Santo Domingo, 15 nov.- Un grupo de cubanos residentes en República Dominicana protestó este lunes contra la «dictadura disfrazada de bondad» que impera en esa nación antillana.

Los activistas se concentraron en Santo Domingo, específicamente en la parroquia de la Virgen del Cobre, la madre espiritual de los cubanos, y desde ahí marcharon hasta el busto en honor del héroe nacional de Cuba, José Martí.

«Cuba vive una dictadura, una dictadura que ha engañado a la región, al Caribe, a Latinoamérica y al mundo disfrazando esa dictadora de una bondad que no existe», dijo el portavoz del grupo, Elvis Solís, en imágenes tomadas por Efe.

Los cubanos realizaron la manifestación en apoyo a la marcha convocada para el lunes en Cuba en demanda de un cambio político.

Solís dijo que a los cubanos que residen en su país no les permiten salir a las calles a gritar «libertad», como lo pueden hacer ellos en República Dominicana.

«Queremos que nuestros hermanos en Cuba vivan esa libertad, es imposible que el ser humano tenga vida sino tiene libertad, por eso nuestro grito es ‘patria y vida'», expuso el disidente empuñando un megáfono, mientras sus compañeros portaban banderas cubanas y pancartas condenando el Gobierno comunista cubano.

Este lunes, la ONU dijo esperar que «se respete plenamente» el derecho de los cubanos a realizar una protesta pacífica, convocada en medio de medidas de represión de las autoridades para evitar que los ciudadanos se sumen a la convocatoria de la llamada «marcha cívica por el cambio» para pedir un cambio político.

La marcha no autorizada fue convocada por el colectivo de artistas Archipiélago, y como parte de las acciones del Gobierno cubano se impidió que su principal impulsor, el dramaturgo y activista Yunior García Aguilera, saliera el domingo a caminar en solitario por las calles de la capital, como había anunciado, para expresar su descontento.

Efe pudo comprobar que García Aguilera fue bloqueado en el interior de su casa, incomunicado y vigilado por numerosos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, para impedir que saliera a la calle.

Entre otras acciones del Gobierno cubano, que ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos está detrás de la marcha, revocó el sábado las acreditaciones de prensa a los miembros de la delegación de la Agencia EFE en La Habana (tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV) pero también ha tomado otras medidas contra otros miembros de la prensa.

Posteriormente devolvió la acreditación a una reportera y un fotógrafo.

of-am

SANTO DOMINGO.- La afluencia de pacientes haitianas disminuyó un 30 % este lunes en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, a consecuencia del efecto disuasorio causado por la detención y expulsión del país, desde la semana pasada, de cientos de inmigrantes haitianas embarazadas.

El director de centro sanitario, Leonardo Aquino Rosario, señaló en declaraciones a Efe que después de ponerse en práctica algunas medidas para controlar la migración «ha mermado la asistencia de las nacionales haitianas, sobre todo por la vía de las consultas externas».

La Dirección General de Migración (DGM) comenzó a deportar el pasado martes mujeres haitianas en estado de gestación, como parte de un paquete de medidas anunciadas para frenar la inmigración ilegal desde el país vecino.

No obstante, al centro «siempre vienen vía emergencia las parturientas y niños» de esa procedencia, pero desde la aplicación de esas medidas migratorias «ha mermado en un 30 % esa asistencia vía consulta», indicó Aquino Rosario.

El doctor señaló que la falta de seguimiento en las consultas en el embarazo pueden acarrear problemas médicos, entre ellos anemia, infección, desnutrición, trastornos hipertensivos (preeclampsia y eclampsia), así como complicaciones que pueden derivar en la muerte de la madre.

Ese podría ser el resultado para las futuras madres que decidan no acudir a los chequeos rutinarios por miedo a ser interceptadas por miembros de Migración o del Ejército, tal y como ha ocurrido desde que comenzaran los retornos forzosos.

Según señaló el director del hospital, no se han producido detenciones de mujeres gestantes dentro de las instalaciones de Los Mina, y tampoco han quedado bebés separados de sus madres en el área de neonatos.

«Migración, como tal, no ha estado dentro del recinto de la institución, y mucho menos con persecución de las usuarias», dijo el doctor, que tampoco tiene constancia de que la DGM «haya estado en la periferia» del centro, aunque según diversas denuncias, muchas detenciones se han efectuado en el entorno de maternidades.

La ley de Migración dominicana faculta a la DGM a deportar de forma automática a cualquier inmigrante en condición irregular, pero el reglamento que regula esta ley prohíbe detener a mujeres embarazadas.

Con las medidas adoptadas, los hospitales públicos solo atenderán a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica y se prohibirá la entrada al país de mujeres embarazadas de más de seis meses si no cuentan con el seguro médico correspondiente.

BANI.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana y miembros del Ministerio Público, ocuparon 26 paquetes de cocaína, próximo a las costas de este municipio, en medio de un operativo desplegado en la zona durante el fin de semana. 

Las autoridades realizaban labores de inspección en la playa Monumento de las Dunas, cuando ubicaron una embarcación tipo pesquera, sin nombre  ni matrícula y sin motores fuera de borda, lo que de inmediato activó el protocolo de rastreo y persecución de posibles implicados.

Unidades caninas y de reacción de la DNCD y efectivos de la Armada, desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, ocupando enterrados próximo al lugar, un saco conteniendo 26 paquetes de la sustancia.

“De acuerdo al análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) los paquetes de la droga, tuvieron un peso total de 27. 09 kilogramos de cocaína” señala el comunicado de prensa.

El Ministerio Público y la DNCD han entrevistado a varias personas en relación al presente caso, se activa la localización de posibles involucrados,  y se espera que conforme avancen las investigaciones se ofrezcan mayores detalles.

Mantienen reforzados los operativos de interdicción en aeropuertos, puertos, fronteras y todo el territorio nacional, lo que se traduce en importantes golpes a redes de narcotráfico.

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SANTO DOMINGO.- EL Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción en Conflicto de Competencia en contra de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), con el objetivo de que el máximo tribunal determine qué organismo tiene competencia para auditar el gremio.

La acción  fue interpuesta mediante una instancia sometida el 11 de noviembre del 2021 en el TC y notificada a la CC, ante el conflicto suscitado entre ambas instituciones.

Plantea que el Fiscal de Cuentas del CARD, en su calidad de auditor externo, es quien tiene la facultad de auditar los recursos del gremio, junto a las firmas auditoras privadas contratadas anualmente, según el artículo 83 de la Ley 3-19 del Colegio.

“Hemos dicho en varias ocasiones que el Colegio de Abogados de RD no recibe fondos del Presupuesto Nacional, ni maneja recursos públicos y que sus ingresos provienen de tasas por sus servicios, tal y como lo refiere la Sentencia TC/0288/20, de fecha 21 de diciembre del 2020 y una certificación emitida por la Dirección General de Presupuesto; a pesar todo esto la CCRD insiste en actuar contrario a la Ley y a la Constitución, por lo que decidimos dirimir el tema en el Tribunal Constitucional”, expresó Surun Hernández, presidente del CARD.

Destacó que el artículo 185-3 de la Constitución de la República faculta al TC para conocer acciones directas contra la Cámara de Cuentas y el 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11, la autoriza para conocer los Conflictos de Competencia de orden constitucional entre los poderes del Estado, así como los que surjan entre cualquiera de estos poderes y entre órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, los municipios u otras persona.

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