POR DANIEL TORIBIO

El Banco Central defiende la metodología del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Y tiene razón en algo básico: el IPC no se construye con intuiciones, sino con técnica. Se levanta en miles de establecimientos, usa una canasta representativa y sigue estándares internacionales.

El problema no está ahí. Está en asumir que un indicador técnicamente correcto basta para describir la realidad de todos los hogares. La propia defensa del Banco Central admite el punto central: el IPC no mide la inflación de cada hogar. Ahí empieza la discusión de fondo. Un hogar de ingresos altos no compra como una familia pobre. No se abastece igual. No sustituye igual. No resiste igual. El problema no está en cuáles establecimientos releva el IPC, sino en cómo pondera su canasta.

Esas ponderaciones reflejan el gasto promedio de todos los hogares, no la estructura de consumo de los quintiles más pobres. Un hogar pobre destina una parte mayor de su ingreso a alimentos y a bienes esenciales. Por eso queda más expuesto a la inflación alimentaria de lo que el índice general deja ver. En la práctica, la madre que compra una libra de arroz, dos huevos y media libra de pollo no vive dentro de promedios nacionales. Enfrenta el precio fragmentado y más caro de la compra al detalle. Compra poco, compra tarde y compra mal, no por desorden, sino porque sus ingresos no le permiten otra cosa.

El colmado y el ventorrillo operan con márgenes por unidad más altos, mayor volatilidad de precios y una oferta más limitada. Eso reduce la capacidad de sustitución. Es ahí donde la inflación alimentaria golpea con más fuerza, en los bolsillos de la población más vulnerable. Ante la defensa oficial, la objeción persiste: la disputa no es de método, sino de alcance. El IPC mide variación, no carga cotidiana.

Un hogar pobre no siente alivio porque el promedio nacional esté bajo control si el arroz, el aceite y el pollo siguen fuera de su alcance. Medir el ritmo es una cosa. Captar el peso acumulado, otra. Por eso el país necesita, además del índice general, un seguimiento sistemático del costo de vida popular. Hace falta observar qué ocurre en colmados y mercados, qué productos pesan más en los hogares pobres y cuánto cuesta la canasta mínima real.

La inflación no golpea igual a quien llena un carrito de supermercado que a quien compra arroz por libra. El Banco Central tiene derecho a defender su metodología, pero también el deber de mirar la economía real. En la República Dominicana, esa economía también se explica desde la compra menuda, el fiado y el precio del día.

Es ahí donde la inflación deja de ser una estadística y se convierte en angustia.

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Una de las debilidades estructurales más persistentes de la República Dominicana es su elevada dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Alrededor del 89% de las necesidades energéticas del país se cubren con hidrocarburos (petróleo crudo, derivados y gas natural) y carbón; de ese total, cerca del 75% corresponde a hidrocarburos. No se trata de un problema coyuntural, sino de una realidad profundamente arraigada en el modelo económico nacional. Al depender casi totalmente de las importaciones de los hidrocarburos, la economía dominicana queda totalmente expuesta a cualquier perturbación en los mercados energéticos. Pero el problema no termina ahí. Esa dependencia, además, está fuertemente concentrada en pocos proveedores, –principalmente Estados Unidos –, lo que amplifica significativamente los riesgos. La combinación de dependencia total y concentración geográfica convierte a la energía en un canal permanente de transmisión de inestabilidad hacia la economía dominicana.

El crecimiento económico es el primer afectado. Cuando aumentan los precios del petróleo, el país se ve obligado a transferir ingresos hacia el exterior. Los hogares destinan una mayor proporción de su presupuesto a combustibles, electricidad y transporte, mientras que las empresas enfrentan mayores costos de producción. El resultado es una reducción del consumo, menor inversión y, en última instancia, una desaceleración del crecimiento.

En un país que apenas creció 2.1% en 2025, este factor no puede ser subestimado. La inflación también se ve impactada. En la economía dominicana, el transporte desempeña un papel clave como mecanismo de transmisión de los aumentos en los precios de los combustibles. Cuando sube el petróleo, aumentan los costos de transporte y, con ello, los precios de los alimentos, los bienes de consumo y los materiales de construcción.

Esto genera presiones inflacionarias que afectan directamente el poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Pero los efectos no se limitan al crecimiento y la inflación. También se manifiestan en las finanzas públicas y en la balanza de pagos. En el ámbito fiscal, el aumento de los precios de los hidrocarburos enfrenta al Gobierno a una disyuntiva compleja: trasladar el incremento a los consumidores, con el consiguiente costo social y político, o absorberlo mediante subsidios, con el consiguiente costo fiscal.

En la práctica, suele producirse una combinación de ambas opciones, lo que termina debilitando el espacio fiscal y reduciendo la capacidad del Estado para invertir en áreas clave para el desarrollo. En cuanto a la balanza de pagos, el incremento de la factura petrolera eleva la demanda de divisas, deteriora la cuenta corriente y presiona el tipo de cambio. En una economía abierta como la dominicana, estos efectos pueden amplificar las tensiones macroeconómicas.

El impacto simultáneo sobre el crecimiento, la inflación, las finanzas públicas y la balanza de pagos pone de manifiesto que la vulnerabilidad energética no es un problema sectorial, sino un factor estructural que condiciona el desempeño económico del país. La pregunta, entonces, no es si el país puede evitar los shocks externos —porque no puede—, sino cómo reducir su exposición a ellos. Y es aquí donde la política pública adquiere un papel central. La primera tarea es acelerar la transición hacia energías renovables, reduciendo gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles.

La segunda consiste en abordar de manera integral la crisis del sector eléctrico, cuyas pérdidas y subsidios representan una carga creciente para las finanzas públicas. La tercera es profundizar las políticas de eficiencia energética, con el objetivo de reducir la intensidad energética del crecimiento económico. Y la cuarta, no menos importante, es diversificar las fuentes de abastecimiento, disminuyendo la elevada concentración en un solo suplidor.

Paralelamente, se hace necesario diseñar mecanismos fiscales que permitan manejar los shocks petroleros sin comprometer la inversión pública. No se trata de eliminar los subsidios de manera abrupta, sino de hacerlos más eficientes, focalizados y sostenibles.

Cada vez que el petróleo sube sustancialmente, la economía dominicana entra en tensión significativa. Por ello, más que reaccionar ante estos episodios, el país debe anticiparse. Convertir la política energética en un eje central de la estrategia de desarrollo no es una opción, sino una necesidad.

Porque mientras la economía siga dependiendo casi totalmente de energía importada y altamente concentrada, continuará siendo vulnerable a factores que escapan completamente a su control.

Y en un mundo cada vez más incierto, esa vulnerabilidad puede resultar demasiado costosa.

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