He sostenido que JOAQUIN BALAGUER, quien no fue un santo, es el prócer nacional del siglo XX y el dominicano de mayor influencia de la historia dominicana que ha extendido su legado en el presente siglo a través del hijo su adversario político e intelectual, que adoptó en el año de 1996, LEONEL FERNANDEZ.

A pesar de su participación protagónica en la parte final de la tiranía, su ropaje público terminó sin una gota de sangre y sin la más leve mancha de peculado, algo excepcional, andando del panegírico ante el cadáver ajusticiado del sátrapa en el Palacio Nacional, al discurso de Punta del Este en la OEA, pasando por el exilio en New York, de donde pobre, dando una muestra de valor regresó en medio de la guerra civil para ganar las elecciones e iniciar la reconstrucción de un país que entonces tenía 3.921.847 millones de desamparados.

Sin recursos, sin préstamos y sin ser el favorito de los norteamericanos transitó la Guerra Fría enfrentando la desunión que deja una confrontación nacional, guerrilla urbana y rural y en doce años dejó un país al que, como mínimo, le hizo realidad transitar por carreteras, caminos vecinales, autopistas, calles y aceras asfaltadas, dejando de andar descalzos y de buscar agua del río en calabazos: con ese milagro económico, que incluyó los primeros pasos del turismo, dejó la república en 1978 en el tránsito a la democracia dejando atrás la época de los golpes de Estado.

Le acusaron de ser un muñequito de papel, de haber creado 300 millonarios- que es una de sus obras más importantes, pues sin empresarios estaríamos como Haití-, incluso intentaron imputarlo de presidir un Gobierno corrupto, en un tiempo en que a su decir, la corrupción se detenía a la puerta de su despacho”; negociada su salida se marchó al exilio, según algunos para nunca volver. Pero, tras el desastre del PRD de 1978 a 1986, volvió.

Sufrió en la oposición con el estoicismo y la austeridad que le era característica en un carro viejo que se averiaba cada semana, con prohibición del Gobierno a sus 86 años y ciego, de viajar en helicópteros como método de dificultar los trabajos políticos: Bajo aguaceros a veces, tronando o inhalando polvo, acompañado de la juventud, en una epopeya cívica, se impuso en las elecciones para un nuevo periodo lleno de dificultades económicas por la entrega que en 1984 hizo el Gobierno del PRD al Fondo Monetario Internacional. La deuda pública empezaba a convertirse en un pesado lastre.

En esta etapa de la República la necesidad era fortalecer la democracia y recuperar la prosperidad y lo logró, no obstante los avatares de la Guerra del Golfo en el 1990, algunos errores económicos y la crisis de Haití en 1993; de hecho la dificultad le sirvió de base, en una económica que él había creado con las zonas francas, el turismo, la banca de desarrollo e hipotecaria, para iniciar la primera gran reforma económica con la implementación del código tributario que bajando las tasas logró aumentar las recaudaciones.

El país, dijo en 1996, era una nave lista para despegar y LEONEL aprendió a volar despegándola con éxito.

Situar su legado en un contexto analítico tan breve como este artículo, es casi imposible porque todavía hoy en infraestructura, casi todo lo que existe, incluyendo las presas, fue su obra y lo que no, lo hizo Leonel; en el plano económico, borrada la caña de azúcar como “espina dorsal de la economía”, todo lo que existe, bancos, empresas de seguros, servicios, industrias, etc., es su legado, no existía cuando él asumió el poder en 1966 y, lo que se habría de hacer, vino a ser también, su legado a través de su legatario político.

Trabajar con el ahorro interno, premisa básica de sus administraciones enemigas del endeudamiento externo, fue una práctica que transfirió a Leonel en 1996 y controló desde el Congreso Nacional; su heredero respetó esa política pública e incluso redujo la deuda, iniciando la etapa de reformas institucionales más profundas de la historia dejando atrás el lastre de las empresas públicas heredadas de Trujillo cuyos déficits agobiaban el Presupuesto Nacional, innecesarias además, pues el sector privado cubría ampliamente, con eficiencia, las cuestiones comerciales y los servicios que estas prestan a la sociedad.

Balaguer fue como el Cid a su última contienda en las colinas del año 2000 con 94 años y gravísimas limitaciones de movilidad y, sin embargo, compitiendo con el Gobierno, logró el 25% de los votos. Sabio, tanto o más que inteligente, como siempre, cuando el PRSC por boca de Donald Reid Cabral, con el apoyo de Quique Antún, Leonardo Matos Berrido y quien este artículo escribe, publicaron en El Nacional y en La Nación, el reconocimiento del triunfo de Hipólito Mejía, lo hizo suyo.

Tras la crisis bancaria del 2003 que, por su manejo incorrecto, hizo tambalear los cimientos de la economía, la bandera de su legado de orden, disciplina fiscal, bajo endeudamiento y modernización institucional, volvió a ondear y su heredero designado, como antes hizo él, volvió a ganar desde la oposición: tras su fallecimiento su legado político no estuvo con la institución que fundara, sino con el heredero que designara.

Leonel

Reencarrilado el tren y a pesar de la crisis inmobiliaria del 2008 que sacudió el mundo desarrollado con efectos terribles sobre el resto de los países, con un petróleo que llegó a cotizarse a USD$ 147.02 el barril en el mes de julio, LEONEL mantuvo la nave a flote, no solo con tasas de crecimiento altas, sino en particular, adelantó las reformas institucionales más profundas, una de ellas, el cambio de la Constitución liberal de 1966, la de más larga duración, por una social y de derecho que pone en el centro a la persona.

La obra de Joaquín Balaguer era inmensa y el desarrollo representado por un crecimiento promedio anual del 5.5% del PIB sobrepasó algunas de sus infraestructuras visionarias, como las avenidas 27 de febrero, la Kennedy o la Luperón, en un tiempo en que el país se hizo crecientemente urbano y el tráfico aumentó geométricamente y, ahí le dio continuidad LEONEL a la obra de BALAGUER, con los elevados túneles y el Metro, entre otras muchas obras.

La República física e institucional son obra de ellos sin demérito de aportes de DANILO MEDINA, en el área eléctrica y escolar: No olvidemos que al cierre del 2019 el país estuvo a punto de ser declarado libre de analfabetos cuando se redujo a un 5% y los apagones eran cero. El analfabetismo se ha incrementado sobre el 6% y los apagones están acabando con la tranquilidad del hogar, las calles y con la economía

El legado político de este dominicano insigne es de tal magnitud que incluso opaca su heredad como escritor acabado- sólo superado por Bosh-, que como ensayista tuvo una excepcional preparación académica solo comparable con Pedro Henríquez Ureña; fue, sin lugar a dudas una de las mentes mejor amuebladas como intelectual y, como líder de masas, sólo el Dr. Peña Gómez se le acerca.

Nacido el 1 de septiembre de 1906, falleció, estando activo el 22 de julio del 2002, rodeado de la admiración de un pueblo que acompañó sus restos en un cortejo fúnebre que llegó al camposanto para descansar humildemente, casi a medianoche.

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No es alarma: es diagnóstico; un andamiaje penal y contractual busca apagar las calles y rematar lo público. No es un tropiezo del sistema: es su método, frío, manipulador y amoral.

El quiebre legal no se anuncia en ruedas de prensa: se esconde en los artículos del nuevo Código Penal. El bloque arts. 192, 207–210, 310 y 384 transforma la crítica en sospecha, la denuncia en delito y las libertades públicas en amenaza. Cuando la ley etiqueta como “cualquier violencia colectiva” un abanico elástico de conductas, lo que se tipifica no es el crimen: es la resistencia cívica. La mordaza no se pone con cinta: se regula con párrafos. La democracia no se pierde de un portazo; se va por goteo. Es, en los hechos, un quiebre constitucional.

El día de la entrada en vigor será también el del relato de “decisiones drásticas” como coartada para justificar el aumento de tarifas y el traspaso de control al sector privado como solución técnica. Se repiten cifras de pérdidas sin auditorías técnicas, públicas e independientes que las certifiquen.

Aun así, se pretende que el pueblo pague pérdidas sin pruebas y contratos sin auditoría. La ecuación es clara: sube la factura, sube la indignación, se violentan —o desaparecen— derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y se instala un terror legal sobre las libertades públicas. Gobernar con terror punitivo no es gobernar, pero a quien quiere rematar lo público le resulta útil.

Atraco legal

Ese quiebre abre paso a la otra cara del proyecto: la ingeniería del atraco legal. Fideicomisos públicos, concesiones y APP se venden como modernización, pero operan como cajas aparte donde el patrimonio común termina convertido en activos expropiados a favor de privados: se apalanca deuda con garantía social, se traslada el control real y, llegado el punto, se racionaliza el traspaso blindado. Cambian los nombres, no la ecuación: riesgo socializado, renta garantizada.

El caso de las EDE ilustra —solo ilustra— el mecanismo general. Se invoca un déficit sin auditorías públicas que lo certifiquen; se ocultan costos en una caja negra; la factura sube mientras se prepara el traspaso de control al privado como “solución técnica”. Las sombras no vienen de la noche: vienen del papel.

El insulto añadido es señalar al ciudadano como ladrón de luz mientras el sistema oculta sus propias pérdidas contables. La sombra está en los papeles, no en los postes.

Lo que asoma en el horizonte no necesita proclamas. Nadie se sorprenderá si, en el trienio que le queda a esta partidocracia, se encadenan privatizaciones (con las EDE como ejemplo), endeudamiento acelerado y despojo de riqueza pública a velocidad de decreto: el cierre de un ciclo de treinta años que busca reciclarse instalando una dictadura pura y dura, sin clientelas y con control. Tres décadas que las futuras generaciones podrían recordar como las más funestas si hoy miramos a un lado.

La pinza tributaria completa la estructura de control. La facturación electrónica sería útil con equidad, simplicidad y debido proceso; sin eso, sus garras convierten un error de una pyme en amenaza y un descuido en expediente penal. Llevada al extremo, la hiperexigencia termina pidiendo identificación hasta para comprar agua. Eso no formaliza: oprime. Sin confianza, la formalidad se vuelve amenaza.

Del clientelismo a la opresión no hay salto ético: hay cambio de instrumento. Se anuncia la muerte de la dádiva, pero avanza la autocracia corporativa: más garrote para el pueblo, más blindaje para la cúpula; política secuestrada, contratos blindados, activos públicos expropiados, terror disuasorio.

Y en los extremos que se tocan, el resultado converge: el comunismo expropia lo privado y el neoliberalismo extractivo expropia lo público; uno centraliza por decreto, el otro por concesión; en ambos, la cúpula vive en opulencia y el pueblo queda en la indefensión. Si el pueblo no despierta a tiempo, el yugo se hará más pesado, la opresión más cruda y la miseria más honda, sin vuelta atrás.

Lo que consagra la Constitución es justo lo que pretenden criminalizar y tipificar como delito: los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; el control ciudadano de los actos del poder; la prensa que interpela y el juez que controla. Esos derechos están consagrados en nuestra Constitución: no son concesión del poder, son derechos del pueblo.

Un Estado Social y Democrático de Derecho no teme la voz disidente: la reconoce como freno de emergencia del poder. No asfixia a quienes trabajan y producen; los acompaña para que cumplan. No esconde los números: los abre. Apagar la alarma es encender el incendio, porque donde no hay justicia, tampoco puede haber paz.

En el Frente Cívico y Social nuestra  propuesta indeclinable es simple y verificable: hacer valer lo que ya consagra la Constitución mediante garantías efectivas y exigibles de los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; paralizar de inmediato cualquier intento de despojo de lo público; auditar de forma pública el sistema eléctrico y todos los contratos y estructuras (APP, fideicomisos, concesiones), con beneficiarios finales a la vista.

Tras esas auditorías, se revisará y, cuando la ley lo establezca, se corregirán o revertirán los actos que hayan implicado enajenación del patrimonio común, priorizando el resarcimiento al Estado y la determinación de responsabilidades por las vías administrativas, civiles o penales que correspondan, con pleno respeto al debido proceso.

Además, se decretará una moratoria al endeudamiento que no genere valor público. Y seamos claros: mientras gobierne esta partidocracia, nada de esto se hará realidad; su fuerza descansa en la opacidad y el terror legal. En el FCS damos por hecho que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho es innegociable y que solo candidaturas independientes, libres de ataduras, podrán convertir ese mandato en realidad.

Esta partidocracia ya no viene por tus votos; viene por tus libertades y por el patrimonio de todos. No escuchan al pueblo; convierten sus derechos en delito. Con la Constitución por bandera y la verdad por escudo, ¡vamos, pueblo! ¡Despierta, RD!

jpm-am