POR CARLOS SALCEDO

La patología del sistema penal dominicano

La reprensión del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial al juez Rigoberto Sena exige leerse con mayor hondura que la mera corrección de un exceso discursivo. Este episodio desenmascara una patología crónica del sistema penal dominicano, esto es, la normalización del castigo anticipado y la tentación de moralizar la justicia cuando el derecho resulta incómodo o insuficiente para satisfacer la represión como espectáculo y el clamor punitivo.

El rol de la prisión preventiva en el proceso judicial

En un Estado constitucional de derecho, las medidas de coerción no forman parte del poder de castigar. Son instrumentos procesales, provisionales y funcionales, orientados exclusivamente a garantizar los fines del proceso. La prisión preventiva, en particular, es una medida excepcional y de última ratio, como lo disponen el artículo 40.9 de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, además de estar consolidada por la doctrina y jurisprudencia constitucional. Su legitimidad depende de criterios estrictos de utilidad, necesidad y proporcionalidad.

El peligro del castigo anticipado

Cuando la prisión preventiva se utiliza para enviar mensajes ejemplarizantes o para expresar reproche frente a la gravedad del hecho, deja de ser cautelar y se convierte en una pena sin juicio. El juez que asume la coerción como sanción anticipada adelanta culpabilidades en lugar de evaluar riesgos procesales; legitima el poder punitivo desde la sospecha, produciendo un proceso penal invertido donde la presunción de inocencia se convierte en una mera fórmula retórica.

Desnaturalización de la función judicial: Un exceso de poder

Si un juez de medidas de coerción decide imponer prisión preventiva asumiendo la gravedad de los hechos como ciertos, como se evidencia en el caso SeNaSa u “Operación Cobra”, desnaturaliza su función. La principal tarea del juez de instrucción es garantizar los derechos de las partes y asegurar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa y equitativa. Al asumir los hechos como verdad y actuar como si ya hubiera un juicio de fondo, el juez adopta una postura inapropiada en esta etapa del proceso. Esto puede interpretarse como un exceso de poder, ya que el juez no debe prejuzgar la culpabilidad del acusado, sino asegurarse de que se respeten sus derechos durante el proceso.

Imparcialidad y presunción de inocencia: Pilar del Estado de derecho

Es fundamental que el juez mantenga la imparcialidad y la presunción de inocencia, permitiendo que el proceso judicial avance sin prejuicios hacia el resultado final del juicio. Un uso inadecuado de la prisión preventiva puede llevar a injusticias y a la vulneración de los derechos humanos de los imputados.

La influencia de la moral en la decisión judicial

La inclusión de reflexiones bíblicas en la motivación judicial agrava este desplazamiento. No cuestionamos las creencias personales del juez, sino el principio básico del constitucionalismo contemporáneo: el juez debe decidir desde la razón pública, no desde la moral privada. El proceso penal no es un espacio de redención o de salvación, ni la sala de audiencias un púlpito. Al apoyarse en referencias religiosas, el discurso judicial pierde su carácter técnico y se convierte en una narrativa moral impuesta desde el poder.

El derecho penal como control social: Consecuencias de la moralización

Este fenómeno no es inocuo. La moralización de la justicia aparece cuando el derecho penal se piensa como un instrumento de control social. En ese contexto, el juez deja de actuar como garante de derechos frente al Estado y se convierte en su portavoz simbólico, administrando castigos anticipados revestidos de lenguaje ético.

Desafíos institucionales: La respuesta a la ética judicial

La respuesta institucional a estos excesos tampoco puede ser acrítica. La ética judicial no debe convertirse en una pedagogía del silencio ni en un mecanismo de disciplinamiento del pensamiento. Exigir sobriedad no equivale a exigir jueces acríticos que se refugien en fórmulas vacías para eludir reproches disciplinarios. Una judicatura que renuncia a razonar con densidad constitucional resulta funcional al poder punitivo, no al Estado de derecho.

Reflexiones finales: Un llamado al garantismo

Reafirmo aquí cuatro ideas que he desarrollado en mis columnas y que resultan oportunas ante este caso:

1. La prisión preventiva es síntoma del fracaso garantista, no una solución institucional.

2. La moralización del proceso penal, como sustituto del razonamiento jurídico, es una enfermedad inducida del sistema.

3. La ética judicial constituye un límite al poder, no una mordaza para el juez.

4. El populismo penal ahoga la jurisdicción como razón pública.

El verdadero problema no radica en un juez que moraliza o castiga antes de juzgar, sino en un sistema que tolera la prisión preventiva como pena anticipada, sustituye el derecho por la moral y desalienta el pensamiento crítico en la judicatura. Un Poder Judicial que claudica en su función garantista se degrada por conveniencia. Cuando la justicia se acomoda al aplauso y al clamor punitivo, deja de ser justicia para convertirse en administración del poder sin garantías.

El final de cada año llega siempre cargado de una invitación inevitable a la reflexión. Es una especie de pausa obligatoria en medio del trajín cotidiano que nos empuja a mirar atrás y a pasar balance: qué logramos, qué quedó a mitad de camino y cuáles fracasos nos golpearon, ya sea en lo personal, en la familia o en los negocios.

No es un ejercicio cómodo, pero sí necesario, porque de ese análisis honesto dependen muchas de las decisiones que tomamos para seguir avanzando o para corregir el rumbo.

Cuando hablamos de expectativas logradas no nos referimos únicamente a grandes metas. Muchas veces el éxito está en cosas aparentemente simples: sostener un empleo, mantener a flote un pequeño negocio, pagar una deuda importante, ver crecer a los hijos o preservar la salud y la estabilidad familiar.

Son logros que no siempre se celebran, pero que constituyen la base para seguir gerenciando con éxito cualquier proyecto. Identificar esas conquistas, por pequeñas que parezcan, fortalece la confianza y nos recuerda que sí somos capaces de avanzar.

Las expectativas que quedan en proceso, por su parte, no deben verse como fracasos. Al contrario, suelen ser señales de madurez. Un negocio que no creció al ritmo esperado, un proyecto personal que requiere más tiempo o una meta familiar que se pospone, forman parte natural de la vida.

La clave está en evaluar qué funcionó, qué no y qué ajustes se necesitan para el próximo año, sin caer en la frustración ni en el inmovilismo.

Los fracasos, sin embargo, merecen una reflexión más profunda. En términos personales o de negocios, suelen surgir por mala planificación, falta de información, decisiones apresuradas o, simplemente, por factores externos que no controlamos.

Esta reflexión individual no puede desligarse del contexto social y económico en el que vivimos. En sociedades donde las dificultades macroeconómicas se hacen sentir, los proyectos de los ciudadanos enfrentan mayores obstáculos.

El alza del costo de la vida, la incertidumbre y la desaceleración económica impactan directamente el campo social y limitan la capacidad de emprender, ahorrar o invertir con tranquilidad.

En el caso de la República Dominicana, el país ya alcanzó la condición de economía de renta media y ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Desempeño bajo

Sin embargo, en este 2025 comienzan a aparecer señales de menor resiliencia. Según estimaciones de la CEPAL, el crecimiento rondaría el 2.9%, mientras economistas locales lo sitúan ligeramente por encima del 2%. Se trata de un desempeño por debajo del promedio histórico, que contrasta con indicadores que, en apariencia, cierran en cifras récord.

Las estadísticas oficiales hablan de una inversión extranjera directa que estaría creciendo y rondando los 4,500 millones de dólares, exportaciones que se ubican en torno a los 13,000 millones, remesas que superan los 11,000 millones de dólares y un turismo que rompe marcas con más de 10 millones de visitantes. Todo esto parecería indicar que la economía va bien, pero entonces surge la pregunta obligada: ¿por qué el crecimiento se siente limitado?

La respuesta apunta, en gran medida, a causas internas. Esto obliga a las autoridades a replantear políticas públicas, aumentar la inversión pública, reforzar la vigilancia de las finanzas del Estado para no repetir escándalos como el del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y promover políticas verdaderamente inclusivas, que no se queden solo en programas sociales sin una transferencia efectiva de capacidades al ciudadano.

Hay que recordar que, según el Banco Mundial, una parte importante de los dominicanos que salió de la pobreza se encuentra en un segmento vulnerable. Cualquier desequilibrio económico relevante podría empujarlos de vuelta a esa condición, afectando directamente al emprendedor, al trabajador informal y a la familia que apenas comienza a mejorar su calidad de vida.

El gobierno espera estabilidad y confianza; la gente, por su parte, demanda crecimiento, oportunidades y desarrollo individual.

JPM

Es muy válido que en estos días “hagamos foco” en lo que necesitamos para que el 2026 sea un buen año. En la generalidad de los casos, aunque “en automático”, abundan los buenos deseos de Año Nuevo. Pero, ¿cómo pasar “del dicho al hecho”? ¿Cómo hacer para que eso se convierta en realidad?

Sin ínfulas de pretender dar “fórmula mágica”, he aquí una pista y tres claves a valorar. Iniciemos reparando en que vivimos en una época marcada por la aceleración permanente. La información circula sin descanso, los estímulos se multiplican y las plataformas digitales disputan cada segundo de nuestra atención. En este entorno, avanzar parece sinónimo de moverse rápido, de adaptarse sin pausa, de estar siempre conectados. Sin embargo, la verdadera pregunta no es cuánto nos movemos, sino hacia dónde y con qué criterios.

Las transformaciones recientes en la comunicación han ampliado nuestras capacidades de conexión, pero también han introducido nuevas fragilidades. El ecosistema digital, como muestran diversos estudios recientes, combina ventajas evidentes —inmediatez, alcance global, diversidad de formatos— con riesgos crecientes: sobreinformación, pérdida de profundidad, debilitamiento del vínculo interpersonal y proliferación de contenidos no verificados. En ese contexto, el pensamiento crítico deja de ser una habilidad deseable para convertirse en una necesidad básica de supervivencia cívica.

Pensar críticamente hoy no significa desconfiar de todo, sino aprender a discriminar, a contextualizar, a detenerse antes de dar crédito y reaccionar. La lógica de la inmediatez, alimentada por algoritmos que premian la emoción rápida y la simplificación extrema, erosiona nuestra capacidad de análisis. Como advierten reputados investigadores en comunicación digital, la saturación informativa reduce la atención y favorece el consumo acrítico de mensajes, debilitando el juicio individual y colectivo.

Pero el pensamiento crítico, por sí solo, no basta. Necesita anclarse en un propósito claro. En una reciente y muy productiva conversación sobre metas personales y colectivas, entre amigos concordábamos en que avanzar requiere definir con precisión qué se quiere lograr, por qué y para qué.

Valorábamos que, más que acumular objetivos, se trata de jerarquizarlos, de alinearlos con un proyecto de vida o de acción social coherente. Sin propósito, la adaptación se vuelve errática; con propósito, el cambio adquiere sentido.

Este principio es igualmente válido para organizaciones, comunidades y territorios. En el ámbito del desarrollo local y la comunicación para el cambio social, la claridad de propósito permite resistir la dispersión que impone la agenda digital. Las instituciones que comunican sin un marco estratégico terminan reaccionando a las tendencias del momento, en lugar de construir narrativas propias y sostenidas. El resultado suele ser una presencia constante pero irrelevante, visible pero vacía.

Una clave para el avance sostenible —a menudo muy olvidada— es el apego a los valores. En tiempos de competencia por la atención, la tentación de sacrificar principios en nombre de la visibilidad es fuerte. Simplificar en exceso, exagerar, polarizar o desinformar puede generar resultados inmediatos, pero erosiona la confianza a mediano y largo plazo. La comunicación digital exige una integración equilibrada entre eficacia tecnológica y valores humanos fundamentales.

Es clave tener muy presente que los valores operan como brújula. Permiten evaluar no solo si una acción es efectiva, sino si es legítima, justa y sostenible. En contextos comunitarios y democráticos, esta coherencia ética es clave para fortalecer la participación y la cohesión social. Sin valores compartidos, la comunicación se convierte en mero intercambio instrumental. En cambio, con valores compartidos, la comunicación se convierte en herramienta de transformación.

Pensamiento crítico, propósito y valores no son conceptos abstractos. Se traducen en prácticas concretas: seleccionar fuentes con rigor, priorizar la calidad sobre la cantidad, diseñar mensajes con intención transformadora, sostener la coherencia incluso cuando el entorno premia lo contrario. Implican también recuperar espacios de comunicación más lentos, reflexivos y presenciales, capaces de equilibrar la velocidad digital.

Avanzar en el contexto actual no exige correr más rápido, sino caminar con mayor conciencia. En medio del ruido, el verdadero progreso es sostener el rumbo. Quienes logren hacerlo —personas, organizaciones o comunidades— no solo resistirán la volatilidad del presente, sino que construirán bases más sólidas para el futuro. Con estas claves estaremos en la pista para avanzar de manera sostenida en el 2026.

info@nestorestevez.com

JPM