Desde que la obra de los filibusteros adquiriera vida en la esfera del derecho, que a juicio de  Emiliano Tejera, eso fue lo que ocurrió con el Tratado de Aranjuez, en 1777, y se crearon dos colonias y a partir de ellas dos países profundamente diferenciados en una misma isla, estamos condenados a singularidades que ahora se pretenden agravar.

Manuel Arturo Peña Battle describe las consecuencias:

“Dos nacionalidades distintas, dos poderes rivales, dos fuerzas sociales opuestas en sus aspiraciones y jurídicamente desmarcadas, comenzarían desde ese momento el curso de un desarrollo paralelo, pero extraño el uno al otro; sin más puntos de contacto que los que ofrecía la fortuita circunstancia de tener un mismo teatro geográfico y un mismo campo de acción: la isla de Santo Domingo”, única en el mundo con tal condición.

Ninguna de las otras islas con más de una nacionalidad albergan los estados de dos naciones distintas, sino que son posesiones de países asentados en otros espacios geográficos, como ocurre con San Martin, que tiene una parte francesa y otra holandesa, pero ni Holanda ni Francia tienen sus cabeceras allí, ni son tan distanciados culturalmente.

Como colonia francesa, Haití vivió momentos de gran prosperidad, convirtiéndose en una gran potencia azucarera, y cuando proclamó su independencia era militar y económicamente  superior a la República Dominicana, pero los conflictos de raza hundieron a ese país en un letargo del que jamás se ha recuperado.

Ha operado  como un Estado inviable al que sólo pudo mantener cohesionado una dictadura, y la comunidad internacional, con los Estados Unidos a la cabeza, no han pensado en otra cosa que en cargar el colapso del Estado haitiano sobre el dominicano, lo que no lleva a mejorar la situación de uno de los países más pobres del mundo, sino a hundir en los parámetros  más lastimeros a dos.

La presión que se ha ejercido y que ahora se recrudece sobre la República Dominicana tiene el nefasto propósito de colocarnos a la cabeza de un club que presencia la peor condición de degradación por la que pueda atravesar un conglomerado de humanos, las de refugiados.

Aunque en números el destino que se establecería en el RD, sería el 31, por volúmenes de acogidos, le arrebataría el primer lugar a Cox’s Bazar, en Bangladesh, que alberga en condiciones absolutamente inhumanas a 867 mil rojinyás , de la minoría religiosa musulmana, que desde 2017, han corrido de la persecución de las que son objetos en Birmania.

O de entrada RD desplazaría del segundo lugar a Dadaab y Kakuma, en Kenia, el mayor campo de refugiados africanos procedentes de Somalia, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

¿Qué pasaría  después que en territorio dominicano se empiecen a proyectar las dantescas imágenes de millares de personas  hacinadas haciendo  sus necesidades fisiológicas a la intemperie  y conviviendo  a merced de las lluvias, las inclemencias del sol y de otros fenómenos naturales?

La otra parte del guion conllevaría al reconocimiento de derechos y  reavivar  el san Benito de la apatridia. Que esos haitianos son dominicanos, porque han vivido irregularmente aquí o porque sus mujeres han alumbrado en las maternidades del país, y a que por razones humanitarias las personas no pueden vivir sin un lugar de pertenencia.

¿Pero de qué tendrían que huir los haitianos, si se les auxilia desembarazarse del control de las bandas criminales, y a procurar desarrollo económico y estabilidad política?

JPM

Lo que preocupa a Estados Unidos es el estallido migratorio que causará la crisis política, económica, social, institucional y sanitaria que abate a Haití, ante lo cual el presidente Joe Biden  baraja retener migrantes haitianos en un tercer país o recluirlos en la base militar de Guantánamo, Cuba.

La emigración legal haitiana ha tenido al territorio estadounidense como primer destino, con un 46%, seguido por República Dominicana con un 30.97%, y a Canadá, con apenas un 6.28%, según datos de Naciones Unidas (ONU), al 2019, que afirma que el número de emigrantes de ese país aumentó en un 23%.

La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional procuran establecer la cantidad de emigrantes que tendrían que ser acogidos por lo que Biden define como “tercer país”, tomando en cuenta que la base de Guantánamo apenas dispone de 400 camas.

Guantánamo posee una cárcel para inmigrantes, pero es poco probable que esa base pueda acoger a los miles haitianos que se harían a la mar por causa de un estallido migratorio, por lo que la figura del “tercer país” enunciada por Biden se erige como  asunto relevante.

República Dominicana  ha sido señalada desde muy temprano como  el país que debería acoger en calidad de refugiados, no solo a los vecinos que huyen de la violencia y la marginalidad, sino también a los que apresen  los guardacostas  en el mar o las patrullas fronterizas entre  México y Estados Unidos.

El alerta de la embajada estadounidense a sus ciudadanos negros sobre trato desigual aquí, las sanciones contra el Central Romana, y la denuncia de Unicef sobre deportaciones de niños sin acompañantes, forman parte de la presión que se ejerce sobre el gobierno dominicano para que acepte esos designios imperiales.

No cayó bien en Washington la negativa del presidente Luis Abinader a firmar el documento de la Cumbre de Las Américas, que consignaba a República Dominicana como receptora de la emigración haitiana, su rechazo al reclamo del Comisionado de la ONU a detener las repatriaciones, y menos aún la adquisición de aviones, vehículos y pertrechos militares para reforzar la frontera..

Estados Unidos no ha logrado que  algún país acepte encabezar una fuerza de intervención  en Haití, por lo que resulta menos probable aun que otro acepte  instalar en su territorio  campamento de refugiados haitianos, razón por la cual todos los rostros de USA se voltean hacia República Dominicana.

Sería conveniente que el liderazgo político, empresarial, sindical y académico se unifique en torno a la  resistencia del gobierno  a permitir  campos de refugiados. No sería descabellado sugerir que el presidente Abinader se reúna con los ex  mandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejia para ponerlos al tanto de la situación.

JPM

El sorprendente hallazgo de Abel Martínez en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana disparó las alarmas de la Junta Central Electoral, provocando que su pleno se reuniera de emergencia y aclarara que, en virtud del principio de autodeterminación, el registro de afiliados es una responsabilidad exclusiva de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

La JCE agregó en un comunicado, fechado el 18 de noviembre de 2022, que su responsabilidad es la administración y custodia del padrón electoral general y del exterior, no de organizar ni de conformar los registros de afiliados de los partidos.

Frente a la justificación del órgano electoral, basada en que no tiene facultad para incidir en los listados o padrones de afiliados de los partidos políticos, caben las interrogantes siguientes: ¿Tiene límites el principio de autodeterminación de los partidos? ¿En caso de tenerlos, cuáles son esos límites?

Empecemos reconociendo que el derecho fundamental de asociación implica la libertad de autoorganización, el cual se encuentra petrificado en el artículo 47 de la Constitución de la República. Sin embargo, el principio de autodeterminación no aplica igual para todos los tipos de asociaciones. Como muestra de esto tenemos los partidos políticos, cuya conformación y funcionamiento están condicionados por la regulación hecha por el legislador por disposición del artículo 216 de la Constitución Política, que dispone que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

Sin duda, la autodeterminación del partido político, debido a su relevancia pública, está más regulada o restringida que otras asociaciones que no inciden de una manera tan determinante en el sistema democrático y representativo. Siguiendo este criterio, en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostiene que “si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral”.

Por tanto, la administradora electoral es la autoridad competente para garantizar que se cumpla la disposición legal que prohíbe la doble afiliación, razón por la cual el legislador dispuso que los partidos depositen sus padrones ante la autoridad correspondiente de la JCE.

En ese sentido, la afiliación exclusiva está contemplada en el artículo 7 de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual dispone lo siguiente: “Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido, agrupación o movimiento político. Al afiliarse a otro partido político, agrupación o movimiento político se renuncia automáticamente a la afiliación anterior”.

Más adelante, el citado artículo se refiere a la libertad del afiliado de renunciar a la afiliación en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión, al tiempo que ratifica que la afiliación a otra organización, que pueda ser probada con documentos y declaraciones públicas, se considerara como una renuncia al anterior partido.

Como se ha comprobado, al órgano electoral le corresponde crear mecanismos que obliguen a los partidos políticos a llevar un registro general actualizado de sus afiliados y desafiliados, a fin de eliminar la múltiple afiliación, en cumplimiento de la ley.

jpm-am