Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?

Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.

Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.

¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?

Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.

Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.

Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.

Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.

Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.

Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.

En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?

Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209  expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.

En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.

Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.

¿Y cuáles son esas disposiciones legales?

Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!

Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?

Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.

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Algunas instituciones son creadas para administrar. Otras para ejecutar políticas públicas. Pero existen algunas cuya misión es todavía más delicada: servir de contrapeso frente al poder y convertirse en refugio institucional del ciudadano cuando siente que nadie lo escucha.

Entre ellas, pocas cargan con una responsabilidad tan simbólica y trascendental como la figura del Defensor del Pueblo.

Su razón de existir no es ocupar espacios protocolares ni acumular presencia pública. Tampoco es administrar relaciones cómodas con quienes gobiernan. Su propósito es mucho más exigente y aguerrido: vigilar, señalar, defender derechos, acompañar reclamos y representar institucionalmente la voz de quienes no tienen poder.

Por eso, resulta preocupante que cada vez más ciudadanos se hagan eco de una percepción incómoda de escuchar: que frente a muchos de los problemas que más golpean a la población dominicana, el Defensor del Pueblo parece mantenerse distante, selectivo o insuficientemente presente.

El país vive tensiones y desafíos que no necesitan explicación para quien los enfrenta todos los días: inseguridad, presión sobre el costo de vida, interrupciones en servicios básicos, dificultades en salud, desafíos educativos, incertidumbre económica y una sensación creciente de desgaste en la calidad de vida.

No son asuntos aislados ni casos individuales. Son preocupaciones colectivas que afectan a miles de familias.

Y es precisamente ahí donde surge una pregunta que empieza a repetirse con más fuerza en distintos sectores de la sociedad: ¿Dónde está la institución creada para defender al ciudadano cuando éste siente que está enfrentando solo sus dificultades?

No se trata de pedir que el Defensor del Pueblo gobierne. No se le exige sustituir ministros ni resolver por sí solo problemas históricos del Estado. Pero sí se espera algo esencial: una institución con iniciativa, con criterio independiente y con capacidad de colocar los derechos ciudadanos en el centro del debate público.

Porque defender al pueblo no significa procurar que el conflicto desaparezca, significa entrar donde el conflicto existe.

Una institución de defensa ciudadana no demuestra fortaleza por la cantidad de actividades que realiza ni por la frecuencia con que aparece en titulares. Su relevancia se mide por su disposición a intervenir donde están las preocupaciones reales de la población.

Y cuando empieza a instalarse la percepción de que la energía institucional se concentra más en casos de alto rendimiento mediático que en problemas estructurales que afectan a millones, el cuestionamiento deja de ser coyuntural y se vuelve más profundo.

Porque la ciudadanía no evalúa solamente si una institución existe o sale todos los días en los medios de comunicación. Evalúa, más bien, si se siente defendida por ella ante todos los problemas que la agobian.

Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones llamadas a protegerlos guardan silencio frente a los temas que generan angustia colectiva, comienza a deteriorarse la confianza institucional.

Y una democracia donde la gente deja de confiar en sus órganos de protección empieza lentamente a perder mecanismos de equilibrio.

Porque una institución puede emitir comunicados, asistir a eventos y mantener presencia pública, pero si el ciudadano no siente acompañamiento frente a los problemas que condicionan su vida diaria, se instala la sensación de que la representación existe solo en el papel.

El Defensor del Pueblo no está llamado a agradar al poder. Está llamado a incomodarlo cuando sea necesario. No está para administrar prudencias excesivas. Está para recordar que los derechos fundamentales de los ciudadanos no esperan momentos oportunos.

No está para seleccionar únicamente causas que generen exposición. Está para estar donde le duele al país.

La República Dominicana necesita un Defensor del Pueblo valiente, independiente y cercano a la gente. Que no tema elevar la voz cuando las circunstancias lo demanden. Que entienda que el prestigio no se construye con presencia mediática, sino con presencia social.

Porque al final, toda esta discusión termina reducida a una sola pregunta que ninguna democracia debería permitirse ignorar: ¿Quién defiende al pueblo cuando su Defensor calla?