Santo Domingo, 20 dic.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de 18 meses de prisión preventiva que pesa desde el pasado julio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

El abogado Gustavo Biaggi, que forma parte de la defensa del exfuncionario, confirmó a la prensa, al salir de la audiencia, el mantenimiento de la medida de coerción contra Rodríguez y señaló que, por el momento, no está previsto apelar la decisión judicial.

Hoy solo se trataba de «oír la disposición» del tribunal, que ha motivado su decisión en «la gravedad de los hechos que se imputan», algo que «está pesando mucho sobre el caso», apunto el abogado.

Otros tres exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) implicados en la Operación Medusa cumplen prisión preventiva por 18 meses: Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

También figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, así como Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y desfalco.

Asimismo, de violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, soborno, lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado.EFE

SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que durante el conocimiento de la medida de coerción al general Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), vinculado a actos de corrupción en el Caso Goral 5G, fueron presentadas pruebas más que suficientes para enviarlo a prisión, como solicitó el Ministerio Público.

“Uno de los elementos que toma en cuenta el legislador en el Código Procesal Penal es el propio comportamiento del imputado en el proceso; y no ha habido un comportamiento que demuestra mayor interés en no querer que se conozca el proceso, que el del imputado Viola”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Destacó “que el encartado presentó dos hábeas corpus y tres recusaciones, y que en el día de hoy se presentó la tercera recusación, fueron al Tribunal Constitucional, pusieron una querella en contra de una jueza y desplegaron una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas”.

Señaló que ese comportamiento deja muy claro el interés del imputado en evitar que se conozca su proceso. “A esto se suma la gravedad de los hechos que se le imputan, como desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, que junto al daño que debe ser resarcido y las pruebas que presentó el Ministerio Público en este proceso, en derecho, lo que procede es que se imponga como medida de coerción la que hemos solicitado, que es prisión preventiva”, refirió.

Recordó que el proceso tiene más de 15,000 pruebas en sentido general y destacó que este lunes se presentaron las pruebas que correspondían exclusivamente al imputado De los Santos Viola, que dijo son más que suficientes para que el tribunal imponga la medida de coerción que han solicitado.

“Presentamos pruebas de los bienes que tiene este imputado, bienes que no puede justificar con el salario que ha devengado en el tiempo que ha estado en los cuerpos castrenses; presentamos bienes, por ejemplo de un inmueble, que incluso, es un bien incautado que este ha usufructuado como propio y que ha pretendido apropiarse de otras pruebas que hemos presentado en su contra”, agregó.

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SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) prepara los expedientes de 18 transacciones realizadas por el gremio que motivaron la realización de una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas (CC).

“A pesar de que la Cámara de Cuentas no tiene facultad de auditar al gremio, sino solo de fiscalizar, asesorar y realizar una evaluación de gestión, nosotros le vamos a entregar todos los detalles de 18 operaciones mencionadas en la instancia oficial que nos fuera entregada durante la accion de amparo celebrada el pasado viernes, con el objetivo de despejar dudas y para que tanto ellos como el país puedan constatar que el Colegio de Abogados de RD actúa con transparencia, pulcritud, apegado a la ley y regulaciones existentes”, dijo en rueda de prensa.

Enfatizó que “en la actual gestión del CARD no tiene nada que temer, aplica sólidos controles contables y un eficiente manejo de los limitados fondos que ingresan a la institución, con un manejo de recursos con apego a la Ley 340-06, a pesar de no manejar recursos públicos».

Destacó que todos los informes financieros y procesos son publicados mensualmente en la página institucional del Colegio, con el objetivo de que los abogados, abogadas y la población en general sepan en qué son invertidos los recursos de esa institución de carácter privado.

Informó que la Junta Directiva está y siempre estará abierta a la realización de auditorías, pero que las mismas sean realizadas por el Fiscal de Cuentas y por una firma auditora privada, tal y como lo establece el artículo 83 de la Ley 3-19 del gremio.

Anunció que la Junta Directiva del CARD autorizó el inicio del proceso para la realización de una auditoría financiera del Colegio de Abogados de la República Dominicana correspondiente al último período fiscal, para el cual realizarán una licitación para la elección de una firma auditora privada.

Solicitó la participación de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, del Colegio de Contadores Públicos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y  de Participación Ciudadana para que fiscalicen el proceso y confirmen la transparencia y diafanidad con que se manejan los recursos no estatales del gremio.

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