desde el punto de vista conceptual y jurídico, los arreglistas musicales también son autores. En consecuencia, deben pertenecer a la sociedad de gestión colectiva correspondiente a su rama, en este caso SGACEDOM. La diferencia radica en el modelo de remuneración: por práctica del mercado musical, los arreglistas suelen recibir un pago único por su trabajo en una producción y no una regalía recurrente.

Pero esa realidad económica no los convierte en una categoría distinta de autores ni justifica la creación de una nueva sociedad de gestión colectiva por vía de decreto.

La problemática institucional no termina ahí. Otra actuación cuestionable de la ONDA se relaciona con el cobro por el registro de obras inéditas. Durante la gestión de José Rubén Gonell se han recaudado más de 26 millones de pesos por este concepto.

No obstante, la Ley 65-00 establece de manera expresa, en su artículo 153, que el primer registro de una obra es gratuito; lo que la ley autoriza cobrar es el duplicado del certificado, no el registro inicial. Si esa práctica administrativa se confirma, estaríamos ante un cobro contrario a la ley, lo que obligaría a la institución a reintegrar esos recursos a los ciudadanos afectados, en cumplimiento del principio de legalidad que debe regir toda actuación del Estado.

Asimismo, la ONDA ha legitimado asambleas irregulares dentro de SGACEDOM, como ocurrió el 2 de septiembre de 2023, donde se validó la utilización de votos delegados que posteriormente fueron cuestionados públicamente. Entre los casos más notorios se encuentra el del senador y artista Héctor Acosta, conocido artísticamente como “El Torito”, quien remitió una comunicación formal desmintiendo haber delegado su voto en otra persona.

Ese mecanismo de voto delegado, contemplado en los estatutos de SGACEDOM, ha sido cuestionado por presuntamente contradecir principios constitucionales de representación y voluntad individual. Por esa razón, dichos estatutos han sido recurridos ante el Tribunal Superior Administrativo, donde el caso se encuentra pendiente de fallo en la Primera Sala presidida por la magistrada Luisa Canaan.

Ante este panorama, resulta inevitable hacer un llamado al presidente Luis Abinader, quien en reiteradas ocasiones ha afirmado que en su gobierno “tiene amigos, pero no cómplices”.

El país merece instituciones que respeten la ley y que administren con responsabilidad los recursos públicos. En ese sentido, también sería oportuno revisar decisiones administrativas relacionadas con el manejo de recursos del Estado.

Por ejemplo, actualmente el Estado paga 11,000 dólares mensuales por el alquiler de la sede de la ONDA en la urbanización Naco, luego de que la institución fuera desalojada tras tres años sin pagar el alquiler de un amplio local de aproximadamente tres mil metros cuadrados en Piantini, cuyo costo mensual ascendía a 39,000 dólares.

Cuando una institución pierde el rumbo y se aleja de su misión fundamental, corre el riesgo de que sus decisiones terminen convertidas en simples piezas administrativas sin valor jurídico ni institucional.

De ahí que, con ironía pero también con preocupación, muchos ciudadanos se pregunten si no sería más coherente instalar algunos furgones administrativos en el vertedero de Duquesa, lugar donde terminan muchas cosas que ya no sirven. Porque algunas resoluciones parecen adquirir, lamentablemente, la categoría de basura jurídica.

Finalmente, también corresponde hacer un llamado al licenciado Eduardo Sanz Lovatón para que no se convierta en padrino político de irregularidades administrativas que afectan la institucionalidad del derecho de autor en la República Dominicana.

Las instituciones no pueden dedicarse a destruir lo que no construyeron. Su deber es fortalecer lo que ya existe, respetar la ley y proteger el trabajo de los creadores dominicanos. Porque cuando el Estado olvida su rol de árbitro y garante de la legalidad, no solo se debilitan las instituciones: también se hiere la confianza de toda una sociedad.

JPM

Juan está anquilosado y esqueletizado a causa de una ausencia de talentos que ocupen los verdaderos espacios de poder. Se han mudado a espacios incognoscibles el alma del hombre sanjuanero de ayer; ha sido sustituido por el chisme, vagancia, cotilleo, y la murmuración. Por otro lado, abunda la pereza, holgazanería, ociosidad, desidia, flojera, y apatía, dando como resultado hombre y mujeres de vitrina sin nada de esencia.

Podemos decir que todo ello, a cambio también por el poder del dinero que ha incidido en los lugares que usted menos imaginas, me ha llegado la información que hasta me resistí a creer de dicha práctica abominable e ilegal a todas luces, hasta en gentes que forman gentes e imparten conocimientos en los centros de enseñanzas de la educación superior ligados al lavado y, no sólo son hombres, también hay mujeres… ¡Qué pena! ¡Y, a ésta altura de juego!…

Podemos decir en contraste con ellos que a pesar de todo lo que se observa, hay quienes viven solo para ser visto, no para ser entendido; y en el común denominador solo están viviendo para para exhibirse en la buena vida, mostrar, exponer, manifestar y evidenciar cuan bien se la pasan. Por su parte, y en otro contraste con ellos, no hay un interés en aportar, facilitar, ofrecer y dar.

Importa más la foto que la idea, más el ruido que la profundidad. En ésta carnestolendas, juerga y bacanal hay mucha careta, disfraz o antifaz. Ellos en sus celebraciones se caracterizan por el uso de estos elementos para ocultar la identidad y celebrar con alegría. El liderazgo local no comprende que la verdadera grandeza y desarrollo de un pueblo pasa desapercibida porque no grita, no se subasta, no se vende.

Cuando comprendamos que menos, es más, empezaremos a crecer de verdad. Menos ego, más conciencia. Menos alarde, más contenido. Menos brillo prestado, más luz interior. No se trata de acumular seguidores, objetos o aplausos, sino de ganar silencio por dentro, claridad en la mente y coherencia en los actos. Hay que abrir la ventana del alma para que entre la luz.

Será correcto, continuar cerrando las cortinas por miedo, o ignorancia, o continuar tropezando en la oscuridad, a pleno día. Abrir el alma es atrevernos a enfrentar nuestras sombras, renunciar a la falsedad que nos asfixia y abrazar la humildad que nos libera. Solo entonces dejaremos de vivir para la apariencia y empezaremos a vivir para la verdad.

El primer paso es sencillo, pero poderoso: Hacer una mirada que revela nuestra verdad interior, dejar que entre la luz y recordar que el verdadero valor del conglomerado social de un pueblo no está en cuánto se muestra, sino en cuánto ilumina. Mientras sigamos con las cortinas cerradas por miedo, vanidad o ignorancia, seguiremos caminando a tientas en pleno mediodía.

Necesitamos una conexión entre la esencia y el exterior para que nos atrevamos a ver nuestras sombras. En verdad cuando ello ocurra, entonces, es, dónde dejaremos de vivir de cara a la vitrina y empezar a realizar el enfoque de la gran verdad que envuelve a nuestro San Juan, en que haya el verdadero valor humano y que no esté en cuánto se exhibe, sino en cuánto ilumina.