Ley de impuestos internos congelada

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EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La ley general de Impuestos Internos 11-92 ha sido modificada innumerables veces y la última modificación fue mediante la ley 253-12 para aumentar la capacidad recaudatoria del estado y desde esa fecha se ha mantenido congelada. Durante el año 2019 hubo aprestos para modificar la ley y ampliar la base de la aplicación del ITBIS a mayor cantidad de bienes y servicios pero esta fue aplazada por ser un año Preelectoral y en segundo lugar por la aparición de la pandemia Covid-19.

De ahí que sigue pendiente la modificación de la ley 11-92 y sus modificaciones para bajar la carga impositiva de productos de primera necesidad y también aumentar el impuesto a bienes no considerados de primera necesidad, así el estado tendría la oportunidad de corregir prácticas viejas que en vez de beneficiar el país lo que hacen es perjudicar y ahí están los impuestos ambientales que deben ser aumentados.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL en su último informe de junio del año 2022 presenta el panorama fiscal de América Latina y El caribe y se propone un diseño de la política fiscal que contribuya a impulsar un desarrollo sostenible, basado en el fortalecimiento de la recaudación y de la progresividad de la estructura tributaria y en la orientación estratégica del gasto público para convertirlo en instrumento de desarrollo.

Se analizan las tendencias fiscales observadas en el año 2021, entre las cuales el repunte de la recaudación tributaria y la ralentización del gasto público derivaron en menores déficits fiscales. Se examinan también las reglas fiscales y los mecanismos usados para flexibilizarlas durante la pandemia, y se propone repensarlas para que contribuyan a una política fiscal pro crecimiento. Finalmente, se estudian los marcos fiscales aplicados a la producción de hidrocarburos y la minería para potenciar su contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el informe la CEPAL continúa explicando que la región enfrenta una compleja coyuntura económica, caracterizada por la desaceleración del crecimiento, una inflación en aumento, alzas de las tasas de interés y volatilidad en los mercados internacionales. Este contexto genera presiones sobre las finanzas públicas, a las que se suman crecientes demandas de bienestar social, inversión y sostenibilidad ambiental, que imponen desafíos al manejo de la política fiscal.

Se entiende que bajo este panorama de inestabilidad en los precios, la baja de la producción a nivel mundial, la influencia de la guerra de Ucrania en los precios de los alimentos, el aumento de los subsidios sociales, la inestabilidad en el empleo y el incremento de la pobreza, estamos hablando de que vivimos en una coyuntura difícil de sortear y que en vez de aumentar la presión fiscal a través de la creación de nuevos impuestos, corresponde asumir un mayor control sobre la evasión fiscal.

Se sabe que las fuentes de ingresos del gobierno son la Tesorería Nacional, las Aduanas y dirección general de impuestos internos y las mayores recaudaciones se obtienen en el renglón de ITBIS, Impuestos sobre la renta y los impuestos a los hidrocarburos como son el gasoil, gasolinas, gas licuado de petróleo, kerosene, entre otros más. Sabemos que el ITBIS es el área de impuestos que más vulneran, hay quienes lo cobran y no lo pagan y otros simplemente lo evaden, o sea no lo retienen a los clientes. Ahí es donde debe apretarse la supervisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De acuerdo con pronósticos de organismos internacionales la crisis económica post COVID-19 se extenderá más allá del 2023 por lo que no se podrá consensuar una reforma impositiva que aumente la capacidad recaudatoria del estado por lo que es recomendable que el gobierno tenga un control del gasto para impedir un déficit fiscal, mantener estable la tasa de cambio y evitar aumentar el endeudamiento externo más allá de los límites del crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB). Un endeudamiento más allá del 50% del PIB implicaría menos inversión en desarrollo.

Por la situación que enfrenta la economía en estos momentos no se vislumbra a corto plazo una reforma fiscal y ésta seguirá estancada y el país no dispondrá de los recursos necesarios para realizar las inversiones públicas que demandan los ciudadanos. La sociedad, en esta coyuntura rechazaría de plano los intentos de poner en marcha una reforma fiscal.

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