La depreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense constituye uno de los factores más influyentes en la dinámica inflacionaria de la economía nacional. De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD, 2025), durante el período comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la tasa de cambio experimentó un deslizamiento significativo: de 58.49 pesos por dólar en enero de 2024, pasó a 60.45 en diciembre de 2024 y alcanzó 63.88 en septiembre de 2025. Este incremento, que equivale a una depreciación acumulada superior al 9 % en menos de dos años, se ha traducido en presiones constantes sobre los precios internos, especialmente en la canasta básica familiar.

La relación entre el tipo de cambio y los precios responde a la alta dependencia de la economía dominicana de bienes importados, tanto de consumo final como de insumos productivos. En su Informe de Política Monetaria (BCRD, 2024), se destaca que más del 70 % de los bienes intermedios utilizados en la producción local provienen del exterior, lo que hace que la depreciación del peso tenga un efecto de transmisión inmediata hacia los costos y, por ende, hacia los precios al consumidor. Esta situación explica que productos esenciales como el arroz, el pollo o las legumbres hayan duplicado sus precios en pocos años: el arroz pasó de 21 pesos la libra a 50 pesos; el pollo, de 48 pesos en 2021 a 115 pesos en 2025; mientras que la auyama, las habichuelas y los guandules han seguido una trayectoria ascendente.

El impacto sobre la canasta familiar es evidente. Según datos ofrecidos por algunos comunicadores, su costo pasó de 33,850 pesos en agosto de 2024 a 45,678.27 pesos en agosto de 2025, lo que representa un aumento cercano al 35 %. En contraste, el salario mínimo promedio permanece en 19,521 pesos, lo que revela una brecha creciente entre ingresos y gastos básicos. Este desajuste confirma lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2024), que advierte que la República Dominicana enfrenta un escenario de pobreza monetaria estructural, producto del rezago salarial frente al costo de la vida.

El encarecimiento no se limita a los alimentos. Los medicamentos, electrodomésticos y alquileres presentan incrementos igualmente desproporcionados, configurando un cuadro de inflación generalizada. La respuesta gubernamental, centrada en medidas asistenciales como el aumento de bonos subsidiados, el fortalecimiento de los comedores económicos y las ventas subsidiadas a través del INESPRE, evidencia un reconocimiento implícito del problema. Sin embargo, estas acciones son de carácter paliativo y no inciden en los factores estructurales que originan la inflación. Al contrario, fomentan una dependencia del subsidio y reproducen una cultura de asistencialismo que, en el mediano plazo, puede resultar contraproducente.

La ausencia de un mecanismo de indexación salarial frente a la inflación y la depreciación cambiaria profundiza la brecha social. Los trabajadores y pensionados permanecen rezagados en un contexto donde los precios crecen con mayor rapidez que los ingresos. Esta desconexión entre política salarial y dinámica inflacionaria tiende a erosionar el poder adquisitivo de los hogares, incrementando la desigualdad y debilitando la cohesión social.

En este contexto, se hace necesario implementar una estrategia integral de estabilización macroeconómica. Algunas recomendaciones clave incluyen:

Fortalecer las reservas internacionales para mitigar presiones sobre el tipo de cambio y garantizar estabilidad financiera.

Impulsar la producción nacional de alimentos básicos, con políticas de apoyo al sector agropecuario que reduzcan la dependencia de importaciones.

Revisar la política salarial incorporando mecanismos de ajuste vinculados al índice de inflación, siguiendo las recomendaciones de organismos multilaterales como la OIT y la CEPAL.

Focalizar los subsidios hacia los sectores más vulnerables, mejorando su transparencia y reduciendo su uso como herramienta coyuntural.

En definitiva, la depreciación del peso dominicano frente al dólar no constituye un fenómeno aislado, sino un catalizador de tensiones económicas y sociales que, de no ser abordadas con políticas integrales, pueden comprometer la estabilidad y el bienestar social. El desafío para el gobierno dominicano no radica en administrar la pobreza mediante subsidios, sino en construir las bases de una economía más competitiva, productiva y equitativa, capaz de garantizar a la población el acceso a bienes esenciales con ingresos dignos.

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POR ROMMEL SANTOS DIAZ

La globalización y los compromisos internacionales asumidos por los Estados en el marco de Naciones Unidas, así como las nuevas normas de implementación de estos principios contenidas en los Planes Nacionales van a obligarnos a conectar estos dos puntos de vista, tradicionalmente tan distantes, para dar un adecuado así como aceptable servicio jurídico a la empresa.

En este contexto es donde, justamente, nace la idea de desarrollar herramientas que permitan a los propios abogados de empresa ( internos o externos) incorporar la perspectiva de la protección de los Derechos Humanos en el trabajo profesional que desarrollan para sus clientes.

No queremos decir que la responsabilidad de la empresa en el respeto de los derechos humanos se reduzca a la mera responsabilidad legal o de evaluación legal de los riesgos, y que por tanto este deba ser el reducido rolo de los abogados de empresa en este asunto.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, los abogados deben ofrecer a las empresas un asesoramiento integral que debe incluir las cuestiones de derechos humanos que les afecten ¨ en relación con¨ o ¨por causa de¨ la actividad empresarial.

Todo lo anterior podría implicar otras funciones hasta ahora no asumidas como la preparación de informes de impacto de acciones empresariales, con arreglo a los Tratados de Derechos Humanos; la elaboración de estudios sobre el grado de aplicación de planes de internos de acción para la promoción y protección de los derechos humanos en la empresa.

Los abogados de empresa  deben informar a sus clientes sobre las implicaciones de sus decisiones empresariales en relación con los potenciales impactos negativos que el desarrollo del negocio pueda tener en los derechos humanos de las personas que estén en relación con la empresa. Incluso, dependiendo del grado de implicación, podrían actuar en la monitorización y control de la adecuada aplicación de las normas internas y protocolos internos de actuación de respeto a los derechos humanos.

La función de asesoramiento sobre Derechos Humanos del abogado es especialmente relevante, desde el punto de vista estrictamente ético, en relación con aquellas actividades empresariales directamente relacionadas con el progreso científico y sus aplicaciones, con la vida y la salud de las personas, en la esfera de las ciencias biométricas y biológicas, o medioambientales; asi como en la esfera de la informática, las telecomunicaciones y las nuevas redes de comunicación.

Todas estas actividades empresariales inciden directa y efectivamente en la realización del básico derecho al desarrollo, que constituye la condición necesaria para el ejercicio pleno del resto de los Derechos Humanos.

Por supuesto, la labor de los abogados es insustituible en la representación procesal cuando ya se han causado – o cuando por causa de la actividad mercantil se ha contribuido a provocar- un impacto severo en los derechos humanos (incluyendo los mas graves de violación o daños personales). Para la representación en los procesos judiciales y extrajudiciales de reclamación contra la empresa es imprescindible el papel del abogado.

Lo mismo ocurre cuando las empresas deben valorar los impactos empresariales sobre los derechos ( ya sea desde la perspectiva de los titulares de derechos como desde la perspectiva interna de la compañía). Y en estos dos casos sigue siendo imprescindible la sensibilización y actuación ética del abogado en la defensa.

Por lo tanto, desde todos los puntos de vista, la respuesta a los compromisos empresariales, requiere la intervención eficaz de buenos juristas con formación en Derechos Humanos en la Empresa: En el desarrollo de las políticas gerenciales de compromiso con los derechos humanos, y en el diseño de las políticas de operaciones, de formación, e incluso estructurales u organizativas, pasando por las decisiones estrictamente legales, que son necesarias en todos los niveles de las corporaciones.

Se debe incorporar la perspectiva jurídica del respeto a los derechos humanos para garantizar la sostenibilidad empresarial.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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