La ley general de Impuestos Internos 11-92 ha sido modificada innumerables veces y la última modificación fue mediante la ley 253-12 para aumentar la capacidad recaudatoria del estado y desde esa fecha se ha mantenido congelada. Durante el año 2019 hubo aprestos para modificar la ley y ampliar la base de la aplicación del ITBIS a mayor cantidad de bienes y servicios pero esta fue aplazada por ser un año Preelectoral y en segundo lugar por la aparición de la pandemia Covid-19.

De ahí que sigue pendiente la modificación de la ley 11-92 y sus modificaciones para bajar la carga impositiva de productos de primera necesidad y también aumentar el impuesto a bienes no considerados de primera necesidad, así el estado tendría la oportunidad de corregir prácticas viejas que en vez de beneficiar el país lo que hacen es perjudicar y ahí están los impuestos ambientales que deben ser aumentados.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL en su último informe de junio del año 2022 presenta el panorama fiscal de América Latina y El caribe y se propone un diseño de la política fiscal que contribuya a impulsar un desarrollo sostenible, basado en el fortalecimiento de la recaudación y de la progresividad de la estructura tributaria y en la orientación estratégica del gasto público para convertirlo en instrumento de desarrollo.

Se analizan las tendencias fiscales observadas en el año 2021, entre las cuales el repunte de la recaudación tributaria y la ralentización del gasto público derivaron en menores déficits fiscales. Se examinan también las reglas fiscales y los mecanismos usados para flexibilizarlas durante la pandemia, y se propone repensarlas para que contribuyan a una política fiscal pro crecimiento. Finalmente, se estudian los marcos fiscales aplicados a la producción de hidrocarburos y la minería para potenciar su contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el informe la CEPAL continúa explicando que la región enfrenta una compleja coyuntura económica, caracterizada por la desaceleración del crecimiento, una inflación en aumento, alzas de las tasas de interés y volatilidad en los mercados internacionales. Este contexto genera presiones sobre las finanzas públicas, a las que se suman crecientes demandas de bienestar social, inversión y sostenibilidad ambiental, que imponen desafíos al manejo de la política fiscal.

Se entiende que bajo este panorama de inestabilidad en los precios, la baja de la producción a nivel mundial, la influencia de la guerra de Ucrania en los precios de los alimentos, el aumento de los subsidios sociales, la inestabilidad en el empleo y el incremento de la pobreza, estamos hablando de que vivimos en una coyuntura difícil de sortear y que en vez de aumentar la presión fiscal a través de la creación de nuevos impuestos, corresponde asumir un mayor control sobre la evasión fiscal.

Se sabe que las fuentes de ingresos del gobierno son la Tesorería Nacional, las Aduanas y dirección general de impuestos internos y las mayores recaudaciones se obtienen en el renglón de ITBIS, Impuestos sobre la renta y los impuestos a los hidrocarburos como son el gasoil, gasolinas, gas licuado de petróleo, kerosene, entre otros más. Sabemos que el ITBIS es el área de impuestos que más vulneran, hay quienes lo cobran y no lo pagan y otros simplemente lo evaden, o sea no lo retienen a los clientes. Ahí es donde debe apretarse la supervisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De acuerdo con pronósticos de organismos internacionales la crisis económica post COVID-19 se extenderá más allá del 2023 por lo que no se podrá consensuar una reforma impositiva que aumente la capacidad recaudatoria del estado por lo que es recomendable que el gobierno tenga un control del gasto para impedir un déficit fiscal, mantener estable la tasa de cambio y evitar aumentar el endeudamiento externo más allá de los límites del crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB). Un endeudamiento más allá del 50% del PIB implicaría menos inversión en desarrollo.

Por la situación que enfrenta la economía en estos momentos no se vislumbra a corto plazo una reforma fiscal y ésta seguirá estancada y el país no dispondrá de los recursos necesarios para realizar las inversiones públicas que demandan los ciudadanos. La sociedad, en esta coyuntura rechazaría de plano los intentos de poner en marcha una reforma fiscal.

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El motorizador visible de las protestas que mantienen al Ecuador paralizado desde hace dos semanas son las comunidades indígenas confederadas en el CONAIE, pero el pliego reivindicativo delata que lo que se hizo llamar socialismo del siglo XXI, liderado por el ex presidente Rafael Correa, está involucrado hasta los tuéstanos tratando de desestabilizar el gobierno del presidente Lasso

De los diez reclamos que sustentan los movilizados, solo en el que alude a derechos colectivos se incluyen reivindicaciones propias de las comunidades indígenas: incremento del presupuesto para la educación multicultural, y que los conflictos entre los indígenas puedan ser tratados por una justicia integrada por jueces y fiscales de su etnia

Lo demás se va a temas por el que podría estar paralizado medio mundo: reducción y congelación de los precios de los combustibles, incluyendo las gasolinas refinadas que no usan los indígenas, así como de los distintos tipos de diésel

Hay varias que son muy propias de la demagogia populista: que el sistema bancario decrete una moratoria de un año en el cobro de los préstamos a 4 millones de clientes pobres y que se impida que las viviendas puedan ser incautadas por deudas, es decir el hundimiento del sistema hipotecario sin el que no tiene forma de operar la economía inmobiliaria. A esto de agrega una renegociación a la baja de las cuotas a pagar y de los intereses.

Que con excepción de los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, papa, choclos y tomates, para lo que reclaman precios justo, es decir satisfactorios para los productores, para todos los otros artículos y bienes de consumo básico reclaman controles de precio, es decir que comerciantes e industriales no tengan la posibilidad transferir la inflación en sus costos.

Quieren una moratoria extractiva para la minería que es una de las fuentes de ingreso de la que dispone el Estado, que se alejen a los inversores privados de los sectores estratégicos de la economía, pero que en cambio, se incrementen los presupuestos destinados para la salud y la educación, con mayor énfasis en facilitar la accesibilidad a las universidades.

Exigen que los empleos que genere la economía, no importa que sean formales o informales, de medio tiempo o por mecanismos independientes, que todos vengan protegidos por derechos la laborales, para frenar la precarización.

¿Qué hacer? ¿No prestar mucha atención porque eso es politiquería panfletaria reflejada en Ecuador, y no se verá en otros países?

No era menos destemplado el pliego que en 2019 se levantó en el gobierno de Lenin Moreno y que desató en ese país una ola de protestas que después se contagió a Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

Si los gobiernos y los partidos comprometidos con la preservación del sistema democrático no se adelantan a lo que se ve venir, la crisis económica actual, reflejada en altos niveles de inflación que se pretenden disminuir provocando una recepción económica, tenemos que prepararnos para un clima de desestabilización en  el que los actores más destemplados e irresponsables repitan las cosas que la gente quiere oir.

Si el presidente Guillermo Lasso, con un mandato aún fresco, es llevado a lo que se quiere provocar: su dimisión, ese hecho sin duda alguna que arrastrara a otros gobiernos de la región sin importar su matiz ideológico.

Y no hay cosa que pueda hacer más daño que la inestabilidad que genera el que se escojan gobiernos que no puedan concluir sus períodos constitucionales.

JPM

El doctor Leonel Fernández busca convertirse en un líder similar a Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, empleando y cual si fuera un mago, una bola de cristal en la que  anuncia situaciones y hechos que afectarán a la economía y a la sociedad.

La historia no admite análisis parciales en los que se pasen por alto sus propias responsabilidades incluso, como las que se denuncian en su bola de cristal. El doctor, Fernández debe de perseguir su deseo de convertirse en líder por otra vía y ser, sobre todo, un orientador despojado de intereses políticos y personales.

Nuestra economía está relacionada a acontecimientos internacionales como por ejemplo: el Covid 19 y sus resultados económicos y sociales, los incrementos de los precios del petróleo, las leyes de los mercados, los aumentos de los fletes y precios de los insumos, la guerra entre Rusia y Ucrania entre otros. La economía posee leyes que la rigen, no corazón humano ni politiquero.

La reactivación de la economía en un país debe de aspirar al equilibrio de la macroeconomía, confiabilidad en el sistema judicial, un eficiente servicio energético, el incremento de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, tomar medidas a favor de importantes medios de producción, el campo y la lucha contra la pobreza entre otros.

La influencia de las remesas continuará ascendiendo en la medida en que la pobreza aumente y con ella, las emigraciones. Es algo que procede desde el pasado incluyendo la gestión de Fernández, estando pendiente aún en la actualidad.

Los factores de mercado y alta competitividad, reclaman de eficiencia, calidad y precios. Diseñar acciones en los centros de producción incluso, de parte de los esfuerzos que hace la actual administración.

Recordamos al doctor Fernández que él fue el líder del crecimiento de la economía en momentos, en que la pobreza y emigraciones subían. La lucha contra la pobreza está pendiente en la presente gestión y debe de ser, un compromiso de todos.

jpm-am