POR LUISANNA LORA PERELLO

Otra vez la misma escena. Otra vez un uniforme, otra vez un ciudadano, en este caso una joven, recibiendo golpes, y otra vez la promesa institucional de una “investigación exhaustiva”.

La Policía Nacional ha suspendido al coronel Fausto Madé Ramírez tras hacerse viral un video donde se observa claramente la agresión física contra una joven en Los Mina. La reacción fue rápida, sí. Pero la pregunta inevitable es: ¿rápida para qué?

Porque cuando la evidencia es tan cruda, tan directa, tan imposible de reinterpretar, hablar de investigación suena más a protocolo que a justicia.

En el video no hay ambigüedad. No es un ángulo dudoso, no es un audio confuso, no es un hecho que requiera reconstrucción técnica compleja. Lo que se ve es un oficial superior golpeando a una mujer en medio de lo que se supone era un operativo. Y eso, por donde quiera que se mire, no es procedimiento: es abuso.

Entonces, ¿qué se investiga?
¿Si fue él? Ya se ve.
¿Si ocurrió? Está grabado.
¿Si hubo exceso? Es evidente.

La suspensión es una medida administrativa necesaria, pero insuficiente frente a la gravedad del hecho. Porque el problema aquí no es solo un hombre, es lo que representa: una cultura de autoridad mal entendida, donde el poder se impone por la fuerza y no por la ley.

Y cuidado con esto: cada vez que un caso como este termina diluyéndose en procesos largos, tecnicismos o sanciones leves, el mensaje que queda en la calle es peligroso: que todo depende de si hay cámara… y de qué tan viral se haga.

La Policía habla de lineamientos, de disciplina, de sanciones ejemplares. Perfecto. Pero este es el momento de demostrar que esas palabras no son solo parte de un guion repetido.

Porque aquí no hay versiones encontradas ni espacio para confusión.
Lo que pasó está a la vista de todos.

Y cuando es así de claro, lo único que corresponde no es investigar para entender… es actuar para sancionar.

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El reciente episodio en el Aeropuerto del Cibao, donde una joven atacó con un bisturí a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad terminal con incidencia en el contrato social dominicano que está bastante relacionada con la agresión física a la autoridad y la respuesta violenta de los uniformados, hasta convertirse en las dos caras de una misma moneda, sustentada por miembros de una institución que han perdido la brújula de la profesionalidad.

Uno de los problemas raíz es el desconcertante desconocimiento de las leyes por parte de quienes deben aplicarlas, debido a que la mayoría de los agentes de la Policía Nacional y de tránsito operan bajo la sombra de la ignorancia legal, lo que les impide gestionar una infracción con la altura técnica necesaria. Quizás por esa razón el dicho que reza que: “Sin conocimiento, no hay justicia, solo arbitrariedad”.

A estos desenfoques de la autoridad policial, también hay que sumarle la arraigada cultura del “macuteo”, puesta de manifiesto mediante la extorsión y el chantaje que se han convertido en el protocolo no oficial de detención, lo que obliga al ciudadano común a no ver en el policía a un protector, sino a un recaudador de beneficios personales que utiliza la placa como una licencia para el asalto administrativo.

El sistema actual de multas en la República Dominicana parece diseñado para el soborno, en razón de que la ausencia de un sistema de tickets digitalizado y automático deja la sanción a la entera discreción del agente, por lo que, esta falta de tecnología fomenta el careo directo, la presión psicológica y, finalmente, la oferta de dinero para “dejar eso así”, o sea, sin la contravención requerida por haber violado la Ley.

“Si hay dinero, no hay multas, si no hay dinero, hay agresiones”, esa es la cultura desde hace décadas del policía dominicano, por ende, cuando el ciudadano se niega a participar en esta danza de corrupción, entonces surgen las amenazas, esto, porque el recurso de llevárselo preso por faltas menores se usa como una herramienta de coacción, pero, peor aún, si el civil se resiste a este atropello, la situación escala rápidamente hacia la agresión física, un ciclo de violencia que se repite a diario en las calles de nuestro país.

La falta de respeto es bidireccional. La Policía Nacional no se da a respetar porque su comportamiento dista mucho de ser el de una autoridad íntegra, ya que el respeto no se exige a golpes ni con humillaciones; se gana mediante la actuación ética y profesional que hoy brilla por su ausencia en gran parte de las fuerzas que deben velar por la seguridad pública, donde el ciudadano en vez de apoyar a los encargados de poner el orden, temen a ser agredido, arrestado, macuteado o que le metan en sus bolsillos una sustancia prohibida.

En este panorama, la gestión de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, queda bajo un cuestionamiento severo, visto que la percepción de complicidad o de una “reforma de maquillaje” crece cada vez que un abuso queda impune o se justifica bajo el mando de la obediencia debida, imposibilitando el cumplimiento real de la Ley.

La realidad es cruda: esta institución policial corrompida desde la raíz hasta la rama y, no se trata solo de “manzanas podridas”, sino de un árbol genealógico institucional que ha crecido torcido, donde las mañas se heredan de superiores a subalternos, perpetuando un modelo de gestión fallido a nivel general.

La depuración del individuo que viola la ley – ya sea el civil o el policía – es imperativa, debido a que un ciudadano que agrede físicamente a un agente debe enfrentar consecuencias legales, pero un agente que provoca, extorsiona o golpea a un infractor debe ser expulsado y procesado con el mismo rigor de la Ley.

Ser una autoridad “seria y profesional” significa actuar con firmeza sin necesidad de la agresión innecesaria, ya que la autoridad debe ser el imperio de la ley personificado, no un brazo ejecutor de resentimientos o intereses económicos personales y esa es la mística jurisprudencial de la Policía sin reformas que mantiene colapsado el sistema de seguridad.

Para salir de este bache, la reforma policial no puede ser solo un cambio de uniformes o un aumento salarial, también requiere una purga radical que elimine a los elementos extorsionadores y una modernización tecnológica que saque de raíz el contacto discrecional entre el agente y el bolsillo del ciudadano.

Mientras la Policía Nacional no sea saneada desde sus cimientos, seguiremos viendo videos de bofetadas, bisturís y macanazos. La paz social en la República Dominicana depende de que la ley vuelva a ser igual para todos, y de que el uniforme vuelva a ser sinónimo de integridad, no de sospecha, porque sin una depuración radical y honesta, la ley seguirá siendo un papel muerto.

Es hora de elegir entre el orden profesional o el caos del uniforme policial.

La imagen de las agencias públicas debe ser preocupación permanente de las autoridades de turno, sobre todo, de quienes deben velar por las correctas ejecutorias de sus obligaciones, tomando en cuenta la reputación de sus estructuras y la credibilidad del país.

Son varias las instituciones en primera fila en esta preocupación, pero la Dirección General de Migración (DGM) y Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) están siempre en el ojo del huracán debido a que el volumen de indocumentados agravado por la crisis haitiana y los cargamentos de narco sustancias que se incautan cada mes, son alarmantes y reflejan la necesidad de mayor compromiso de los agentes a cargo.

La gente percibe que la inmigración irregular presenta mayores problemas al país y gastos incalculables al gobierno, por la corrupción que se registra cuando deportan miles y cada vez es mayor la cantidad que regresa, incluyendo a los ya repatriados. Se estima que el negocio supera la voluntad de los agentes y centinelas envueltos.

Por eso, la confianza en la efectividad del cumplimiento de los agentes del servicio migratorio es muy poca y la imagen de un organismo del cual depende en mucho la estabilidad del país, pone en un lugar penoso su imagen.

En el caso de la DNCD, desde la entrada de los famosos Tucanos, adquiridos en Brasil, cuando se creía que los pocos casos de narcotráfico que se registraban a la sazón bajarían, ocurrió lo contrario y, de forma inimaginable, el país pasó de un espacio de tránsito, a una base de negocios de sustancias prohibidas y punto de partida hacia otros territorios.

Son muchas las opiniones, denuncias y acusaciones que hasta el momento no han tenido los efectos esperados, pero la gente piensa que el trabajo de la joven institución creada en los 10 años de la última gestión de Joaquín Balaguer, requiere de mayor transparencia, para cambiar la visión negativa que refleja su imagen.

Si las agencias y los titulares en quienes el gobernante de turno deposita su confianza, no ponen el empeño necesario para investigar las denuncias y capturar a los verdaderos capos y traficantes, entonces ocurrirá lo que ahora, que otras naciones tendrán que venir a poner orden.

La imagen del país debe tener protectores y funcionarios valientes que la defiendan y respeten. Es tiempo de mejorar.

 aquinorubio@gmail.com